PGN - ACCION DE NULIDAD ELECTORAL - Alcances del control de legalidad

ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Alcances del control de legalidad/ ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Finalidad Los demandantes, como se desprende de las normas del Código Contencioso Administrativo que regulan el Proceso Contencioso Electoral, demandaron el acto de contenido electoral, no otro, pues los demás actos administrativos diferentes a éstos, no son susceptibles de control de legalidad por parte de ésta Jurisdicción. La posición del Consejo de Estado, ha sido clara en señalar que el objetivo fundamental de la acción de nulidad electoral, es la prevalencia de la legalidad de los actos electorales, no de ningún otro acto administrativo, porque para ello, dentro del Ordenamiento Jurídico Administrativo, se tiene y se cuenta con otras acciones para el efecto. Conforme lo indicado, no era procedente lo que en efecto hizo el Tribunal de Instancia, so pretexto de verificar la legalidad o no del acto administrativo de contenido electoral demandado, esto es, hacer un análisis de legalidad respecto de la Ordenanza No. 002 del 14 de febrero de 2012, expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia, por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la Ordenanza 36 de 2007, del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Antioquia, por no ser un acto administrativo electoral y mucho menos, el acto demandado. Lo anterior, toda vez que, se repite, a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo en su campo electoral únicamente le corresponde pronunciarse sobre la nulidad o no de los actos de elección o de contenido electoral, mas no de actos administrativos generales como lo son los actos por medio de los cuales se modifican los Reglamentos Internos de

las Corporaciones Públicas; este acto administrativo (Ordenanza 002 del 14 de febrero de 2012) cuenta con la presunción de legalidad y, es obligatorio mientras no haya sido anulado o suspendido por el Juez correspondiente. Luego, entonces, como el acto demandado fue el contentivo de la elección de los miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia para el 2012, acto que tiene como fundamento el parágrafo transitorio de la ordenanza 002 del 14 de febrero de 2012, la cual se presume válida y legal, hasta que la autoridad correspondiente no considere lo contrario o la suspenda, no cabe duda que el acto demandado no es violatorio, ni atentatorio de las normas en las que debería fundarse. Nótese como el A Quo para decretar la nulidad del acto de elección demandado, lo hace argumentando vicios que generarían la nulidad de la ordenanza referida, es decir, señalando, por ejemplo, que mediante el parágrafo transitorio allí consagrado se estaba revocando actos administrativos de contenido particular sin el consentimiento de los beneficiarios, juicio de valor que en éste proceso no es permitido, porque esta no es la acción ni el procedimiento para desvirtuar la legalidad de ella.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Octubre 01 de 2012 Concepto No. 077 Doctora Susana Buitrago Valencia

H. Consejero Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 050012331000201200311 01

Radicado interno número: 2012-0311

Actor: Martin Emilio Cardona Mendoza y Otro Demandado: Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia Contenido: Apelación sentencia de fecha 22 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró la nulidad del acto de elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia, para el periodo 2012.

Respetada doctora: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 29 de agosto de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes

1. Demanda del señor MARTIN EMILIO CARDONA MENDOZA El ciudadano Martin Emilio Cardona Mendoza, en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección contra Julian Bedoya Pulgarín, Ricardo León Valencia Marín y Rubén

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Darío Naranjo Henao, diputados electos dentro de la Mesa Directiva de la

Asamblea Departamental de Antioquia. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes: «1. Que se anule el acto administrativo a través del cual los siguientes Diputados fueron mentados con las siguientes dignidades corporativas, acto administrativo recogido en el Acta N° 23 del 21 de febrero de 2012:

JULIAN BEDOYA PULGARIN, Presidente

RICARDO LEON VALENCIA MARIN, Vicepresidente Primero RUBEN DARIO NARANJO HENAO, Vicepresidente Segundo.

2. Que en los términos del artículo 152 del código Contencioso Administrativo se suspenda provisionalmente el acto acusado recogido en el Acta No. 23 del 21 de febrero de 2012.

3. Como solicitud adicional que se compulsen copias de este proceso y por lo pronto de sus resultas parciales a la Procuraduría Regional de Antioquia, para que se investigue una presunta responsabilidad disciplinaria de los 15 Diputados implicados»

2. Demanda de FABIO JAVIER SOSA ORDOÑEZ El señor Fabio Javier Sosa Ordoñez, en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia integrada por Julian Bedoya Pulgarín, Ricardo León Valencia Marín y Rubén Darío Naranjo

Henao. Los presupuestos facticos de su pretensión fueron: «Que se declare la nulidad del acto por medio de la cual (sic) Asamblea Departamental de Antioquia, declara la elección de la Mesa Directiva. Integrada ésta, por el Presidente Julian Bedoya Patiño, por el vicepresidente Primero León

Valencia Marín y por el Vicepresidente segundo Rubén Darío Naranjo Henao. El acto por medio del cual la Asamblea Departamental de Antioquia, declara la elección de la Mesa directiva, lo tiene y lo contiene, el acta de posesión celebrada en febrero 21 de 2012. Esta Mesa Directiva, fue elegida para el periodo del año 2012 y posesionada en febrero de 2012» En ambas demandas se solicito la suspensión provisional del acto acusado. La cual fue denegada en el auto admisorio de la demanda, por cuanto no se

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co consideró de la notoriedad del alegado quebrantamiento de la norma superior y además, porque no se adujo un perjuicio por parte del actor. Hechos de las demandas Los hechos que en sendas demandas se asimilan, pueden resumirse de la siguiente manera: Que el 2 de enero de 2012 se eligió la nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia, para un periodo de 6 meses comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2012, siendo elegidos JULIAN BEDOYA PULGARIN, Presidente, RICARDO LEON VALENCIA MARIN, Vicepresidente Primero, RUBEN DARIO NARANJO HENAO, Vicepresidente Segundo. Que mediante sentencia N° 315 del 30 de junio de 2011 el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisióndeclaró la nulidad del artículo 7° de la

ordenanza N° 016 del 9 de junio de 1999 “Por medio de la cual se expide el reglamento Interno de la Asamblea departamental de Antioquia” , en lo pertinente al periodo de la Mesa Directiva de la Corporación, señalando que los mismos debían ser de un año; sentencia que fue comunicada el 16 de enero de 2012 mediante oficio 067. En acatamiento a la providencia 315 la Asamblea Departamental de Antioquia expidió la ordenanza N° 002 del 14 de febrero de 2012, con la que se modificó el artículo 8 del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Antioquia -Ordenanza 36 de 2007estableciéndose los periodos anuales para la mesa directiva de esa corporación, y para su implementación se incorporó el siguiente parágrafo transitorio: “PARAGRAFO TRANSITORIO: Para dar cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia 315 de junio 11 de 2011, y establecer inmediatamente el periodo institucional de un año para las mesas directivas, la actual fue elegida por (6) meses, será reemplazada por una cuyo período irá desde el día posterior a su elección y hasta el 31 de diciembre de 2012. A partir de enero de 2013, los periodos serán del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año”

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www.procuraduria.gov.co Señalaron los accionantes que frente al nuevo escenario presentado a partir de la comunicación de la providencia judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia, y ante la supuesta interpretación ilegal que realizaron 15 diputados que se constituyeron en mayoría, en Sesión plenaria N° 22 del 16 de febrero de 2012, se propuso la elección de una nueva Mesa directiva para dar cumplimiento al parágrafo transitorio de la Ordenanza 002 del 14 de febrero de 2012, pero que durante la sesión no se desarrollo la iniciativa, pero quedo publicitado que 7 diputados del Partido de la U, 3 del Partido Verde y uno de los afectados del Partido Liberal, señor HECTOR JAIME GARRO YEPES, Presidente de la mesa directiva para ese momento, se retiraron y no participaron de ese hecho que calificaron como ilegal. Que en la Sesión Plenaria N° 23 celebrada el 21 de febrero de 2012, se modifico el orden del día para incluir como uno de los puntos a desarrollar la elección de una nueva Mesa Directiva, a pesar de que antes del retiro de los señores HECTOR JAIME GARRO YEPES y EDINSON DE JESUS MUÑOZ CIRO, el primero, realizó una amplia exposición sobre la supuesta ilegalidad en la que estaba incurriendo la corporación, a la vez que se dejó constancia escrita de su no consentimiento para ser relevados de las dignidades corporativas que mantuvieron hasta horas de la tarde del martes 21 de febrero. Una vez se produjo el retiro de los diputados referidos, los 15 restantes que constituyeron mayoría procedieron a

la elección de la nueva Mesas Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia, la cual quedo conformada por JULIAN BEDOYA PULGARIN, Presidente, RICARDO LEON VALENCIA MARIN, Vicepresidente Primero, RUBEN DARIO NARANJO HENAO, Vicepresidente Segundo, y Secretario General JULIO CESAR RODRIGUEZ MONSALVE, elección consignada en el acta N° 23 del 21 de febrero de 2012. Considerando los demandantes que el hecho de reemplazar la anterior Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia por la nueva, constituía un acto ilegal e inconstitucional.

3. Normas violadas y concepto de la violación

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señaló como normas violadas las siguientes:  Artículos 6, 29, 40, 58, 134 y 147 de la Carta Política de 1991.  Artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo Al explicar el concepto de violación, aducen los demandantes: Que el hecho de haber nombrado una nueva Mesa Directiva en detrimento de la que ya había sido nombrada al inicio del periodo, tenía como único propósito político de revocar la dignidad legítimamente ganada por el seño HECTOR JAIME GARRO YEPES, designado como presidente de la Corporación desde el 2 de enero de 2012. Que el hecho que los diputados tengan el estatus de servidores

públicos, que los colocaba en condición de especial responsabilidad, por cuanto eran responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes, así como por la omisión o extralimitación que para el caso, resultaba transgredida por la nueva mayoría de la Asamblea Departamental al revocar irregularmente la Mesa Directiva que fue elegida legítimamente el 2 de enero de 2012. Que se había violado el debido proceso por cuanto en el momento de hacer la nueva elección, la mayoría de la Asamblea Departamental revocó sin más miramientos la dignidad que ostentaba la anterior Mesa Directiva, la cual había expresado, antes de ser revocada, la irregularidad de la actuación. Se señaló que los artículos 69 al 74 del Código Contencioso Administrativo, sometía la revocatoria directa a unos requisitos especiales, que indicaban que los actos administrativos que hubieren creado una situación jurídica de carácter particular y concreto, o reconocido un derecho de igual categoría, no podía ser revocada sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, siendo que tal procedimiento fue quebrantado por la decisión adoptada por la Asamblea Departamental

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Consideraron los actores que con la actuación cuestionada, se había violado el principio de la buena fe, que se predicaba de los particulares así como de las autoridades públicas y que a la vez integraba el principio de responsabilidad

consagrado en el artículo 6° Superior, por cuanto la elección de la nueva Mesa Directiva constituía de por si un acto de mala fe. Expresaron que si el objetivo de la nueva mayoría de la Asamblea Departamental era dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, no era necesario proceder a la elección de una nueva Mesa Directiva, sino simplemente permitir que los diputados que fueron elegidos inicialmente para un periodo de seis meses, culminaran su periodo hasta el 31 de diciembre de 2012, por cuanto limitar el periodo de la antigua Mesa Directiva violaba el artículo 147 de la Constitución Política.

4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión, en sentencia del 22 de junio de 2012, dispuso acceder a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones: Señaló el Tribunal de instancia que frente a la acción de nulidad que se presento contra el acto de elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia votada el 2 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Segunda de Decisión, cuyas pretensiones se encaminaron específicamente a la inaplicación por vía de excepción del artículo 1° de la Ordenanza 36 de 2007, donde se indicaba que el periodo de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia era de seis meses; en donde se declaró parcialmente nulo el acto de elección por cuanto se había fijado como periodo para la Mesa Directiva electa el comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de junio de la

misma anualidad, decisión tomada el 16 de mayo de 2012, declarándose en dicha providencia que el periodo para el cual habían sido elegidos como dignatarios de la Asamblea Departamental de Antioquia a los señores HECTOR JAIME GARRO

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co YEPES Presidente, EDINSON DE JESUS MUÑOZ CIRO Primer Vicepresidente y el señor JORGE IVAN MONTOYA MEJÍA Segundo Vicepresidente, era nulo por cuanto el mismo lo limitaba a seis meses, y a la vez se dispuso que el periodo para el cual fueron elegidos los citados diputados iba del 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de la misma anualidad, y que de esa manera debía entenderse desde el momento mismo del nacimiento a la vida jurídica del acto de elección en virtud de los efectos ex tunc de la nulidad declarada. Que en el presente caso la controversia se centraba en la legalidad del acto de elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia, contenida en el acta N° 23 del 21 de febrero de 2012 con la cual se nombró a

JULIAN BEDOYA PULGARIN, Presidente, RICARDO LEON VALENCIA MARIN,

Vicepresidente Primero, RUBEN DARIO NARANJO HENAO, Vicepresidente

Segundo, y Secretario General JULIO CESAR RODRIGUEZ MONSALVE. Para el Tribunal resultaba claro que la elección de la mesa Directiva realizada el día 2 de enero de 2012 constituía un desacato a la providencia del 30 de junio de de 2011, donde se había determinado que el periodo de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia era de un (1) año, la cual se había notificado a las partes desde el mes de julio de 2011, lo cual atentaba con lo normado por el artículo 174 del Código Contencioso Administrativo. Explicó el Tribunal que la nulidad parcial del acto del Acta N° 1 del 2 de enero de 2012 fallada por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión, con la que se señaló que el periodo de la mesa Directiva era de un (1) año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012; producía efectos desde el mismo momento de la expedición del acto de elección, de forma que, el parágrafo Transitorio de la Ordenanza N°002 de 2012, expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia había perdido sus efectos, pues ésta partía de una premisa judicialmente falsa, es decir, la elección por 6 meses de la Mesa Directiva instalada el día 2 de enero de 2012, en virtud de la nulidad declarada por parte de ese órgano judicial, por lo que el mencionado parágrafo perdió su fuerza de

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co ejecutoria, en cuanto efectivamente desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho, imponiéndose su inaplicación. Considero el Tribunal que la actuación realizada por la mayoría de la Asamblea Departamental de Antioquia al efectuar una nueva elección de Mesa Directiva constituía un acto de revocatoria directa del acto de elección que constaba en el Acta N° 1 del 2 de enero de 2012, para lo cual era necesario contar con el consentimiento expreso de quienes resultaron elegidos en esa ocasión, pues en cabeza de ellos se creó una situación jurídica de carácter particular y concreto protegida por la Ley y la Constitución Política, manifestación que efectivamente realizaron dos de los integrantes de la mesa directiva elegida el 2 de enero de 2012, por lo que el actuar de la mayoría de la Asamblea Departamental de Antioquia constituyó una violación al derecho fundamental al debido proceso de los integrantes de la Mesa Directiva.

5. Apelación de la sentencia de primera instancia El señor JULIAN BEDOYA PULGARÍN, presentó escrito de apelación mediante el cual solicitan que se revoque la sentencia de primera instancia, basado en que el artículo 32 del Decreto Ley 1222 de 1986 hace una remisión normativa al reglamento del Congreso que no era general, que por el contrario, sólo remitía a los procedimientos para la instalación de las mesas directivas de las Cámaras del Congreso. Que como el artículo 40 de la Ley 5ª de 1992 no se encontraba entre

las disposiciones a las que remitía el artículo 32, pues no hacia parte de los procedimientos para la instalación de las mesas directivas de las cámaras del Congreso, no existía disposición legal que regulara el periodo de duración de la elección de la Mesa Directiva de las Asambleas Departamentales. Que como el artículo 33 del decreto Ley 1222 de 1986 facultaba a las Dumas departamentales para dictar su propio reglamento y organizar su funcionamiento, solo ellas podían establecer dicho periodo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por su parte el señor RICARDO LEON VALENCIA MARIN, en calidad de Diputado a la Asamblea del Departamento de Antioquia, presento escrito de apelación contra la sentencia del 22 de junio de 2012, considerando que el parágrafo transitorio de la ordenanza 002 del 2012 no resultaba irregular ni arbitraria como el Tribunal Administrativo de Antioquia lo manifestaba, por cuanto el fallo N° 315 del 30 de julio de 2011, solo fue comunicado hasta el 16 de enero de 2012 después de haberse integrado la mesa directiva. Por tanto, la elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia efectuada el día 21 de febrero de 2012, se hizo sobre la base de lo ordenado por la sentencia del Tribunal de Antioquia de junio de 2011 y amparada por el principio y presunción de legalidad.

Que como la sentencia del 22 de junio de 2012 emanada del Tribunal de Antioquia, no se encuentra en firme ni ejecutoriada, y la inaplicación del citado parágrafo transitorio quedaba supeditada a que se resolviera el presente recurso, mal podía ser reprochado cuando no había sido objeto de controversia o de demanda sobre la legalidad, mientras no fuera anulado por la jurisdicción contenciosa, por lo que consideraba que el parágrafo transitorio era legitimo y amparado por el ordenamiento jurídico.

6. Admisión del recurso Por auto del 29 de agosto de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto por los señores Julian Bedoya Pulgarín y Ricardo León Valencia Marín contra la sentencia del 22 de junio del 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de

Antioquia, Sala Novena de Decisión.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada. En el caso en estudio, haremos alusión precisa al tema central de la controversia: La legalidad de la elección realizada por la Asamblea del Departamento de Antioquia el día 21 de febrero de 2012 de la mesa Directiva de la Duma

Departamental, para el periodo comprendido entre el día siguiente de su elección y hasta el 31 de diciembre de 2012, donde se eligió como Presidente a JULIAN

BEDOYA PULGARIN, RICARDO LEON VALENCIA MARIN, Primer

Vicepresidente y a RUBEN DARIO NARANJO HENAO, Segundo Vicepresidente. Dicho acto administrativo de contenido electoral, tiene como soporte fáctico y normativo, la Ordenanza No. 002 de Febrero 14 de 2012, expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia, por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la Ordenanza 36 de 2007, contentiva del Reglamento Interno de esa Célula Corporativa. En ese acto administrativo, se varió el periodo de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia, de 6 meses a un año, así como la fecha para su elección y posesión; adicionalmente, se incluyó un parágrafo transitorio, por medio del cual, se señaló: “PARAGRAFO TRANSITORIO: Para dar cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia 315 de junio 11 de 2011, y establecer inmediatamente el periodo institucional de un año para las mesas directivas, la actual fue elegida por (6) meses, será reemplazada por una cuyo período irá desde el día posterior a su elección y hasta el 31 de diciembre de 2012. A partir de enero de 2013, los periodos serán del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año” Es decir, en acatamiento a una orden jurisdiccional se modificó el Reglamento Interno de esa corporación para ampliar el periodo de vigencia de la Mesa

Directiva, pero además se consideró reemplazar la mesa directiva anterior, por una nueva en donde inmediatamente se de cumplimiento al término establecido.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Dicho acto administrativo, es de carácter general, pues contiene, sin duda alguna, una decisión para efectos de modificar las normas generales que rigen y reglamentan la función administrativa interna de la respectiva Asamblea Departamental de Antioquia. Con base en dicho acto administrativo, esa corporación, según acta 023 de febrero 21 de 2012, procedió a elegir la respectiva mesa directiva para el periodo restante hasta el 31 de diciembre de 2012, en la cual fueron elegidos, el señor Julián Bedoya Pulgarín como Presidente; el señor Ricardo León Valencia Marín como Primer Vicepresidente; y Rubén Darío Naranjo Henao como Segundo Vicepresidente. Éste último acto administrativo, contenido del acto de elección señalado, fue el que de manera clara y especifica, demandaron los demandantes, tal como se observa a folios 5 y 6 del expediente, en donde se indicó “según lo anotado en procedencia, en este contencioso electoral se pretende que se anule el acto administrativo contenido en el Acta 023 de febrero 21 de 2012 de la Asamblea Departamental de Antioquia a través de la cual fueron elegidos como dignatarios en su orden Presidente, Vicepresidente Primero y Segundo los Diputados; JULIAN

BEDOYA PULGARIN, RICARDO LEON VALENCIA y RUBEN DARIO NARANJO HENAO, con su propio voto y el de los corporados”. En este mismo sentido, se indicó en la demanda acumulada folio 13 del cuaderno No. 2, donde se indicó: “que se declare la nulidad del acto por medio de la cual Asamblea Departamental de Antioquia, declara la elección de la Mesa Directiva. Integrada ésta por el Presidente Julián Bedoya Patiño, por el Vicepresidente Primero Ricardo León Valencia Marín, y por el Vicepresidente Segundo Rubén Darío Naranjo Henao. El acto por medio del cual la Asamblea Departamental de Antioquia, declara la elección de la Mesa Directiva, lo tiene y lo contiene, el acta de posesión celebrada en febrero 21 de 2012.”

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Es decir, los demandantes, como se desprende de las normas del Código Contencioso Administrativo que regulan el Proceso Contencioso Electoral, demandaron el acto de contenido electoral, no otro, pues los demás actos administrativos diferentes a éstos, no son susceptibles de control de legalidad por parte de ésta Jurisdicción. Tal aseveración la ha hecho, la Sección Quinta del Consejo de Estado al definir el objeto u objetivo de la acción de nulidad electoral, aseverando: «La acción pública electoral es una especie del género acción de nulidad, a

través de ella se demandan actos que declaran o contienen una elección, de llamamiento y que hacen nombramientos en destinos públicos, está dispuesta con el propósito de mantener el orden jurídico mediante la anulación de los citados actos, y la realización de nuevos escrutinios en los casos en que la decisión se origine en las causales especiales señaladas en el artículo 223 del C.C.A. El objetivo fundamental de esta acción pública es la prevalencia de la legalidad de los actos electorales; de allí que tiene como causa la violación del orden jurídico electoral y su finalidad es su restablecimiento objetivo y no el de derechos particulares involucrados en un determinado proceso electoral.»1 Con posterioridad a ello, respecto del asunto, se indicó «El proceso electoral se instituyó con la finalidad de juzgar la legalidad de los actos de elección o de nombramiento, sin que allí quepa la posibilidad de someter a control de legalidad, en forma paralela, otras decisiones o actuaciones administrativas, puesto que ello debe ocurrir en proceso separado, a través de la acción correspondiente y con previa citación y audiencia de los legítimos contradictores. (…) Ciertos actos de trámite, no obstante su condición de tales por hacer parte de los pasos requeridos para culminar una actuación administrativa, adquieren la calidad de definitivos y por ende enjuiciables en forma separada ante esta jurisdicción, cuando por virtud de las decisiones allí asumidas imposibilitan la continuidad del adelantamiento del trámite respecto de ciertas personas. Es precisamente lo que acaece con la Resolución No. 2740 del 11 de mayo de 2009, ya que mediante la misma el

Registrador adoptó la decisión de rechazar a los 54 aspirantes que allí se mencionan, con lo que sin duda cesó para ellos la posibilidad de continuar en el proceso de selección relacionado con la Convocatoria No. 003 de 2008. Así lo entendió incluso la propia Registraduría, ya que en el numeral 2º de su parte resolutiva advirtió a los interesados que contra lo decidido procedían los recursos de la vía gubernativa, en particular el de reposición que debía interponerse ante la misma autoridad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del acto. Síguese de lo dicho hasta ahora, que la 1 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION QUINTA. Consejero ponente: FILEMON JIMENEZ OCHOA. Fallo del dos (02) de octubre de dos mil nueve (2009). Radicación numero: 11001-03-28000-2006-00122-00(4063-4055)

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co decisión administrativa adoptada por el Registrador Nacional del Estado Civil mediante la Resolución No. 2740 del 11 de mayo de 2009, no puede ser objeto de examen de legalidad en este proceso, puesto que se trata de un acto diferente al aquí acusado, respecto del cual los interesados están habilitados para intentar, dentro de los términos legales, la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en forma separada.» 2

Es decir, la posición del Consejo de Estado, ha sido clara en señalar que el objetivo fundamental de la acción de nulidad electoral, es la prevalencia de la legalidad de los actos electorales, no de ningún otro acto administrativo, porque para ello, dentro del Ordenamiento Jurídico Administrativo, se tiene y se cuenta con otras acciones para el efecto. Conforme lo indicado, no era procedente lo que en efecto hizo el Tribunal de Instancia, so pretexto de verificar la legalidad