PGN - ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL - Suspensión provisional del acto de elección (2)

ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Suspensión provisional del acto de elección del Rector de la Universidad de los Llanos, por haber sido elegido, presuntamente, con vulneración de disposiciones procesales y haberse expedido el acto de manera irregular. NULIDAD ELECTORAL-Contra acto que declaró elección de Rector de Universidad de los Llanos por violación al debido proceso, principio de igualdad, buena fe y confianza legítima NULIDAD ELECTORAL-Por expedición irregular del acto según sentencia del Consejo de Estado NULIDAD ELECTORAL-Juicio de incidencia según Sala Electoral ACTO ELECTORAL-No se circunscribe a establecer si hubo inconsistencias en su expedición sino que se debe probar que estas tuvieron incidencia en el resultado IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Trámite aplicable al interior de los entes universitarios autónomos según regulación legal INDICIO-Definición según regulación legal Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 1 Bogotá D.C., 23 de febrero de 2022 Concepto No. 2022-02-NE024 Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Sustanciadora Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2022-00018-00

DEMANDANTE: FERNANDO CAMPOS POLO

DEMANDADO: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA -RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANO PARA EL PERÍODO 2022-2024

Respetada Magistrada: Dentro del término concedido mediante auto de 11 de febrero de 2022, intervengo como agente del ministerio público en el trámite de solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección del demandado como Rector de la Universidad de los Llanos para el período 2022-2024.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos1 1.1.1. El 18 de junio de 2021, el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos –UNILLANOS– expidió la Resolución No. 020, por medio de la cual convocó y reglamentó el procedimiento de elección del rector para el período 2022-2024. 1.1.2. El artículo 3° del acto de convocatoria prescribió las causales de inelegibilidad del trámite eleccionario. Se estableció que la postulación de candidaturas estaría prohibida para aquellos ciudadanos que dentro del año anterior a la fecha de inscripción hayan suscrito contratos con la universidad, salvo que se tratare el ejercicio de la docencia. También contempló que los candidatos a 1 Se tienen en cuenta a partir de lo señalado en el escrito de demanda y la relación que se hizo en el auto de traslado de medida cautelar del 11 de febrero de 2022.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 la rectoría debían acreditar mínimo 5 años de experiencia administrativa en cargos del nivel directivo, definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP–, “…de los cuales, por lo menos 4 años debían corresponder a Instituciones de Educación Superior (IES)”. 1.1.3. La experiencia la debían acreditar con el aporte de “…certificaciones suscritas por el representante legal o jefe de recurso humano o quien haga sus veces en la entidad de donde provinieran. Las certificaciones allegadas deben describir denominación y nivel de empleo, el tiempo de servicio y las funciones desempeñadas.” 1.1.4. El plazo de inscripción de candidaturas se adelantó entre el 25 de junio y el 14 de julio de 2021. Entre los 20 candidatos registrados estuvo JAVIER DÍAZ

CASTRO, CHARLES ROBIN AROSA CARRERA -elegido rectory FERNANDO CAMPOS POLO -demandante-. 1.1.5. Luego de agotada la fase de inscripción se conformó la Comisión de Verificación de Requisitos encargada de valorar las hojas de vida y anexos de los participantes en la contienda, conformada por 6 miembros, entre quienes estaban: Cargo o dignidad Nombre Representante de los estudiantes ante el Consejo José Fernando Saavedra Sua Superior Secretario General de la UNILLANOS Giovanny Quintero Reyes Asesor Jurídico de UNILLANOS Medardo Medina Martínez Jefe de personal de UNILLANOS Víctor Efrén Ortiz 1.1.6. El 14 de julio de 2021, URLEY GUERRERO NAGLES formuló recusación

contra los integrantes de la Comisión Verificadora, GIOVANNY QUINTERO REYES, MEDARDO MEDINA MARTÍNEZ y VÍCTOR EFRÉN ORTIZ. El mismo día, JULIÁN CAMILO MAHECHA ROJAS recusó a JOSÉ FERNANDO SAAVEDRA SUA. Los escritos se fundamentaron en las cercanías existentes entre estos evaluadores y algunos aspirantes al cargo de rector. 1.1.7. El 23 de julio de 2021, el Consejo Superior Universitario declaró infundada la recusación incoada en contra de JOSÉ FERNANDO SAAVEDRA SUA, mediante Resolución No. 026. Se consideró que la solicitud presentada no se Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 adecuaba a ninguna de las causales contenidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. 1.1.8. El 23 de julio de 2021, el Consejo Superior Universitario dictó la Resolución No. 027, con la que determinó que la consulta democrática a la que debían ser

sometidos los nombres de los aspirantes habilitados en la carrera por la rectoría de UNILLANOS se efectuaría de manera virtual. 1.1.9. El 5 de agosto de 2021, mediante Resolución No. 851, las recusaciones elevadas contra GIOVANNY QUINTERO REYES, MEDARDO MEDINA

MARTÍNEZ Y VÍCTOR EFRÉN ORTIZ, fueron despachadas desfavorablemente, al no advertirse el conflicto de intereses alegado por el recusante. 1.1.10. El 11 de agosto de 2021, el Consejo Superior de la UNILLANOS expidió la Resolución No. 030 con la que reanudó el procedimiento eleccionario tras la absolución de las recusaciones referidas. 1.1.11. El 14 de septiembre de 2021, la Comisión Verificadora de Requisitos dio a conocer la lista de candidatos habilitados para continuar en el trámite, conformada por los siguientes nombres: Habilitados Condición Charles Robin Arosa Carrera Demandado Fernando Campos Polo Demandante Javier Díaz Castro Candidato Pablo Emilio Cruz Casallas Candidato 1.1.12. El 6 de diciembre de 2021, los nombres de los aspirantes definitivos fueron objeto de consulta democrática en la que participaron la totalidad de los estamentos que componían la UNILLANOS, y cuyos resultados arrojarían los candidatos que conformarían la terna de la cual se escogería finalmente al rector para el periodo estatutario 2022-2024. 1.1.13. Los aspirantes que integraron la terna fueron: PABLO EMILIO CRUZ

CASALLAS, CHARLES ROBIN AROSA CARRERA y JAVIER DÍAZ CASTRO.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 1.1.14. El 13 de diciembre de 2021, el Consejo Superior de la UNILLANOS

designó, a través de Resolución No. 060, al señor CHARLES ROBIN AROSA CARRERA como Rector de ese ente autónomo universitario, período 2022-2024. Su posesión tuvo lugar el 22 de diciembre de 2021. 1.1.15. El 28 de enero de 2022, el ciudadano FERNANDO CAMPOS POLO presentó demanda con solicitud de suspensión provisional del acto por medio del cual se declaró electo a CHARLES ROBIN AROSA CARRERA como Rector de la Universidad de los Llanos, para el período 2022-2024 1.2. Argumentos y normas que sustentan la solicitud de la medida cautelar Dentro de las consideraciones de la demanda, el ciudadano FERNANDO CAMPOS POLO presentó solicitud de suspensión provisional del acto por medio del cual se declaró electo a CHARLES ROBIN AROSA CARRERA como Rector de la Universidad de los Llanos, para el período 2022-2024, bajo dos argumentos: i) incumplimiento de los requisitos en la convocatoria para elegir rector y ii) expedición irregular por violación de los artículos 8 y 12 de la Ley 1437 de 2011, así como la indebida habilitación de los candidatos. 1.2.1. Incumplimiento de los requisitos de la convocatoria El recurrente considera que si bien el artículo 3° de la Resolución No. 020 del 18 de junio de 2021 –reglamento de la convocatoria para la elección de rector– señala que ningún candidato podía haber suscrito contratos con la UNILLANOS dentro del año anterior a la fecha de su inscripción; el señor CHARLES ROBIN

AROSA CARRERA –para el momento del registro de su candidatura– era profesor de tiempo completo en la UNILLANOS y gozaba desde 2018 de una comisión de estudios, concedida a través de la Resolución No. 025 de ese año, lo que implicó la firma del contrato No. 07 del 5 de julio de 2018, con el que se había comprometido a permanecer vinculado con la institución por el doble del tiempo de duración de la comisión concedida. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 5 Argumenta que ese contrato se prorrogó en 3 oportunidades, siendo la última la efectuada el 15 de junio de 2021, poco tiempo antes de la inscripción de la candidatura del acusado a la rectoría de UNILLANOS para el período estatutario 2022-2024; por consiguiente, con la elección se habían transgredido los postulados de la convocatoria, pues el demandando dentro del año anterior al registro de su aspiración había suscrito acuerdo de voluntades con ese ente autónomo universitario. 1.2.2. Expedición irregular  Desconocimiento del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 La parte actora considera que a la luz del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, la presentación de solicitudes de recusación en el marco de los procedimientos administrativos conllevaba la suspensión automática de estos, hasta tanto no se resolvieran. Señaló que, si bien el trámite de la elección del rector de la UNILLANOS, período

2022-2024, se había suspendido desde el 14 de julio de 2021 –fecha en la que se habían formulado recusaciones contra algunos de los integrantes de la Comisión de Verificación de Requisitos– y el 5 de agosto del mismo año, momento final en que se despacharon desfavorablemente; el Consejo Superior de UNILLANOS expidió el 23 de julio de 2021 la Resolución No. 027, dando cuenta que la consulta democrática para la conformación de la terna definitiva de candidatos de la cual se elegiría al nuevo rector, se llevaría a cabo de manera virtual, por lo que se interpreta que se actuó mientras el procedimiento estaba interrumpido.  Vulneración del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 El demandante mencionó que, si bien las recusaciones formuladas por URLEY GUERRERO NAGLES contra los miembros de la Comisión Verificadora de Requisitos, GIOVANNY QUINTERO REYES, MEDARDO MEDINA MARTÍNEZ y VÍCTOR EFRÉN ORTIZ, fueron resueltas a través de la Resolución No. 831 del 5 de agosto de 2021; dicho acto administrativo no fue publicado o comunicado a los Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 intervinientes en el proceso de designación del rector, con lo que se trasgredió los deberes de información que correspondían a las autoridades públicas.

También indicó que la Resolución No. 026 del 23 de julio de 2021, con la que se

declaró infundada la recusación elevada contra el señor JOSÉ FERNANDO SAAVEDRA SUA por parte de JULIÁN CAMILO MAHECHA ROJA, fue publicada tardíamente, esto es, el 5 de agosto de 2021.  Indebida habilitación de candidatos El accionante sostuvo que el listado definitivo de candidatos habilitados para acceder a la rectoría de UNILLANOS estuvo compuesto por aspirantes que no habían cumplido los requisitos para ello. i) El demandado estaba incurso en una causal de inelegibilidad, al haber suscrito contrato con ese ente autónomo universitario dentro del año anterior a la fecha de su inscripción dentro del procedimiento; y, ii) Javier Díaz Castro se habilitó a pesar de no cumplir con la experiencia administrativa exigida2. Sobre JAVIER DÍAZ CASTRO indicó que, había allegado certificación de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS del 10 de julio de 2014, firmada por el director administrativo y financiero de la institución –señor MIGUEL ÁNGEL CORTÉS GONZÁLEZ–, en la que se establecía que había ocupado el empleo de Director General de Investigaciones y Desarrollo Empresarial. Lo cual se buscó corroborar ante dicha institución, dando cuenta el rector de esa Corporación universitaria, que DÍAZ CASTRO no se había desempeñado el cargo de Director General de Investigaciones y Desarrollo Empresarial y, mencionó, que era un simple catedrático, por lo que la certificación aportada originalmente carecía de validez, pues no había sido suscrita por el funcionario competente dentro de su

organigrama. 2 Señaló el demandante que los candidatos a la rectoría de UNILLANOS debían acreditar 5 años en asuntos administrativos en cargos del nivel directivo –de acuerdo con la reglamentación fijada por el DAFP para el efecto– de los cuales 4 debían corresponder a experiencia adquirida en Instituciones de Educación Superior. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 7 En sentido, la parte actora cuestionó que el empleo de Director General de Investigaciones y Desarrollo Empresarial de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS no se encontraba dentro de los cargos del Nivel Directivo definidos por los decretos expedidos por el DAFP, como lo exigía la convocatoria; la experiencia administrativa debía ser acreditada en instituciones públicas u oficiales de educación superior, y no privadas; y, la constancia presentada por el señor Javier Díaz Castro no fue firmada por el representante legal de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, no especificó el nivel del cargo desempeñado y las funciones relacionadas no eran labores de índole directivo.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Aclaración previa La Ley 2080 de 2021 que modificó la Ley 1437 de 2011 parcialmente, estableció un nuevo marco de competencias al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Su entrada en vigor tuvo dos momentos3, el primero el 25 de enero

de 2021 -cuando fue publicaday, el segundo, el 24 de enero de 2022, según se estableció de manera taxativa en el artículo 86, inciso primero4; esto es, un año después de publicada. En el caso de las acciones de nulidad contra los actos electorales, a los tribunales administrativos se les asignó el conocimiento de nuevas causas en primera instancia, según se muestra a continuación: “ARTÍCULO 28. Modifíquese el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así ARTÍCULO 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…).

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: 3 La Ley 2080 de 2021, mediante la cual se reformó la Ley 1437 de 2011, fue publicada en el Diario Oficial No. 51.568 el 25 de enero de 2021, fecha durante la cual se cumplió su promulgación, razón por la cual tiene vigencia desde el 25 de enero de 2021. 4 “ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

(…)”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.

Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración; (…).” (Negrilla fuera de texto). Norma que se debe interpretar sistemáticamente con artículo 64 de la Ley 30 de 1992, la cual organiza y regula el servicio de educación superior. “Artículo 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por : a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional. b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales. c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario. d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario. e) El Rector de la institución con voz y sin voto. Parágrafo 1º En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el

Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el Gobernador. Parágrafo 2º Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo. (Negrilla y subrayado fuera de texto). Es decir, que las acciones de nulidad que se promuevan contra los actos de elección de los integrantes de los consejos superiores universitarios de las universidades públicas de cualquier orden a partir del 24 de enero de 2022, deben ser objeto de conocimiento en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según las nuevas reglas de competencia reguladas por la Ley 2080 de 2021. Para el caso concreto, teniendo en cuenta que la litis versa sobre el acto de elección del rector de la Universidad de los Llanos -UNILLANOS-, quien es integrante del Consejo Superior Universitario y, la demanda, según el sistema de información SAMAI de la Sección Quinta del Consejo de Estado5, se interpuso el 5 Anotación No. 4, constancia de entrega de demanda y recibido: “De: Fernando Campos Polo campospolofernando@gmail.com Enviado el: viernes, 28 de enero de 2022 2:26 p. m. Para: Secretaria Seccion QuintaProcuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 28 de enero de 2022, es concluyente que la competencia en primera instancia le

corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo. Por consiguiente, en tratándose de la salvaguarda del principio del juez natural, lo estipulado en el artículo 168 del CPACA, en el que se señaló que si al recibir la demanda el juez estima que no es competente, deberá remitir el expediente al competente a la brevedad; y, lo dispuesto en el artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 306 del CPACA, en el que consignó que la falta de competencia como un vicio que afecta la validez del proceso, pero, “cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente”; el presente caso debe ser enviado al Tribunal de instancia, a la menor brevedad. En ese orden, el Ministerio Público considera que, en aras de valorarse adecuadamente la salvaguarda de los derechos de los extremos procesales, sin que exista algún tipo de reproche dentro del escenario que corresponde y, bajo las formas propias del juicio, incluida la competencia, el presente caso debe ser enviado al Tribunal Contencioso Administrativo competente para el trámite correspondiente. En todo caso, ante la eventualidad de una interpretación diferente sobre la aplicación de la Ley 2080 de 2021 en el espacio y en el tiempo en materia de competencias, el Ministerio Público procede a rendir el concepto de fondo, teniendo como fundamento las piezas procesales allegadas por el demandante. 2.2. Problema jurídico Corresponde determinar si es procedente la suspensión provisional del acto de

elección de CHARLES ROBIN AROSA CARRERA como Rector de la Universidad de los Llanos, para el período 2022-2024, por haber sido elegido, presuntamente, con vulneración de disposiciones procesales y haberse expedido el acto de manera irregular. Consejo De Estado ces5secr@consejodeestado.gov.co. Asunto: ASUNTO: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

ELECTORAL”

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Página 10 Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la suspensión provisional; ii) el trámite de recusaciones al interior de los consejos superiores universitarios y; iii) luego analizará los fundamentos de la medida cautelar en el presente caso. 2.3. Suspensión provisional La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control. El Consejo de Estado, específicamente la Sección Quinta, ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. En ese orden, por ejemplo, se indicó que, si bien tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los

términos del artículo 234 del CPACA. Igualmente, el legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, la Sección Quinta, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 el CPACA para ordenar el traslado allí previsto. En consecuencia, la mayoría de la Sala Electoral corre el traslado de esta solicitud y luego decide sobre la misma en el auto admisorio. Diferencia con los otros medios de control regulados en el CPACA, en tanto, en el resto de los procesos declarativos la solicitud de medida cautelar se puede hacer en cualquier momento. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 11 En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral se ha indicado que: “i) La medida cautelar se debe solicitar (no es oficiosa), ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el actor sustente en escrito separado presentado con esta u otro posterior, siempre y cuando se pida antes de admitir la misma. Lo anterior exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia

de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. ii) Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza. iii) Para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado”.6 Igualmente, se ha advertido que, para resolver la solicitud de medida cautelar, el juez de lo contencioso “…debe efectuar un estudio, un análisis de los argumentos expuestos y confrontarlos junto con los elementos de prueba arrimados al proceso para llegar al convencimiento sobre la procedencia o no de la medida, a diferencia de lo que ocurría en vigencia del artículo 152 del C.C.A., en donde la infracción debía ser manifiesta”7 (negrillas del texto original que se transcribe). En consecuencia, con las pruebas presentadas en la demanda y los argumentos expuestos para solicitar la medida cautelar, al juez le corresponde efectuar un juicio previo de legalidad, el cual es provisional y, por tanto, puede variar al resolver el asunto de fondo, según la dinámica del proceso, razón por la que el artículo 229 del CPACA señala que la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Bajo ese análisis, la medida cautelar se puede decretar en el auto que admita la demanda si i) del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas se advierte violación de estas; o, ii) si del estudio de las

6 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto de 09 de abril de 2015. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00044-01.

Demandante: Luis Guillermo Céspedes Solano. Demandada: Paola Andrea Umaña Aedo. Rectora de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. M.P.: Alberto Yepes Barreiro. 7 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto 18 de febrero de 2015. Radicación número: 11001 03 28 000 2015 00003 00.

Actor: Nación-Ministerio de Educación Nacional. Demandado: Jaime Alberto Leal Afanador.M.P.: Alberto Yepes Barreiro.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12 pruebas allegadas con la solicitud, se demuestra que el acto es contrario al ordenamiento jurídico.

En este orden de ideas, corresponde analizar los cargos en que se sustenta la solicitud de la medida cautelar y las pruebas allegadas, para determinar su procedencia. 2.3. Del trámite de las recusaciones y la suspensión de la actuación administrativa En cuanto al trámite de recusaciones de los miembros de los Consejos Superiores de las universidades públicas, se debe aplicar el artículo 12 del CPACA. Para el Ministerio Público, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta8, no cabe duda de la aplicación a las universidades públicas del artículo 12 del CPACA, sobre el trámite de las recusaciones contra los miembros de los Consejos

Superiores Universitarios, dado que carecen de superior jerárquico, como ocurre con los integrantes de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. En ese orden, debe darse aplicación a las siguientes reglas que rigen la materia9:  Ante la falta de norma expresa para el trámite de las recusaciones en las corporaciones autónomas regionales, se aplica lo dispuesto en la primera parte del CPACA por mandato del artículo 2.  Si uno de los miembros de un consejo directivo de una de estas entidades, está impedido o es recusado, se debe dar aplicación a la regla establecida en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 8 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 03 de octubre de 2019. Radicación: 11001-03-28-000-2015-00002-00. Acumulados 2015-00001; 2000-00002 y 2015-00004. Demandante: Gilberto Forero y otros. Demandado: Gustavo Orlando Álvarez Álvarez – Rector de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia (UPTC). M.P.: Rocío Araújo Oñate. 9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de junio de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Radicado No. 1100103-28-000-2016-0008-00; Sentencia de 04 de agosto de 2016, Exp. 2015-0054-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 1º de febrero de 2018, Exp. 2016-00083-00 (acumulados), M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 13  La actuación se suspende desde la manifestación de impedimento o desde la presentación de la recusación hasta cuando se decida. Es decir, la actuación no puede continuar, hasta tanto se hayan definido de fondo las alegaciones relacionadas con posibles causales de impedimento o recusación.

Bajo los prepuestos expuestos, se analizará el caso del acto demandado y los argumentos expuestos en la medida cautelar. 2.4. Análisis del caso concreto El argumento en que se soporta el requerimiento de la medida cautelar está en que, en la elección de CHARLES ROBIN AROSA CARRERA como Rector de la Universidad de los Llanos, período 2022-2024, presuntamente, se produjo una vulneración de disposiciones de la convocatoria de elección y el acto se expidió de manera irregular. Por lo tanto, le corresponde al Ministerio Público determinar si en la elección de CHARLES ROBIN AROSA CARRERA se vulneró el ordenamiento jurídico, por cuanto i) se incumplió con el artículo 3 de la Resolución No. 020 de apertura de convocatoria para la elección del rector, y, ii) si el acto de elección fue expedido de manera irregular, por haberse actuado pese a la suspensión para resolver algunos impedimentos, la falta de comunicación de los actos administrativos con los que se resolvieron los impedimentos, y, haberse habilitado para participar a candidatos

que no cumplían con los requisitos normativos regulatorios del proceso de designación. 2.4.1. De la vulneración de disposiciones en la elección del Rector de UNILLANOS para el período 2022-2024 Se alegó que si bien el artículo 3° de la Resolución No. 020 del 18 de junio de 2021 señala que ningún candidato podía haber suscrito contratos con la Universidad UNILLANOS dentro del año anterior a la fecha de su inscripción; el señor CHARLES ROBIN AROSA CARRERA firmó el contrato No. 07 del 5 de Procuraduría Séptima D