PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Jurisprudencia de la corte constitucional

Nota de Relatoría: Ver tesis y notas del expediente 39.246 (680012331000 2010 00210 01) concepto 257

ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA Y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Situaciones por las que proceden ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procede contra actos generales que causan daños concretos/ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Jurisprudencia del Consejo de Estado

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 258 / 2010

Bogotá, D.C., 17 de noviembre de 2010

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente Doctor DANILO ROJAS BETANCOURTH

E. S. D.

EXPEDIENTE: 39.316 (680012331000 2010 00217 01)

ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN DE AUTO ACTOR: Blanca Amalia Villamizar García DEMANDADO: Departamento de Santander y otros El Ministerio Público, dentro del término del traslado del auto de 5 de noviembre de 2010, notificado personalmente el 11 de noviembre del año en curso, solicita que se confirme el auto recurrido.

I. ANTECEDENTES PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co

Exp. 39.316 1.1. Auto recurrido. El Tribunal Administrativo de Santander, en proveído de 20 de mayo de 2010, resolvió rechazar la demanda por cuanto respecto de la acción procedente había operado la caducidad. Sostuvo el a-quo que los perjuicios aducidos por la demandante no se causaron con la aplicación de la ordenanza 050 de 8 de enero de 1999, sino con ocasión del oficio de 30 de diciembre de 1999, que comunicó la supresión del cargo y que es el acto particular y concreto. Que sería preciso ordenar la corrección de la demanda pero se produjo la caducidad. 1.2. La apelación. La parte actora impugnó la decisión para que se revocara y en su lugar se admitiera la demanda. Señaló que la demandante se vinculó a la Contraloría de Santander a partir del 4 de marzo de 1997 y fue inscrita en carrera administrativa; que por Decreto 0401 de 30 de diciembre de 1999, el Gobernador de Santander dispuso suprimir 480 cargos de la planta de personal de la Contraloría Departamental, estableciendo que los empleados de carrera podían optar por la indemnización o la incorporación de cargos de carrera equivalentes; mediante oficio de 30 de diciembre de 1999 se le comunicó la supresión del cargo con fundamento en el decreto 0401 de 30 de diciembre de 1999, Ley 443 de 1998 Art. 39, Decreto 1572 de 1998 y decreto 1568 de 1998; el Contralor Departamental profirió la Resolución 000485 de 25 de febrero de 2000 para cancelar los valores por pasivo laboral, prestaciones

sociales, cesantías definitivas e indemnización. Que el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de 11 de noviembre de 2004, declaró la nulidad del artículo segundo literal e) de la Ordenanza 050 de 8 de enero de 1999, decisión que confirmó el Conejo de Estado sección Segunda Subsección A, mediante providencia de 27 de septiembre de 2007. En estado de 7 de marzo de 2008 el Tribunal de Santander comunicó el auto de obedézcase y cúmplase del fallo de segunda instancia. Y que el demandante tuvo conocimiento de la declaratoria de nulidad con la ejecutoria, el 12 de marzo de 2008. 2 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Exp. 39.316 Afirmó que las pretensiones buscan que se declare la responsabilidad extracontractual de la Asamblea, del Departamento y de la Contraloría de Santander por los perjuicios causados a la demandante por la aplicación del literal e) del artículo segundo de la Ordenanza 50 de 1999 que permitió suprimir el cargo. Sostuvo que la acción impetrada era la de reparación directa por falla en el servicio por la aplicación del artículo segundo literal e) de la Ordenanza 50 de 1999, que sirvió de soporte para la reestructuración de la Contraloría de Santander, que saltaba a la vista la ilegalidad de la decisión que desvinculó a la actora; que a partir de la declaratoria de nulidad del acto general los actos se

tornaron en ilegales, por lo que era procedente la acción de reparación directa; y que las pretensiones corresponden al pago de salarios y prestaciones sociales que se dejaron de percibir por la demandante. II.- CONSIDERACIONES En concepto del Ministerio Público el auto apelado, que rechazó la demanda por caducidad de la acción procedente, se deberá confirmar. 2.1. Precedente. 2.1.1. En casos similares, en los que se debate cuál es la acción procedente cuando el daño antijurídico se origina en actos administrativos, este Despacho ha conceptuado en diferentes oportunidades, entre ellas en el Concepto No. 126 / 20101, en el que precisó esta Delegada: “2.1. El objeto de la jurisdicción contencioso administrativa y las acciones en el CCA. (…) El C.C.A. en los arts. 84 a 87 consagra los medios de control o las acciones que se pueden incoar para controvertir los actos, las actuaciones u omisiones de la administración, cada una con un objeto determinado y respecto de las cuales en el Art. 136 ib. se consagra un término de caducidad distinto. 1 EXPEDIENTE: 38.562 (540012331000 2009 00361 01)- ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN DE AUTOACTOR: Ana Gisselle Castro RestrepoDEMANDADO: Nación – Ministerio de Protección Social.- 3 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co

Exp. 39.316 Las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y la de reparación directa, tienen causa y finalidades diferentes. “La Sala entrará a analizar el contenido normativo de las acciones de reparación directa y de nulidad y restablecimiento del derecho toda vez está en discusión cual es la vía adecuada para obtener al indemnización de daños cuando la causa jurídica de ellos es la ilegalidad de un acto. (…) Del principio de legalidad enunciado se aprecia, claramente, que una y otra acción se originan en causas o conductas administrativas distintas y persiguen objetos diferentes. En efecto: La causa que origina la acción nulidad y restablecimiento es un acto administrativo que el demandante considera ilegal; persigue (objeto) la nulidad del acto y además el restablecimiento, y/o la indemnización y/o la devolución de lo indebidamente pagado. Tal acción persigue: 1) impugnar la validez de un acto jurídico administrativo y, como declaración consecuencial, 2) restablecer el derecho subjetivo lesionado. Por su parte, las causas que pueden motivar el ejercicio de la acción de reparación directa son variadas: 1) un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa 2) la condena o la conciliación por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso y/o 3) las conductas materiales provenientes de los particulares o de la Administración que le causan daños a la Administración. Y el objeto de tal mecanismo judicial de defensa busca la declaratoria de responsabilidad extracontractual y la

consecuente reparación del daño causado. (…)” 2 (Se resalta y subraya). 2.2. Caso concreto De acuerdo con el auto recurrido, en ejercicio de la acción de reparación directa la señora Ana Gisselle Castro Restrepo demandó a la Nación – Ministerio de Protección Social para que se le declarara responsable de los perjuicios que se le causaron con la expedición de la Resolución 002332 de 4 de septiembre de 2006, por medio de la cual se autorizó el despido colectivo de algunos trabajadores de Termotasajero. El daño cuya reparación se reclama deviene, según la demanda, de la decisión administrativa, que se dice ilegal, contenida en un acto administrativo expedido por el Ministerio de Protección Social, por lo que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho. (…) A través de la acción de reparación directa es viable reclamar la indemnización de perjuicios consecuencia de un daño antijurídico que tiene como causa un acto administrativo legal, en tanto que le ocasiona al interesado un desequilibrio en las cargas públicas, pero ese no es el supuesto en este caso, ya que la actora señala 2 SECCIÓN TERCERA, auto de 17 de febrero de 2005. Radicación número: 20001-23-31-000-2003-0319201(28296) 4 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co

Exp. 39.316 que el acto administrativo que causa el daño está viciado de ilegalidad y es violatorio de los derechos fundamentales, afirma que ya se demandó su nulidad. Cuando la fuente del daño se encuentra en un acto administrativo ilícito, lo que procede es reclamar por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3. (…) Si el daño tiene como causa unas decisiones contenidas en las Resoluciones proferidas por el Ministerio de Protección Social cuya licitud se discute, la acción viable es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa. En el sub judice se ejerció una acción indebida –la de reparación directay aquella que resultaba procedente en razón de la causa del presunto daño, esto es, la de nulidad y restablecimiento del derecho, estaría caducada. Así las cosas, como no era posible inadmitir la demanda para que se adecuara el trámite a la acción pertinente, con solicitud de la corrección, en tanto que operó el fenómeno de la caducidad, la demanda se debía rechazar de plano4. 2.1.2 El Consejo de Estado, al decidir la apelación en el caso donde se emitió el concepto antes referido, por auto de 19 de julio de 2010, sostuvo: “Se tiene que lo pretendido por el demandante, es que se declare patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Protección Social -, por los perjuicios causados con motivo de la expedición de la resolución No. 002332 del 4 de septiembre de 2006, en la que autorizó el despido colectivo de 16 trabajadores de la

empresa Termotasajero. Encuentra la Sala que, es probable que en la concreción o materialización de un acto administrativo se infieran perjuicios, los cuales habrá que distinguir de manera clara, a efectos de identificar la acción procedente para solicitar el restablecimiento del derecho en cada caso concreto. En efecto, el daño se puede relacionar de forma directa o indirecta con un acto administrativo, pero es posible que devenga de sus efectos legales y ajustados al ordenamiento jurídico, lo que configura la responsabilidad por el acto administrativo lega l 5 , o de su materialización, siendo así una operación administrativa. Por consiguiente, se debe tener claridad en lo que se refiere a 3 (pie de página de la cita) Sentencia de 8 de marzo de 2007 Radicación número: 66001-23-31-000-1997-0361301(16421). 4 (pie de página de la cita) “ARTICULO 143. INADMISION Y RECHAZO DE LA DEMANDA. <Subrogado por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción. No obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante los corrija en un plazo de cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se rechazará la demanda.

Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción. (…)”. 5 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Exp. 39.316 la naturaleza del detrimento, toda vez que si el mismo deriva de un acto administrativo que la parte considera ilegal, habrá lugar a deprecar la correspondiente indemnización de perjuicios a través del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; ahora, si el daño se produce con motivo de la expedición de un acto administrativo frente al cual no se discute la legalidad, o porque es una operación administrativa por la ejecución fáctica del acto, la acción procedente será la de reparación directa, de conformidad con el artículo 86 del mismo estatuto. Sobre el particular, esta Sala ha señalado: “La Sala ha indicado, con relación a la debida escogencia de la acción, que para determinar cual de ellas es la procedente, en cada caso particular debe tenerse en cuenta la causa de los perjuicios reclamados, es decir, si ella proviene de la expedición de un acto administrativo que se presume legal, la acción correspondiente será la de nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del C. C. Administrativo, por cuanto es la demostración de la ilegalidad del acto y su consecuente declaración de nulidad lo que torna en antijurídico el daño causado con el mismo, en tanto que, si los perjuicios se

derivan de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble, la acción pertinente para reclamar indemnización, es la de reparación directa consagrada en el artículo 86 de esa misma codificación. Es decir que la acción de reparación directa no es procedente cuando existen actos administrativos que se consideran ilegales y decidieron en sede administrativa la situación que se discute ante la jurisdicción, por cuanto la declaración de voluntad de la administración esta amparada por la presunción de legalidad, cuyos fundamentos jurídicos, en tanto estén vigentes, no permiten estimar que existe un daño antijurídico indemnizable…”6 (…) Así las cosas, advierte la Sala, que de la lectura de la demanda y del recurso de apelación, se tiene que el actor invoca un daño antijurídico causado, presuntamente, por la ejecución material de unos actos administrativos proferidos por el Ministerio de Protección Social, expedidos con vulneración de de derechos fundamentales, por carecer de sustento legal, fáctico y probatorio, aún cuando, en estricto sentido, no se solicitó su nulidad. En ese orden de ideas, acertó el a quo al puntualizar que de conformidad con los hechos y las pretensiones de la demanda, se establece que la parte actora controvierte la legalidad de los actos administrativos proferidos por el Ministerio de 5 (pie de página de la cita) Al respecto, resulta pertinente consultar las siguientes providencias: sentencia de 27 de abril de 2006, exp. 16079, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, y sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 16421, M.P. Ruth Stella

Correa Palacio. 6 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 27 de enero de 2005, exp. 28559, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 6 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Exp. 39.316 Protección Social7, escenario que sitúa la controversia en el plano de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, se confirmará la decisión apelada, pues si bien, como lo ha precisado esta Corporación8, la indebida escogencia de la acción no es causal de rechazo de plano de la demanda, sino de inadmisión para que se adecue a la acción que corresponde, tal decisión no es procedente en este caso, por cuanto en lo que respecta a la acción idónea ha operado la caducidad, ya que el acto demandado cobró ejecutoria el 20 de junio de 2007 y la demanda fue presentada el 27 de noviembre de 2009.” 2.2. Caso concreto La demandante, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa presentó demanda en la que pretende que se declara responsable administrativa y extracontractualmente a la Asamblea de Santander, al Departamento de Santander y a la Contraloría de ese Departamento, por la aplicación del artículo segundo literal e) de la Ordenanza 050 de 1999. Como soporte fáctico de las pretensiones, señaló que la demandante se

encontraba vinculada a la Contraloría de Santander, que estaba inscrita en carrera administrativa; que por Decreto 0401 de 30 de diciembre de 1999, el Gobernador de Santander dispuso suprimir 480 cargos de la planta de 7 (pie de página de la cita) “HECHO QUINTO: La entidad Ministerial, (…) dictó la Resolución No. 002332 de fecha 4 de septiembre de 2006, mediante la cual autorizó el despido colectivo del diez (10) trabajadores del área administrativa y seis (6) trabajadores asignados al área operativa (operación y generación de mantenimiento). Sobre dicha decisión se interpuso dentro del término legal, el recurso de reposición y en subsidio de apelación (debidamente sustentados cada uno de ellos), teniendo como fundamentos, argumentos de orden fáctico y jurídico, que la entidad Ministerial, dejó de lado y no los valoró, no los ponderó los cuales generaron unas bases inciertas que dieron lugar al despido colectivo; no tuvieron asidero legal, fáctico, probatorio; pero sobre todo de conveniencia o necesidad imperiosa de la empresa. (folio 10 del cuaderno No. 1) (…) “CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: (…) La responsabilidad admitida en la norma constitucional, escindida ésta del primer acto de ilegal y poder y fuerza (sic) arbitrario desplegado por autoridad Ejecutiva, más en lo que tiene que ver con el servicio público de la Protección Sindical (sic) en una empresa de carácter privada (folio 19 del cuaderno No. 1) (…)”. 8 “El artículo 143 del C.C.A. establece solo dos eventos en los cuales se debe rechazar una demanda: cuando el juez

advierte que la misma carece de los requisitos y formalidades previstas para la demanda contenciosa y ésta no se corrige durante el término concedido para el efecto y, cuando la acción ha caducado. Al respecto, estima la Sala que la escogencia de la acción no es un requisito meramente formal y que las causales de rechazo de la demanda son taxativas, de manera que cuando se demanda por una acción que no es procedente, la demanda solo podrá rechazarse si la acción que corresponde ha caducado. En este orden de ideas, la Sala concederá un término de cinco días para que subsane la demanda en los términos de esta providencia y ordenará la devolución del expediente al Tribunal para decida sobre la admisión o rechazo de la misma.” Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 30 de marzo de 2006, exp.

31789. 7 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Exp. 39.316 personal de la Contraloría Departamental, que por oficio de 30 de diciembre de 1999; el Contralor Departamental profirió la Resolución 000485 de 25 de febrero de 2000 para cancelar los valores por pasivo laboral. Además que en sentencia de 11 de noviembre de 2004, confirmada por el Consejo de Estado el 27 de septiembre de 2007, se declaró la nulidad del artículo segundo literal e) de la Ordenanza 050 de 8 de enero de 1999 y que a partir del 30 de diciembre de 1999

dejó de percibir los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social integral que venía devengando, constituyéndose en un daño considerable. De acuerdo con la demanda, el daño se ocasionó para la actora por la desvinculación del cargo que desempeñaba en la Contraloría Departamental, decisión que se adoptó por medio del Decreto 401 de 1999, a través del cual se suprimieron unos cargos de la planta de personal de ese organismo, entre ellos el que ocupaba la señora Blanca Amalia Villamizar García, supresión que le fue comunicada a la actora por oficio de 30 de diciembre de 1999. Siendo así, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Decreto Departamental 401 de 1999 y el Oficio de 30 de diciembre de 1999, la cual debía ejercerse dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, esto es, hasta el 1° de mayo de 2000. Contrario a lo que afirma la demandante, la fuente del daño no lo fue la aplicación de la Ordenanza 050 de 1999, sino el decreto de supresión de cargos que definió su situación particular. Tratándose de actos generales que causan daños concretos, la SECCIÓN PRIMERA, en proveído de 14 de abril de 2005. Radicación número: 25000-23-24000-2003-00825-01, indicó: “Bien es sabido que, según lo dispuesto en el artículo 43 CCA, los actos administrativos de contenido general están sujetos a publicación, y mientras ésta no

se realice no serán obligatorios para los particulares. 8 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Exp. 39.316 Asimismo, en cuanto al escogimiento entre la acción de nulidad y la de nulidad con restablecimiento del derecho, esta Corporación ha sentado que la procedencia de una u otra no depende de la naturaleza general o particular del acto acusado, sino de los motivos y finalidades de la acción 9. Por lo tanto, así como puede ejercerse la acción de simple nulidad contra actos de contenido particular, así también procede la nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto de contenido general, siempre y cuando éste acto sea el que ocasione directamente y por sí solo la lesión de un derecho o el perjuicio, sin necesidad de que medie otro acto de contenido particular que constituya aplicación del primero.” (Negrillas y subrayas fuera del texto). La misma SECCIÓN PRIMERA, el 14 de marzo de 2007. Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00329-02, afirmó: “Ha sostenido esta Sala10: «Por lo demás, partiendo de la consideración según la cual bien puede suceder que en relación con determinados actos de carácter general, impersonal y abstracto, bien puede ejercerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tesis que esta Corporación admite para los eventos excepcionales en que un acto de la indicada naturaleza produzca de manera directa e inmediata el perjuicio cuyo resarcimiento se reclama, (…).»

(Se subraya) Si el acto general causa el daño y la declaratoria de nulidad restablece el derecho, la acción que procede es la de nulidad y reestablecimiento del derecho, dentro de los 4 meses siguientes. Pero, si entre el acto general y el daño se produce un acto particular (como en este caso, el decreto que suprimió el cargo de la actora), ese acto será el que debe ser objeto de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. No puede el actor escoger a su arbitrio la vía procesal para la defensa de sus derechos, puesto que el legislador ha regulado cuáles pretensiones pueden ser objeto del derecho de acción y las ritualidades del trámite. Si un acto ilegal genera un daño se impone incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y no la de reparación directa alegando la ilegalidad del acto. 9 Ver sentencia de 10 de agosto de 1961, M.P. Carlos Gustavo Arrieta. 10 Auto de 19 de diciembre de 2005, expediente 2003-00345-01, actora ELECTRICARIBE S.A. ESP, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 9 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Exp. 39.316 Para el Ministerio Público, la acción procedente en el sub judice era la de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Decreto 401 de 1999, decisión

administrativa que existe entre el acto general y el daño antijurídico. -Si la demandante consideraba que el daño antijurídico se originó de manera directa por el acto general, igualmente se imponía demandarlo en vía de acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses-. Ahora bien, aunque en principio, habría lugar a inadmitir la demanda para que se procediera a su adecuación, en tanto que no era viable la acción de reparación directa, ello no resulta posible en este caso toda vez que el término de caducidad para incoar la acción correcta estaba vencido al momento de presentar la demanda, puesto que la supresión del cargo se comunicó a la actora el 30 de diciembre de 1999 y la demanda se presentó cuando se había configurado el fenómeno de la caducidad, lo que imponía su rechazo11.

II. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público el auto recurrido se deberá confirmar. En tal sentido, eleva respetuosamente solicitud a la H. sala de decisión.

Del H. Magistrado,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado PHM. 11 C.C.A. “ARTICULO 143. INADMISION Y RECHAZO DE LA DEMANDA. <Subrogado por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998.

El nuevo texto es el siguiente: > Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción.

No obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el ponente, por auto susceptible de reposición,

expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante los corrija en un plazo de cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se rechazará la demanda. Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción. (…)” 10 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co