PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por los perjuicios generados con la injusta privación de la lib

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por los perjuicios generados con la injusta privación de la libertad del demandado ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Caducidad El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias entre ellas la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble. En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual la providencia que lo libera de responsabilidad penal queda ejecutoriada CONCILIACIÓN-La solicitud suspende la caducidad La suspensión del término de caducidad implica que el término deja de correr, en términos coloquiales “se para el reloj”, no que el término se adicione. Por tanto, superada la situación que genera la suspensión el cómputo del término simplemente se reanuda, pero partiendo del acumulado que traía al momento de su suspensión. Para efectos del término de caducidad el lapso de la suspensión es como si no existiera.

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E.A.S.T

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO DE AUTO No. 001/2012

Bogotá D. C., 25 de enero de 2012.

Señores:

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE DOCTOR ENRIQUE GIL BOTERO.

E. S. D.

Ref: Proceso 17001233100020110022801(42.627) Acción de reparación directa

Actor: Juan Carlos Vélez Vergara y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa, Ejército

Nacional. El Ministerio Público, dentro del término del traslado del auto de 17 de enero de 2012, notificado personalmente el 20 de enero del año en curso, solicita que se confirme el proveído apelado.

1. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- El 08 de octubre de 2010, JUAN CARLOS VELEZ y otros, en ejercicio de la acción de reparación directa instauraron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar, por los perjuicios generados con la injusta privación de la libertad de que fuera victima el señor subteniente JUAN CARLOS VELEZ VERGARA por cuenta de la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 92 de Instrucción Penal Militar mediante auto de fecha diciembre 31 de 2007, actuación penal en la cual el Juzgado Penal del Circuito de Manizales, en audiencia de fecha 08 de julio de 2008, decretó la preclusión a favor del investigado. 1.2 Auto recurrido. El Tribunal Administrativo de Caldas, en proveído de 22 de septiembre de 2011, rechazó la demanda por considerar que fue promovida por fuera

del término de caducidad. Para el a-quo la contabilización del término se inicia desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a la acción penal. En el caso sub examine se profirió la preclusión de la investigación penal a favor del señor Juan Carlos Vélez Vergara el día

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 consejodeestado4@procuraduria.gov.co 3 08 de julio de 2008, tal como se desprende de la constancia expedida el 10 de abril de 2010, que obra a folio 16 del C. 3. Que si bien la convocatoria a conciliación extrajudicial interrumpió el término de caducidad, dicha interrupción solo operó hasta el 24 de agosto de 2010 cuando se “declaró fallida la conciliación” y por ello la demanda debió presentarse a más tardar el 25 de agosto de 2010, como la demanda fue presentada el 08 de octubre de 2010, ya había operado la caducidad de la acción. 1.3 Apelación. El apoderado de los demandantes (fls 36 a 37 C. 1) alega que no ha operado el fenómeno de la caducidad, pues invoca situaciones que en su opinión, extendieron en el tiempo el término de caducidad a saber: (i) al interponerse la solicitud de conciliación prejudicial el 08 de julio de 2010 y expedirse las constancias de no conciliación el 24 de agosto de 2010 hubo suspensión del término por 47 días, los que

deben adicionarse luego del 24 de agosto de 2010 conforme al calendario, por estar establecido en años el término de caducidad (artículo 121 del Código de Procedimiento Civil) y (ii) por los ceses de actividades de los empleados de la rama judicial ocurrido entre septiembre de 2008 octubre de 2010, que califica de hecho notorio, alegando que durante los días de inactividad no corrieron términos.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias entre ellas la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble. En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual la providencia que lo libera de responsabilidad penal queda ejecutoriada. “Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la

situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial. (Subrayado fuera del texto) Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 consejodeestado4@procuraduria.gov.co 4 lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal…”1 (Subrayado fuera del texto) 2. 2. CASO CONCRETO Mediante proveído 012 del 08 de julio de 2008 se decretó la preclusión a favor del señor Juan Carlos Vélez Vergara, la cual de acuerdo a la constancia expedida por la secretaria del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales a folio 16 del C.3 dicha providencia quedó ejecutoriada en esa misma fecha el 08 de julio de 2008. En este caso el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al 08 de julio de 2008, fecha en la cual cobró ejecutoria la providencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Manizales Caldas. Es decir, que a partir del 09 de julio de 2008 y hasta el 09 de julio de 2010 la parte accionante contaba con la

posibilidad de demandar ante esta jurisdicción. La parte actora aduce que el poder judicial estuvo en paro o en cese de actividades desde el 2 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2010, por lo cual alega que durante ese lapso se suspendieron los términos y por tanto debe descontarse al momento de contabilizar el término de caducidad. Para el Ministerio Público lo pretendido por la apelante no se encuentra llamado a prosperar, pues su afirmación carece de soporte probatorio, dado que no allegó prueba idónea que acredite el cese de actividades de la justicia. En esa medida la carga de probar el supuesto hecho de su afirmación no se cumplió. Si en gracia se discusión se aceptara que entre 2 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2010, hubo un cese de actividades en la rama judicial, lo cierto es que tal hecho no suspende el término de caducidad de la acción de reparación directa, pues los dos años dispuestos para su ejercicio operan de manera continúa e ininterrumpida. La Sección Tercera, en auto de 27 de mayo de 2009, expediente 36.609, precisó con respecto a un evento similar: “[…] (…) la parte recurrente estima que durante el tiempo que duró el paro judicial y el consiguiente cese de actividades por parte de la Rama Judicial en el año 2008, el término de caducidad de la acción se suspendió. Para la Sala no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante, toda vez que si bien es cierto que en virtud del paro judicial ocurrido en el año 2008 se produjo un cese de actividades por parte de los despachos judiciales, también lo es que ese hecho culminó con

antelación al día en el cual vencía el término de caducidad de la acción, pues como la propia parte demandante lo sostiene, el paro de la Rama Judicial finalizó el 16 de octubre de 2008, es decir, cuando había transcurrido más de un mes a la fecha de expiración del término de 2 años 1 Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 consejodeestado4@procuraduria.gov.co 5 aplicables a este asunto, de modo que el argumento sobre el cual reposa la impugnación no resulta procedente frente al caso en particular. La Sala en modo alguno pretende desconocer que por razón del paro judicial suscitado en el año 2008 se produjo una suspensión de términos, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 112 del C. de P. C.2[1], y en los artículos 1° y 5 del Acuerdo 433 de 1999 del Consejo Superior de la Judicatura3[2]; sin embargo, ello no puede confundirse con la suspensión del término de caducidad de las acciones y, por ende, pretender –como lo quiere el memorialista– que el tiempo de duración del paro judicial sea descontado del término de 2 años previsto en la ley para ejercer la acción de reparación directa, como ocurre, por ejemplo, cuando se surte el

trámite de conciliación extrajudicial, el cual sí constituye un evento que, en virtud de la ley, suspende hasta por tres meses el término de caducidad de las acciones4[3]. De conformidad con lo normado en el inciso final del artículo 121 del C. de P. C., “[L]os términos de meses y de años se contarán conforme a calendario”, es decir que el término de caducidad de las acciones –que para el caso de la acción de reparación directa se computa en años–, transcurre en forma continua e ininterrumpida, es decir sin consideración a aquellos días en los cuales no se desarrollan actividades laborales por parte de los diferentes despachos judiciales, a diferencia de lo que ocurre frente aquellos términos que transcurren en días (inc. 1°, art. 121 C. de P.C.). Es por ello que al término de caducidad de la acción no puede oponérsele, para efectos de pretender su suspensión, el cese de actividades de los despachos judiciales, sea por la vacancia judicial, ora porque se configuró alguna causal constitutiva del cierre extraordinario del despacho, como lo fue en este caso el paro judicial, dado que, se insiste, el término de caducidad frente a aquellas acciones que, como la de reparación directa, se computa en meses o en años, transcurre en forma ininterrumpida, esto es con independencia de aquellos días que no son hábiles laboralmente. Así las cosas, si el término de caducidad de una determinada acción vence un día que no es hábil, como por ejemplo un día festivo o un día de aquellos comprendidos durante la vacancia judicial o incluso en un día de cese de actividades (paro judicial), la demanda

deberá presentarse el siguiente día hábil, lo cual no se configuró en este caso.”5 (resalto y subrayo) Sin embargo dicho término se suspendió cuando la parte actora convocó a la demandada 08 de julio de 2010 al trámite de conciliación prejudicial, de acuerdo al acta que obra a folio 1 del C. 3 de la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa ante el Tribunal de Cundinamarca, para esa fecha faltaba un (1) día para que caducara la acción. 2[1] “Durante los días de cierre de despacho no correrán los términos judiciales”. 3[2] ARTICULO PRIMERO.- Causales. Además de los eventos previstos en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 61 del Artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, los despachos judiciales podrán tener cierre extraordinario, cuando fuere necesario su traslado, por el establecimiento de modernos sistemas estadísticos, de información, de gestión y archivo con tecnología de avanzada, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 106 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, o por situaciones de fuerza mayor. (Destaca la Sala). “ARTICULO QUINTO.- Suspensión de términos.- Como consecuencia del cierre extraordinario de los despachos judiciales, los términos procesales se interrumpirán por el mismo lapso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil”. 4 [3] Artículos 21 y 22 de la Ley 640 de 2001. 5 Auto del 27 de mayo de 2009 expediente 36609, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 consejodeestado4@procuraduria.gov.co 6 Según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2009, la presentación de la solicitud de conciliación suspende el término de caducidad, entre otros, “hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley”. En este caso el apelante plantea que la contabilización del término debe computarse considerando que “hubo suspensión de términos por 47 días los que deben adicionarse indefectiblemente luego del 24 de agosto de 2010” Yerra el apelante en su planteamiento, pues la suspensión del término de caducidad implica que el término deja de correr, en términos coloquiales “se para el reloj”, no que el término se adicione. Por tanto, superada la situación que genera la suspensión el cómputo del término simplemente se reanuda, pero partiendo del acumulado que traía al momento de su suspensión. Para efectos del término de caducidad el lapso de la suspensión es como si no existiera. En concepto del Ministerio Público, en el presente caso la interrupción del término de caducidad operó hasta el momento en que se expidió la constancia por parte de la Procuradora Judicial Tercera Administrativa ante el Tribunal de Cundinamarca, el 24 de agosto de 2010 (Fl. 1 C. 3), razón por la cual el plazo para presentar la demanda

oportunamente vencía el 25 de agosto de 2010. Como la demanda se presentó el 08 de octubre de 2010, es evidente que la acción de reparación directa no se ejerció dentro del término previsto en la ley. Con fundamento en lo antes expuesto, en concepto del Ministerio Público se debería confirmar la decisión impugnada. Del señor Consejero, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

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