PGN - ACCION DE REPETICION - Elemento subjetivo, a cualificación de la conducta del agente determina

ACCION DE REPETICION-En contra de Gobernador del Vaupés, por declaración de vacancia de un profesional universitario ACCION DE REPETICION-Tiene su fundamento Constitucional en el inciso 2° de su artículo 90 ACCION DE REPETICION-Elementos esenciales objetivos y subjetivos En este orden se deberá efectuar el estudio del presente caso en aplicación de las disposiciones legales dispuestas en la Ley 678 de 2001, la cual prevé de cuatro elementos necesarios y concurrentes para la declaratoria de repetición sobre un agente del Estado, los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción: ACCION DE REPETICION-Acreditación del requisito objetivo de existencia de la condena ACCION DE REPETICION-Acreditación del pago de condena para su prosperidad según sentencia del consejo de estado ACCION DE REPETICION-Acreditar la calidad de servidor público según jurisprudencia del consejo de estado ACCION DE REPETICION-Elemento subjetivo, a cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado como dolosa o gravemente culposa ACCION DE REPETICION-Aplicación de ley 678 del 2001 en el tiempo según sentencia del consejo de estado ACCION DE REPETICION-Debe prosperar para que la demandada reembolse el pago efectuado por la administración

Conforme lo anterior, es evidente para esta Delegada del Ministerio Público, que en el caso sub examine concurren los elementos de juicio, con base en los cuales se demuestren los presupuestos y hechos de la demanda, de manera que permita comprobar que en el asunto litigioso se cumple con los requisitos y presupuestos que constituyen la acción de repetición, lo

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 que conlleva, en estricto derecho, que la decisión que deba dictarse sea favorable a las pretensiones de la parte actora, esto es, la Gobernación del Vaupés.

CONCEPTO No. 150/2019

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora: MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 50001233300020150013801 (64544) MEDIO DE CONTROL: Acción de Repetición - Ley 1437 de 2011

ACTOR: Nación – Gobernación del Vaupés DEMANDADO: Harold León Bentley Sentido del concepto: solicitud de REVOCAR la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Meta // Se encuentran probados los elementos objetivos y el subjetivo constitutivos de la acción de repetición. // El valor probatorio de las copias simples // La contestación de la demanda NO cuestionó la calidad de agente del Estado // Culpa Grave por violación manifiesta e inexcusable de norma legal y

comportamiento descuidado y omisivo. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además en la protección de los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES 1.1. El Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 Que el Juzgado 4º Administrativo de Villavicencio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho, mediante providencia del 27 de julio de 2011 declaró la nulidad del Decreto 097 del 14 de mayo de 2003, proferido por el gobernador del departamento del Vaupés mediante el cual se declaró la vacancia del cargo de profesional universitario código 3020 grado 6 de planta de personal del Fondo Educativo Regional del Vaupés, actualmente Secretaria de Educación Departamento del Vaupés, para el que fue nombrado Carlos Enrique Suárez Pérez y se declaró la nulidad de la Resolución No. 0395 del 7 de julio de 2003 proferido por el Gobernador del Vaupés, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto 097.

Que en el mismo fallo se dispuso reconocer y pagar al señor Carlos Enrique Suárez Pérez los salarios, primas, bonificaciones y demás acreencias laborales y prestaciones a que tenga derecho y dispuso su reintegro laboral. Que mediante providencia del 4 de julio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta se confirmó la sentencia apelada, por cuanto hubo omisión por parte del nominador al no dar el trámite previo y sumario tal y como lo establece el art. 35 del C.C.A., cuando un servidor no se ha incorporado a su labor, el nominador debe, establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos por lo que el servidor no se hizo presente en su lugar de trabajo el día y hora señalado. Que en el proceso de nulidad y restablecimiento se estableció que hubo un justa causa por la cual el señor Carlos Enrique Suarez Pérez no se hizo presente en su trabajo el día 8 de mayo de 2003, esto es que el Aeropuerto de Mitú estaba cerrado, pese a tener el tiquete Bogotá - Mitú, para esa fecha. Además está demostrado que el demandante se comunicó con el Secretario de Educación para informarle que no había cupo en la empresa Satena y que había cierre de la pista en el aeropuerto, por lo que solo se hizo presente el día 15 de mayo de 2003, cuando ya se había proferido el Decreto de vacancia del 14 de mayo del mismo año 1.2. La Sentencia de Primera Instancia dentro de la Acción de Repetición. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en la Ley 678 de 2001 en armonía con al Artículo 142 del C.P.A.C.A., presentó demanda en acción de repetición, contra el señor HAROL LEÓN BENTLEY en su condición de Gobernador del departamento del Vaupés, con el fin de obtener el reintegro del dinero que se ordenó pagar en sentencia del 27 de julio de 2011, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio. Por lo anterior en la demanda se solicitó que el señor HAROL LEÓN BENTLEY deberá reconocer y pagar a favor del Departamento del Vaupés la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($373.050.467.00) suma que la Administración pagó en su totalidad al señor Carlos Enrique Suarez Pérez en cumplimiento de la decisión proferida el 27 de Julio de 2011, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio. Así mismo que se condene a pagar la suma de $219.703.002,00 por concepto de indexación de salarios, primas legales y demás acreencias laborales y prestaciones canceladas al señor Carlos Enrique Suarez Pérez, más los intereses moratorios de la anterior suma desde el 27 de marzo de 2014 en que se hicieron exigibles hasta la ejecutoria de la providencia que ponga fin a

este proceso o hasta cuando se verifique su pago. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta, mediante sentencia del 8 de agosto de 2019 resolvió denegar las pretensiones de la demanda por cuanto no se satisfacen los requisitos necesarios para la procedencia de la Acción de repetición, como quiera que no se demostró la participación del demandando en la expedición de los actos que originaron la condena judicial dictada contra el departamento del Vaupés, ni se logró comprobar que el actuar del señor Harold León Bentley fuera doloso o gravemente culposo, esto es:  Condena judicial que impuso el pago de una obligación al demandante Que respecto a la existencia de una condena en contra de la entidad pública por sentencia judicial, se encuentra que la Gobernación fue condena tanto en primera como en segunda instancia al reintegro del señor Carlos Enrique Suarez Pérez declarando la inexistencia de 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 solución de continuidad y a pagarle a dicho funcionarios los valores correspondientes a salarios, primas legales y demás acreencias laborales y prestaciones a que tenga derecho y que fueron dejadas de percibir desde el 14 de mayo de 2003, fecha de retiro por abandono del cargo, hasta que se realice el reintegro efectivo. Que así lo reconoció el

extremo pasivo al momento de contestar la demanda y al advertir que el primer requisito para la procedencia de la Acción de Repetición se encontraba acreditado.  Pago de la Obligación dineraria por parte del Departamento del Vaupés Que respecto a este requisito se aportó copia de la resolución No. 1220 de 2013 por medio de la cual la administración departamental se abstiene de hacer un reintegro pro improcedente y se paga una indemnización, de la Resolución 1722/2013, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y de la resolución No. 0430/2014, por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 1722 del 3 de Octubre de 2013, actos administrativos con los cuales la administración ordenó el pago de la condena judicial debidamente indexados. También se encuentra la copia simple del comprobante de egreso No. 31314 por valor de $373.050.467 por concepto de pago de indemnización Resolución 1220/2013 y del comprobante de egreso No. 34076 por valor de $368.381.098,00 por concepto de pago de indexación Resol. 430/2014, contribuciones, aportes, cesantías, aporte seguridad social, e intereses a las cesantías. Además se cuenta con copia de la consignación en cheque No. 154006739 del cheque No. 422493 por valor de $373.050.467 consignado a la cuenta 3633819761, titular Carlos Enrique Suarez Pérez y la consulta banca virtual del 27 de marzo de 2014 transacción por valor de $219.703.002 a favor del tercero Carlos Enrique Suarez Pérez. Que a dicho documentos aportados en copia simple se les dará el pleno valor probatorio,

toda vez que no fueron tachados de falsos por el extremo demandado. Señala el Despacho que echa de menos la constancia de paz y salvo o de pago recibido 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 que fuera suscrita por el señor Carlos Enrique Suarez Pérez o cualquier medio probatorio que acredite que el antes mencionado recibió o cobró efectivamente los dineros que aduce LA GOBERNACIÓN DEL VAUPÉS fueron cancelados. Sin embargo conforme a las reglas de la experiencia y un análisis crítico del material probatorio, resulta razonable concluir que con las probanzas obrantes en el expediente se puede acreditar el pago realizado  Calidad de agente o exagente del estado de demandado Aspecto frente al cual debe reconocerse que prospera la censura elevada por el apoderado del demandado, como quiera que si bien se aportó copia del acta de posesión del señor HAROLD LEÓN BENTLEY como Gobernador del Departamento del Vaupés, para el periodo 2001-2003, lo cierto es que no se acompañó la demanda con los actos administrativos que fueron enjuiciados en Nulidad y restablecimiento del Derecho, conforme a la demanda promovida por Carlos Enrique Suarez Pérez, los cuales son el Decreto 097 de 2003 mediante el cual se declaró vacante el cargo del señor Carlos Enrique Suarez

Pérez y la Resolución 0395 del mismo año que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el afectado. Tampoco se cuenta con la constancia que para la época, fecha de expedición de los actos administrativos, el demandado hubiera fungido como Gobernador del Vaupés y en consecuencia se desdibuja cualquier consideración sobre la responsabilidad de HAROLD

LEÓN BENTLEY.

Las censuras por el extremo pasivo se centran en cuestionar la no demostración de quien expidió los mentados actos administrativos. En todo caso, salta a la vista que no está probado en el proceso quien suscribió los actos administrativos demandados, esto es el Decreto 097 y la Resolución 0395 del 2003 y ante tal situación, no puede tenerse por cumplido dicho requisito. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801  La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. Señala que en el presente caso no se encuentra prueba que acredite la conducta del señor HAROLD LEÓN BENTLEY, como quiera que la parte demandante se limitó a aportar copia de la providencias judiciales y de las constancias de pago realizado, pero no solicitó prueba alguna, ni acompañó su demanda, con medios de convicción tendientes a demostrar en

que consistió el actuar doloso o gravemente culposo del demandado. La labor de la parte demandante fue bastante deficiente, ya que no probó aspectos básicos del litigio, como la expedición de los actos administrativos demandados, tampoco realizó una actividad probatoria tendiente a contar con elementos de convicción sobre la actuación del señor HAROLD LEÓN BENTLEY que permitan calificar su actuación de dolosa o gravemente culposa. Por lo anterior advierte la Sala que no pueden prosperar las pretensiones de la demanda, dado que no satisfacen los requisitos necesarios para la procedencia de la Acción de Rep4etición. 1.3. Argumentos de la apelación – GOBERNACION DEL VAUPÉS Solicita revocar la decisión de Primera instancia para lo cual expuso los siguientes argumentos:  Calidad del servidor público del señor HAROLD LEÓN BENTLEY, quien fue el que expidió los actos administrativos cuestionados Para lo cual señala que la jurisprudencia del Consejo de Estado en concomitancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia han señalado que el contenido de la demanda se entiende presentada bajo juramento y allí se estableció que el señor HAROLD LEÓN BENTLEY fue el Gobernador del Vaupés entre el 2001 y el 2003. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 Así mismo el Decreto 097 del 14 de mayo del 2003 fue expedido por el señor HAROLD LEÓN BENTLEY, lo cual no fue negado por la parte demandada ni en la contestación de la demandad ni en los alegatos de conclusión, por lo que se debe concluir que dichos actos administrativos fueron expedidos por el señor HAROLD LEÓN BENTLEY.  Respecto de la culpa grave o el dolo Que en relación con la sentencia aportada que puso fin al litigio por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, no constituyen prueba del actor, pero son un indicio necesario teniendo en cuenta que en esta versa los hechos que fueron probados y las circunstancias en las cuales el señor Carlos Enrique Suárez Pérez fue destituido de su cargo, entre los cuales cita “Acogiendo el cambio jurisprudencial efectuado por el Consejo de Estado se observa de las pruebas aportadas que la administración profirió el auto administrativo mediante el cual declaró vacante el cargo del señor Carlos Enrique Suárez Pérez sin cumplir con el procedimiento previo y sumario establecido en el art. 35 del entonces Código Contencioso Administrativo.” Además cita el extracto: “La decisión del Departamento del Vaupés de declarar la vacancia del cargo ocupado por el actor por abandono del mismo, en cuanto al acervo probatorio es claro, que a pesar de que este debía reintegrarse a su cargo el 8 de mayo del 2003, no le fue posible regresar a la ciudad sino hasta el 15 del mismo mes y año, no obedeciendo ello a la decisión libre y espontánea del actor. Aspecto que no fue tenido en cuenta por el funcionario al expedir el Decreto.”

Por lo tanto esta parte considera que a través de prueba indiciaria fue probada que la conducta del señor HAROLD LEÓN BENTLEY fue dolosa o gravemente culposa. Por lo que solicita revocar la sentencia y en su lugar conceder las pretensiones de la demanda. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Problema jurídico plateado por el Ministerio Público.  ¿Se encuentran demostrados los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, con el fin de acreditar la prosperidad de la presente acción? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Fundamento ConstitucionalAcción de repetición. La acción de repetición tiene su fundamento Constitucional en el inciso 2° de su artículo 90°, el cual indica: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Así mismo, se encuentra los fines del Estado en el artículo 2° de la Carta Magna, el cual en

su inciso 2º expresa: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 2.2.2. Acción de repetición – Presupuestos. El Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, de la Sección Tercera del Consejo de Estado en pronunciamiento efectuado el 09 de diciembre de 2016, dentro del expediente No 68001233100020090036201 (54394), recordó que son cuatro los elementos necesarios y concurrentes para la declaratoria de repetición sobre un agente del Estado:

1. La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena

2. La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

3. El pago efectivo realizado por el Estado y

4. La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado como dolosa o gravemente culposa.

De esta manera se tiene que, los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, en

tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción. 2.2.3. RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE El Honorable Consejo de Estado se pronunció sobre las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de sus funciones que haya ocasionado un detrimento patrimonial al Estado, diciendo lo siguiente: “(…) para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas - actuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño

que podría ocasionar, y aun así no lo hizo, o confió en poder evitarlo -actuación culposa (…)” 1 (Negrilla y subrayado propios) 2.2.7. EL PAGO DE LA CONDENA Y SU PRUEBA2 “Sobre la prueba del pago efectivo de la condena es preciso destacar que aunque la Ley 1437 de 2011 en forma expresa otorga mérito a la certificación del pagador de la entidad sobre este hecho3, dicho precepto no resulta aplicable al presente asunto, pues por tratarse dicho requisito de uno de aquellos sustanciales para la prosperidad de la acción, también se rige de conformidad con la regulación vigente en la época de los hechos, que nada disponía antes de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre la forma de acreditar el efectivo cumplimiento de la decisión condenatoria. Con respecto a este presupuesto, la jurisprudencia de esta jurisdicción ha entendido que ese hecho impone un estándar probatorio más allá de la simple afirmación de la entidad pública o de la certificación proveniente de alguna de sus dependencias o funcionarios sobre el pago efectivo. Así lo ha señalado4: En efecto, de una parte, aunque la resolución que ordena el pago acredita uno de los pasos que debe realizar la Administración en orden a cumplir con la indemnización impuesta en una condena judicial, no es prueba per se de la realización del pago efectivo de la totalidad de la suma de dinero adeudada al beneficiario del acto. Y, por otra, la mera certificación, constancia o manifestación que expidió el deudor -en este caso la entidad públicaaseverando que realizó el pago, tampoco es prueba idónea y

suficiente del mismo, dado que en este evento se carece de la constancia de recibo, consignación por el valor total en cuanto a la ejecución de dicho acto administrativo (se allegó parcial), paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente la totalidad de su valor, o la declaración o manifestación de éste en el sentido de que realmente le fueron cancelados los valores a que hace referencia el acto. A este respecto se insiste en que "los documentos provenientes del propio deudor afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración 1 Sentencia del CONSEJO DE ESTADO de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08809-01. 2 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B” Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero, 30 de marzo de 2017. Exp: 45413 Radicación:

20001233100020090036601. Actor: Universidad Popular del Cesar. Demandados: Roberto Daza Suárez Naturaleza: Repetición. 3 Dice la norma. “Artículo 142. (…) Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”. 4 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, exp. 34816, M.P. Ruth Stella

Correa. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP (rev.3)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 la trascendencia que reviste el pago efectivo y total -no sólo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad-, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda. Sin embargo, en forma más reciente ha precisado la Sección que dicha posición no exige una tarifa legal del prueba frente al tema, sino que se trata de un hecho que puede demostrarse mediante cualquier medio de prueba que otorgue certeza al juzgador sobre el pago efectivo de la condena5: Por su parte, en reiterada jurisprudencia de la Sala, se ha indicado que el pago puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, lo esencial es que el elemento de convicción, permita inferir que la obligación ha sido efectivamente satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación con el hecho de que el beneficiario de la condena ha recibido lo adeudado y, a tal efecto, el interesado puede, bien allegar el documento pertinente suscrito por quien recibió́ el pago en el cual conste tal circunstancia o bien el paz y salvo expedido por el beneficiario o la declaración de este en el mismo sentido…”.

Subrayado fuera del texto 2.2.8. VIGENCIA DE LA LEY / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / DESVIACIÓN DE PODER 6 “Teniendo en cuenta que el régimen jurídico aplicable al caso es la Ley 678 de 2011(sic), es posible hacer uso de las presunciones legales previstas en los artículos 5 y 6, que califican la conducta del agente como dolosa o gravemente culposa. No obstante, antes de observar los elementos de prueba que estructuran la conducta del agente, es necesario traer a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado. (...) En ese sentido, la entidad demandante solo necesita probar que se encuentra en el supuesto de hecho de la presunción, pero no tiene que hacer un análisis exhaustivo que determine si la conducta es dolosa o gravemente culposa, porque quien debe desvirtuar dicho comportamiento es el demandado. (...) es dable deducir que la conducta del demandado se encuadra en la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, toda vez que, los apartes del fallo de nulidad y restablecimiento del derecho manifestaron de forma expresa, que la declaratoria de nulidad fue provocada por la expedición de actos administrativos con desviación de poder, es decir, porque el servidor público utilizó sus funciones para fines distintos a los contemplados por el ordenamiento jurídico. (...) Sobre el particular, es posible afirmar que el demandado no logró desvirtuarla, porque centró sus

argumentos en: aspectos procesales, en la carga de la prueba y en que no fue llamado en garantía al proceso de nulidad y restablecimiento, razón por la cual, manifestó que esa sentencia no podía probar su conducta dolosa o gravemente culposa.” Negrilla fuera de texto 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 46162, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 6 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA, 10 de abril de 2019. Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00164-01(45123) Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Demandado: DARÍO RAFAEL LONDOÑO GÓMEZ Referencia: ACCIÓN DE

REPETICIÓN (APELACIÓN SENTENCIA)

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Expediente No. (64544) 50001233300020150013801 2.3. Las pruebas obrantes. - Sentencia del 27 de julio de 2011 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto No. 097 del 14 de mayo de 2003 proferido por el Gobernador del Vaupés mediante el cual se declaró vacante el

cargo de profesional universitario código 3020 grado 6, de la planta de personal del Fondo Educativo Regional del Vaupés, actualmente Secretaria de Educación Departamental del Vaupés para el cual fue nombrado el señor Carlos Enrique Suárez Pérez identificado con la C.C. No. 78023.057 expedida en Cerete Bolivar. Así mismo se decretó la nulidad de la Resolución No. 0395 del 7 de julio de 2003 también proferida por el Gobernador del Vaupés por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el mencionado decreto, como consecuencia de lo anterior se ordenó al DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS el reintegro del señor Carlos Enrique Suárez Pérez al mismo cargo a otro igual o de superior categoría y remuneración y por último se condenó a la GOBERNACIÓN DEL VAUPES reconocer y pagar al actor todas las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones, quinquenios y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes a su cargo, con efectividad a la declaración de vacancia por abandono del cargo