PGN - ACCION DE REPETICION - Está acreditada la existencia de la condena impuesta

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Reembolso por condena contra Departamento de Risaralda por nulidad de Resolución que adjudicó licitación ACCIÓN DE REPETICIÓN-Naturaleza Jurídica y requisitos de procedibilidad según sentencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Término de caducidad según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se ejerció dentro de la oportunidad prevista por el legislador por tanto no operó la caducidad La condena en contra de la administración se impuso por sentencia de 1 de marzo de 2006, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, providencia que quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 2006. El 22 de mayo de 2006 se profirió el auto estándose a lo resulto por el Consejo de Estado, proveído que se notificó el 6 de junio de 2006 y cobró ejecutoria el 12 de junio de 2006. El pago se efectuó el 29 de septiembre de 2006. Como la demanda se presentó el 9 de marzo de 2007 la acción de repetición se habría ejercido oportunamente. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de procedibilidad Para la prosperidad de la pretensión de repetición se debe acreditar: La calidad de agente del Estado y que su conducta fue determinante del daño causado a un tercero; que exista una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; que se haya efectuado el pago por parte de la Administración y que la

conducta del agente sea calificada como dolosa o gravemente culposa. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la existencia de la condena impuesta Del material probatorio allegado al proceso observa el Ministerio Público que se acreditó que se impuso una condena contra el Departamento de Risaralda como consecuencia de la nulidad de la resolución 0481 de 1992 que aceptando la recomendación del comité Técnico – Jurídico, adjudicó una licitación a quien ocupó el segundo lugar y no al primero en la lista de elegibilidad, la condición de ex funcionarios de 4 de los demandamos, el Gobernador y quienes fueron servidores del departamento y en esa condición hicieron parte del Comité, y también se probó el cumplimiento de la sentencia con el pago de la condena a la apoderada de los entonces accionantes…. ….El Consejo de Estado – Sección Tercera, mediante sentencia de 1° de marzo de 2006 dentro del exp. 14576, actor Consorcio Martín Sánchez Palma – Arista Ltda. contra la Gobernación de Risaralda revocó parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 24 de octubre de 1997 que negó todas las pretensiones y en su lugar anuló la resolución 0481 de marzo 18 de 1992 proferida por el Gobernador del Departamento y condenó al Departamento a pagar a favor del consorcio demandante la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094

Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01) suma de $180.927.339 como indemnización por la utilidad dejada de percibir una vez actualizado el capital, y la suma de $29.196.257.00 por concepto de intereses legales sobre el capital para un total de $210.123.596,oo.De acuerdo con la certificación de la secretaría de la Sección Tercera el término de ejecutoria corrió entre el 14 y 16 de marzo de 2006.Con el fallo ejecutoriado se acreditó el presupuesto de existir una condena en contra de la entidad demandante. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se demostró el pago de la condena impuesta La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria a través de prueba que generalmente es documental que debe tener origen en el beneficiario o su apoderado, recibo de pago, o pruebas de transacción bancaria o de consignación a favor o en cuenta del beneficiario. En el presente caso para acreditar el pago se allegó copia de un memorial suscrito por….de N. quien aduciendo la condición de apoderada del Consorcio demandante pide dar cumplimiento a la sentencia de 1 de marzo de 2006; el certificado de disponibilidad presupuestal de 31 de agosto de 2006; la resolución 0399 de 22 de septiembre de 2006 que ordena el pago de la sentencia a favor de la abogada indicando que tenía facultades para recibir; registro presupuestal; orden de pago de 29 de septiembre de 2006 a… con firma de ésta. En los cuadernos anexos que conforman el proceso contencioso administrativo obra el poder otorgado a la abogada… con facultades

para recibir. Con los elementos de juicio referidos se acreditó el pago de la condena impuesta por la jurisdicción contencioso administrativa. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se probó la calidad de ex funcionarios de dos de los demandados ACCIÓN DE REPETICIÓN-No está probado dolo ni culpa grave en conducta causante de condena al Estado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-No aplica en caso sub lite presunciones de ley 678 de 2001 En la demanda se imputa responsabilidad al ex gobernador de Risaralda y a quienes integraron el Comité Técnico Jurídico en la licitación SP-OC 01/92, por la recomendación de adjudicación y por la adjudicación al que ocupó el segundo lugar y no al primero, toda vez que el acto de adjudicación fue declarado nulo por la justicia contencioso administrativa. En concepto del Ministerio Público los elementos de juicio aportados no permiten arribar a conclusión distinta de aquélla según la cual no existe prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados…. ….. En concepto del Ministerio Público el análisis en conjunto de los medios de prueba lleva a concluir que no se probó que la conducta de los demandados al recomendar la adjudicación (miembros del Comité Técnico Jurídico), y al adjudicar, el Gobernador, pueda calificarse de dolosa o gravemente culposa. En este caso se allegó copia del proceso contencioso administrativo que terminó con la condena contra el Departamento de Risaralda, pero no se practicó prueba alguna que permitiera demostrar ese elemento subjetivo de la acción de repetición, el cual no se presume por el hecho de haber sido

anulado el acto de adjudicación. Aunque el Consejo de Estado encontró viciada de nulidad la resolución 0481 de 1992 por haber sido expedida de manera irregular, y esa declaración es la causa de la condena no por ello se puede tener por acreditado un comportamiento doloso o gravemente culposo de quienes intervinieron en su producción, habida cuenta a que en el sub examine no se aplican las presunciones que consagra hoy la ley 678 de 2001 y no existe en el expediente ningún elemento que permita tal 2 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01) calificación. Es más, de la lectura del acta del Comité se observa que allí se consignaron de manera expresa las razones para recomendar la adjudicación al segundo proponente en orden de elegibilidad: que en la primera fase de la obra que ejecutaba uno de los integrantes del consorcio que ocupaba el primer puesto se presentó una falla de tipo constructivo; y también por la ponderación de otros dos factores: precio y plazo. Si bien el Consejo de Estado fue enfático en señalar que no podían variarse los factores del pliego de condiciones, que la facultad de adjudicar era reglada y no discrecional, para el Ministerio Público el actuar de los demandados no se evidencia gravemente culposo, ni menos doloso, pues se explican las razones de la recomendación de adjudicación -que se concretó en la resolución de adjudicación expedida por el Gobernador-, pudiéndose

inferir –porque además no se probó lo contarioque actuaban con la convicción de hacerlo conforme a derecho al explicitar que la primera propuesta no era la más conveniente, ni la más favorable, y que por el contrario sí lo era la que ocupó el segundo lugar por plazo y precio, sustentando tal determinación en apartes del pliego de condiciones. Además, tampoco se probó la intención de los demandados de asumir un comportamiento encaminado a violar la ley, que actuaran de mala fe, que su conducta estuviera determinada con un finalidad distinta al mejoramiento del servicio. En ese orden de ideas, en concepto del Ministerio Público las pretensiones no están llamadas a prosperar, porque si bien es cierto que la sentencia ejecutoriada concluyó que el acto estaba viciado de nulidad por vulneración de la normatividad aplicable, ello no implica per se que quienes participaron en el acta de comité que recomendó al adjudicación, ni el Gobernador que adjudicó la licitación hubieren actuado con dolo o culpa grave, en tanto y en cuanto se echa de menos la prueba respectiva en este proceso y la misma no se deduce de la que se llegó como prueba trasladada.En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público considera que la sentencia se debería confirmar. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Conducta dolosa o culposa del agente según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Responsabilidad por nulidad de actos administrativos según Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 3 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094

Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 289 / 2014

Bogotá, D.C., 6 de noviembre de 2014.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 51.622 (660012331000 2007 00055 01)

Acción de Repetición

ACTOR: DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEMANDADO: ROBERTO GÁLVEZ MONTEALEGRE Y OTROS El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 9 de marzo de 2007 (fl. 5 c. 1) el Departamento de Risaralda presentó demanda de repetición contra ROBERTO GÁLVEZ MONTEALEGRE, ex Gobernador del departamento, BERNARDO VÁSQUEZ CORREA ex

Secretario de Planeación Departamental, JESÚS SAID RAMÍREZ LÓPEZ ex Secretario de Obras Públicas departamentales, AMPARO MONTES QUINTERO ex funcionaria de la Secretaría Jurídica del Departamento, GUSTAVO ADOLFO ARIAS B. ex Jefe de la División Técnica del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y GABRIEL MELENDRO G ex jefe de la División Oficina Jurídica del

Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, para que se les declarara responsables de los perjuicios ocasionados al departamento de Risaralda por la condena que se impuso mediante sentencia de 1 de marzo de 2006, en la que se obligó al pago de $210.123.596,oo y, como consecuencia, se les condene a cancelar a favor del actor esa suma de dinero. Se adujo que el Consejo de Estado anuló la resolución 481 de 18 de marzo de 1992 -proferida por el entonces Gobernador a través de la cual, siguiendo la recomendación del comité, adjudicó un contrato a quien ocupaba el segundo lugary condenó al ente territorial a pagar $180’927.339 a los miembros del Consorcio Martín Sánchez Palma – Arista Ltda. como indemnización por la utilidad dejada de percibir; y $29.196.257,oo por concepto de intereses sobre capital. Que por resolución 0399 de 22 de septiembre de 2006 el Gobernador ordenó el pago a favor de la apoderada de los entonces demandantes y se canceló por orden de pago 6188 de 27 de septiembre. 4 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01) 1.2. Contestación de la demanda. - Gustavo Adolfo Arias y Gabriel Melendro (fls. 133 y 134 c. 1). El curador ad litem sostuvo que se atenía a lo que resulte probado en el proceso.

• Bernardo Vásquez Correa, Jesús David Said Ramírez (fls. 140 a 178 c. ppal. 1), Roberto Gálvez Montealegre, Amparo Montes Quintero (fls. 179 a 217 c. Ppal. 1-1), a través de la misma apoderada y en escritos separados, se opusieron a las pretensiones de la demanda; se pronunciaron sobre los hechos y expusieron las razones de defensa entre ellas que para la época de los hechos estaba vigente el decreto 222 de 1983 que permitía que en acto motivado, como sucedió en este caso, se adjudicara el contrato a quien no ocupara el primer lugar de una lista de elegibles, siempre que fuera la oferta más favorable; que no hubo actuar doloso o gravemente culposo, a más que no hay lugar a aplicar las presunciones que trae la ley 678 de 2001. 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 397 a 439 c. Consejo de Estado) El Tribunal Administrativo de Risaralda1 negó las pretensiones de la demanda.

El a-quo encontró probado la condena y el pago –la resolución de cumplimiento de la sentencia, registro presupuestal, orden de pago, comprobante de egreso con la constancia de recibido de la apoderada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho-, pero no así la conducta dolosa o gravemente culposa, pues la conducta del comité técnico como del Gobernador, estuvo encaminada a seleccionar la mejor propuesta, no estuvo encaminada a la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio, ni tampoco contenía la intención de causar un daño antijurídico; el daño

no sobrevino a una omisión voluntaria del deber objetivo del deber de diligencia y cuidado de los funcionarios, como negligencia ostensible y menos una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones. 1.4. Apelación. (fls. 454 a 464 c. Consejo de Estado). La parte actora apeló el fallo para que se revoque y se acceda a las pretensiones. Sostiene que la actuación fue descuidada y manipuladora al adjudicar al segundo lugar y transcribe apartes de los extractos de la sentencia de condena. Afirma que no se le puede exigir otra prueba, pues la prueba era la condena en contra del departamento por el actuar descuidado y contra normas de derecho de los demandados. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en determinar si se configuran los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición en contra de los señores ROBERTO GÁLVEZ MONTEALEGRE, ex Gobernador de Risaralda, BERNARDO VÁSQUEZ CORREA ex Secretario de Planeación Departamental, 1 Sentencia de 10 de abril de 2014. La Magistrada Liliana Becerra salvo el voto al considerar que existió culpa grave por violación del ordenamiento jurídico arts. 30 y 33 ley 80 de 1993 y 209 constitucional. 5 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01)

JESÚS SAID RAMÍREZ LÓPEZ ex Secretario de Obras Públicas departamentales, AMPARO MONTES QUINTERO ex funcionaria de la Secretaría Jurídica del Departamento, GUSTAVO ADOLFO ARIAS B. ex Jefe de la División Técnica del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y GABRIEL MELENDRO G ex jefe de la División Oficina Jurídica del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. 2.2. De la acción de repetición Sobre la naturaleza jurídica de la acción de repetición y los requisitos de procedibilidad la SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN C, en sentencia de 23 de mayo de 2012. Radicación: 25000-23-26-000-2002-11030-01(41225), precisó: “En sentencia C - 619/02 de la Honorable Corte Constitucional, en relación con la naturaleza jurídica de la acción de repetición se reconoció que la misma es el medio idóneo para que la administración obtenga el reintegro del monto que ha debido pagar a modo de indemnización por los daños antijurídicos que haya causado un agente público2 y se establecieron como requisitos de procedibilidad los siguientes:  que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos que con su acción u omisión ha causado a un particular;  que se encuentre claramente establecido que el daño antijurídico se produjo como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario público;  que la entidad condenada efectivamente haya pagado la suma de dinero fijada por

el juez contencioso en la sentencia de condena. Por su parte el Consejo de Estado en reiteradas ocasiones ha señalado como elementos de la acción de repetición los siguientes3:  La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto;  La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto;  El pago realizado por parte de la Administración; y  La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. En donde, los tres primeros se ha reconocido son de carácter objetivo. Por su parte la calificación de la conducta del agente de gravemente culposa o dolosa, es de carácter subjetivo, por lo tanto, se debe analizar con base en la norma vigente en la fecha de presentación de la demanda, siendo estas los artículos 177 del C.P.C.4, los artículos 77 y 78 2 (pie de página de la cita) "el medio judicial [idóneo] que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado

3 (pie de página de la cita) 27 de noviembre de 2006. Exp: 18.440; 6 de diciembre de 2006. Exp: 22.189; 3 de diciembre de 2008. Exp: 24.241; 26 de febrero de 2009. Exp: 30.329; 13 de mayo de 2009. Exp: 25.694 4 (pie de página de la cita) ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 6 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01) del C.C.A y 90 de la Constitución Política. (Subrayas con negrilla fuera del texto) La acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad obtener resarcimiento patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena pecuniaria en contra de la administración5. 2.3. Caducidad Como precisó la SUBSECCIÓN C, 23 de mayo de 2012. Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00366-01(40005), “El numeral 9° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo6, establece el término de caducidad de la acción en dos años, contados a partir del pago total efectuado por la entidad o en el evento en que no se haya realizado el mismo, se contarán pasados dieciocho (18) meses

a la fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo7. La condena en contra de la administración se impuso por sentencia de 1 de marzo de 2006, de la Sección Tercera del Consejo de Estado (fls. 7 a 22 vto. c. pruebas), Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 16335 “En cuanto a la acción de repetición, el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, prescribe: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.” La acción de repetición se erige, entonces, como el mecanismo procesal especial con que cuenta el Estado para proteger el patrimonio público, pues, sustentado en la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex-servidores públicos, tiene el derecho-deber de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa?, para que se declare responsable al sujeto, que con su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico por el cual -e l Estadoha respondido.

El objeto de la acción de repetición se encamina a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública?. (…) […] 2.3. Naturaleza jurídica de la acción de repetición La Ley 678 de 2001 calificó la acción de repetición como una acción de carácter civil -art. 2-, lo cual implica que su fundamento y propósito se circunscriben a un ámbito netamente patrimonial. En este sentido, el objeto directo de la acción consiste en reembolsar el dinero pagado por el Estado, a título de indemnización a favor de la víctima del daño antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.” (Subrayas y negrillas fuera del texto). 6 (pie de página de la cita) ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad. 7 (pie de página de la cita) ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además,

serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. Véase también sentencia C-832/2001; MP Rodrigo Escobar Gil. 7 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01) providencia que quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 2006 (fl. 24 c. pruebas; 428 c. anexo 1C). El 22 de mayo de 2006 se profirió el auto estándose a lo resulto por el Consejo de Estado, proveído que se notificó el 6 de junio de 2006 y cobró ejecutoria el 12 de junio de 2006 (fls. 5 y 5 vto. c. pruebas). El pago se efectuó el 29 de septiembre de 2006 (fls. 35 a 37 c. pruebas). Como la demanda se presentó el 9 de marzo de 2007 la acción de repetición se habría ejercido oportunamente. 2.4. Caso concreto - presupuestos Para la prosperidad de la pretensión de repetición se debe acreditar: La calidad de agente del Estado y que su conducta fue determinante del daño causado a un tercero; que exista una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; que se haya efectuado el pago por parte de la Administración y que la conducta del agente sea calificada

como dolosa o gravemente culposa. Del material probatorio allegado al proceso observa el Ministerio Público que se acreditó que se impuso una condena contra el Departamento de Risaralda como consecuencia de la nulidad de la resolución 0481 de 1992 que aceptando al recomendación del comité Técnico – Jurídico, adjudicó una licitación a quien ocupó el segundo lugar y no al primero en la lista de elegibilidad, la condición de ex funcionarios de 4 de los demandamos, el Gobernador y quienes fueron servidores del departamento y en esa condición hicieron parte del Comité, y también se probó el cumplimiento de la sentencia con el pago de la condena a la apoderada de los entonces accionantes. Por el contrario, no se probó la calidad de ex funcionarios de dos de los demandados, ni tampoco que a conducta de todos los accionados fuera dolosa o gravemente culposa. (i) Calidad de servidor público. El Departamento de Risaralda demandó en vía de repetición a quienes en calidad de miembros el Comité Técnico Jurídico mediante acta 02 de 12 de marzo de 1992 recomendaron la adjudicación de la licitación pública SP-OC-01-92 a quien ocupaba el segundo lugar, y al Gobernador que por resolución 0481 de 18 de marzo de 1992 acogió la recomendación y adjudicó al segundo lugar consorcio Gustavo Giraldo – Germán Torres.

Se allegó: - Copia del acta de comité Tecnico jurídico No. 02 de 12 de marzo de 1992 (fls. 226 y 227 c. Ppal 1 -1; 1 y 2 c. pruebas) Licitación Pública SP-OC-01/92, en la

cual participaron como integrantes del comité: BERNARDO VÁSQUEZ CORREA 8 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01) Secretario de Planeación Departamental; JESÚS SAID RAMÍREZ LÓPEZ Secretario de Obras Públicas Departamental; AMPARO MONTES QUINTERO como delegada de la Secretaría Jurídica del Departamento de Risaralda; GUSTAVO ADOLFO ARIAS B. Jefe de la División Técnica del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y GABRIEL MELENDRO G. Jefe de la División Oficina Jurídica del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia - Copia de la Resolución 0481 de 18 de marzo de la resolución 0481 de 18 de marzo de 1992 (fls. 231 y 232 c. Ppal 1 -1; 3 y 4 c. pruebas) expedida por ROBERTO GÁLVEZ MONTEALEGRE, en calidad de Gobernador del Departamento de Risaralda, adjudicó la licitación al CONSORCIO GUSTAVO GIRALDO – GERMÁN TORRES. - Información de la secretaría Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación de Risaralda conforme a la cual:  ROBERTO GÁLVEZ MONTEALEGRE fue nombrado por elección popular el 27 de octubre de 1991, posesionado el 2 de enero de 1992, retiro por

término de periodo constitucional al el 31 de diciembre de 1994;  BERNARDO VÁSQUEZ CORREA decreto de nombramiento de 2 de enero de 1992, posesionado el 2 de enero de 1992, retiro por decreto de 26 de marzo de 1993, laboró hasta el 5 de abril de 1993;  JESÚS SAID RAMÍREZ LÓPEZ nombrado el 2 de enero de 1992, posesionado el 3 de enero de 1992 y decreto de retiro de 15 de septiembre de 1993. (fl. 58 c. pruebas. Ver también fls 63 a 66 c. pruebas). Se allegó también acta de posesión de Roberto Emilio Gálvez Montealegre como Gobernador de Risaralda el 2 de enero de 1992 (fls. 61 y 62 c. pruebas).  AMPARO MONTES QUINTERO en el currículo se indica que era funcionaria de la Secretaría Jurídica del Departamento desde 1981, que en diciembre de 1992, febrero de 1993 y marzo de 1993 se encargó de funciones mientras dura ausencia de titular. Por decreto 0266 de 17 febrero de 1994 se aceptó la renuncia como jefe de la División Especial de Licitaciones y Contratos de la Secretaría jurídica (fls. 59 y 60 c. pruebas. Ver también fls. 63 a 66 c. pruebas) No obra prueba de la calidad de ex funcionario de GUSTAVO ADOLFO ARIAS B. y GABRIEL MELENDRO G. quienes habrían actuado en el comité como funcionarios del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia (fls. 54, 56, 57 c. pruebas) y

quienes al haber sido representados por curador ad litem tal condición no fue aceptada en la contestación de la demanda. (ii) La condena El Consejo de Estado – Sección Tercera, mediante sentencia de 1° de marzo de 2006 dentro del exp. 14576, actor Consorcio Martín Sánchez Palma – Arista Ltda. contra la Gobernación de Risaralda revocó parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 24 de octubre de 1997 que negó todas las pretensiones y en su lugar anuló la resolución 0481 de marzo 18 de 1992 9 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 51.622 (660012331000 2007 00055 01) proferida por el Gobernador del Departamento y condenó al Departamento a pagar a favor del consorcio demandante la suma de $180.927.339 como indemnización por la utilidad dejada de percibir una vez actualizado el capital, y la suma de $29.196.257.00 por concepto de intereses legales sobre el capital para un total de $210.123.596,oo. (fls. 7 a 22 vto. c. pruebas; 410 a 425 c. anexo 1C). De acuerdo con la certificación de la secretaría de la Sección Tercera el término de ejecutoria corrió entre el 14 y 16 de marzo de 2006 (fls. 24 c. pruebas; 428 c. anexo 1C). Con el fallo ejecutoriado se acreditó el presupuesto de existir una condena en

contra de la entidad demandante. (iii) El pago En la sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926, se expresó: Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar la extinción de la obligación por cuya restitución se repite, pues el mismo no proviene del deudor, de manera que no reúne los requisitos legales para tener por cierto que la entidad pública demandante efectivamente hubiere cancelado una suma de dinero a Gustavo Vega Arias por razón