PGN - ACCION DE REPETICION - Por las condenas materiales pagadas por el departamento

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Culpa grave por violación de estatutos internos Respecto de la orfandad probatoria sobre la culpa grave o dolo del demandado de la que acusa el A-quo al escrito de demanda, debe pronunciarse en desacuerdo este Despacho, al advertir que, de acuerdo a lo expuesto en el marco normativo de éste concepto, obra como prueba de la responsabilidad del funcionario la “Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable”; la cual es evidente en el caso en cuestión, al menos en dos oportunidades en las actuaciones de la Mesa Directiva, quienes haciendo caso omiso del reglamento de la corporación, nombran por periodo fijo al funcionario en un cargo cuya naturaleza es de libre nombramiento y remoción, y, posteriormente, sin importar que con esto desconocieran la situación concreta y particular que a favor de un tercero se había generado con dicho nombramiento, decretan su insubsistencia, desconociendo lo estipulado en el Código Contencioso Administrativo, artículo 73. Es decir que lo procedente hubiera sido ejecutar la revocatoria del acto administrativo conforme reza el dispositivo antes descrito, más no la declaratoria de insubsistencia. El desconocimiento de la norma, adecua sin duda una culpa grave al desconocer los funcionarios públicos elegidos popularmente las disposiciones legales y constitucionales que juraron cumplir al momento de su posesión. DEBIDO PROCESO-Al desconocer el propio reglamento y al no haber derogado el acto administrativo/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por las condenas materiales

pagadas por el Departamento En este sentido, debe rechazar esta Delegada del Ministerio Público el argumento del Aquo, según el cual las actuaciones de la Mesa Directiva no constituyen faltas que puedan constituir culpa grave, ya que con el desconocimiento de su propio reglamento y yerro como nominadora, dicha corporación violó además el debido proceso al funcionario, así como su vinculación laboral que se presumía legal por no haberse derogado el acto administrativo que la había decretado, el cual conservaba la presunción de legalidad. En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que de las apreciaciones contenidas en el fallo inicial de nulidad y restablecimiento, es posible concluir la culpa grave en las actuaciones de los ex funcionarios demandados, y en este sentido profiere concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Huila y a declarar la responsabilidad de los mismos por las condenas materiales pagadas por el Departamento. Igualmente, ya que todo nombramiento debía pasar por la aprobación presupuestal del Secretario de Hacienda, se insta a condenar en una parte igual al funcionario, quien ocupaba dicha plaza al momento de los hechos. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS CONCEPTO No. 33 / 2013

Bogotá, D.C, Febrero 18 de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 410012331000200400274 01 (45280)

ACCIÓN: REPETICIÓN.

ACTOR: DEPARTAMENTO DEL HUILA

DEMANDADO: LUIS EDUARDO POLANIA, JESUS VARGAS Y

OTROS.

Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR el fallo recurrido dentro de la acción de repetición contra el Sr. Luis Humberto González y otros. Temas: Naturaleza Jurídica de la acción de repetición / Requisitos sustanciales de la repetición / Culpa grave por violación de estatutos internos / Revocación de actos administrativos concretos.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos

El DEPARTAMENTO DEL HUILA, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda contra LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ ex Secretario de Hacienda Departamental y contra cinco ex integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Huila de 1994, para que se les declare responsables por los perjuicios ocasionados a dicho ente territorial, con ocasión de la declaratoria de responsabilidad y pago al que fue obligado dicho departamento, contenidos en la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, de fecha Noviembre 9 de 2001. La referida sentencia derivó del proceso de nulidad y restablecimiento instaurado por el Sr. Reinaldo Vega, a raíz de la declaratoria de insubsistencia en su contra emanada de la mencionada Mesa Directiva (en Abril de 1994), para el cargo de Unidad de Apoyo para Diputado, al que había sido nombrado por periodo fijo de un año – el cual terminaba el 31 de Diciembre de 1994 - mediante Resolución 172 de Diciembre 28 de 1993. Como consecuencia de las condenas contenidas en dicha providencia, el Departamento del Huila debió pagar la suma de DIECIOCHO MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($18’780.000.oo M/cte) al demandante, por los daños morales y materiales consecuencia de la declaratoria ilegal de insubsistencia; suma por la que actualmente, en acción de repetición, demanda a los integrantes de la Mesa Directiva Departamental en 1994 y al Secretario de 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS Hacienda de la época, a quienes acusa de culpa grave en el cumplimiento de sus funciones. 1.2. Contestación de la Demanda I.2.1. En contestación oportuna, los integrantes de la Mesa Directiva contestaron la demanda, exponiendo conjuntamente los siguientes argumentos a su favor:  Afirman que ni dentro del material probatorio arrimado por la parte actora en el presente proceso, ni dentro de las consideraciones efectuadas por el Tribunal del Huila en la sentencia que dio origen al pago por parte del ente territorial, se encuentra prueba alguna que demuestre el dolo o culpa grave en su actuación, requisito indispensable para la condena de repetición, razón por la cual no puede colegirse una responsabilidad automática en su cabeza sobre los dineros pagados.  Arguyendo total ausencia de prueba de la culpa grave en su contra, presentaron las excepciones de carencia de fundamentos legales, cobro de lo no debido y caducidad de la acción. I.2.2. El Señor Luis González contestó la demanda rechazando la responsabilidad que en su contra se pretende inculcar, aduciendo que la declaratoria de insubsistencia que generó el consabido pago por parte del Departamento, es fruto de una decisión de la Mesa Directiva, de la cual él no hacía parte, ya que para la época fungía como Secretario de

Hacienda del mismo. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo del Huila, falló en sentencia de 29 de Mayo de 2012, negando las pretensiones de la demanda, manifestando en resumen los siguientes argumentos: 1.3.1. Expresa el Tribunal que la demanda, además de cumplir con los requisitos de procedibilidad de la acción consagrados en el artículo 90 de la Constitución y los incisos 1° y 2° del articulo 2 de la ley 678 de 2001, y en función de la prosperidad de las pretensiones, debe aportar material probatorio que muestre con suficiencia y de manera específica, el dolo o culpa grave del actuar de los funcionario demandados. Efectuado el análisis para el esclarecimiento de la presencia de dichos elementos en el caso, encontró el A-quo que es claro que a través de la Sentencia de Noviembre de 2001 (Nulidad y Restablecimiento), no se probó de forma alguna - ni existe presunción legal vigente al respecto - el dolo o la culpa grave en la actuación de los demandados en sus actuaciones como funcionarios para la época de los hechos. No habiendo encontrado los elementos que sustentaran el dolo o culpa grave en los actos de la Mesa Directiva o del Secretario de Hacienda, falló el Tribunal

negando las pretensiones. 1.4. Argumentos de la Apelación Dentro del plazo asignado por ley, la apoderada del Departamento del Huila presentó escrito de apelación a la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS de 29 Mayo de 2012. En éste, expone los siguientes argumentos en contra del fallo:  Escatima que yerra el A-quo, en la medida en que del fallo de Nulidad y Restablecimiento se puede deducir que la conducta de los miembros de la Mesa Directiva que expidieron la Resolución 047 de Abril de 1994 fue negligente, despreocupada y falta de toda seriedad, ya que era claro que el nombramiento del Sr. Vega era por un periodo fijo, creando así una situación jurídica particular y favorable para aquel, razón por la cual, dicho nombramiento no podía ser declarado insubsistente cual si se tratase de uno de libre nombramiento y remoción, menos aun sin la aquiescencia del directamente afectado, Sr. Reynaldo Vega.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Le asiste la razón al A-quo, al señalar que dentro del material probatorio obrante no existe prueba alguna que fundamente la declaratoria de dolosa o

gravemente culposa a la actuación de los exfuncionarios demandados? 2.1.2. ¿Puede deducirse del fallo de nulidad y restablecimiento que los ex funcionarios obraron con negligencia no solo al nombrar erróneamente al Sr. Vega por periodo fijo sino luego al desconocer dicho acto administrativo y declararlo insubsistente? 2.1.3. ¿Constituyen culpa grave la sumatoria de errores por parte de la mesa directiva que culminaron con la condena al Departamento y el consecuente pago al que fue obligado? 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Naturaleza jurídica de la acción de repetición. A este respecto, la Cartilla Instructiva de Acción de Repetición y Llamamiento en Garantía del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derecho, establece: “La acción de repetición es una acción civil por su naturaleza retributiva de contenido económico y de obligatorio cumplimiento cuando el daño causado, razón de la condena contra el Estado, haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente. Esta acción como su nombre lo indica, permite a la entidad pública

condenada en un proceso de responsabilidad por sus actos, hechos o contratos, repetir contra un servidor o ex – servidor suyo, cuando considere que este, en razón de su conducta dolosa o gravemente culposa en ejercicio de sus funciones, haya podido ser la causa de la responsabilidad que se le imputó a aquella. Con antelación a la Constitución Política de 1991 la figura jurídica de la acción de repetición era considerada como una institución de carácter legal, pues sólo la establecía el artículo 78 del C.C.A.: “Artículo 78. Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad conexa. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.” La acción de repetición es una acción civil por su naturaleza retributiva de contenido económico y de obligatorio cumplimiento cuando el daño causado, razón de la condena contra el Estado, haya sido consecuencia de

la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente. República de Colombia No obstante, la norma sigue vigente, y al respecto la Corte Constitucional al declararla exequible1 se pronunció de la siguiente forma: “…Conforme a las consideraciones precedentes la Corte concluye lo siguiente: a) La norma cuestionada habilita al perjudicado para promover la acción resarcitoria frente a la entidad, el funcionario o contra ambos. Sin embargo, debe entenderse que la responsabilidad del agente se ve comprometida siempre que prospere la demanda contra la entidad, o contra ambos. b) Cuando prospera la demanda contra ambos, la sentencia declara la responsabilidad de la entidad pública, así como la responsabilidad del funcionario por haber incurrido en la conducta dolosa o gravemente culposa que contribuyó a la ocurrencia del daño. Pero la obligación de resarcir los perjuicios se impone a la entidad y no al funcionario; pero a la entidad se le reconocen el derecho de repetir lo pagado contra el 1 La parte subrayada fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-430 de 2000 República de Colombia 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS funcionario. Ello es así, por que la responsabilidad por el daño antijurídico es del Estado y no propiamente de su agente; lo que sucede es que la

conducta de éste gravemente culposa o dolosa, determinante del daño, tiene como consecuencia el que la entidad pueda repetir lo pagado...” A partir de 1991, la Constitución Política le otorga canon constitucional, al ser consagrada en su artículo 90, así: “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Consiguientemente, la ley 678 de 2001 la define en su artículo 2, así: “La acción de Repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.” 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS 2.2.2. Requisitos de la acción de repetición. Sobre estos, reza el mismo instructivo: “Son dos (2) los requisitos sustanciales para la procedencia de la acción: Debe existir daño en contra de la entidad por el pago de una sentencia condenatoria de carácter indemnizatoria o de una conciliación debidamente aprobada: Fallo condenatorio contra la entidad pública responsable. La acción de repetición es, entonces, la consecuencia o prolongación de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales, según el caso. En otras palabras, es condición de procedibilidad la declaratoria judicial de responsabilidad patrimonial del Estado. No obstante, no se puede descartar de entrada, que otros tipos de fallos condenatorios, que por la naturaleza jurídica de la entidad, de acuerdo a la estructura y organización de la Administración Pública, se rigen por las normas del derecho privado, sus funcionarios responsables sean objeto de acción de repetición, siempre y cuando se trate de fallos indemnizatorios. Como ejemplo tenemos las Empresas Industriales y Comerciales del Estado donde el régimen de los actos y contratos que expidan para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS La condena proferida o la conciliación lograda deben ser consecuencia de la acción u omisión dolosa o gravemente culposa del servidor o ex-servidor público. En el ejercicio de la acción de repetición le incumbe al demandante probar la culpa grave o el dolo del funcionario, salvo en los casos contemplados en las presunciones de culpa grave o dolo (Art. 5° y 6° Ley 678 de 2001); así mismo, debe demostrar también la relación de causalidad entre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente y el daño sufrido por el particular. (Subrayas fuera de texto) 2.2.3. Presupuestos de la responsabilidad del funcionario. Con el ánimo de facilitar la prueba de la culpa grave y del dolo del funcionario, la Ley 678 en sus artículos 5° y 6° consagra las siguientes presunciones: Artículo 5°. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de

sustento a la decisión de la administración. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

Artículo 6°. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

2.3. Caso Concreto. Pruebas. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos, los cuales son relevantes para responder los problemas jurídicos planteados:  Copia de la Sentencia del 9 de Noviembre de 2001 del Tribunal Administrativo del Huila, que declara la responsabilidad del Departamento del Huila y la consecuente condena material por la ilegal declaratoria de insubsistencia del demandante. 2.4. Caso Concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir su concepto:  Respecto de la orfandad probatoria sobre la culpa grave o dolo del demandado de la que acusa el A-quo al escrito de demanda, debe pronunciarse en desacuerdo este Despacho, al advertir que, de acuerdo a lo expuesto en el marco normativo de éste concepto, obra como prueba de la responsabilidad del funcionario la “Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable”; la cual es evidente en el caso en cuestión, al menos en dos oportunidades en las actuaciones de la Mesa Directiva, quienes haciendo caso omiso del reglamento de la corporación, nombran por

periodo fijo al Sr. Vega en un cargo cuya naturaleza es de libre nombramiento y remoción, y, posteriormente, sin importar que con esto desconocieran la situación concreta y particular que a favor de un tercero se había generado con dicho nombramiento, decretan su insubsistencia, 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS desconociendo lo estipulado en el Código Contencioso Administrativo, artículo 73, el cual reza: “REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.” (Subrayado fuera de texto).  Es decir que lo procedente hubiera sido ejecutar la revocatoria del acto administrativo conforme reza el dispositivo antes descrito, mas no la declaratoria de insubsistencia. El desconocimiento de la norma, adecua sin duda una culpa grave al desconocer los funcionarios públicos elegidos popularmente las disposiciones legales y constitucionales que juraron cumplir al momento de su posesión.

 En este sentido, debe rechazar esta Delegada del Ministerio Público el argumento del A-quo, según el cual las actuaciones de la Mesa Directiva no constituyen faltas que puedan constituir culpa grave, ya que con el desconocimiento de su propio reglamento y yerro como nominadora, dicha corporación violó además el debido proceso al Sr. Vega, así como su vinculación laboral que se presumía legal por no haberse derogado el acto administrativo que la había decretado, el cual conservaba la presunción de legalidad. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45280 410012331000200400274 01 JEBS  En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que de las apreciaciones contenidas en el fallo inicial de nulidad y restablecimiento, es posible concluir la culpa grave en las actuaciones de los ex funcionarios demandados, y en este sentido profiere concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Huila y a declarar la responsabilidad de los mismos por las condenas materiales pagadas por el Departamento.  Igualmente, ya que todo nombramiento debía pasar por la aprobación presupuestal del Secretario de Hacienda, se insta a condenar en una parte igual al Sr. Luis González, quien ocupaba dicha plaza al momento de los hechos.

III. CONCLUSIÓN Esta Agencia del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo del Huila de fecha 29 de Mayo de 2012, desfavorable a la entidad demandante.

Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co