PGN - ACTO DEMANDADO - Objeto de la dian

1 ACCIÓN DE NULIDAD-Concepto aduanero ACTO DEMANDADO-No aplica para llenar vacío normativo/ACTO DEMANDADO-La vigencia de las renovaciones no excede los plazos/ACTO DEMANDADO-Objeto de la DIAN Para esta Delegada el concepto demandado se sustenta en los siguientes tres pilares: (1) la DIAN considera que el artículo 77 del Decreto 2685 de 1999 no puede ser aplicado para llenar el vacío normativo relativo a la renovación de inscripciones, autorizaciones o habilitaciones de usuarios y/o auxiliares de la función pública aduanera, pues esta se refiere precisamente a la vigencia de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones concedidas por la DIAN pero no al término de su renovación; (2) no obstante considerar que no es aplicable el mencionado artículo 77 del Decreto 2685 de 1999, la DIAN manifiesta posteriormente que la vigencia de las renovaciones no puede exceder en ningún caso los plazos señalados en el mencionado artículo 77; y (3) de la norma que establece cuál es el objeto de la DIAN, consistente en <<coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias>>, se deduce que tiene la potestad de fijar a su arbitrio el término de vigencia de esas renovaciones (sin sobrepasar los términos señalados en el artículo 77 del Decreto 2685 de 1999). ANALOGÍA-Interpretación de las normas/ANALOGÍA-Elementos configurativos

Para efectuar una interpretación acorde con las normas constitucionales pues, como se evidenció, la hermenéutica realizada por la DIAN transgrede el artículo 121 de la Constitución, considera esta Delegada que debe acudirse al Principio de Analogía, establecido por la Ley 157 de 1887 La analogía representa pues, una extensión de la ley a otros casos diferentes a los expresamente previstos, pero, que son similares o semejantes a estos. >>. El principio de analogía consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, supone la presencia de tres (3) elementos para su configuración: (a) Ausencia de norma exactamente aplicable al caso en cuestión; (b) Que el caso previsto por la norma sea similar o semejante al asunto carente de norma o previsión por el legislador y (c) Que exista la misma razón, motivo o fundamento para aplicar el caso no previsto el previsto el precepto normativo. Para el primer elemento, como se expuso anteriormente, el artículo 84 del Decreto 2685 de 1999 no señala el término por el cual la DIAN debe conceder la renovación de inscripciones, autorizaciones o habilitaciones de usuarios y/o auxiliares de la función pública aduanera. Tratándose del segundo elemento, el artículo 77 del Decreto 2685 de 1999 es semejante al asunto carente de norma al regularse la vigencia de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones de los mencionadas personas, siendo el caso carente de norma el relativo a la renovación de dichas inscripciones. Respecto del tercer elemento, para esta Agencia del Ministerio Público la fijación de límites temporales

claros tanto para las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones de usuarios y/o auxiliares de la función pública aduanera y su renovación evita, como lo intentaba la DIAN, que la autoridad aduanera abuse de su potestad legal fijando términos de vigencia sin ningún tipo de razón técnica. Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

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PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2012 Alegato No. 026/12

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente No 110010324000 200800432

Actor: Luz Mila Arciniegas Abello Demandado: La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Pública – U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Acción: Acción de nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES

1. La demanda La ciudadana Luz Mila Arciniegas Abello, en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad contenida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del Concepto Aduanero No. 00059 del 23 de agosto de 2007 proferido por el Jefe de la Oficina

Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por la trasgresión de los artículo 6°, 13°, 29°, 84°, 121° y 209° de la Constitución Política; 2°, 76°, 77° y 84° del Decreto 2685 de 1999; 27° (inciso 1°), 30° y 32° del Código Civil; 4° del Decreto 1071 de 1999; Decreto 1265 de 1999 y 3° del Código 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

3 Contencioso Administrativo. El concepto de la violación puede sintetizarse de la siguiente manera: 1.1. PRIMER CARGO: Violación por errónea interpretación de los artículos 76, 77 y 84 del Decreto 2685 de 1999. […] El artículo 76 del Decreto 2685 de 1999, indica en forma taxativa la exigencia de los requisitos que se debe presentar para obtener la autorización inicial y su renovación […] El artículo 77 Decreto 2685 de 1999 fija taxativamente los plazos iniciales para las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones, los cuales varían de acuerdo a la actividad o naturaleza de quien va ejercer la actividad, sin haber referencia o diferenciación a los plazos que se concederán para su renovación. […] El artículo 84 del Decreto 2685 de

1999, establecer la oportunidad y condiciones en la que se debe presentar la solicitud de la renovación de las inscripciones, autorizaciones y habilitaciones a que se refiere el artículo 76. Se advierte que para la renovación se exigen los mismos requisitos que para la autorización inicial, sin que la norma exprese que se disminuyen los plazos concedidos inicialmente. […] Se advierte que el decreto 2685 de 1999 fija expresamente el término inicial de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones, pero calla sobre el plazo por el cual deben renovarse. Dado el silencio legal de los artículos citados sobre el término de renovación, se debe razonar por analogía o por interpretación literal o descubriendo el espíritu de la norma. […] La interpretación por analogía arroja la conclusión de que el término de renovación debe ser el mismo inicial. En efecto, si se exigen los mismos requisitos y el cumplimiento de los mismos términos y condiciones para la solicitud de renovación como para la solicitud inicial, dado el silencio legal, se concluye que el plazo será igual, en aplicación del viejo adagio de que a una hipótesis de hecho se debe dar una misma solución de derecho […] Si apelamos a la interpretación literal, hay que tener en cuenta que para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “renovar” significa “Hacer como de nuevo una cosa, o volverla a su primer estado”. En consecuencia, si el decreto 2685 de 1999 habla de “renovar” una autorización, el mismo significado del término da a entender que la renovación debe concederse por el mismo

término inicial, pues es fue el “primer estado” de la autorización. […] Finalmente, el espíritu de la norma no puede ser otro que el venimos invocando (sic), pues no es razonable que la ley haya dejado el plazo de la renovación sujeto al parecer discrecional de la DIAN, con el agravante (realmente significativo) de que la ley no le concedió tal facultad a la DIAN. Se busca el espíritu de la norma, no se puede concluir que el legislador ( en este caso el gobierno) dejó ese punto sin resolver. Más sensato es concluir que el gobierno quiso que el plazo de las renovaciones fuera el mismo inicial, y por eso empleó conscientemente la expresión “renovar”. 1.2. SEGUNDO CARGO: Violación por indebida aplicación del artículo 27 del Código Civil, inciso 1 y Violación por falta de aplicación de los Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 4 artículos 30 y 32 del Código Civil. […] La DIAN dice en el concepto demandado, que el artículo 77 del Decreto 2685 de 1999 apelando al artículo 27 del Código Civil en los siguientes términos: “Es claro el tenor literal de la norma transcrita, razón por lo cual no habrá lugar a desconocerlo, so “pretexto de consultar su espíritu” …” […] A partir de lo anterior, la DIAN concluye que el plazo inicial no es obligatorio para la renovación ya que el artículo 77 del Decreto 2685 no lo dice expresamente. […] El artículo 27 del Código Civil fue erróneamente aplicado e invocado por la DIAN, porque no se pretende que el artículo

77 sea interpretado en un sentido distinto al que emana de su texto literal. Lo que se quiere es llenar el vacío legal sobre el término que deben ser concedidas las renovaciones, lo que puede implicar (como ya se vio) aplicar por analogía el artículo 77 a casos a los que este plantea. Ese es un ejercicio legítimo, pues, si se le prohibiera (so pretexto de aplicar el artículo 27 del Código Civil), lo que se estaría haciendo es proscribir el razonamiento analógico de nuestro derecho, cosa evidentemente absurda. […] Ahora bien, así como aplicó erróneamente el artículo 27 del Código Civil, la DIAN no tuvo en cuenta en su concepto otros artículos del mismo Código Civil que, si se aplicaran, llevarían a la conclusión de que el plazo de la renovación de las autorizaciones aduaneras debe ser el mismo que la autorización inicial. Dicho artículo son: […] Artículo 30 del Código Civil […] Artículo 32 del Código Civil […] Como dijimos en el cargo anterior, el espíritu de la norma apunta a que el plazo de las renovaciones sea el mismo inicial, pues de otro modo no serían “renovaciones” sino “prórrogas” o “extensiones” del plazo original. Adicionalmente, es equitativo que el plazo sea el mismo, porque la solución que plantea la DIAN (que la DIAN fije arbitrariamente los plazos de renovación) conduce a discriminaciones e inequidades que pondremos de relieve en el cargo cuarto. 1.3. TERCER CARGO […] violación por desviación de poder por parte de la DIAN al establecer vía concepto aduanero unos plazos diferentes a los

establecidos en el artículo 77 del Decreto 2685 de 1999, en violación de los preceptos consagrados en los artículos 6, 121 de la Constitución Política de 1991, Decreto 1071 de 1999 y Decreto 1265 de 1999 usurpando competencias exclusivas del legislador […] Habiendo reconocido que existe un silencio legal acerca de los plazos aplicables a las renovaciones de las autorizaciones concedidas por la DIAN, estimamos que ese silencio no habilita a la DIAN a fijar a su libre criterio tal plazo. Si existe un vacío legal, se debe llenar mediante la interpretación y aplicación analógica de otras normas. Pero la DIAN pretende aprovechar el vacío legal para sostener la tesis de que ella (la DIAN) puede fijar libremente tal plazo. […] Es ilegal e inconstitucional que la DIAN pretenda ser la autoridad para definir el plazo de las renovaciones, porque no hay ninguna norma que le atribuya tal competencia. Es elemental que el silencio de la ley no puede ser esgrimido como argumento para deducir una nueva competencia para una entidad pública, porque los artículos que hemos citado de la Carta Política exigen que las competencias sea consagradas explícitamente. Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 5 1.4. “[…] CUARTO CARGO […] Violación por falta de aplicación de los artículos 13, 29 y 84 de la Constitución Política de 1991. […] La posición de la DIAN que se demanda en nulidad no sólo es inconstitucional e ilegal por el hecho de que atribuya a la entidad una competencia que no

le ha sido conferida, sino también (y esto es incluso más grave) porque abre la posibilidad de fijar plazos distintos para personas que se encuentran en igualdad de condiciones y de exigencias frente al cumplimiento de los requisitos por parte de la normatividad aduanera, actitud que viola el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 13. […] En efecto, el concepto defiende la tesis de que la DIAN puede renovar las autorizaciones por un plazo inferior a los del artículo 77 decreto 2685 de 1999, “atendiendo razones de control y seguimiento a los usuarios o auxiliares de la función pública aduanera” […] Esta “facultad” que el concepto atribuye a la DIAN conduce a que la entidad conceda plazos distintos a particulares que piden la renovación de una misma autorización. Es lo que sucede en la práctica, y por eso acompañamos a esa demanda copia de los actos administrativos 08145 del 1 de septiembre de 2008, 14546 del 28 de noviembre de 2007 y 00587 del 18 de enero de 2008, por medio de los cuales se otorgaron a tres empresas distintas una renovaciones para ejercer actividades como sociedad de intermediación aduanera con plazos de un (1) año, seis (6) meses y un (1) año respectivamente, pese a que las dos empresas cumplieron (como lo dicen las consideraciones de los actos administrativos) con los requisitos de solvencia patrimonial, financiera y la presentación de todos los documentos que acreditaron el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la normatividad aduanera. […] Además de violar el principio

de igualdad ante la ley, el concepto viola los artículos 29 y 84 de la Carta, porque no respeta el debido proceso e impone a los particulares requisitos no previstos en la ley. […] Piénsese, con base en los casos reales, que, si se aplicara a las renovaciones el artículo 77 del decreto 2685 de 1999, una Sociedad de Intermediación aduanera debería pedir la renovación de su autorización una vez cada tres (3) años. […] Pero, si la DIAN renueva la autorización por seis (6) meses (como ha sucedido), el mismo particular se ve obligado a pedir la renovación seis (6) veces en los mismos tres (3) años. 1.5. QUINTO CARGO: Violación de los artículos 2, 29 y 209 de la Constitución Política de 1991, 3 del Código Contencioso Administrativo, 2 del Decreto 2685 de 1999, y 4 del Decreto 1071 […] En el concepto demandado la DIAN, en forma equivocada crea la posibilidad de otorgar plazos de renovación menores a los establecidos en la norma, lo que se traduce en un sinnúmero de trámites innecesarios e inoficiosos, pues si (por ejemplo) en lugar de otorgarse una renovación cada 5 años a la misma persona, se le otorga 1 renovación cada trimestre, se estaría haciendo incurrir a la misma persona en veinte (20) trámites de renovación, obviamente más veces de las que en realidad corresponde […] Lo anterior lleva a concluir que al otorgarse menores plazos de los establecidos en la norma, mayor desgaste para la administración y

mayores trámites y costos para le solicitante. […] Situación que Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 6 contraría desde todo punto de vista los principios que regulan tanto la actuación administrativa, consagrados en nuestra Constitución Política, como los que regulan la función pública aduanera como son: la economía, la eficiencia y la celeridad, haciendo más dispendioso el desarrollo de las operaciones de comercio exterior y por ende la actividad del estado (sic) […]

2. Contestación de la demanda por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los siguientes argumentos: 2.1. PRIMER CARGO: […] Es claro para la actora y para la DIAN que existe un vacío legal sobre el término de renovación de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones de los usuarios y auxiliares de la función pública aduanera. […] El concepto aduanero reconoce que existe un término máximo establecido por el Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero) y que por esclarecimiento metódico, debe entenderse que el término de renovación no puede ser superior al establecido por la norma; es por lo anterior que bien hace en concluir que el término de renovación se encuentra limitado en cuanto a su extensión máxima. […] La autoridad aduanera no desconoce el artículo 76, 77 y 84 del Decreto 2685 de 1999, por el contrario, la interpretación que realiza, es el tenor

literal de los mismo y con fundamento en estos es que concluye que el término máximo de renovación se encuentra limitado en cuanto a su extensión máxima. […] Como bien lo dice la norma, se trata de personas naturales o jurídicas que le colaboran al Estado, en este caso a la DIAN, al cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a la función aduanera y al comercio exterior; y a garantizar el pago de los tributos aduaneros que se generan en dichas operaciones. […] Nos encontramos frente a un servicio público de gran importancia, porque es garantizar la recolección de los dineros que integran el tesoro público y que son los recursos que aseguran la inversión y el funcionamiento del Estado […] Es por todo lo anterior, que la entidad aduanera no desconoce ningún artículo del Estatuto Aduanero y que en ejercicio de sus competencias y de los principios constitucionales, establece que el término máximo de las renovaciones, debe ser igual al establecido para inscripciones, autorizaciones o habilitaciones. 2.2. SEGUNDO CARGO: […] La DIAN como autoridad aduanera interpreta lo expresado por la norma y emite un concepto que se enmarca dentro de los preceptos legales establecidos. Utiliza el término máximo Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 7 establecido por legislador para renovar el plazo de los usuarios y auxiliares de la función pública aduanero […] Es acertado lo concluido por el concepto cuando expresa que la potestad es soportada en razones de control y seguimiento a los usuarios o auxiliares de la función pública aduanera conforme al objetivo institucional consagrado

normativamente. 2.3. TERCER CARGO: […] Establecidas algunas de las más importancias (sic) competencias de la DIAN se puede concluir que contrario a lo afirmado por la parte accionante, la Autoridad Aduanera tiene competencias legales y constitucionales para que por medio de conceptos, interprete y aplique el ordenamiento jurídico aplicable en materia aduanera; y que nos encontramos frente a una actuación legal […] La Tesis (sic) establecida no es contradictoria, lo que hace es reconocer que el Estatuto Aduanero contempla un término máximo para las autorizaciones, inscripciones y habilitaciones y que la renovación de las mismas, no puede tener un término superior al establecido. […] Interpretado el tema por parte de la autoridad aduanera y para garantizar un mayor control y efectivo cumplimiento de las obligaciones que se adquieren en las operaciones aduaneras, se hace necesario que el término pueda ser inferior. 2.4. CUARTO CARGO: […] Este es un cargo subjetivo, producto de la interpretación de la accionante. El concepto en ningún momento está creando derechos ni obligaciones, como se pretende mostrar por la demandante. Es sólo una interpretación con carácter autorregular propio de la actividad administrativa. No se pretende usurpar la función del legislador. […] Cuando se han expedido las resoluciones que renuevan autorizaciones, inscripciones y habilitaciones de los usuarios y auxiliares de la función pública aduanera, se ha verificado los requisitos establecidos por el Decreto 2685 de 1999, y cuando la persona natural o jurídica ha cumplido con las exigencias, las solicitudes han sido resueltas favorablemente al interesado, en consecuencia, no se ha

vulnerado el derecho a la igualdad, tal y como lo establece la accionante. […] Cosa distinta es que la DIAN, en cumplimiento de sus funciones y de los objetivos institucionales, otorgue un término inferior al otorgado inicialmente, para garantizar el control y seguimiento a los usuarios o auxiliares de la función pública aduanera para verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de aduanas. […] Se respeta el debido proceso porque se garantiza la oportunidad al solicitante de presentar la solicitud y todos los documentos anexos que se requieren y en complemento, se otorga la oportunidad de interponer los recursos de ley establecidos y se resuelven las solicitudes en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico aplicable al caso en concreto. […] 2.5. QUINTO CARGO: […] Como ya se ha explicado, las autorizaciones, inscripciones y habilitaciones de los usuarios y auxiliares de la función pública aduanera, son servicios públicos de gran importancia, y que por su naturaleza no pueden ser entregados a cualquier clase de persona, Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 8 ya sea natural o jurídica, ni puede ser ejercida sin que sea objeto de control y seguimiento por parte de la DIAN. […] No existe desgaste administrativo ni mayores costos para los particulares cuando nos encontramos frente al debe de administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Los administrados se encuentran en la obligación de cumplir con las cargas para el cofinanciamiento de la administración Estatal.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

3. Problema jurídico que plantea el presente caso

Esta Agencia del Ministerio Público considera que el problema jurídico que debe abordar la Sala, se contrae a determinar si el Concepto 059 del 23 de agosto de 2007, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales transgrede los artículo 6°, 13°, 29°, 84°, 121° y 209° de la Constitución Política; 2°, 76°, 77° y 84° del Decreto 2685 de 1999; 27° (inciso 1°), 30° y 32° del Código Civil; 4° del Decreto 1071 de 1999; Decreto 1265 de 1999 y 3° del Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, debe ser declarado nulo por la Corporación al establecer que, ante la ausencia de norma jurídica que regule el supuesto de hecho, la renovación de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones concedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios y auxiliares de la función pública aduanera no está sujeta al plazo inicial otorgado mediante autorización en los términos del artículo 77 del Decreto 2685 de 1999, sino que puede renovarse hasta por dicho término a juicio de la autoridad aduanera.

4. El acto administrativo acusado Lo es el Concepto 059 del 23 de agosto de 2007 expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuyo contenido es del siguiente tenor:

¿EL TÉRMINO DE RENOVACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN,

AUTORIZACIÓN O HABILITACIÓN DE UN USUARIO O AUXILIAR DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA DEBE SER IGUAL AL TÉRMINO

Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

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INICIALMENTE CONCEDIDO CONFORME A LO PREVISTO EN EL

ARTÍCULO 7 DEL DECRETO 2685 DE 1999, O PUEDE OTORGARSE

POR UN PLAZO INFERIOR POR RAZONES DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO A LOS MISMOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD

ADUANERA?

EL ARTÍCULO 77 DEL DECRETO 2685 DE 1999, SOLO ESTABLECE LA

VIGENCIA DE LAS INSCRIPCIONES, AUTORIZACIONES O

HABILITACIONES Y NO EL TÉRMINO DE RENOVACIÓN DE LAS

MISMAS, RAZÓN POR LA CUAL, LA AUTORIDAD ADUANERA PUEDE

RENOVARLAS POR UN PLAZO INFERIOR, ATENDIENDO RAZONES DE

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS O AUXILIARES DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA.

AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA – RENOVACIÓN DECRETO 1071 DE 1999 ART. 4° DECRETO 2685 DE 1999 ART. 77

DECRETO 2685 DE 1999 ART. 82

El artículo 77 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 7 del Decreto 3600 de 2005, establece en su primer inciso: “vigencia de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones. Las Inscripciones, autorizaciones o habilitaciones que conceda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tendrán las siguientes vigencia: (…)”

Nótese que el texto de la norma transcrita solo se refiere a la vigencia de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones concedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y no al término de su renovación. Es claro que el tenor literal de la norma transcrita, razón por la cual no habrá lugar a desconocerlo, lo “pretexto de consultar su espíritu”, en acatamiento al principio interpretativo consagrado en el artículo 27 de nuestra codificación civil. Por esta razón, forzoso resulta colegir que el término de vigencia establecido en la norma en cita para las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones de los usuarios y auxiliares aduaneros, no constituye un imperativo categórico para la autoridad aduanera al momento de su renovación. Lo anterior genera como obvia consecuencia la inquietud sobre el término de vigencia que ha de tener la renovación de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones de los usuarios y auxiliares de la función pública aduanera, razón por la cual aborda este Despacho el análisis pertinente. Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

10 Para efectos de un esclarecimiento metódico de tal inquietud, resulta necesario precisar en primer término que la vigencia de las renovaciones no puede exceder en ningún caso el plazo establecido para las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones concedidas inicialmente por la autoridad aduanera conforme al artículo 77 del Decreto 2685 de 1999; lo que expresado en otras palabras equivale a señalar que el término de renovación se encuentra limitado en cuanto a su extensión máxima, pero no

en cuanto a su margen mínimo. Y esto último resulta razonable si se atiende lo previsto por el artículo 4 del Decreto 1071 de junio 26 de 1999, “Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras disposiciones”. Dispone la citada norma en su artículo 4, que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, “tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Es por lo anterior que la citada entidad, en su papel de autoridad aduanera para los efectos en estudio, tiene la facultad de otorgar autorizaciones, inscripciones y habilitaciones a personas jurídicas solicitantes, una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 2685 de 1999 y “se establezca que los socios, directores, administradores y representantes legales de la sociedad, satisfacen adecuadas condiciones éticas de responsabilidad e idoneidad profesional” (Dec. 2685/99, Art. 82). Esta última condición constituye especial relevancia al momento de la renovación del registro de las personas jurídicas que ostentan la calidad de usuarios o auxiliares de la función pública aduanera, toda vez que la autoridad aduanera puede revisar, las citadas calidades, con fundamento

en la actuación de la sociedad solicitante durante el período inicial de inscripción autorización o habilitación. Por otra parte, el artículo 82 del Decreto 2685 de 1999 citado, en ningún momento establece término de la renovación y señala que mientras la administración resuelve la solicitud de autorización presentada en debida forma, la cual debe resolverse antes de que expire la vigencia de la inscripción, autorización o habilitación, continúa vigente hasta que la autoridad aduanera se pronuncie, es decir que el única término en que se extiende por un plazo determinado la autorización, es en el supuesto antes mencionado. Así las cosas, la renovación no está sujeta al plazo inicial otorgado mediante autorización en los términos del artículo 77 del Decreto 2685 de Expediente No 110010324000 200800432

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 11 19999, sino que puede renovarse hasta por dicho término a juicio de la autoridad aduanera.

Es por lo procedente que el legislador no determinó de manera expresa la obligación para la autoridad aduanera de renovar las inscripciones, autorizaciones y habilitaciones por el mismo término concedido inicialmente, siéndole otorgada en consecuencia la potestad a la referida autoridad de conceder las renovaciones por períodos menores a los establecidos para la inscripción o autorización inicial, soportada en razones de control y seguimiento a los usuarios o auxiliares de la función pública aduanera conforme al objetivo institucional consagrado normativamente.

5. Los cargos formulados por el actor El citado concepto estableció que, ante la ausencia de norma jurídica que regule el

supuesto de hecho, la renovación de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones concedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios y auxiliares de la función pública aduanera no está sujeta al plazo inicial otorgado en los términos del artículo 77 del Decreto 2685 de 1999, sino que puede renovarse hasta por dicho término, a juicio de la autoridad aduanera. Para llegar a la mencionada conclusión, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales analizó el artículo 77° del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 7° del Decreto 3600 de 2005, para concluir, con apoyo del artículo 27 del Código Civil, que existe un vacío normativo frente a la ren