PGN-DAÑO A BIENES Y DERECHOS Características según jurisprudencia del consejo de estado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Principio general según regulación legal/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADOPresupuestos Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos, para que sea viable declararla: a.-Una falla, representada en una actuación ilegítima, b.- Un daño o perjuicio, y c.- Un nexo causal entre el daño y la actuación. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Término injustamente según jurisprudencia de la Corte Constitucional IN DUBIO PRO REO-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado DETENCIÓN PREVENTIVA-No tiene asidero el que deba ser soportar la carga pública por el ciudadano según jurisprudencia del Consejo de Estado DERECHO A LA LIBERTAD-Carácter excepcional que la restrinja Del preámbulo y de otros preceptos constitucionales se deriva la consagración de la libertad como un principio sobre el cual reposa la construcción política y jurídica del Estado y como derecho fundamental, dimensiones que determinan el carácter excepcional de la restricción a la libertad individual. La efectividad y alcance de este

derecho se armoniza con lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, por medio de los cuales se estructura su reconocimiento y protección, a la vez que se admite una precisa y estricta limitación de acuerdo con el fin social del Estado RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD-Eventos en que procede De acuerdo con tal precepto, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii) con las formalidades legales y iii) por motivo previamente definido en la ley. El texto precisa así mismo que iv) la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley, y advierte finalmente que v) en ningún caso podrá haber Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. DERECHO A LA LIBERTAD-Según convención Americana sobre Derechos Humanos GARANTÍAS JUDICIALES-Dentro del proceso según convención Americana sobre Derechos Humanos PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Detención en forma arbitraria

… Esta Delegada para el Ministerio Público, observa que efectivamente, en el caso sub lite, se presenta una privación injusta, puesto que la detención se realizó de manera arbitraria, y sin cumplir la ritualidad de la ley, las exigencias de la misma y la filosofía garantista de los derechos constitucionales y legales, tal y como quedó demostrado en la providencia de preclusión de la investigación, pues sólo se contó con testimonios de desertores sin pruebas que soportaran lo dicho, y menos que brindaban certeza. Según la sana crítica, estos no son aptos para tenerlos en cuenta como fundamento veraz, no son declaraciones dignas de credibilidad observando que tenían un trasfondo diferente y adicionalmente no son tomadas bajo juramento. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Falla del servicio bajo régimen subjetivo según regulación legal PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Genera un daño moral y psicológico … No obstante, para esta representante del Ministerio Público, el daño causado al actor genera “un daño moral y psicológico” toda vez que la privación de la libertad del actor no sólo afectó a la víctima directa, además a su familia. Frente al daño causado y soportado, el argumento presentado por el apoderado de la entidad demandada, fue la ya trillada explicación, de que todo ciudadano está en la obligación de soportar las cargas públicas, desconociendo fehacientemente, los reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado incluso internacionalmente por la Corte Interamericana de DDHH, así mismo los hechos injustos e irregulares producto de la ineptitud e inoperancia de Fiscales, y no tienen por

qué ser soportados por los ciudadanos a título de “carga pública”. DAÑO A BIENES Y DERECHOS-Características según jurisprudencia del Consejo de Estado

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 INTENSIDAD DE LOS PERJUICIOS-Se deben demostrar según jurisprudencia del Consejo de Estado

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01

CONCEPTO No. 149 / 2017

Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2017 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 540012331000200800379 01 (57536)

Acción: Reparación Directa

Actor: Antonio Jesús Arias León y otros.

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

Sentido del concepto: solicitud para CONFIRMAR el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 18 de diciembre de 2014 / el daño a la vida de relación debe estar debidamente probado/ Sentencia de Unificación del Consejo de Estado – Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 / Se configuró la responsabilidad por parte de la entidad demandada / Privación de la Libertad y desconocimiento de derechos fundamentales al honor, el buen nombre y la honra/ Preclusión de la investigación por indubio pro reo y “presunción de inocencia”/ Falta de rigor jurídico en la construcción de los indicios/ Aprobación parcial del acuerdo conciliatorio judicial del 8 de marzo de 2016.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 El señor Antonio Jesús Arias León y otros, actuando en calidad de víctima directa, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa

consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demanda contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados al demandante, con ocasión de la privación injusta del señor Antonio Jesús Arias León, desde el ocho (8) de diciembre de 2005 al 8 de junio de 2006, es decir durante seis (6) meses, por causa de la investigación penal que se adelantó en contra del actor por el delitos de rebelión. Narra en su demanda, que el señor Antonio Jesús Arias León, fue capturado en el Municipio de El Tarra, Departamento Norte de Santander por agentes adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con apoyo del Ejército Nacional, el día 8 de diciembre de 2005 y puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de Cúcuta, Unidad de Reacción Inmediata, con fundamento en la investigación que venía adelantando los detectives Robert Sidney Jaimes Lindarte y Fernando Cataño Ospina, funcionarios de la Institución mencionada, por el presunto delito de rebelión, y que previas diligencias de declaración a dos reinsertados y toma de fotografías y posterior reconocimiento fotográfico, concluyeron en sendos informes que se trataba de un grupo de personas a quienes se les atribuían diversas actividades de apoyo a grupos subversivos. 1.2 Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, mediante fallo de fecha 18 de diciembre de 2014, resolvió declarar administrativamente responsable

a la Nación – Fiscalía General de la Nación, argumentando lo siguiente:  Para el caso en particular, encontró que se rompieron las cargas públicas

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 toda vez que la captura llevada a cabo por los agentes del DAS, al igual que la acusación dictada por la Fiscalía General de la Nación y hecha efectiva con la detención del señor Antonio Jesús Arias León, no era procedente pues no contaban con los elementos probatorios para dicha privación de la libertad.  Así mismo, mencionó que la privación de la libertad soportada por el señor Antonio Jesús Arias León, se constituyó como arbitraria, por no existir los indicios o pruebas que comprometieran seriamente al actor.  Expresó que al señor Antonio Jesús Arias León, se le causó un daño antijurídico, como quiera que el actor no estaba en la obligación de soportar dicha carga, y más cuando no existía el material probatorio necesario, para imputar el mencionado delito al actor, quebrantando el ordenamiento jurídico.  Observó que mediante Resolución de fecha 15 de junio de 2006, la Fiscalía Seccional de la Unidad Cuarta de Seguridad Pública, ordenó la preclusión de la Investigación por lo que concluyó, que es el Estado en cabeza de la

Fiscalía General de la Nación, quien debe responder administrativa y patrimonialmente por los daños antijurídicos irrogados al actor.  Finalmente declaró probada de oficio la indebida representación de la Nación respecto del Departamento Administrativo de Seguridad hoy liquidado y del Ministerio de DefensaEjército Nacional. 1.3. Argumentos de la apelación. 1.3.1 Por parte de la apoderada de la Nación – Fiscalía General de la Nación, quien interpuso recurso de apelación contra la sentencia adversa a sus intereses de su representado, argumentando lo siguiente:

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01  Invocó la causal de nulidad procesal contemplada en el numeral 4 del artículo 133 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, que reza “ el proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes caso : (…) cuando es indebida la representación de alguna de las partes (…)”; artículo aplicable por remisión expresa que hace el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo-Ley 1437 de 2011 (…)” en efecto en la providencia en la que en la que se decretó la sucesión procesoral del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS (suprimido) en favor de la Fiscalía General

de la Nación, se incurrió en dicha causal de nulidad por cuanto no se tuvo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, no es la entidad que legalmente es llamada a ser sucesora procesal del DAS.  Consideró que de conformidad con el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto 4057 de 2011, no se señala a la Fiscalía General de la Nación, como una de las entidades receptoras de procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales, por tanto solo la Fiscalía General de la Nación ha de asumir las funciones de “Policía Judicial para investigaciones de carácter criminal” y las demás que se desprendan de la misma.  Solicita dar aplicación a la denominada “excepción de ilegalidad”, prevista en la Ley 153 de 1887 en el artículo 12, al respecto la Corte Constitucional advirtió que si bien no existe una norma Constitucional que refiriera inequívocamente a la superioridad jerárquica de la ley sobre el acto administrativo. 1.4.Concepto del Ministerio Público. Mediante concepto No. 066-2013 del 4 de julio de 2013, la Procuraduría 24 Judicial II Administrativa, se pronunció al respecto, en el sentido que:

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01

“Está probado en el proceso y así lo hace saber el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con Certificación del 15 de agosto de 2007, suscrito por el Coordinador Jurídico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que el actor fue sindicado del punible de Rebelión, ingresando a ese centro penitenciario el 14 de diciembre de 2005 y saliendo el (sic) libertad el 8 de junio de 2006. Solicita se declare a título de solidaridad la corresponsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, pues esta Agencia del Estado la que lleva a la Fiscalía General de la Nación a privar injustamente de la libertad al señor Antonio Jesús Arias León”. En el mismo sentido, el Procurador Judicial II Administrativo expresó: “el caso que os ocupa es de aquellos que se han llamado como falso positivo” en donde gracias a un informe del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, se vincula a un sinnúmero de personas acusándosele de actividades subversivas sin soporte alguno. Es así que la Fiscalía General de la Nación sostiene al momento de precluir la investigación (F 42)”. Por lo anterior, solicitó acceder a las pretensiones de la parte demandante, declarando la responsabilidad administrativa tanto a la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por todos los daños materiales y morales causado al señor Arias León.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos

Pueden ser expresados de la siguiente manera:

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 2.1.1 Problemas jurídicos planteados por la parte demandada Fiscalía General de la Nación :  ¿Es posible declarar responsable administrativamente a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados al actor con la privación de la libertad de que fue objeto el señor Antonio Jesús Arias León, entre 8 de diciembre de 2005 y el 8 de junio de 2006, es decir durante seis (6) meses, por el delito de rebelión?  ¿Existieron indicios graves de responsabilidad que le permitieron a la Fiscalía General de la Nación, adoptar tal medida, privando de la libertad al señor Antonio Jesús Arias León? 2.1.2. Problemas jurídicos planteados por parte del Ministerio Publico:  ¿Le asiste responsabilidad administrativa Fiscalía General de la Nación, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, entidades demandadas por la privación injusta, de la que fue objeto el actor, durante entre 8 de diciembre de 2005 y el 8 de junio de 2006, es decir durante seis (6) meses, por el delito de rebelión, que adelantó en su contra en la Fiscalía Seccional de Cúcuta, Unidad de Reacción Inmediata?  ¿Se está en presencia de una falla en el servicio, por la privación injusta del señor Antonio Jesús Arias León, toda vez que no se contaba con las

pruebas contundentes para detener al actor y sindicarlo por el delito endilgado, sin estar este en el deber jurídico de soportarlo?

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01  ¿La Conciliación aprobada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 31 de marzo de 2016, se encuentra ajustada a derecho?  ¿Son suficientes los dos testimonios practicados en el presente caso, para demostrar el daño a la vida de relación, soportada por los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad extracontractual del Estado. Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos,

para que sea viable declararla: a. Una falla, representada en una actuación ilegítima, b. Un daño o perjuicio, y c. Un nexo causal entre el daño y la actuación. 2.2.2. Carácter injusto de la privación de la libertad.

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 Para evaluar si el ciudadano tiene o no el deber jurídico de soportar la carga impuesta por la administración de justicia conviene recordar la sentencia C-037 de 1996 en la cual con respecto a la privación injusta de la libertad la Corte Constitucional señaló: “Conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales en forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido apropiada, ni razonada ni conforme a derecho sino abiertamente arbitraria…”1 2.2.3. Aplicación del in dubio pro reo. En este orden de ideas, El Consejo de Estado2, señala que de manera unánime, ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente con

fundamento en: “Que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”3. 1 Corte Constitucional Sentencia No. C-037/96 de 5 de febrero de 1996 Ref.: P.E.-008 Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”. Magistrado ponente Dr.

Vladimiro naranjo mesa. 2 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección TerceraSubsección B Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth (8) de junio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-31-000-2003-01318-01(44482) Actor: Héctor Evelio Vásquez Correa Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: acción de reparación directa

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 2.2.4. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. Al respecto, el Consejo de Estado sintetizó, que a los asociados les corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación, sin embargo adicionó que: “Carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.” Ya que “en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una

providencia errada o en una providencia ajustada a la ley”, toda vez que “No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen”4. 2.2.5. Carácter injusto de la privación de la libertad. Para evaluar si el ciudadano tiene o no el deber jurídico de soportar la carga impuesta por la administración de justicia conviene recordar la sentencia C-037 de 1996 en la cual con respecto a la privación injusta de la libertad la Corte Constitucional señaló: “Conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales en forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido apropiada, ni razonada ni conforme a derecho sino abiertamente arbitraria. …”. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección A veintiséis de agosto de dos mil quince. Rad.: 250002326000200700543 01 (39.950) Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón Actor: Elcida Molina

Méndez y otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación Asunto: Acción de reparación directa.

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 2.2.6. Derecho fundamental a la libertad - Control de convencionalidad Del preámbulo y de otros preceptos constitucionales se deriva la consagración de la libertad como un principio sobre el cual reposa la construcción política y jurídica del Estado y como derecho fundamental, dimensiones que determinan el carácter excepcional de la restricción a la libertad individual. La efectividad y alcance de este derecho se armoniza con lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, por medio de los cuales se estructura su reconocimiento y protección, a la vez que se admite una precisa y estricta limitación de acuerdo con el fin social del Estado5 De acuerdo con tal precepto, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii) con las formalidades legales y iii) por motivo previamente definido en la ley. El texto precisa así mismo que iv) la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para

que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley, y advierte finalmente que v) en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Colombia dispuso en su artículo 7°, el derecho a la libertad como derecho fundamental que los estados deben garantizar, estableciendo: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios (…)” 5 Sentencia de la Corte Constitucional C-163/08, MP Humberto Antonio Sierra Porto.

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 Igualmente, dispuso las garantías judiciales que todo ser humano debe tener en un proceso judicial que se adelante en contra suya, indicando: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…)” 2.3. Las pruebas obrantes Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, las que se encuentran acreditadas dentro del expediente, por lo cual, obran las siguientes en el plenario:  Certificado original suscrito por el Asesor Jurídico del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Cúcuta, el DG Wilson Contreras Melgarejo por medio del cual: “el señor Antonio Jesús Arias, identificado con cédula No. 88.141.245 expedida en Ocaña N.S; ingresó a este Establecimiento Carcelario el 14 de Diciembre de 2005, sindicado del delito de rebelión y salió en libertad el 08 de junio de 2006 mediante boleta No 20 de la Fiscalía Cuarta de Seguridad Pública”. Prueba suficiente para demostrar que efectivamente el actor estuvo privado de la libertad. (a folio 46 del cuaderno

No.1 de pruebas).  Copia de la Sentencia proferida el 15 de junio de 2006, por la Fiscalía Seccional CúcutaUnidad 4 de Seguridad Pública y Delitos Varios, la cual precluye la investigación por cuanto “luego de estudiar detenidamente el

proceso, comparte los argumentos expuestos por el ministerio público y cada uno de los Abogados, en el ejercicio de Defensa y por considerar que la prueba

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Expediente No. (57536) 540012331000200800379 01 reunida en el expediente, no tiene carácter ni la contundencia requerida para formular y fundamentar un juicio de Responsabilidad Penal (…)” de esta manera, está fundamentada la libertad del señor Antonio Jesús Arias León. (folio 35 a 45 del cuaderno No.1 de pruebas).  Copia de la Audiencia de Conciliación Judicial, con fecha 8 de marzo de 2016, por medio de la cual la Fiscalía presenta propuesta conciliatoria, consistente en “reconocer en el pago del sesenta (60%) por ciento del valor total de la condena, impuesta mediante sentencia del dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014), excluyendo los perjuicios materiales en el concepto de lucro cesante el veinticinco (25%), de prestaciones sociales, como quiera que no fue solicitado en la demanda y tampoco se acredito que el actor para la fecha de los hechos tuviera vínculo laboral formal que le permitiera devengar prestaciones sociales , adicionalmente el reconocimiento generado en la sentencia objeto de conciliación surge a título indemnizatorio de perjuicios causados y no como un

reconocimiento de derechos laborales, así mismo se excluye