PGN - DAÑO A LA VIDA DE RELACION Carácter y definición

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Actividades peligrosas/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado En los casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, aquél debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado y sólo podrá exonerarse si demuestra la presencia de una causa extraña en la producción del resultado, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y el hecho también exclusivo de un tercero. La jurisprudencia ha señalado que en los casos de responsabilidad por el ejercicio de una actividad peligrosa, le corresponde al actor probar los supuestos de hecho que permiten la operancia de la aplicación del riesgo. Así, le incumbe a la parte actora acreditar la conducta oficial que debe aparecer como riesgosa y el perjuicio sufrido por la víctima de tal conducta; es decir, el hecho imputable a aquella, el daño y la relación de causalidad entre los dos anteriores, quedándole a la parte demandada, para exonerarse de responsabilidad, únicamente la prueba de la causa extraña. El riesgo se constituye, entonces, en suficiente factor de imputación del daño, lo cual no excluye, por supuesto, que eventualmente quien es demandado, pueda incurrir en una falla en la prestación del servicio, situación ésta que, de llegar a presentarse, desencadenaría la responsabilidad de la Administración. Correspondía a la entidad demandada demostrar que a pesar de haber intervenido con su actuación en la producción del daño, la causa eficiente del mismo no fue su actividad sino la conducta de la víctima y como no logró acreditar ese hecho, no hay lugar a exonerarla y ni

siquiera a reducir la indemnización por la intervención del lesionado en el hecho, dado que esa intervención sólo fue causa pasiva del daño. PERJUICIOS MORALES-Aunque no se hayan probado pueden dictaminarse/ PERJUICIOS MORALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado Frente a la prueba de los perjuicios morales sufridos por los demandantes debe decirse que si bien en el plenario no obran elementos de juicio concretos que acrediten directamente la existencia y entidad de tales sentimientos de tristeza y dolor, según las reglas de la experiencia, acogidas por la jurisprudencia, pueden válidamente inferirse en la víctima directa. El perjuicio moral se presume sufrido también por los parientes cercanos. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN-Carácter y definición En el presente caso, es claro que la víctima sufrió, a más de un daño moral, una alteración a las condiciones de existencia, que en la demanda se solicita como “perjuicio a la vida de relación”, el cual rebasa la esfera interna del individuo y se sitúa en su vida exterior. La jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral. Se ha sostenido que el daño a la vida de relación abarca varios aspectos que trascienden en el ámbito extrínseco del individuo, pretendiendo resarcir la alteración de las condiciones de existencia, la pérdida de goce y disfrute de los placeres de la vida, la imposibilidad de relacionarse normalmente con sus semejantes etc., situaciones que se pueden presentar como

consecuencia del daño Partiendo de lo anterior y descendiendo al caso, se estableció que el demandante quedó con

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 2 Expediente 38913 una incapacidad del 75.9% y afectado con discapacidad, limitado para realizar actividades como hacer deportes, bailar, etc y perturbado en forma permanente en ciertas áreas de la vida de relación. La gravedad de la lesión le imposibilita la realización de ciertas actividades que le hacían más agradable su existencia y modifica de manera permanente su relación con el mundo exterior.

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO 048/2011

Bogotá, D. C., 1º de marzo de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCION B

Consejera Ponente Doctora STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

E. S. D.

Ref.: Proceso 38913 (13001233100020040120501) Acción de reparación directa

Actor: Manuel Dionisio González Gómez y otros Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa – Armada Nacional El Ministerio Publico, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. PRETENSIONES

Manuel Dionisio González Gómez, Sofía del Carmen Ávila Calle, Antonio, Amaury,

Luís Manuel y Farides González Avila y Rosiris Blanquicett Julio, en representación de sus hijos Antonio José y Doraida González Blanquicett, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la NaciónCUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056 consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 3 Expediente 38913 Ministerio de Defensa – Armada Nacional, para que se les declarara administrativamente responsables de las lesiones padecidas por el señor Manuel Dionisio González Gómez, en hechos ocurridos el 2 de agosto de 2002 cuando se presentó un accidente marítimo al colisionar lancha interceptora con una canoa (fls. 5 a 11 C. 1). .2. LA CONTESTACIÓN El Ministerio de Defensa – Armada Nacional (fls. 67 a 69 C. 1) se opuso a las pretensiones. Sostuvo que la colisión o choque se produjo por culpa exclusiva del pescador que por negligencia e imprudencia dejó que su canoa se interpusiera en el canal de navegación de los buques de alto bordo y agregó que el señor González Gómez se había quedado dormido dentro de la canoa, por lo que no pudo ser visto por el infante de marina que venía en la proa del buque militar sino cuando la colisión era inevitable. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 390 a 426 C. Consejo de Estado) declaró

responsable administrativamente a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional por las lesiones sufridas por el señor Manuel Dionisio González, consistentes en la amputación de su pierna izquierda y la pérdida funcional de la pierna derecha, como resultado de la colisión de una embarcación adscrita a dicha entidad en hechos ocurridos el 2 de agosto de 2002. En consecuencia, condenó a pagar por concepto de perjuicios morales, a Manuel Dionisio González Gómez 100 SMLMV y a Antonio, Amaury, Luís Manuel y Farides González Avila y Antonio José González Blanquicett 50 SMLMV para cada uno. Por perjuicios fisiológicos a Manuel Dionisio González Gómez 200 SMLMV y por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de $87.202.596.oo. 1.4. EL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA Mediante auto de 25 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandada. Como la

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 4 Expediente 38913 apelación no fue oportunamente sustentada, por auto de 19 de noviembre de 2010 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto (fl. 443 C. del Consejo de Estado). Finalmente, por auto de 7 de febrero de 2011 (fl. 448 C. del Consejo de Estado) se

resolvió tramitar el grado jurisdiccional de consulta en los términos del artículo 184 del

C. C. A.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. TITULO DE IMPUTACION En los casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, aquél debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado y sólo podrá exonerarse si demuestra la presencia de una causa extraña en la producción del resultado, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y el hecho también exclusivo de un tercero.

La jurisprudencia ha señalado que en los casos de responsabilidad por el ejercicio de una actividad peligrosa, le corresponde al actor probar los supuestos de hecho que permiten la operancia de la aplicación del riesgo. Así, le incumbe a la parte actora acreditar la conducta oficial que debe aparecer como riesgosa y el perjuicio sufrido por la víctima de tal conducta; es decir, el hecho imputable a aquella, el daño y la relación de causalidad entre los dos anteriores, quedándole a la parte demandada, para exonerarse de responsabilidad, únicamente la prueba de la causa extraña. El riesgo se constituye, entonces, en suficiente factor de imputación del daño, lo cual no excluye, por supuesto, que eventualmente quien es demandado, pueda incurrir en una falla en la prestación del servicio, situación esta que, de llegar a presentarse, desencadenaría la responsabilidad de la Administración. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que para casos como el que es

objeto de este proceso se debe imputar la responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, lo cual no excluye, una falla en la prestación del servicio. En sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 76001-23-31-000-1994-00512-01(14780), expresó: “Un primer evento, que constituye la regla general, está referido a la producción de daños como consecuencia del ejercicio de la actividad de conducción de vehículos automotores. En este caso la responsabilidad se atribuye de manera objetiva a la persona jurídica que ejercía la actividad

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 5 Expediente 38913 causante del daño, dado que quien cree un riesgo debe asumir las consecuencias de su materialización. En consecuencia, si como consecuencia de la conducción de un vehículo oficial, se producen lesiones o la muerte de una persona, la entidad debe indemnizar los perjuicios que ocasione. (…) “(…) “Un segundo evento estará referido a la colisión de dos vehículos en movimiento. En tales casos se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional. “Cabe señalar que tratándose de la colisión de dos o más vehículos que se encuentren en

movimiento, la Sala ha considerado que es necesario establecer si estos tenían características similares o si, por el contrario, se diferenciaban en su tamaño, volumen o potencial para desarrollar velocidad, etc., de tal manera que uno de ellos representara un mayor peligro, y si el vehículo oficial que intervino en el accidente superaba en esos aspectos al del particular que reclama la indemnización, habrá lugar a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional. (…) “(…) “No obstante, se destaca que en todo caso, bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional, la entidad pública puede exonerarse de responsabilidad si acredita que se presentó una causa extraña, como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. (…) “(…) “Ahora bien, cualquiera sea el criterio de imputación que se señale como aplicable a los casos concretos, la Sala considera que siempre que se invoque en la demanda el régimen de falla del servicio, deberá entrarse a estudiar, en primer término, la responsabilidad de la Administración bajo ese título de imputación porque de un lado ese criterio es aplicable aún tratándose de daños causados con ocasión de actividades peligrosas, y por otra parte, se cumple con la función consustancial a la jurisprudencia contencioso administrativa de identificar las falencias que se presentan en el ejercicio de la actividad administrativa, con el propósito de que: (i) la definición para un caso concreto se convierta en advertencia para la administración con el fin de que ésta procure evitar la reiteración de conductas

anormales y (ii) esa decisión sirva para trazar políticas públicas en materia de administración. “Agotado el análisis de la responsabilidad del Estado por falla del servicio, en los eventos de daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, el análisis deberá proseguir para determinar si el daño es imputable a la Administración a título de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, aunque no se hubiera invocado en la demanda dicho régimen, en aplicación del principio iura novit curia 1 . 1 En sentencia S-123 de 14 de febrero de 1995, la Sala Plena de la Corporación consideró: “la Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la Administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es el caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante. En las controversias sobre responsabilidad extracontractual del Estado, materia en la cual, si bien existen algunas normas generales consagradas en la legislación positiva, aplicables que pueden ser invocadas en la demanda, tales como el artículo 90 de la Constitución Nacional, que de manera abstracta sirve de fundamento jurídico a la responsabilidad del Estado, lo cierto es que no existe un régimen legal positivo que regule de una manera precisa y detallada dicho tema, lo que hace que el juez pueda encontrar fundamentos de derecho diferentes a los propuestos en la

demanda, pero sin que pueda modificar la causa petendi de la misma, que como ya se precisó la constituyen los hechos mismos en que se fundamenta. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 6 Expediente 38913 (resalto y subrayo)

2.2. CASO CONCRETO

2.2.1. EL DAÑO

Se encuentra demostrado de la siguiente manera:

1. Dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinación de invalidez No. 30 de febrero 3 de 2005 (fls. 60 a 64 C. 1) emanado de la Junta Regional de calificación de invalidez, en el cual se concluyó lo siguiente:

DESCRIPCION

PORCENTAJE

I DEFICIENCIA 45.70

II DISCAPACIDAD 8.30

III MINUSVALIA 21.50

TOTAL TOTAL 75.90

2. Certificado expedido por el director del Hospital Naval de Cartagena, donde se relacionan los servicios quirúrgicos que se le prestaron a la víctima (fl. 99 C. 1).

3. Copia auténtica de la historia clínica del señor Manuel Dionisio González Gómez, del Hospital Naval de Cartagena (fls. 100 a 223 C. 1)

3. Copia del dictamen No. 05830-2002 proferido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de fecha 18 de diciembre de 2002, realizado por solicitud

del Juzgado 101 de Instrucción Penal Militar (fls. 220 a 221 C. 1), en el cual se indicó: “…Incapacidad médico legal definitiva de noventa (90) días. Secuelas médico legales:

1. Deformidad física que afecta el cuerpo.

2. Perturbación funcional del órgano de la locomoción.

3. Perturbación funcional del miembro inferior derecho.

Todas de carácter permanente. responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuestos en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son los precisados por el actor, y no otros. Así en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les pueda dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto con nuestra legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “los hechos en que se funda la controversia”.

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 7 Expediente 38913 2.2.2. IMPUTACION DE LA RESPONSABILIDAD Si bien la apoderada de la actora, con el alegato de conclusión en primera instancia, arrima copias parciales de la investigación por siniestro marítimo (fls. 266 a 366 C. 1),

esta prueba no puede ser apreciada ya que no se cumplió con el rigor procesal para su producción y no todos los documentos gozan de autenticidad. Al proceso se allegó copia de la actuación adelantada ante la Justicia Penal Militar por las lesiones del señor Manuel Dionisio González Gómez por parte de embarcación adscrita al cuerpo de guardacostas de la Armada Nacional, la que obra en tres cuadernos, las cuales tienen incidencia en el caso y pueden valorarse las siguientes pruebas: (i) Informe de novedad del accidente suscrito por el TNESP Reynaldo Espinosa Heidmann, en la que da cuenta de los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2002 durante la travesía de Cartagena a Coveñas con el fin de efectuar el relevo de personal de guardia Plan Petróleo de Guardacostas, en donde se presenta un accidente marítimo al colisionar la lancha interceptora con una canoa (fls. 7 y 8 C. de pruebas 1). (…) estando la lancha navegando por el canal a la altura de Caño Loro aproximadamente a las 06:32 de la mañana se sintió un golpe en las propelas a la lo (sic) cual se procedió a verificar y se encontró al señor Manuel Dionisio González quien había sido golpeado por la lancha (…) (ii) A pesar de no haber sido ratificados en el proceso, pueden ser valorados los testimonios rendidos en el proceso penal de conformidad con criterios ya sentados por la jurisprudencia. En sentencia de 20 de mayo de 2004 Rad: 85001-23-31-000-19970395-01(15650), se dijo: “Ahora bien, en relación con los testimonios rendidos ante la jurisdicción penal militar, se debe

tener en cuenta, como ya lo ha afirmado la Sala, que los mismos pueden ser valorados en el proceso contencioso administrativo al que son incorporados sin necesidad de más formalidad, pues se practicaron con audiencia de la parte contra la que se aducen; en efecto, ha dicho lo siguiente: ‘... Sobre éste punto, es pertinente advertir que, si bien los testimonios rendidos en la citada investigación penal no fueron objeto de la ratificación exigida en el artículo 185 (sic) del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo en razón de la remisión que en materia probatoria expresamente consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, dichos testimonios pueden y deben ser válidamente valorados, por cuanto fueron practicados por la propia entidad en contra de quien se pretenden hacer valer, es decir, con su previo y pleno conocimiento ......’ (Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia de 4 de diciembre de 2002, Exp. 13623)”.

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 8 Expediente 38913 (ii.1) En la declaración rendida por el SR TK GUSTAVO ALEJANDRO CORREDOR MONROY, oficial operativo del Departamento de Seguridad Marítima y quien se encontraba a bordo de la lancha de guardacostas el día de los hechos (fls. 30 a 32 C.

de pruebas 1), relató que “… se salió por el canal de la bahía y a la altura del caño del oro, un infante que se encontraba en la proa señalo que había un objeto debajo de la proa, se escuchó el golpe, la lancha siguió su recorrido, se procedió a verificar como novedad se había colisionado con un cayuco, se procedió a dar la vuelta y verificar situación del accidentado, se procedió de inmediato a recoger al herido, se le prestaron los primeros auxilios del momento, se informó vía celular a la línea de emergencia de guardacostas sobre la novedad para que dispusieran una ambulancia del hospital naval en el muelle, con el fin de recoger al herido, (…) nos encontrábamos a unas 700 yardas con referencia a la con referencia a la población de Bocachica, pero no recuerdo si estábamos dentro o fuera del canal (…) Debido al peso en la popa la proa de la lancha se levanta más a mi criterio no tenía la suficiente visibilidad (…) PREGUNTADO: A que cree usted que se debió la colisión. CONTESTO: A falta de visibilidad del timonel. (…) (ii.2) Declaración rendida por el SR TK FABIAN JAVIER VELEZ SIERRA, quien se encontraba en la lancha de guardacostas el día de los hechos (fls. 49 a 54 C. de pruebas 1), quien dijo que “… yo me percaté de que la lancha estaba un poco pesada ya que aparte de las canecas de combustible que iban en la lancha iban como 19 personas a bordo por lo cual le solicité dejar unos infantes de marina, (…) el señor TN REYNALDO ESPINOSA me dijo que no (…) un día después

de lo sucedido, recibí una llamada del señor TN REYNALDO ESPINOSA (…) que necesitaba que yo le nombrara a uno de los tripulantes que tenía en Coveñas como proel para colocarlo en el informe, que si no conseguía que ningún tripulante accediera me colocaría como proel (…) PREGUNTADO: A que cree usted que se debió la colisión. CONTESTO: No había proel y el piloto no manifestó que no podía ver (…) la función del proel, es estar en la proa de la unidad observando en la misma dirección en la que se dirige la unidad y avisar al timonel o al piloto cualquier objeto que pueda causar daño a la unidad o pueda producir especie de colisión (…) (ii.3) Declaración rendida por el S3 Luís Enrique Dominguez Díaz, quien se encontraba en la lancha de guardacostas el día de los hechos (fls. 57 a 60 C. de pruebas 1), indicó que “… la lacha iba muy llena (…) iba hasta incomodo pero me iba agarrando de la caneca por la brisa me agachaba, cuando escuché un impacto, en ese momento escuché que los motores bajaron de revoluciones y nos devolvimos a ver que había pasado, inicialmente pensé que había sido un tronco, al devolvernos vimos a un señor ya anciano agarrado de unas tablitas de lo que había quedado del cayuco (…) PREGUNTADO: A que cree usted que se debió la colisión CONTESTO: A la mala visibilidad que tenía el piloto debido a que la proa estaba muy levantada (…) (ii.4) Declaración rendida por el S3 Gilberto de Jesús Anillo Mier, quien se encontraba

en la embarcación el día de los hechos (fls. 62 a 65 C. de pruebas 1), quien expresó: (…), al momento de la colisión yo volteé hacia atrás y observé que se había llevado un cayuco y le dije al MA SANTAMARIA que se devolviera porque se había llevado un cayuco. PREGUNTADO:

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 9 Expediente 38913 Antes de la colisión alguna de las personas que se encontraban embarcadas en la lancha dio aviso sobre la existencia del cayuco. CONTESTO: un infante que estaba delante de él es de Coveñas pero no lo conozco, le hizo una seña s SANTAMARIA, una seña que de pronto SANTAMARIA no entendió, más o menos señalándole con la mano derecha hacia delante y hacia abajo. (…) PREGUNTADO: A que cree usted que se debió la colisión CONTESTO: prácticamente fue una falla del piloto, porque esta lancha levanta mucho la proa, porque uno viendo que no tiene visibilidad hacia delante uno solicita que le coloquen a alguien adelante (…) Según el informe del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas no se pueden determinar las condiciones de visibilidad en un punto exacto del canal de acceso a la bahía de Cartagena para el día 2 de agosto de 2002, debido a que no poseen una estación meteorológica ubicada he dicho lugar. Agrega que para ese día no se registraron precipitaciones ni eventos extremos que afectaran la navegación (fls.

235 y 236 C. 1) Los elementos de juicio indican que para el día 2 agosto de 2002, una embarcación guardacostas adscrita a la Armada Nacional colisionó contra una canoa, evento en el cual resultó lesionado el señor Manuel Dionisio González Gómez. De las declaraciones antes transcritas se infiere que la operación de la nave se hizo en forma improvisada y en condición de riesgo puesto que se navegaba con sobrepeso y en condiciones que afectaban la visibilidad del timonel, a pesar de lo cual no se tomó la medida de previsión de designar un proel que supliera las limitaciones en la visibilidad. A esa circunstancia imputan los deponentes la causa de la colisión. Así las cosas, el Ministerio Público comparte la conclusión del a quo que imputa responsabilidad a la demandada por su falta al deber de cuidado al realizar una actividad peligrosa. No se configura la causal de culpa exclusiva de la víctima pues no se demostró en el 2, plenario que el señor González Gómez se encontrara dentro del canal de acceso a la 2 SECCIÓN TERCERA. 4 de diciembre de 2.006. Radicación No.: 63001-23-31-000-1997 04688-01. Expediente No. 15.848. “2.3. El hecho de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual del Estado. (…) en punto a los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado: (…) “…para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

-Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. -El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración…”?»?9 (subrayas fuera del texto original).”

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 10 Expediente 38913 bahía de Cartagena al momento del accidente, como lo asegura el apoderado de la demandada. A folio 33 del cuaderno de pruebas 1 se observa un croquis del lugar de los hechos donde se explica que el cayuco del señor González Gómez se encontraba a unas 700 yardas del canal y los señores Milton Herrera Castro y Víctor Arrieta Berrio (fls. 91 a 96 C. 1), pescadores artesanales de Caño de Oro afirman en sus

declaraciones que la embarcación de la Armada Nacional invadió la zona donde les está permitido pescar a ellos, al esquivar un buque mercante. Correspondía a la entidad demandada demostrar que a pesar de haber intervenido con su actuación en la producción del daño, la causa eficiente del mismo no fue su actividad sino la conducta de la víctima y como no logró acreditar ese hecho, no hay lugar a exonerarla y ni siquiera a reducir la indemnización por la intervención del lesionado en el hecho, dado que esa intervención sólo fue causa pasiva del daño. 2.3. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS LEGITIMACION POR ACTIVA Se aportaron los registros civiles de nacimiento de Antonio, Amaury, Luís Manuel y Farides González Avila, en los cuales se demuestra la condición de hijos de Manuel Dionisio González Gómez y Sofía del Carmen Ávila Calle (fls. 17 a 20 C. 1). Respecto de José Ignacio González Avila, solo se aportó registro de defunción (fl. 23

C. 1) pero no el registro civil de nacimiento, por lo que no fue probado el parentesco con el señor Manuel Dionisio González Gómez y por consiguiente tampoco el de sus hijos. En consecuencia, debe revocarse la condena en favor de Antonio José

González Blanquicett. 2.3.1. PERJUICIOS MORALES Frente a la prueba de los perjuicios morales sufridos por los demandantes debe decirse que si bien en el plenario no obran elementos de juicio concretos que acrediten directamente la existencia y entidad de tales sentimientos de tristeza y dolor, según las reglas de la experiencia, acogidas por la jurisprudencia, pueden válidamente inferirse

en la víctima directa.

CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 11 Expediente 38913 El perjuicio moral se presume sufrido también por los parientes cercanos. Al respecto resulta ilustrativo pronunciamiento del Consejo de Estado - SECCION TERCERA, en sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 18.721, cuando analizó los presupuestos para que se pueda condenar por concepto de perjuicios morales, así: “Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en los demandantes con ocasión de las lesiones causadas a su hermano por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad. Las reglas del común acontecer, y la práctica científica han determinado de manera general, que cuando se está ante un atentado contra la integridad física de un ser querido, se siente aflicción. En efecto, en la sente