PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Generado por la fiscalía general de la nación

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Solicitud de declaratoria de responsabilidad administrativa por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad DAÑO ANTIJURÍDICO-Concepto o definición Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Teorías aplicables desde antes de la Constitución de 1991 A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.

DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, y la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 7º .. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuando se torna injusta Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-En el caso sublite generó un daño antijurídico La pauta jurisprudencial trascrita nos permite afirmar que la privación injusta de la

libertad del actor, por órdenes de las Fiscalías Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito y Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, generó un daño antijurídico que dicha persona no estaba en la obligación de soportar, máxime si se estableció que no estaban dados los elementos para proferir sentencia condenatoria en su contra, lo que implica que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público se permite disentir con el fallo de primera instancia, ya que la legalidad de las decisiones emitidas por la Fiscalía General de la Nación, no la exime de la responsabilidad que generan las repercusiones que sufren los ciudadanos afectados con su cumplimiento. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-El Estado no es responsable cuando la persona es absuelta en aplicación del in dubio pro reo Concluir que el Estado no es responsable por la privación de la libertad de una persona que es absuelta en aplicación del in dubio pro reo, es tanto como presumir su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, cuando lo que ordena el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, es que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. DAÑO ANTIJURÍDICO-Generado por la Fiscalía General de la Nación De las pautas jurisprudenciales trascritas y las pruebas aportadas al expediente esta Delegada ha de concluir que en el presente asunto, la Fiscalía General de la Nación, generó un daño antijurídico con la privación de la libertad del actor, que tal como se

dejó consignado en precedencia, resulta indemnizable a cargo del Estado. Conforme a lo anterior, el concepto de esta Delegada es que la sentencia de primera instancia debe ser revocada y en consecuencia declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes, condenándola a su pago conforme los montos que la Honorable Sala de Decisión estime pertinentes, atendiendo los lineamientos que de manera reiterada ha estimado para indemnizar los daños ocasionados en casos similares.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 22 de julio de 2011 2 050012331000200303478 01 (40866)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 11-147

Acción: Reparación Directa Radicado: 050012331000200303478 01 (40866)

Actor: JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN –

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA E INSTITUTO PARA EL

DESARROLLO DE ANTIOQUIA Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por parte demandante, mediante el cual se

solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES

 La Demanda

1. En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA GONZÁLEZ (detenido),

JOSÉ LUIS SALDARRIAGA ARANGO (padre), MARTHA GONZÁLES MESA

(madre), MARTHA LUCIA SALDARRIAGA GONZALEZ, ROBERTO LUÍS

SALDARRIAGA GONZÁLEZ, DIEGO ALBERTO SALDARRIAGA GONZALEZ,

BEATRÍZ HELENA SALDARRIAGA GONZALEZ, MARGARÍTA MARÍA

SALDARRIAGA GONZALEZ, OLGA EUGENIA SALDARRIAGA GONZALEZ,

CLAUDIA CECILIA SALDARRIAGA GONZALEZ, JUAN GUILLERMO SALDARRIAGA GONZALEZ, JESÚS FERNANDO SALDARRIAGA 3 050012331000200303478 01 (40866)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659

GONZALEZ, ANA CARLOTA SALDARRIAGA GONZALEZ, JOSÉ ANDRÉS

SALDARRIAGA GONZALEZ, CRISITINA SOFIA SALDARRIAGA GONZALEZ

(hermanos); JUAN SEBASTIA SALDARRIAGA VÉLEZ, MARÍA PAULA

SALDARRIAGA VÉLEZ (hijos), LUZ ESTELLA VÉLEZ MAYA (esposa),

actuando en nombre propio y en representación de su hija LAURA SALDARRIAGA VÉLEZ (hija), solicitaron al Tribunal Administrativo de Antioquia declarar solidaria y administrativamente responsables a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, y el INSTITUTO DE DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA, por los perjuicios de todo orden que se les causaron con la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor JORGE ENRIQUE SALSARRIAGA GONZALEZ, como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se condenara al pago de las respectivas indemnizaciones por los perjuicios de orden material, moral y de daño a la vida de relación que les fueron ocasionados.

Contestación Fiscalía General de la Nación Se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no se estructuraban los presupuestos de hecho y de derecho para acceder a su reconocimiento, ya que la detención de la que fue objeto el demandante, se había surtido de conformidad con las facultades constitucionales y legales conferidas a la entidad como ente investigador, dando cumplimiento a los requisitos legales para la imposición de la medida de aseguramiento. Señaló que la situación del demandante no se encuadraba en una de las hipótesis objetivas de responsabilidad estatal, esto es, cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no existió, sino en aplicación del principio del in dubio pro reo, razón por la cual no podía existir

4 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 responsabilidad del estado, por tratarse de una carga que debía ser asumida y soportada. Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA Dicho instituto se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que su actuación se desarrolló conforme a su obligación legal de poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las presuntas conductas delictuales en las que había incurrido el señor SALDARRIAGA GONZÁLEZ, de las cuales, si bien resultó absuelto, ello no significaba que no las hubiera cometido, ya que lo fue en aplicación del principio universal del in dubio pro reo. Consejo Superior de la Judicatura Solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda, ya que en la actuación surtida dentro del proceso penal adelantado contra el demandante no se había configurado un error jurisdiccional o una falla del servicio que diera lugar a la responsabilidad del Estado, y que además, no existía prueba demostrativa de los perjuicios alegados por la parte demandante. Del mismo modo, señaló que la absolución del procesado no desvirtuaba la legalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues conforme a los argumentos expuestos por la Corte Constitucional al analizar el artículo 68 de la ley 270 de 1996, debía entenderse que una privación de la libertad era injusta, cuando la actuación era abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales. Sentencia Por decisión del 28 de septiembre de 2010 el Tribunal Administrativo de

Antioquia declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la 5 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 causa por pasiva del Instituto de Desarrollo de Antioquia – IDEA, y negó las pretensiones de la demanda. En consideración del Tribunal, los últimos pronunciamientos del Consejo de Estado frente a la privación de la libertad, llevaban a la conclusión de que siempre que la detención preventiva había culminado con una sentencia absolutoria, así se hubiera producido en virtud del principio del in dubio pro reo, se erigía en injusta. Señaló que tal concepción absolutista del derecho a la libertad no era coherente con el marco político, jurídico ya axiológico plasmado por el constituyente primario, ni con los precedentes constitucionales que regulaban la materia. Precisó que la detención preventiva constituía una medida legítima de la que podía hacer uso el Estado para cumplir con los fines que le había encomendado la Constitución, la cual, al adoptarse conforme a los parámetros señalados por el legislador no podía generar responsabilidad objetiva, así con posterioridad se hubiese emitido sentencia absolutoria, pues de lo contrario se llegaría al absurdo de condenar al Estado por el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que le han sido delegados por la Carta en materia de persecución de delitos, protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y mantenimiento del orden jurídico. Para el Tribunal era claro que no había lugar a declarar la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del demandante, ya que su absolución

ocurrió en aplicación del in dubio pro reo, situación que impedía considerar que la medida de aseguramiento detención preventiva, se impuso de manera ilegal, irrazonable, arbitraria o desproporcionada, pues se decretó al existir un indicio grave frente a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Concluyó señalando que no se daban los supuestos de que trata el artículo 68 de la ley 270 de 1996, interpretado y condicionado por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, para establecer que la detención preventiva a que 6 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 fue sometido el señor JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA GONZALEZ, tuvo carácter de injusta Apelación El apoderado de la parte actora se opuso a la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de negar las pretensiones de la demanda, ya que en su consideración se demostró la inocencia de su representado, y el daño material y moral que debía indemnizarse. Señaló que al denegar las pretensiones con el argumento de que el actor no fue absuelto por su inocencia sino por el principio del in dubio pro reo, el A quo asumió una posición que violentaba aún más la honra y el buen nombre de su representado, parcializándose en favor de la Fiscalía General de la Nación, que abusando de su posición dominante, privó de la libertad en forma arbitraria, ilegal e injusta, a una persona carente de antecedentes penales y administrativos.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de una conducta punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política?

2. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 7 050012331000200303478 01 (40866)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia

del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. 8 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos4 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”5 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 3 Ratificado mediante la ley 74 de 1968

4 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 5 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 9 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien

diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia6; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto

al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la 6 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 10 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional7, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales8, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención9”. De esta manera, el hecho que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione

con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad. 7 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 8 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 9 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128.

11 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659

3. Caso Concreto Con ocasión de pesquisas adelantadas en la actuación penal No. 1980115, por decisión del 23 de junio de 1999, la Fiscalía Ciento Nueve Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, dispuso la expedición de copias con el fin de que se investigaran presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de las inversiones del Instituto para el Desarrollo de Antioquia I.D.E.A.

Por tales hechos, con resolución del 27 de agosto de 1999 se dispuso la apertura de instrucción, providencia en la que se consideró como imputado al señor JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA GONZÁLEZ, ex subgerente financiero del I.D.E.A., a quien para ser vinculado mediante indagatoria se le irrogó orden de captura, la cual se materializó a los 30 días del mismo mes y año (folio 70 – cuaderno 1). En la providencia que resolvió la situación jurídica del señor SALDARRIAGA GONZÁLEZ, la Fiscalía 109 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Armenia, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, al considerar que no existían elementos probatorios consistentes que la justificaran y, en consecuencia, ordenó su libertad inmediata, derecho del cual pudo hacer uso a partir del 8 de septiembre de 1999 (folio 80 – cuaderno 1). Atendiendo al acopio de nuevas pruebas, por decisión del 8 de noviembre de

2000, se decretó la detención preventiva del señor JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA GONZALEZ, como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito, determinación en contra de la cual la defensa interpuso recurso de apelación ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, la cual, mediante proveído del 18 de enero de 2001, revocó la medida restrictiva de la libertad respecto del delito de peculado por apropiación y la confirmó por la conducta punible de enriquecimiento ilícito (folio 948, 989, 1015 – cuaderno 3). 12 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 Al momento de calificar el sumario, la Fiscalía 109 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín precluyó la investigación en favor del señor JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA GONZALEZ respecto de la conducta de peculado por apropiación y, a su vez, formuló resolución de acusación por el delito de enriquecimiento ilícito, providencia que fue confirmada mediante providencia del 19 de junio de 2001 (folios 1295 y 1557 – cuaderno 3 y 4, respectivamente). Por solicitud de la defensora del señor SALDARRIAGA GONZALEZ, el Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín, en decisión del primero de agosto de 2001, revocó la detención preventiva que pesaba en su contra, ya que conforme a la

entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (ley 600 de 2000), dicha medida no era procedente (folio 1574 – cuaderno 4). Mediante sentencia del 20 de enero de 2003 el Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín decidió absolver al señor JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA GONZÁLEZ del delito por el cual fue residenciado en juicio criminal, conforme a las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) Permite el análisis que antecede concluir que no es posible predicar una respuesta afirmativa a los cuestionamientos que se hicieran al inicio de este estudio, esto es, si el aparente incremento patrimonial fue en razón del cargo de subgerente financiero del IDEA entre 1993 y 1999 o del ejercicio de sus funciones y si no fue justificado, como tampoco lo permite el informe del perito designado por el despacho, obrante de fl. 1682 C.O. # 5, que por el contrario avala es una circulación o rotación del dinero que en dicha cuenta se manejaba, debiéndose bajo estas condiciones proferir en favor del procesado una sentencia absolutoria al no haberse logrado estructurar los elementos suficientes que permitan edificar una sentencia adversa, no significando ello que no hubieren elementos para formular la imputación, sino que no fueron suficientes para estratificar la certeza sobre la autoría, la existencia de la conducta punible y de sus responsabilidad, razón suficiente para que se de aplicación al principio de la duda previsto en el artículo 7-2 del C. de Procedimiento Penal, como acertadamente lo sugiere el señor Fiscal y contrario al pedido de la señora defensora, que proponía como

pretensión la absolución al margen del principio de la duda. 13 050012331000200303478 01 (40866) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-251659 Como consecuencia de la conclusión que antecede, se absuelve al doctor JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA GONZÁLEZ,… del cargo que le había sido formulado por la Fiscalía General de la Nación por intermedio de sus delegados de primera y segunda instancia, como presunto responsable de la conducta denominada Enriquecimiento Ilícito,… con la cual presuntamente se afectaba el patrimonio económico del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA-. Pronunciamiento que conlleva a la denegación de las pretensiones económicas formuladas por la Entidad Estatal, en razón de su constitución en parte civil,.. (…)” Con lo anterior se evidencia que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA GONZÁLEZ, era una carga que dicha persona no estaba en la obligación de soportar, ya que si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación consideró que existían pruebas para privarlo de la libertad y emitir resolución de acusación en su contra, dichos elementos probatorios no fueron suficientes para lograr que dicha persona fuera condenada Sobre el tema ha de traerse el siguiente pronunciamiento jurisprudencial: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, radicación No. 73001-23-31-000-199806680(16692), Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra:

“(…) En síntesis, en los eventos en que se demuestre que la privación de li