PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Indemnización por privación injusta de la libertad

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Indemnización por privación injusta de la libertad
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA-Por privación injusta de la libertad PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Las pruebas no eran suficientes para imputar la conducta punible En el caso sub examine, el análisis de las pruebas indicó que no era suficiente para imputar la conducta punible, o sea que no era posible hacer un juicio de tipicidad para reprochar la conducta y hacer la imputación del delito, por ello la detención que padeció el procesado se tornó en injusta con la providencia que lo liberó de responsabilidad (sentencia absolutoria), por lo que se debe indemnizar al demandante por los perjuicios que le fueron causados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Fiscalía fue quien impuso la medida de aseguramiento de conformidad con la Ley 600 de 2000, y que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia (Caquetá) fue quien en sentencia lo absolvió, es por ello que considera esta Delegada del Ministerio Público que le asiste responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la que fue objeto el procesado. DAÑO ANTIJURÍDICO-Indemnización por privación injusta de la libertad Considera esta Delegada, que de ninguna manera se pueda atribuir responsabilidad al procesado, por el delito por el cual se le investigó, más bien, se extrae que pese a la inexistencia de elementos de peso, permaneció privado de su libertad de manera injusta, motivo por el cual se rompieron las cargas públicas en detrimento de su derecho de libertad, traduciéndose ello en un daño antijurídico que debe ser indemnizado, situación que acarrea la

responsabilidad de la demandada, ya que si bien es cierto que la Nación a través de la Fiscalía General, tiene la obligación de iniciar las investigaciones que llegan a su conocimiento por la comisión de los diferentes tipos de delitos, también es cierto que esta entidad debe propender por velar y hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando el menor daño posible con sus actuaciones; de ahí que ni el procesado, ni su familia estén en la obligación de soportar el daño causado. En síntesis el fallo recurrido fue contraevidente, careciendo en consecuencia de rigor jurídico. FALLA DEL SERVICIO-De carácter subjetivo/ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra del funcionario responsable Se reitera que teniendo en cuenta que la actuación, del Fiscal Tercero Seccional, derivó en una sentencia que deja abierta la posibilidad de declarar la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía General de la Nación, esta deben incoar acción de repetición en contra de su funcionario, a fin de que respondan según las circunstancias y pruebas. Téngase en cuenta que el funcionario del ente antes indicado, al examinar las pruebas sobre las cuales se fundamentó el proceso penal, evidencia la falta de rigor jurídico en el análisis probatorio. En esta medida se trata del título de imputación de falla en el servicio que es de carácter subjetivo, mérito suficiente para poder solicitar se incoe acción de repetición, porque bajo ninguna consideración el Fiscal Delegado adecuaron un título de responsabilidad objetivo, como sería el título de responsabilidad de In dubio pro reo. Error inexcusable por que las

personas que trabajan en la Fiscalía General de la Nación en lo penal, deben ser expertas en la materia y consecuencialmente en el análisis de las pruebas que permitan sustentar decisiones. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R.

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Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-En cabeza de la Fiscalía General de la Nación Esta Delegada recuerda que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso al observar que se presentaron todos los presupuestos normativos y jurisprudenciales para declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, solicita respetuosamente se CONFIRME la sentencia de primera instancia de acuerdo a los argumentos expuestos, y en consecuencia se acceda a las pretensiones. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) CONCEPTO DE No. 115 / 2015 Bogotá, D.C 25 de junio de 2015

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón (E) EXPEDIENTE: 180012331000200900333-01 (53723) Grado Jurisdiccional de Consulta

ACTOR: Melida Velasco Guasca y Otros

DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia en gado jurisdiccional de consulta. / Privación de la libertad. / Absolución por falta de elementos probatorios, dan lugar a ordenar indemnización conforme a los últimos pronunciamientos de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. / Se trató de falla del servicio cuyo título de imputación encuadra dentro del régimen de responsabilidad subjetivo. / Deber de incoar acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. I ANTECEDENTES 1.1. La demanda – Hechos Los fundamentos de hecho sustento de las pretensiones son, en síntesis, los siguientes: 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) Pretenden la demandante se declare la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto la señor Arcisio Cruz Aguilar entre el 3 de septiembre de 2005 y el 5 de enero de 2004, acusado del delito de rebelión que se adelantó en su contra por parte de la Fiscalía Tercera Seccional Delegada de la ciudad de Florencia (Caquetá). 1.2. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Caquetá falló accediendo a las pretensiones de la demanda. A juicio del Tribunal, se consideró que: “Como quiera que el señor ARCISIO CRUZ AGUILAR fue sometido a una carga excesiva al ser privado de su libertad por una conducta punible a él atribuida cuya existencia no se demostró en el proceso penal y, por ende, la presunción de inocencia que le asiste no le fue desvirtuada, ello hace que la detención preventiva a la que fue sometido mediante la medida privativa de la libertad resulte injusta y que el daño antijurídico así causado le sea imputable al Estado.” 1.3. Grado jurisdiccional de consulta La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, declaró desierto el recurso de apelación por haber sido interpuesto de

manera extemporánea por la parte demanda y por reunir los requisitos exigidos por el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, resolvió tramitar el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia del 30 de septiembre de 20014 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico

Puede ser expresado en los siguientes términos: 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) 2.1.1. El que surge del Ministerio Público ¿Si la Nación - Fiscalía General de la Nación, es responsable administrativa y patrimonialmente, por los perjuicios causados a la parte accionante como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Arcisio Cruz Aguilar, entre el 3 de septiembre de 2005 y el 5 de enero de 2004, teniendo en cuenta que posteriormente fue absuelto del delito que generó dicha privación? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento

en el artículo 90 de la Constitución Política. 2.2.2. Título de imputación en la privación injusta de la libertad Sobre el título de imputación relacionado con la privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado en reciente jurisprudencia mencionó: (…) “ iii) La absolución o preclusión de la investigación que emana de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, traduciría en verdad una falla del servicio que no puede considerarse como una conclusión establecida a partir de la aplicación del mencionado principio del in dubio pro reo. 1 (…) 2.2.3. Responsabilidad por privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria. 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 31 de enero de 2011, Exp. 18452 C.P. Enrique Gil Botero. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) Según la jurisprudencia de esta Corporación, se puede establecer responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad del ciudadano cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria, pese a Rue en la detención se haya cumplido las exigencias legales, debido a que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que

una persona en el Estado Social de Derecho debe asumir, máxime cuando se compromete el ejercicio del derecho fundamental a la libertad. 2 2.3. Pruebas obrantes Obra en el expediente el siguiente material probatorio:  Providencia del 8 de septiembre de 2003, por medio de la cual la Fiscalía Tercera Seccional, resolvió la Situación Jurídica del actor, por medio de la cual profiere detención preventiva como presunto autor del punible de rebelión. (Folio 31 - 38

C. 1 Respuesta a Oficio N° 1087).  Sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), del 25 de abril de 2005, mediante la cual decide absolver al señor Arcisio Cruz Aguilar, por considerar fundamentalmente que el material probatorio allegado no fue suficiente, como tampoco ofreció la calidad y credibilidad probatoria necesarias para ser evaluado (folios 67 a 84 cuaderno pruebas).

El Juez Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), en su sentencia refirió que: (…) “A las atestaciones de cargo no se les puede dar credibilidad y sobre ellas edificar una sentencia condenatoria, al referirse a los acontecimientos atribuidos al implicado de manera general y abstracta, siendo ella la razón para no ser posible la verificación de lo consignado en ellas, referente a la vinculación del acusado con el grupo insurrecto, antes por el contrario se obtuvieron las declaraciones de Noel Ramírez Giraldo, Armando Romero Castañeda, Pablo Lozano Sánchez, Hermes Velasco, Armando Moreno Medina, Carios Rojas Castillo, Libardo Medina Plazas, Julio Vicente

2 CONSEJO DE ESTADO – SECCION TERCERA –SUBSECCIÓN C. Radicación No. 250002326000199801453-01 (22672) del 23 de mayo de 2012. C.P. Dra. Olga Medlida Valle De Lla Hoz 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) Vásquez Marín, Arnulfo Rivera Rivera y Guillermo Cuellar Díaz, quienes conocen ARCISIO, expresando tiene como ocupación la de agricultor, sin saber de su participación en conductas atentatorias del Régimen Constitucional y Legal..” (…) (…) “Como los episodios enrostrados al implicado, ejecutados a nombre de! Tercer frente de las FARC, no pudieron demostrarse, nos conduce el material probatorio analizado en conjunto a la exoneración de los cargos atribuidos por la Fiscalía en el pliego de cargos, por consiguiente se levanta la medida de aseguramiento que recae en contra de ARCISO CRUZ AGUILAR, se cancelan las boletas de captura emitidas contra el antes indicado y se archivan las diligencias en forma definitiva previa desanotación de los libros radicadores.” (…)  Certificado emitido por Instituto Nacional Penitenciario y carcelario - INPEC -, en donde informa que el señor Arcisio Cruz Aguilar ingreso al Establecimiento

Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Florencia, con fecha de ingreso el 04 de septiembre del 2003 por el punible de rebelión, a órdenes de la Fiscalía Tercera Seccional y sale el 07 de enero de 2004 según boleta N° 008 emanada por la misma autoridad (folio 10 del Cuaderno N° 2). 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada y en consecuencia acceder a las pretensiones de la demanda conforme a las siguientes consideraciones: 2.4.1. Con el acervo probatorio allegado en el proceso de la referencia, se encuentra acreditado el daño padecido por víctima Arcisio Cruz Aguilar quien fue privado de la libertad desde el 03 de Septiembre de 2003 hasta el 5 de enero de 2004, sindicado del punible de rebelión por orden de la Fiscalía Tercera Seccional de Florencia (Caquetá); proceso que culminó con sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) De igual manera, queda acreditado que el señor Cruz Aguilar, estuvo privado de su

libertad desde el 4 de septiembre de 2003 hasta el 7 de enero de 2004, conforme a los documentos que obran en el expediente, sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia (Caquetá) y certificado del instituto Nacional Penitenciario INPEC. De conformidad con lo antes expresado, es evidente que se configuran los presupuestos que sirven de premisa para predicar la responsabilidad de la administración, como quiera que el señor Arcisio Cruz Aguilar fue privado de la libertad y posteriormente fue absuelto del delito que en su contra se imputaba, debiendo concluir que la detención de que fue víctima el citado señor fue injusta. Al respecto el Honorable Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha manifestado: "Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, y si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado. Se precisa igualmente que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad el argumento

según el cual todo ciudadano debe asumir la cargo de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política".3 (Negrilla y subrayado fuera del texto). 2.4.2. Ahora bien, frente a lo antes señalado, basta que respecto de una persona a la cual se privó de la libertad por orden de autoridad judicial, se pueda concluir que 3 CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION TERCERA - SUBSECCION A-Consejera ponente (E ): GLADYS AGUDELO ORDONEZ-Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil once (201 l)-Radicación numero: 76001-23-31-000-1997-05248-01(20749) 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) nunca se consiguió desvirtuarle su presunción constitucional de inocencia, para tener que afirmar que no se encuentra en el deber jurídico de soportar los daños derivados de la pérdida de su libertad. En tal efecto, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia haya sido ajustado o contrario a derecho, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado,

deberá declararse la responsabilidad del Estado. Tema sobre el cual esta Delegada ha sido coherente en todos sus conceptos4 En el caso sub examine, el análisis de las pruebas indicó que no era suficiente para imputar la conducta punible, o sea que no era posible hacer un juicio de tipicidad para reprochar la conducta y hacer la imputación del delito, por ello la detención que padeció el señor Arcisio Cruz Aguilar se tornó en injusta con la providencia que lo libero de responsabilidad (sentencia absolutoria), por lo que se debe indemnizar al demandante por los perjuicios que le fueron causados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Fiscalía fue quien impuso la medida de aseguramiento de conformidad con la Ley 600 de 2000, y que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia (Caquetá) fue quien en sentencia lo absolvió, es por ello que considera esta Delegada del Ministerio Público que le asiste responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la que fue objeto el señor Cruz Aguilar. 2.4.3. Debe agregarse sobre el particular, que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación deI Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la 4 Líneas conceptuales – Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 008 del 17 de febrero de 2015 –Exp. (42529)

Concepto 012 del 14 de mayo de 20015 – Exp. (51057) Concepto 189 del 15 de octubre de 2014 – Exp. (51168) Concepto 145 del 3 de septiembre de 2014 – Exp. (48342) Concepto 171 del 30 de septiembre de 2014 – Exp. (48874) Concepto 151 del 8 de septiembre de 2014 – Exp. (50722) 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) Nación, la que determinó que el señor Arcisio Cruz Aguilar tuviere que estar privado de la libertad durante cuatro meses y siete días, vencidos los cuales fue absuelto por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), porque no existieron suficientes elementos probatorios que permitieran endilgarle responsabilidad al aquí demandante. Considera esta Delegada, que de ninguna manera se pueda atribuir responsabilidad al señor Cruz Aguilar, por el delito por el cual se le investigó, más bien, se extrae que pese a la inexistencia de elementos de peso, permaneció privado de su libertad de manera injusta, motivo por el cual se rompieron las cargas públicas en detrimento de su derecho de libertad, traduciéndose ello en un daño antijurídico que debe ser indemnizado, situación que acarrea la responsabilidad de la demandada,

ya que si bien es cierto que la Nación a través de la Fiscalía General, tiene la obligación de iniciar las investigaciones que llegan a su conocimiento por la comisión de los diferentes tipos de delitos, también es cierto que esta entidad debe propender por velar y hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando el menor daño posible con sus actuaciones; de ahí que ni el señor Cruz Aguilar, ni su familia estén en la obligación de soportar el daño causado. En síntesis el fallo recurrido fue contraevidente, careciendo en consecuencia de rigor jurídico. 2.4.4. Se reitera que teniendo en cuenta que la actuación, del Fiscal Tercero Seccional, derivó en una sentencia que deja abierta la posibilidad de declarar la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía General de la Nación, esta deben incoar acción de repetición en contra de su funcionario, a fin de que respondan según las circunstancias y pruebas. Téngase en cuenta que el funcionario del ente antes indicado, al examinar las pruebas sobre las cuales se fundamentó el proceso penal, evidencia la falta de rigor jurídico en el análisis probatorio. En esta medida se trata del título de imputación de falla en el servicio que es de carácter subjetivo, mérito suficiente para poder solicitar se incoe acción 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48874 (250002326000201000238-01) de repetición, porque bajo ninguna consideración el Fiscal Delegado adecuaron un título de responsabilidad objetivo, como sería el título de responsabilidad de In dubio pro reo. Error inexcusable por que las personas que trabajan en la Fiscalía General de la Nación en lo penal, deben ser expertas en la materia y consecuencialmente en el análisis de las pruebas que permitan sustentar decisiones. 2.4.5. En este orden de ideas, luego de haber resultado absuelto en el proceso adelantado en contra del actor, a juicio de esta Delegada, se encuentra acreditada de manera subjetiva la responsabilidad a cargo de la demandada a título de falla en el servicio, por cuanto fue la entidad que dictó la medida de aseguramiento y la resolución de acusación con base en las que se produjo la detención preventiva del ahora demandante, por lo cual se debe acceder a las pretensiones de la demanda. De tal manera, que teniendo en cuenta que el señor Arcisio Cruz Aguilar, estuvo privado de la libertad durante cuatro (4) meses y siete (7) días, esta Delegada considera que de acuerdo a la valoración del caso y de acuerdo a las circunstancias particulares que emergen del mismo, deben atenderse los parámetros de indemnización conforme a la sentencia de unificación proferida por el Honorable Consejo de Estado del 28 de agosto de 2013. Así las cosas esta Delegada recuerda que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso al observar que se presentaron todos los

presupuestos normativos y jurisprudenciales para declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, solicita respetuosamente se CONFIRME la sentencia de primera instancia de acuerdo a los argumentos expuestos, y en consecuencia se acceda a las pretensiones. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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III. CONCLUSIÓN En concepto de esta Delegada de la Procuraduría General de la Nación, la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, del treinta (30) de septiembre de 2014, debe ser CONFIRMADA, al comprobarse la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación, pues quedó acreditado el daño antijurídico irrogado al demandante por la investigación penal de que fue objeto el señor Arcisio Cruz Aguilar, por lo cual se debe acceder a las pretensiones a partir del reconocimiento que hizo el fallo de primera instancia por concepto de daños morales y materiales a favor del actor.

Esta Delegada, de manera respetuosa solicita a la Honorable Corporación insistir en recordar a la Fiscalía General de la Nación que teniendo en cuenta que la actuación del Fiscal que instruyó el caso, derivó en una sentencia que deja abierta

la posibilidad de declarar la responsabilidad administrativa de esa institución, de conformidad con el Art. 90 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 678 de 2001, debe incoar acción de repetición en contra de su funcionario, a fin de que responda según las circunstancias y pruebas. De la H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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