PGN - DAÑO No fue posible demostrar la conexidad entre este y la conducta de las entidades

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad de entidades del Estado por muerte de persona por omisión en señalización de la vía RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política DAÑO ANTIJURÍDICO-La víctima no estaba en el deber jurídico de soportar/DAÑO No fue posible demostrar la conexidad entre este y la conducta de las entidades demandadas Esta Delegada observa que en primer lugar se deben analizar los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado, siendo el daño uno de estos, el cual debe ser antijurídico, es decir que lesione un bien o interés jurídicamente tutelado y que la víctima no está en el deber jurídico de soportar. En el caso sub judice, el actor pudo demostrar el daño, como fue la muerte del familiar de los actores. Ahora, sobre la conexidad entre el daño y la conducta de las entidades demandadas no fue posible demostrarlo, por cuanto que el informe de reconstrucción del accidente elaborado por la Fiscalía y que también atrás se citó, señala como causante del accidente la invasión que uno de los vehículos colisionados hizo del carril por donde venía el señor….. RESPONSABILIDAD CIVIL-Uno de sus pilares fundamentales es la solidaridad según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se compromete al acreditarse el nexo de causalidad, el daño antijurídico y el concepto de imputación FALLA DEL SERVICIO-No está demostrada en lo que respecta a entidades públicas demandadas …Siendo así, la falla en el servicio que debía ser probada por el actor, la cual no figura

demostrada y por el contrario, las pruebas allegadas al plenario indican como la causa eficiente el hecho de un tercero (en relación con las entidades demandadas). No así con relación a los particulares demandados distintos a la concesionada, pues como acabamos de decir, la causa eficiente del siniestro fue la invasión del carril izquierdo por parte del señor…. quien fue demandado junto con….y de manera que, el ad quo ha debido pronunciarse sobre la responsabilidad de estos demandados, quienes por aplicación del fuero de atracción en materia contenciosa, tenía competencia para afectarlos con la decisión, según jurisprudencia del Consejo de Estado del 24 de marzo de 2011 que se transcribió en uno de sus apartes dentro del marco teórico. En relación con la responsabilidad que podría tener IMPOCOMA LTDA, debemos señalar que no tuvo injerencia alguna, pues el hecho de ser la propietaria de la carga y el estar afiliada la tractomula a dicha empresa, no es un elemento que configure la legitimación pasiva en este proceso. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-No se encuentran demostrados los elementos configurativos de esta y que fueron imputados a entidades públicas demandadas

Finalmente en atención a lo anterior, y de acuerdo a que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la aplicación de la ley, en el presente caso, al observar que las entidades estatales demandadas, la sociedad concesionada y la firma IMPOCOMA LTDA, no tuvieron responsabilidad alguna en la ocurrencia de los hechos, solicitamos que se CONFIRME PARCIALMENTE la sentencia apelada, y declarar responsables a los señores…..en su condición de conductor del vehículo y al señor…..como propietario del camión invasor del carril izquierdo y quien escogió la persona para manejar su tractocamión y no realizó el control y vigilancia adecuada sobre la manera como manejaba el camión, a título de culpa in eligendi y vigilangi, condenándolos solidariamente al pago de la totalidad de los perjuicios pretendidos. De conformidad con la normatividad citada, con la jurisprudencia invocada y con las consideraciones hechas en este concepto, podemos decir que no se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial imputados al Ministerio del Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Instituto Nacional de Vías (Invías), Concesionaria Ruta del Sol S.A.S y la sociedad IMPOCOMA LTDA, producto del daño antijurídico, con ocasión del accidente de tránsito que le causó la muerte al señor……, pero si, en cabeza del conductor y el propietario del vehículo señores….,por lo tanto solicita al Consejo de Estado CONFIRME PARCIALMENTE la

sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 10 de agosto de 2017. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero CONCEPTO No 13/ 2018 Bogotá D. C, 2 de febrero de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora Marta Nubia Velásquez Rico

E. S. D Expediente: 2000123310042012000153 02

Acción: Reparación Directa Actor: María Esperanza Neira de Lagos y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia apelada/ Responsabilidad extracontractual accidente de tránsito/ Fuero de atracción/ Conducción de vehículo automotor catalogada como Actividad Peligrosa/ Culpa in eligengi.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda La señora María Esperanza Neira de Logos y otros, en ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron al Tribunal Administrativo del César, declarar la responsabilidad de la Nación –

Ministerio de Transportes, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Instituto Nacional de Vías (Invías), Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Anggio Fernándo Ayala Prada, Anibal Barajas y la Importadora y Comercializadora de Materias Primas IMPOCOMA LTDA, responsables por la muerte del señor GABINO LAGOS CALDERON, ocurrida el 25 de mayo de 2011, en el kilómetro 39+120, de la vía San Alberto – La Mata, jurisdicción del municipio 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero de Aguachica (Cesár), como consecuencia de la omisión o negligencia en la señalización de la vía en los reductores de velocidad, para que se les indemnice por los perjuicios morales equivalentes a 100 SMLMV, para cada uno como son, madre, esposa, hijos y nietos. Por perjuicio a la vida en

relación, 200 SMLMV y por lucro cesante las suma de $997.500.000. De igual modo, se solicita la condena en costas y en agencias en derecho. Por último, solicita que la condena sea indexada de conformidad con el artículo 178 del C.C.A, y se dé cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. Sostienen los actores, que el accidente se debió a la ausencia de señalización de los reductores de velocidad en la vía. 1.1.1 Contestación de la demanda por parte de la CONCESIONARIA RUTAL DEL

SOL S.A.S.

Alega que no es responsable del accidente, porque no existe norma legal que plasme la obligación de señalizar los tipos de dispositivos de control de velocidad (tachas reflectivas y bandas sonoras) que se encuentren instalados en el punto que se presentó el accidente, más allá de los que estaban instalados. Considera que los reductores de velocidad conforman un conjunto de elementos de seguridad vial, dentro de los cuales están incluidos los resaltos, que de acuerdo con la normatividad técnica, constituye un elemento cohercitivo que obliga a disminuir la velocidad, dado el daño que puede producir en el vehículo si se pasa por encima de ellos. En cambio, las tachas reflectívas y sonoras en ningún caso afectan la conducción de los carros que pasan por los mismos. Siendo así, no se requiere de señalización adicional para alertar su presencia y de acuerdo con el manual de señalización expedido por el Ministerio del Transporte, estos dispositivos no requieren de señalización vertical adicional a la que había en la via al momento del

siniestro. Sostiene también, que la falta de señalización no fue la causa eficiente del accidente, pues tanto testigos como el informe policial concluyen que el mismo obedeció a la conducta del conductor Aníbal Barajas, al invadir el carril izquierdo en una zona de alto tráfico vehicular. Es por ello, que propone como excepción de fondo, el hecho de un tercero como la causa eficiente del choque. 1.1.2. Contestación de la demanda por parte de Angelo Fernándo Ayala Prada (propietario del camión) Sostiene que el siniestro se debió a la falta de iluminación y señalización en el sitio de ocurrencia, tramo que por encontrarse en construcción, causó que el camión que 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero iba adelante del conducido por Anibal Barajas, no se percatara de la construcción y frenara repentinamente, configurándose de esta manera, una causa extraña por culpa de un tercero. También señala, que el accidente se debió al hecho de la víctima, pues el señor Lagos Calderón venía con exceso de velocidad, y lo sustenta en la hipótesis de que si hubiera venido despacio, sólo habría tenido fracturas y contusiones, lo que explica

también que el señor Barajas no haya muerto. Así mismo, llamó en garantía a Seguros del Estado estaba cubierto con el SOAT. 1.1.3. Contestación de la demanda por parte de Seguros del Estado. Propone que antes de ser afectada la póliza de responsabilidad civil para camiones y volquetas, se tenga en cuenta el valor cancelado por el SOAT a la esposa del occiso, Maria Esperanza Neira, en la suma de $5.353.000.oo ante una eventual declaración de responsabilidad por parte de los jueces. Siguiendo con el daño emergente, señala que su tope está plasmado en la suma de $50 millones, según lo estipula el artículo 1127 del Código de Comercio. Indica que por este concepto, la aseguradora no podrá ser condenada, toda vez que el daño emergente no fue demandado. Sobre el lucro cesante, esboza que no existe prueba de la dependencia económica entre la señora Neira y el causante, lo que conlleva a que no se configure un derecho a reclamar suma alguna de dinero por tal concepto. 1.1.4. Contestación de la demanda por parte de la sociedad IMPORTADORA Y

COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS – IMPOCOMA LTDA.

Esta firma asegura que la carga transportada en el camión conducido por Aníbal Barajas no fue la causante del accidente, sino, que el mismo se debió a las malas condiciones de la vía y a su falta de señalización. Es de anotar, que el camión estaba afiliado a esta empresa. 1.2. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesár, en fallo de primera instancia de fecha 10 de agosto de 2017, no concedió las pretensiones de la demanda, argumentando lo siguiente: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero  Señaló que en el plenario, no se encuentra demostrado que el vehículo de la víctima haya incurrido en una impericia en su conducción.  Observó que existen testimonios e informe de autoridad de tránsito, que dan cuenta que el accidente ocurrió por la ocupación del carril izquierdo por parte del camión infractor. También existe el croquis del accidente que da muestra de ello.  La Sala estableció, que la señalización en la vía no fue la causa eficiente del accidente, sino, que el mismo se debió al hecho de un tercero y no de las entidades demandadas, en razón a la invasión que del carril hiciera el vehículo que envistió a la víctima, siendo esta la causa eficiente del accidente y como tal, de la muerte de su conductor. 1.3. Argumentos de la apelación 1.3.1. El apoderado del actor presentó el recurso de apelación, basando su oposición en los siguientes aspectos: - La invasión al carril fue un acto involuntario del conductor del camión, provocado

por la intempestiva aparición del reductor de velocidad ante la ausencia de una señalización adecuada. - La causa de la invasión del carril izquierdo se debió a la ausencia de señalización que indicara la presencia de un reductor de velocidad, lo que derivó al chofer a realizar una intempestiva y refleja maniobra de conducción. - El fallo omitió los testimonios y el informe por la Policía de Tránsito sobre el accidente, que indica como posible causa del mismo, la falta de señalización en la vía. - La concesionaria Ruta del Sol vino a poner señales en el sitio del accidente, con posterioridad al mismo, lo que deriva en la necesidad de tales indicaciones. Así mismo señala que el fallo se basó en un peritaje pagado con posterioridad a los hechos, que hicieron pasar como anterior al mismo.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Se expresa en los siguientes términos: 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por la parte demandante 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero  ¿La Nación - Ministerio de Transporte y las demás entidades demandadas son responsables administrativamente, por el daño generado al señor

GABINO LAGOS CALDERÓN, a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 25 de Mayo de 2011, con un vehículo de propiedad de un particular? 2.1.2. Problema jurídico planteado por el Ministerio Público.  ¿Se configuran los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual por parte de la Nación – Ministerio de Transportes y otros por la conducción temeraria de un vehículo de propiedad de particular, que ocasionó el accidente de tránsito el 25 de mayo de 2011?  ¿Es posible la aplicación del fuero de atracción a los particulares que fueron demandados en su condición de conductor y propietario del vehículo que invadió el carril izquierdo? 2.2. Marco teórico, premisa normativa. Puede ser tenido como referente teórico el siguiente: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos, para que sea viable declararla: a. Una falla, representada en una actuación ilegítima, b. Un daño o perjuicio, y c. Un nexo causal entre el daño y la actuación. 2.2.2. Del nexo de causalidad, el daño antijurídico y el concepto de Imputación.

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero Corresponde a la idea de casualidad adecuada, la condición natural en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida capaz de producir el efecto que se ha realizado1. “El denominado régimen de falla o falta en la prestación del servicio, como régimen genérico o común en materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, es el aplicable a situaciones de hecho caracterizadas por la violencia o fuerza de la conducta desplegada, cuyo contenido o finalidad no es otro que el de atentar o desestabilizar las instituciones políticas, la existencia misma del Estado, el régimen político que determina su estructura y sistema de gobierno o las políticas trazadas por las diferentes autoridades a quienes ello compete en ejercicio de las funciones legislativa o ejecutiva, siempre que concurran los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, e l daño y e l nexo causal entre los dos anteriores , cuando quiera que la conducta activa u omisiva resulte imputable a la autoridad pública y que la valoración de dicha conducta conlleve a concluir y a afirmar que ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado Colombiano

dentro del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar. La responsabilidad del Estado resulta comprometida cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico, es decir, aquel que el afectado no tiene el deber jurídico de soportar; una falla del servicio por el defectuoso, tardío o inexistente cumplimiento de las funciones o deberes a cargo de la Administración; y e l nexo o relación de causalidad entre el uno y el otro, lo que implica necesariamente demostrar que fue esa falla en la prestación de l servicio la que produjo e l daño antijurídico . A su turno, la Administración se exonera de responsabilidad demostrando que obró diligentemente, es decir, que su proceder fue correcto y adecuado y que no incurrió en falla alguna del servicio, o acreditando la presencia de una causa extraña como lo es la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la culpa también exclusiva de un tercero, circunstancias que enervan la responsabilidad de la accionada”2. Ahora, es necesario analizar si estamos frente a un caso de responsabilidad objetiva o de riesgo excepcional o si por el contrario, estamos frente a un caso de responsabilidad subjetiva u ordinaria de un agente del Estado, para efectos de 1 LE TOURNEAU, Prilleppe. “La responsabilidad civil”, editorial Legis Bogotá D. C. Traducción de la primera edición 2003, pág. 82. 2 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera Magistrada Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordoñez, EXP. 2007472, de

fecha 11 de agosto de 2011. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero establecer el alcance de la imputación a cargo o no de la Nación. Siendo así, debemos analizar el régimen de responsabilidad “por riesgo excepcional”, y para ello, pertinente es transcribir dos de las jurisprudencias que el Consejo de Estado ha proferido sobre el tema en los siguientes términos:3 “ Dados los supuestos fácticos descritos, resulta necesario precisar el contenido y alcance de los parámetros con arreglo a los cuales el Estado debe responder frente a casos como el presente, marco en el cual se le atribuye el daño causado por la conducción de redes eléctricas. Al respecto, esta Sala considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 14 de junio de 2001, en el cual se señaló: (…) Esta Sala en otra oportunidad y con ocasión de un debate sobre la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento o la instalación de redes eléctricas y de alto voltaje manifestó lo siguiente: (…) Como se observa, el régimen de imputación del riesgo excepcional mantiene como asidero y fundamento el concepto de daño antijurídico (artículo 90 de la C.P.), en la

medida en que éste comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado cuyo titular –quien ha sufrido las consecuencias de un riesgo anormal-, no se encuentra en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas. Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la Administración, para exonerarse de responsabilidad, la carga de probar la inexistencia de nexo causal por la ocurrencia de una causa extraña. En este caso, debe precisarse que debido a que el hecho dañoso demandado se produjo como consecuencia del ejercicio de una actividad riesgosa (conducción de energía a través de redes eléctricas), quien realiza este tipo de actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros, puesto que los mismos son inherentes al ejercicio de dicha actividad, sin que se requiera prestar atención a la existencia o no de una culpa del responsable, toda vez que –bueno es reiterarlo–, bajo este régimen de responsabilidad objetiva (riesgo excepcional), quien realiza esta actividad solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o por el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero.” En similar sentido, el alto tribunal sostuvo:4 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de marzo de 2014, número interno 19.067 4 Consejo de Estado, sección tercera, 24 de marzo de 2002, número interno 13.657 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero En relación con los daños causados con armas de fuego, energía eléctrica o la conducción de vehículos automotores, la Sala ha aplicado el régimen de responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo que crea quien explota la actividad, lo cual hace surgir una presunción de responsabilidad contra el causante del daño, que sólo se exonera si acredita la existencia de una causa extraña. La conducción de vehículos automotores constituye un riesgo potencial permanente para la vida e integridad de las personas, que socialmente se tolera en razón de los beneficios generales que la actividad representa. Cuando se produce un daño relacionado con dicha actividad, lo que debe analizarse es si éste constituye realización del riesgo, por haberse desencadenado el potencial dañoso de la actividad, o si el resultado es ajeno al riesgo y la actividad peligrosa sólo fue causa pasiva en la producción del daño. Por lo tanto, la entidad que ejerce la actividad peligrosa debe responder por el daño siempre que el hecho le sea imputable, aun cuando por circunstancias internas el peligro latente que envuelve la actividad se haya desencadenado sin su culpa, es decir, responde aún en los supuestos de caso fortuito, pero no automáticamente por el sólo hecho de haber participado la actividad pasivamente en la acusación del daño. En consecuencia, cuando interviene una causa extraña como la culpa

exclusiva de la víctima, la fuerza mayor o el hecho de un tercero cuando es causa exclusiva del daño y además, que haya sido imprevisible e irresistible para la entidad, ésta se exonera de responsabilidad. En síntesis, la entidad responsable del servicio asume patrimonialmente frente a las víctimas los riesgos que su explotación genere, pero sólo en la medida en que éstos sean causa eficiente del daño. (Subrayado nuestro) La anterior jurisprudencia nos permite establecer las consideraciones y la validez que la teoría del riesgo excepcional por actividades peligrosas, como la conducción de vehículos automotores, como una forma de responsabilidad objetiva reiterativamente aceptada por la corporación. Ahora, como la conducta desplegada por los agentes estatales y el Estado mismo no era la de conducir un vehículo, sino, que la imputación que se pretende es por la insuficiente demarcación de un reductor de velocidad en la vía, necesariamente debemos señalar que estamos frente a un caso de responsabilidad estatal objetiva, en donde resulta fundamental demostrar la falla en el servicio por parte de las entidades demandadas. 2.2.3. Carga de la prueba. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero

En ese orden de ideas, tal y como señala el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y concordantes, vigente para la época de los hechos, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte

demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos”5. 2.2.4. Fuero de atracción en materia Contenciosa Administrativa. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp: 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. 60236 2000123310042012000153 02

Jaime Castro Borrero Dado que en el presente litigio se ha demandado también a un particular, es necesario que se estudie el tema del fuero de atracción, caso sobre el cual el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:6 “…Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 11 de agosto de 2000, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda respecto de las entidades públicas demandadas y decidió inhibirse para pronunciarse de fondo frente a la

Central Hidroeléctrica de Caldas. Previo a decidir el fondo del sub examine, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones: Según se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, la presente acción se encuentra dirigida contra el Departamento de Risaralda, el Municipio de Dosquebradas, el Área Metropolitana Centro Occidente, la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC y la NaciónMinisterios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía. Ahora bien, comoquiera que junto con las entidades públicas antes relacionadas se demandó también a una empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta (CHEC), resulta irrelevante detenerse a determinar la composición accionaria y/o el porcentaje de participación estatal en dicha entidad, puesto que desde un principio le resulta aplicable el llamado fuero de atracción. En efecto, en virtud de dicha figura, al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y contra otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de todas las entidades demandadas. Por lo tanto, se concluye que esta Corporación es competente para pronunciarse respecto de la responsabilidad que le pudiere ser atribuida a cualquiera de las entidades demandadas que fueron demandadas en el presente asunto...” (cursivas fuera de texto) 2.2.5. De la culpa “in eligendi in vigilandi”.

En nuestra legislación tiene su consagración legal