PGN - DAÑO No se puede acreditar la existencia del mismo, debe estar debidamente probado

ACCION DE GRUPO-Responsabilidad de la nación mindefensa nacional ejercol por desaparición forzada PROCEDENCIA DE LA ACCION-Fundamento legal y jurisprudencial El artículo 3° de la Ley 472 de 1998 señala lo siguiente: “Acción de Grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. ”La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.” El H. Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los requisitos de esta acción, así: “De modo que las acciones de grupo se enderezan a resarcir un perjuicio ocasionado a un número plural de personas, que la ley fijó en un mínimo de veinte. Se trata, entonces, de acciones de naturaleza eminentemente indemnizatoria las cuales se configuran a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, para todos aquellos que se han visto afectados. (Subraya la Sala). Es decir, por medio de las acciones de grupo un conjunto de personas que hayan sufrido daños en condiciones uniformes respecto de una misma causa, pueden demandar la satisfacción de sus intereses individuales o subjetivos para que se les reconozca una indemnización que les repare los perjuicios padecidos. “Como el fin, móvil o motivo de la acción de grupo, está constituido por la posibilidad de obtener, a través de un mismo proceso, la reparación del daño que ha sido causado a una pluralidad de personas -mínimo de 20-, con un mismo hecho o varios hechos siempre que

constituyan causa común, debe ser ejercida con la exclusiva pretensión de reconocimiento y pago de los perjuicios.” CARGA DE LA PRUEBA-En las acciones de grupo Según el artículo 46, inciso 2°, de la Ley 472 de 1998 la acción de grupo debe ser ejercida exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios y conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable a esta clase de acciones por remisión del artículo 68 de la aludida ley "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". Es de resaltar, que este tipo de acción exige los mismos requisitos predicables de las acciones resarcitorias en las cuales son elementos indispensables para la determinación de la responsabilidad a cargo de la demandada, que se pruebe la existencia del daño. La sola afirmación de haber recibido un daño no es suficiente para acreditar la existencia del mismo, ya que los perjuicios deben estar debidamente acreditados en este tipo de acciones mediante las cuales se busca exclusivamente obtener el reconocimiento y pago de una indemnización. Con la sola afirmación por parte del accionado de la existencia de un daño que ocasionó perjuicios, no se puede acreditar la existencia de los mismos, ya que éstos deben estar debidamente probados, toda vez que por ser la acción de grupo exclusiva para buscar el reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios necesario probar la existencia de la ocurrencia del daño y la generación y monto de los perjuicios.

DESAPARICION FORZADA-Pruebas

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 DESPLAZAMIENTO FORZADO-No se aportaron pruebas. DAÑO-No se puede acreditar la existencia del mismo, debe estar debidamente probado NEXO CAUSAL-Es necesario probarlo entre la conducta que se endilga a la entidad estatal y los daños por los que se reclaman

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 026/2019

Bogotá D. C., 15 de febrero de 2019 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente doctor JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS

E. S. D.

Ref: Proceso 05001233300020140097701

Acción de Grupo

Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. PRETENSIONES

Mercedes Tuberquia Graciano, Ana de Jesús Graciano Sánchez, Edgar Antonio Tuberquia Graciano, Pedro Antonio Tuberquia Graciano, Alfredo Tuberquia Graciano, Oscar Tuberquia Graciano, Lenis Katerin Tuberquia Sánchez, Badelly Amparo Tuberquia Sánchez, Uberlina de Jesús Tuberquia Graciano, Andrés

Tuberquia Graciano, Blanca Nubia Tuberquia Graciano, Shirley Tatiana Graciano Tuberquia, Jerlinson Yesid David Tuberquia, Jeidy Vanesa David Tuberquia,

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 Martha Cecilia Tuberquia Graciano, Cristina Tuberquia Tuberquia, Santiago Herazo Tuberquia, John Kenedy Tuberquia Graciano, Alexander de Jesus Tuberquia Graciano y Jhoan Alexis David Tuberquia presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y solicitaron perjuicios morales, materiales e inmateriales ocasionados a los demandantes por la desaparición forzada de su padre, esposo, abuelo, hermano y tío de los señores Factor Emilio Tuberquia y Pablo Emilio Tuberquia Graciano, así como por el desplazamiento forzado de que fue objeto toda la familia, por parte de un grupo al margen de la ley. Dicha acción de grupo tiene como fundamento los siguientes hechos: La familia Tuberquia Graciano, vivía con sus hijos y nietos en la vereda la Esperanza del Municipio de Dabeiba y eran propietarios de una franja de tierra en la cual cultivaban café, algunas cabezas de ganado y marranos para la comercialización además de cultivos de pan coger de los cuales obtenían ingresos para su manutención. En el mes de enero de 1999 se dio la desaparición del joven Pablo Emilio Graciano Sánchez y el 12 de mayo de 2000 la del señor Factor Emilio Tuberquia, ambos aún

continúan desaparecidos. Debido a la desaparición forzada de Pablo Emilio Graciano Sánchez y Factor Emilio Tuberquia, la familia Tuberquia Graciano se vio obligada a desplazarse forzadamente a la ciudad de Medellín. 1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 71 a 112 C. 1) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Señaló que debe probarse que la familia Tuberquia Graciano vivía con sus hijos y nietos en la vereda La Esperanza del Municipio de Dabeiba así como también que fuesen propietarios de una franja de tierra, por cuanto la parte actora no aporta ninguna prueba que dé cuenta de lo afirmado. Sostiene que no existe prueba de la desaparición forzada de los señores Factor Emilio y Pablo Emilio Graciano, que lo único que obra en el expediente es una constancia de la denuncia de los hechos y que los mismos se encuentran en verificación.

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 Propuso como excepciones la “inexistencia de los presupuestos de responsabilidad por parte de la entidad”, la “inexistencia de nexo causal”, la “falta de legitimación en la causa por pasiva”, la “indebida representación”, la “caducidad de la acción”, el “hecho de un tercero”, la “inexistencia de los medios probatorios”, la “inexistencia de la obligación” y la “genérica que se encuentre probada en el proceso”.

1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 208 a 219 C. Consejo de Estado) declaró no probadas las excepciones de caducidad de la acción de grupo, indebida representación y falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por la entidad mandada y negó las pretensiones de la demanda argumentando que no obra prueba en el expediente que permita establecer que la ocurrencia del daño resulte imputable a la entidad demandada. 1.4. LA IMPUGNACION - El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 224 a 242 C. del Consejo de Estado) argumenta que a la entidad demandada no le es imputable la producción del daño y que con la sola afirmación por parte del accionante de la existencia de un daño que ocasionó los perjuicios, no se puede acreditar la existencia de los mismos, estos deben estar debidamente probados. Y agrega que siendo la acción de grupo exclusiva para buscar el reconocimiento y el pago de una indemnización de perjuicios, es necesario probar el nexo causal entre la conducta que se endilga a la entidad estatal y los daños por los que se reclaman perjuicios y en el caso sub examine no fue posible establecer el nexo causal, por tanto las pretensiones de la demanda no pueden prosperar.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. PROBLEMA JURÍDICO Establecer si cabe imputar responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los daños ocasionados al grupo de la señora Mercedes

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094

Tuberquia Graciano y otros como consecuencia de la desaparición forzada de los señores de los Factor Emilio Tuberquia y Pablo Emilio Tuberquia Graciano y por el desplazamiento forzado de su familia. 2.2. PROCEDENCIA DE LA ACCION El artículo 3° de la Ley 472 de 1998 señala lo siguiente: “Acción de Grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. ”La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.” El H. Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los requisitos de esta acción, así: “De modo que las acciones de grupo se enderezan a resarcir un perjuicio ocasionado a un número plural de personas, que la ley fijó en un mínimo de veinte1. Se trata, entonces, de acciones de naturaleza eminentemente indemnizatoria2 las cuales se configuran a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, para todos aquellos que se han visto afectados3. (Subraya la Sala). Es decir, por medio de las acciones de grupo un conjunto de personas que hayan sufrido daños en condiciones uniformes respecto de una misma causa, pueden demandar la satisfacción de sus intereses individuales o subjetivos para que se les reconozca una indemnización que les repare los perjuicios padecidos. “Como el fin, móvil o motivo de la acción de grupo, está constituido por la posibilidad de obtener, a través de un mismo proceso, la reparación del daño que ha sido causado a una pluralidad de personas -mínimo de 20-, con un mismo hecho o varios hechos siempre que constituyan causa

común, debe ser ejercida con la exclusiva pretensión de reconocimiento y pago de los perjuicios.” En cuanto al concepto de causa común, en la misma providencia se dijo lo siguiente: “En nuestro medio, ni la Constitución Política ni la Ley suministran una respuesta al interrogante de qué se entiende por causa común en las acciones de grupo. Es cierto, el artículo 88 constitucional consagró este tipo de acciones como aquellas ‘…originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas…’ y, por su parte, la Ley 472 de 1998, en varias de sus disposiciones introdujo expresiones tales como ‘una misma causa’ o ‘una misma acción u omisión’ o unos ‘mismos hechos’, pero no concretó qué habría de entenderse por esas expresiones. 1 Cfr. Aunque se presente por un número inferior basta con que la demanda se señalen los criterios que permitan identificar el grupo a nombre del cual se interpone la acción y que éste se integra al menos por 20 afectados, vid. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Auto de 10 de febrero de 2005, Exp. No. AG-25000-2306-000-2001-00213-01 fl. 1283, Actor: Jesús Emel Jaime Vacca y otros, Demandado: La NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional-Policía Nacional, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 2 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C - 215 de 1999, M.P. Martha Sáchica Moncaleano. 3 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C - 1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 ”(…) “(…), en relación con el concepto de causa común, esta Corporación consideró que este aspecto debía determinarse con fundamento en la identidad de los actos o hechos de los cuales se afirma proviene el daño: ”Si los perjuicios reclamados por los demandantes provienen de distintos actos o hechos aquéllos carecen de legitimación para ejercer la acción de grupo, en tanto que la diversidad de causas implica la improcedencia del trámite especial previsto para éste tipo de acciones’4. ”No obstante, con un criterio más amplio, señaló también que la identidad de la causa no debe establecerse a partir de la uniformidad de los hechos considerados en sí mismos sino a partir de la unidad que pueda predicarse de la conducta o conductas imputables al demandado o a los demandados: ”(...) la unidad de causa tiene un entendimiento distinto; pues la ley no la predica desde el punto de vista numérico de los hechos constitutivos de la causa, SINO DE LA UNICIDAD DE CAUSA en la alegación del daño, así el hecho causal dañino sea uno o múltiple; lo que se exige es que la causa dañina para todos los actores provenga de la misma conducta o de las mismas conductas, de un demandado o de varios demandados, concurrentemente o independientemente en cuanto a la imputabilidad del daño. Se reitera entonces que la causa puede provenir de una o varias conductas (de acción o de omisión) y mantiene UNICIDAD

respecto de las personas afectadas cuando ellas predican la ocurrencia del daño sufrido, y por igual, a esas causas’5. (Subraya la sala) ”Posteriormente, esta Corporación en Sentencia de 6 de agosto de 2006, tuvo nuevamente la oportunidad de pronunciarse sobre el punto; aceptó, inicialmente, la anterior forma de interpretación sobre las condiciones uniformes respecto de una misma causa, pero realizó dos precisiones adicionales, así: ”(…) Primero, frente a los elementos de la responsabilidad que se ven envueltos en la expresión “condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó los daños al grupo”, el Consejo de Estado considera que, no sólo se hace referencia al NEXO DE CAUSALIDAD, sino también y de forma principal, al HECHO GENERADOR DEL DAÑO, puesto que se habla de condiciones uniformes respecto de una misma CAUSA del daño, por lo que el primer paso que debe darse en este análisis, es identificar los hechos generadores del daño que se alegan en el caso concreto, los cuales deben aparecer como comunes a todos los miembros del grupo. ”El HECHO GENERADOR DEL DAÑO es aquella circunstancia que genera los respectivos perjuicios sufridos, es la acción u omisión, en si misma considerada, por la cual se cree se causaron los daños; en frente de éste, la administración de justicia cuando va admitir una demanda de acción de grupo, debe identificar que los daños sufridos por la pluralidad de personas, se imputan a un mismo hecho generador, para de allí extraer las condiciones uniformes que los identifican como GRUPO. (…) “(…) “La segunda precisión que debe hacerse, se refiere al NEXO DE CAUSALIDAD, pues si

bien el Consejo de Estado comparte que su estudio debe ser netamente jurídico más que fáctico, no sobra señalar que esta Corporación ha tratado este tema desde hace mucho tiempo, haciendo la distinción entre imputación fáctica y jurídica6. La primera referida al 4 Sentencia de 22 de enero de 2004, Exp. AG-73001-23-31-000-2002-01089-01. 5 Providencia del 10 de junio de 2004, exp: AG-23001-23-31-000-1999-00116-02. 6 “En relación con los hechos que inciden en la producción de un daño, es importante diferenciar las imputaciones fácticas y jurídicas, entendidas las primeras como las indicaciones históricas referidas a los hechos en los cuales el demandante edifica sus pretensiones, o el señalamiento de las causas materiales en criterio de quien imputa, que guardan inmediatez con el hecho y que, se considera, contribuyeron desde el punto de vista físico a la concreción del daño. En tanto que las imputaciones jurídicas aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones (constitucionales, administrativas, convencionales, legales o contractuales) en

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 normal transcurso de los hechos, teniendo en cuenta que es causa de un daño, toda aquella modificación del mundo exterior antecedente al daño y, la segunda, que va mucho más allá de los hechos, referida a los vínculos jurídicos que nacen del comportamiento humano y que de una u otra forma, unen a las personas, por ejemplo, la responsabilidad por el hecho de

las cosas. “El NEXO DE CAUSALIDAD se ha definido como aquella relación natural o jurídica que existe entre una conducta nociva y el daño. (…) “La Sección Tercera del Consejo de Estado, ha determinado éste vínculo, la mayoría de las veces, teniendo en cuenta dos teorías: la de la equivalencia de las condiciones y, más recientemente, la teoría de la causalidad adecuada, la primera, referida a que toda condición anterior al resultado nocivo, es causa del mismo, siempre y cuando, de no haberse presentado ésta no se daría el resultado, lo que traía el problema de generar una regresión al infinito (por ejemplo, en la muerte causada por arma de fuego, aún el vendedor del arma sería causa de ésta) y, la segunda, según la cual, es causa del daño aquella condición que en un juicio ex-ante, se determina como la causa más probable -eficiente y determinantedel daño (teoría basada en las reglas de la probabilidad); una diferencia muy notada entre estas dos teorías radica en que la primera trata el nexo causal de forma esencialmente fáctica, pues mira directamente TODAS las condiciones anteriores al daño, mientras que la causalidad adecuada permite tener un enfoque más jurídico frente a este fenómeno…’ 7 ”De acuerdo con lo anterior, la Sala en el fallo transcrito puntualizó que en el análisis de las condiciones uniformes respecto de una misma causa que generó perjuicios, como requisito de procedibilidad de la acción, debe realizarse así: i) en primer término identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; ii)

en segundo término, mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo; y iii) finalmente,’…el resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños originados en uno o varios hechos generadores comunes a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la acción…’ ”En tal virtud, si una vez efectuado el análisis de la relación de causalidad, se concluye que los daños sufridos por el grupo tienen un mismo hecho o cadena de hechos como fuente eficiente única, se cumple con el requisito de comunidad en la causa que predican las normas de la Ley 472 de 1998. Este análisis debe ser el resultado de la aplicación de criterios razonables por parte del Juez, que consulten la realidad que se le somete a su consideración con la acción de grupo y bajo la perspectiva de que el hecho común generador de los daños reclamados no tiene que ser entendido de manera esencialmente natural sino desde una óptica jurídica, porque es posible que se presenten varios eventos ligados en tal forma que legalmente sean uno mismo.”8 2.3. DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LAS ACCIONES DE GRUPO las cuales se plasma el derecho de reclamación.” CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de

2004. Exp. 14338 Actor: Rafael Antonio Artunduaga Bastos y otros. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. En el

mismo sentido: Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 2002. Exp. 13818. Actor: Ana Lucía Reinosa Castañeda y otros. Consejero Ponente: María Elena Giraldo Gómez.; Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Exp.

13774. Actor: Sociedad Jassir Gómez y Cía. Ltda. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.”

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de agosto de 2006, Exp. 250002324000-2005-(AG0495)-01, Sección Tercera, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. La Sala aclaró en esta providencia que, en el ejemplo que citó la Corte Constitucional en la Sentencia C569 de 2004, relacionado con la afectación de los intereses de los consumidores por productos defectuosos y según el cual si se hacía una imputación puramente fáctica, existían tantos nexos de causalidad como contratos, por lo que no podría hablarse de condiciones uniformes respecto de una misma causa y no quedarían protegidos estos intereses por la acción de grupo, ello no se debe a un enfoque fáctico del nexo, sino a una mala identificación de las causas de un daño, pues, por el contrario, fácticamente la mala producción del bien también sería causa del daño. 8 Sentencia del 16 de abril de 2007, Exp. 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG)

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094

Según el artículo 46, inciso 2°, de la Ley 472 de 1998 la acción de grupo debe ser ejercida exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios y conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable a esta clase de acciones por remisión del artículo 68 de la aludida ley "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". Es de resaltar, que este tipo de acción exige los mismos requisitos predicables de las acciones resarcitorias en las cuales son elementos indispensables para la determinación de la responsabilidad a cargo de la demandada, que se pruebe la existencia del daño. La sola afirmación de haber recibido un daño no es suficiente para acreditar la existencia del mismo, ya que los perjuicios deben estar debidamente acreditados en este tipo de acciones mediante las cuales se busca exclusivamente obtener el reconocimiento y pago de una indemnización. Con la sola afirmación por parte del accionado de la existencia de un daño que ocasionó perjuicios, no se puede acreditar la existencia de los mismos, ya que éstos deben estar debidamente probados, toda vez que por ser la acción de grupo exclusiva para buscar el reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios necesario probar la existencia de la ocurrencia del daño y la generación y monto de los perjuicios.

2.4. CASO CONCRETO

2.4.1. DE LAS PRUEBAS Y SU ANALISIS

2.4.1.1. DE LA DESAPARICION FORZADA Al proceso se allegaron las siguientes pruebas: - Certificación de la Fiscalía 50 de la Unidad de Fiscalía Seccional de Dabeiba, donde

se señala que se adelantó investigación radicada bajo el N°. 3364 por el delito de desaparición forzada donde aparece como víctima el señor Factor Emilio Tuberquia, en hechos ocurridos en el año 2000 y que el 30 de julio de 2008 se profirió resolución Inhibitoria (fl 64 C. 1).

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 - Constancia de denuncia expedida por la Unidad Básica de Investigación Criminal de Dabeiba donde se señala que el 28 de mayo de 2011 se recepcionó denuncia por la desaparición del señor Pablo Emilio Tuberquia Graciano ocurrida en el mes de enero de 1999 (fl. 65 C. 1). - Constancia de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que señala que consultado el archivo nacional de identificación, se pudo establecer que las cédulas 8415550 y 6631251 a nombre de Pablo Emilio y Héctor (sic) Emilio Tuberquia a la fecha se encuentran vigentes sin novedad (fl. 167 C. 1). 2.4.1.2. DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO No se aportaron pruebas. En el sub examine, la acción de grupo fue formulada por la señora Mercedes Tuberquia Graciano y su grupo familiar, contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, pretendiendo la indemnización por los perjuicios causados por la desaparición de los señores Factor Emilio Tuberquia y Pablo Emilio Tuberquia Graciano y el desplazamiento forzado del grupo presuntamente afectado.

Argumentan que la causa jurídica originaria del daño en esta acción de grupo, es la omisión de las autoridades de no haber brindado la debida protección por lo que el análisis de la responsabilidad patrimonial solicitada debe hacerse bajo el título de falla en el servicio, en el cual, corresponde probar a quien alegó las afirmaciones los elementos que estructuran la responsabilidad: esto es la conducta de omisión, retardo, irregularidad ineficiencia de la Administración; el daño antijurídico y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre la anomalía y el daño. Respecto a la acreditación de que los miembros del grupo demandante sean desplazados, al plenario no se allego ninguna prueba que acredite su situación de desplazamiento. En cuanto al material probatorio recaudado se logró acreditar que se presentó denuncia por la desaparición forzada de los señores FACTOR EMILIO TUBERQUIA y

PABLO EMILIO TUBERQUIA GRACIANO.

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 Está establecida la existencia del daño antijurídico frente al tema de la desaparición forzada, pero no existe forma de atribuir el daño endilgado a la entidad demandada, toda vez que no se encuentra demostrado, que el origen de las desapariciones forzadas de los señores Pablo Emilio y Factor Emilio Tuberquia fueran ocasionadas por la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, bajo el régimen de responsabilidad de falla en el servicio por omisión; por cuanto no se cumple con los

requisitos del régimen de responsabilidad aplicable con los cuales se permita concluir que se configura este tipo de falla en el servicio; esto es, no se probó la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada, de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios y la consecuente omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; un daño antijurídico y la relación causal entre la omisión y el daño. Como bien concluye el Tribunal de Primera Instancia “…no obra prueba en el expediente que permita establecer que la ocurrencia del hecho dañino resulte jurídicamente imputable a la entidad pública en cuestión, y mucho menos que el incumplimiento de tal contenido obligacional a cargo de la Administración pueda tenerse como una imputación adecuada del daño, en la medida en que la parte demandante no concurrió a determinarlo y, por ende, no se puede comprometer la responsabilidad de la entidad demandada pues, no se configura un nexo causal entre el daño y la imputación que se le hace al Ejército Nacional.” “En consecuencia, se impone concluir que a la entidad demandada no le es imputable la producción del daño, así las cosas, en gracia de discusión en caso de que existiera algún tipo de daño, de las pruebas aportadas se vislumbra el rompimiento del nexo de causalidad entre una presunta conducta omisiva de la entidad demandada. Para el Ministerio Publico con la sola afirmación por parte del accionante de la existencia de un daño que ocasionó perjuicios, no se puede acreditar la existencia de

los mismos, deben estar debidamente probados, es necesario probar el nexo causal entre la conducta que se endilga a la entidad estatal y los daños por los que se reclaman perjuicios. Como en el proceso no fue posible establecer el nexo causal, las pretensiones de la demanda no pueden prosperar.

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 CONCLUSION De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público solicita confirmar el fallo recurrido y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

REOG/AMV

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094