PGN-DE CONSTITUCIONALIDAD-Las medidas son connaturales al

Procurador General REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD-De la norma que establece instrumentos jurídicos para el desarrollo del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD-Las medidas son connaturales al proceso de paz/REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD-Las disposiciones adoptadas no exigen una especial deliberación democrática El Ministerio Público considera que esas medidas se requieren de manera urgente, son connaturales a esta clase de procesos de paz, con el fin de facilitar la ejecución del cronograma del proceso de dejación de armas, el tránsito hacia la legalidad, y así lograr la reincorporación a la vida civil. En segundo lugar, las disposiciones adoptadas no exigen una especial deliberación democrática, puesto que solo está extendiendo la medida de la suspensión de las órdenes de captura hasta la conformación de la JEP, jurisdicción que está llamada a definir la situación jurídica de los miembros del grupo armado. Además, como lo señala el Acuerdo Final, en relación con las personas que se acojan a las medidas de justicia, como elemento esencial de la transición a la paz, el sistema debe garantizarles la seguridad jurídica. En tercer lugar, la norma tiene por finalidad proteger intereses especialmente tutelados en la Constitución, como la libertad personal, por cuenta de razones de especial interés público y con el fin de hacer efectivo el derecho a la paz (artículo 22 C.P.). Además, vale la pena señalar que el numeral 17 del artículo 150 de la Carta Política contempla que las amnistías o indultos, y extensivamente los beneficios penales, sólo pueden ser concedidos “por graves motivos de conveniencia pública”. En tal sentido, la satisfacción

efectiva de dichas razones, justifica la necesidad de acudir a las facultades presidenciales para la paz. Finalmente, la medida en cuestión resulta ser un aspecto medular en la implementación de los acuerdos en desarrollo del principio de la buena fe (artículo 83 C.P.), ya que, la materialización eficiente y pronta de los beneficios de libertad entregados a los desmovilizados representa unos instrumentos para generar confianza y seguridad entre los sujetos interesados en el cumplimiento de los mismos. REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD-La suspensión de las órdenes de captura y de extradición es constitucionalmente admisible Al confrontar materialmente el contenido establecido por el Decreto Ley 900 de 2017 con la Carta Política, se evidencia que dicha normatividad no viola el Texto Superior, el artículo 1º del Decreto Ley en estudio, adiciona el parágrafo 3º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Ley 1779 de 2016, en el sentido de mantener suspendida la ejecución de las órdenes de captura expedidas, o que hayan de expedirse, u órdenes de extradición, contra los miembros de las FARC-EP, hasta que la JEP resuelva su situación jurídica, una vez entre en funcionamiento dicha jurisdicción, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra. Esta medida de carácter excepcional tiene como fin lograr el tránsito de la legalidad y la reincorporación a la vida civil de los integrantes de dicha organización,

además de garantizar su protección y seguridad jurídica. Procurador General Concepto No. DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD-Se trata de una medida excepcional de carácter provisional pues la JEP proferirá las decisiones definitivas El Ministerio Público considera que la suspensión de las órdenes de captura y de extradición es constitucionalmente admisible, en tanto se trata de una medida excepcional, de carácter provisional –pues la JEP proferirá las decisiones definitivas-, con una justificación loable, idónea y razonable frente a los fines que persigue; además, la figura es propia de los acuerdos de paz, fortalece la confianza en la palabra estatal y ayuda a acelerar el desarrollo de la reintegración a la institucionalidad de los miembros del grupo insurgente. En suma, el decreto con fuerza de ley analizado no desconoce el Texto Superior, por lo que el Ministerio Público solicitará a la Corte Constitucional declarar su exequibilidad. La norma que señala la vigencia del decreto es constitucional por cuanto contempla una de las fórmulas tradicionales admisibles para dicho fin, es decir, la producción de efectos a partir de su promulgación. REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia de la Corte Constitucional 2 Procurador General Concepto No.

Bogotá, D.C., 30 DE JUNIO DE 2017

Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Decreto Ley 900 del 29 de mayo de 2017, “Por el cual se adiciona el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, a su vez modificado por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016 y se

dictan otras disposiciones”.

Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo

Expediente RDL-033 Concepto 6347 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, y en el artículo 2°, inciso 3°, del Acto Legislativo 01 de 2016, rindo concepto en relación con el Decreto Ley Número 900 del 29 de mayo de 2017, “Por el cual se adiciona el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, a su vez modificado por el artículo 1o de la Ley 1779 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas en el artículo 2°, inciso 1°, del Acto Legislativo 01 de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación: “DECRETO LEY NÚMERO 900 DE 2017 29 MAYO 2017 ‘Por el cual se adiciona el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, a su vez modificado por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016 y se dictan otras disposiciones’ EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016 ‘Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, y CONSIDERANDO Que el artículo 22 de la Constitución Política dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; así mismo el artículo 188 ibídem, dispone

que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el 3 Procurador General Concepto No. cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos; Que el día 24 de agosto de 2016 se llegó por parte de delegados plenipotenciarios del Gobierno Nacional y miembros representantes de las FARCEP a un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Que en la búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación definitiva del conflicto armado el Gobierno Nacional suscribió, el 24 de noviembre de 2016, con el grupo armado organizado al margen de la ley Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARCEP), un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y el día 1 de diciembre dicho acuerdo fue refrendado por el Congreso de la República; Que el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016 consagró un artículo transitorio en el cual se conceden facultades presidenciales para la paz, el cual señala que el Presidente de la República, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo queda facultado para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; La finalidad perseguida con el uso de las facultades extraordinarias se cumple en este caso, ya que a través del trámite legislativo especial, por muy expedito

que pueda ser, no se alcanzan a tener a tiempo las disposiciones previstas en el presente decreto ley, en especial y con mayor urgencia, las referidas a la suspensión de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley concentrados en las zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención de citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas ante el representante de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; La necesidad urgente de reglamentar a través del presente instrumento legal la suspensión de los efectos de las órdenes de captura de los miembros de las FARCEP se justifica en el hecho de que permanentemente los miembros de la organización en proceso de tránsito a la legalidad necesitan ausentarse de las zonas para adelantar actividades programadas derivadas del acuerdo o de los protocolos, relacionadas con la implementación de los acuerdos o con la preparación para las tareas de reincorporación y para cumplir con citas médicas o atención de urgencia; 4 Procurador General Concepto No. Que el parágrafo 2º del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 1738 de 2014, y a su vez modificada por la Ley 1779 de 2016, establece que: ‘Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de

las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.’ Que según el mencionado parágrafo, respecto de la suspensión de las órdenes de captura ‘para tal efecto, el Gobierno nacional comunicará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichos grupos armados organizados al margen de la ley. Las partes acordarán mecanismos de verificación conjunta de los acuerdos, diálogos o acercamientos y de considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificación’. Que el parágrafo 3º del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 1738 de 2014 y a su vez modificada por la Ley 1779 de 2016, dispone que ‘el Gobierno nacional o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso. Adicionalmente, si así lo acordaran las

partes, a solicitud del Gobierno nacional y de manera temporal se podrá suspender la ejecución de las órdenes de captura en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, por fuera de las zonas, para adelantar actividades propias del proceso de paz.’ Que respecto de dicha medida consagrada por el legislador, la H. Corte Constitucional se pronunció en la sentencia de constitucionalidad C048 de 2001 expresando que la suspensión de las órdenes de captura es una limitación a la aplicación de la ley penal, en lo que respecta al cumplimiento de medidas de aseguramiento y ejecución de penas, entre otras, que no exime de responsabilidad penal, sino que paraliza la acción de la fuerza pública en relación con la búsqueda de las personas cuya privación de la libertad fue judicialmente ordenada. 5 Procurador General Concepto No. Que en efecto, agregó la H. Corte Constitucional en dicha oportunidad, estas disposiciones consagran la suspensión de las órdenes de captura que se hubieren proferido dentro de la investigación de cualquier tipo de delito (i), como una medida excepcional (ii), que opera de manera temporal (iii) y que está sometida a la existencia de un acuerdo previo entre el gobierno y las organizaciones al margen de la ley a quienes se les hubiere reconocido carácter político en un proceso de paz (iv). Este mismo mecanismo ya había sido adoptado por el Legislador extraordinario en los procesos de paz adoptados con grupos guerrilleros que se reincorporaron a la vida civil, lo cual demuestra que éste instrumento puede resultar idóneo para la terminación del conflicto armado en Colombia y para obtener la paz.

Que mediante Resolución Presidencial N° 216 del 3 de agosto de 2016, se impartieron órdenes a la Fuerza Pública para la realización de los procedimientos para la ubicación, reconocimiento, delimitación y definición de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), los campamentos y las sedes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y se dictaron otras disposiciones; Que según el ‘Acuerdo para facilitar la ejecución del cronograma del proceso de dejación de armas alcanzado mediante acuerdo del 23 de junio de 2016", suscrito en La Habana, República de Cuba, el 20 de agosto de 2016, del Acuerdo Final, respecto a los integrantes de las FARCEP que vayan a participar en el proceso de dejación de armas, se aplicará la suspensión de la ejecución de órdenes de captura conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 418 de 1997 modificada por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016.. La suspensión se producirá desde el inicio del desplazamiento a las Zonas Vereda les Transitorias de Normalización (ZVTN), suspensión que se mantendrá durante dicho desplazamiento y hasta la culminación del proceso de dejación de armas o hasta que el Gobierno lo determine en caso de que se incumpliera lo establecido en el acuerdo de dejación de armas; La suspensión de las órdenes de captura constituye una medida que facilita el acceso a los programas e iniciativas de reincorporación social, económica y política y al SIVJRNR, de conformidad con lo acordado. Por tanto, es la garantía jurídica para este acceso y un requisito que permite iniciar un proyecto de vida

dentro de la legalidad de manera segura, digna y productiva; Por otra lado, la reincorporación a la vida civil es definida por el Acuerdo Final como un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considera los intereses de la comunidad de las FARCEP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes lo habitan y, de la misma forma, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local; 6 Procurador General Concepto No. La suspensión de los efectos de las órdenes de captura contra los miembros de las FARCEP constituye una medida de seguridad jurídica que facilitar el paso a la reincorporación y por lo tanto el tránsito a la legalidad. La suspensión de las órdenes de captura que puedan tener los hombres y mujeres con tales compromisos facilitará su concurrencia a las diligencias pertinentes de los mecanismos judiciales y extrajudiciales del SIVJRNR; Que se hace necesario, igualmente, y para facilitar el desarrollo de actividades relacionadas con el tránsito a la legalidad de los miembros de las FARCEP concentrados en las ZVTN y PTN, referidas a citas o emergencias para atención en salud, calamidades domésticas y familiares y otras situaciones especiales debidamente justificadas, que continúen suspendidas las órdenes de captura, por el tiempo de ausencia de las ZVTN o PTN, debidamente justificadas ante el representante de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz;

Que de otra parte, también se considera urgente que las personas trasladadas a las ZVTN o PTN en situación de privación de la libertad, permanezcan hasta la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de conformidad con la Ley 1820 de 2016, en los sitios acordados para actividades de reincorporación por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata la Ley de Amnistía e indulto; Que se hacen necesarias y guardan una indiscutible conexidad con el Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC-EP, las medidas que confieran seguridad jurídica al traslado de las personas de la organización que no portan armas de forma visible y que son comúnmente conocidos como milicianos, desde los lugares del territorio nacional en donde se encuentren hasta las zonas de ubicación temporal; Que el Gobierno Nacional encuentra adecuado la provisión de seguridad jurídica a través de la suspensión de las órdenes de captura que se hayan dictado o se puedan expedir contra los miembros de la organización comúnmente conocidos como milicianos, durante el transcurso de su tránsito hacia las zonas de ubicación temporal, durante su permanencia en ellas o después de extinguidas las mismas hasta el momento en que sea definida su situación jurídica de forma definitiva, bien por el órgano pertinente de la JEP o bien por la autoridad ordinaria competente en aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto; Que de otra parte, y en conclusión, se hace necesario y urgente, para una

transición regular y con seguridad jurídica hacia la Jurisdicción Especial de Paz, establecer claramente la situación jurídica provisional en la que quedarán los miembros de FARC-EP que dejan las armas, al término de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización; 7 Procurador General Concepto No. Que en consideración a lo anterior, DECRETA ARTÍCULO 1°. El artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016, se adicionará con un parágrafo transitorio 3A y un parágrafo transitorio 3B, del siguiente tenor literal: ‘Parágrafo transitorio 3A. Una vez terminadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), como Zonas de Ubicación Temporal, según lo acordado en el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARCEP, se mantendrán suspendidas la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de dicha organización que han estado concentrados en dichas zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, previa dejación de armas, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o

condenas existentes en su contra; En el caso de los miembros de la organización que no se encuentren ubicados físicamente en las zonas de ubicación temporal, pero se hallen en el listado aceptado y acreditado por el Alto Comisionado para la Paz y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejación de las armas, la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse, operará desde el momento mismo de su desplazamiento hacia las zonas de ubicación temporal, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra. De igual forma, se mantendrá suspendida la ejecución de las órdenes de captura que se expidan o hayan de expedirse en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado, cuya suspensión se ordenó en su momento para adelantar tareas propias del proceso de paz por fuera de las zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas. Dicha suspensión se mantendrá hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o

condenas existentes en su contra. 8 Procurador General Concepto No. Las personas trasladadas permanecerán en dichas ZVTN en situación de privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016. En aquellos casos en los que no se hubiere decidido por parte de las autoridades judiciales sobre el traslado de las personas privadas de la libertad a la ZVTN o PTN, y las mismas ya hubieren finalizado, la autoridad judicial procederá a otorgar la libertad condicionada en los términos establecidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017. Parágrafo transitorio 3B. Se mantendrá la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado concentrados en las zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención de citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas ante el representante de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Cuando los miembros del grupo armado requieran salir temporalmente de las Zonas de Ubicación Temporal por los motivos relacionados en el inciso anterior, se suscribirá un acta con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en el que constará la razón de ausencia de la zona y la fecha en la que se retornará a la misma. Quedarán suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los

miembros de las FARCEP, incluidos en el listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz, que se encuentren acreditados por dicho funcionario, que hayan dejado las armas y además firmado las actas de compromiso correspondientes. ARTÍCULO 2°. El presente DecretoLey rige a partir de su promulgación.

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 29 MAYO 2017

[firma EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JUAN MANUEL SANTOS

CALDERÓN]

El MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

ENRIQUE GIL BOTERO”

9 Procurador General Concepto No.

1. Análisis constitucional De conformidad con lo establecido en el artículo 2°, inciso 3°, del Acto Legislativo 01 de 2016, el control de constitucionalidad que debe efectuarse sobre los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de la habilitación constitucional consagrada en dicha norma superior, es de carácter “automático posterior”. Como consecuencia de esto, se rinde concepto que corresponde al análisis de control integral de constitucionalidad.

Teniendo en cuenta que en las Sentencias C-174 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa) y C-160 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), la Corte Constitucional propuso una metodología para la verificación del cumplimiento de los requisitos que deben cumplir los decretos con fuerza de ley que el Gobierno expida con fundamento en el Acto Legislativo 01 de 2016, el Ministerio Público procederá a aplicar a continuación esos lineamientos.

1.1. Revisión de la constitucionalidad del procedimiento de formación del Decreto 900 de 2017 En las antes citadas sentencias, la Corte Constitucional señaló que los vicios de procedimiento se subdividen en vicios de forma y de competencia. Por lo anterior, se procederá a efectuar la revisión constitucional correspondiente utilizando dicha metodología. a. Revisión de los requisitos formales del Decreto 900 de 2017 Frente a la normatividad en referencia, deben verificarse tres aspectos: (i) la expedición por parte del Gobierno conforme al artículo 115 de la Carta Política, esto es que esté suscrito por el Presidente de la República y el Ministro o Director de Departamento Administrativo correspondiente al asunto regulado; (ii) la existencia de una motivación conexa con las medidas adoptadas; y (iii) la descripción unívoca en el título de la materia regulada, y la jerarquía normativa del decreto en cuestión, así como las facultades extraordinarias utilizadas. (i) En relación con las autoridades que expiden el Decreto 900 de 2017, el Ministerio Público estima que se ha cumplido el requisito previsto en el artículo 115 Superior, toda vez que la norma en estudio se encuentra suscrita por el Presidente de la República, y el Ministro de Justicia y del 10 Procurador General Concepto No. Derecho, cartera que para el caso de la referencia, conforma el Gobierno Nacional junto con el primer mandatario, dado que la normatividad en estudio versa sobre la suspensión de las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros de las FARC-EP hasta que la

situación jurídica de los mismos sea resuelta por la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante, JEP), a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure; al igual que regula lo relativo a la libertad condicional de las personas privadas de la libertad y el trasladado a las ZVTN o PTN. Es decir, se trata de un tema de justicia transicional pactado en el Acuerdo Final. (ii) En relación con la existencia de una motivación conexa con la parte resolutiva, se evidencia que tal requisito está cumplido a satisfacción, ya que en el decreto ley se consignan las razones por las cuales se expiden las normas bajo examen. En efecto, la medida legislativa consagrada en el Decreto Ley 900 de 2017 busca adicionar el artículo 8º de la Ley 418 de 1997, a su vez modificado por el artículo 1º de la Ley 1779 de 2016, en el sentido de suspender la ejecución de órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse, o con fines de extradición, dictadas contra los miembros de las FARC-EP, cuando éstos: (a) han estado concentrados en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante, ZVTN) y que se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, previa dejación de las armas; (b) no se encuentren ubicados físicamente en las zonas de ubicación temporal, pero estén en el listado aceptado y acreditado por el Alto Comisionado para la Paz, y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejación de las armas; y (c) la suspensión de las

órdenes se decretó en su momento para adelantar tareas propias del proceso de paz por fuera de las zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas. No obstante, en esas circunstancias la suspensión se producirá desde el inicio y durante el desplazamiento a la ZVTN hasta que su situación jurídica sea resuelta por la JEP, una vez entre en funcionamiento, salvo que previa autoridad judicial competente haya aplicado la amnistía de iure. Asimismo, el citado decreto indica que las personas trasladadas permanecerán en ZVTN en situación de privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en 11 Procurador General Concepto No. libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016. Del mismo modo, señala que en los eventos en que se hubiere resuelto el traslado a dicha zona por parte de las autoridades judiciales y aquellas ya hubieren finalizado, la respectiva autoridad procederá a otorgar la libertad condicionada de acuerdo a la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017. Además, establece el decreto que se mantiene la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, cuando los miembros de la referida organización requieren ausentarse temporalmente de dicha de zona, por motivo de atención de citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas, debidamente informadas ante el representante de

enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Para tal fin, los miembros de las FARC-EP deberán suscribir un acta con el “Mecanismo de Monitoreo y Verificación”, en el que constará la razón de ausencia de la zona y la fecha en que retornará. El Gobierno Nacional en sus consideraciones generales hizo referencia, a los siguientes aspectos: (a) La Constitución en su artículo 22 consagra que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, así como el artículo 188 Superior, dispone que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. (b) Tras la búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación del conflicto armado el Gobierno Nacional suscribió, el 24 de noviembre de 2016, con las FARC-EP un Acuerdo Final para la terminación del conflicto, y el 1º de diciembre de ese mismo año el acuerdo fue refrendado por el Congreso de la República. (c) El artículo 2º del Acto Legislativo 1º de 2016, contiene un artículo transitorio en el cual se conceden facultades presidenciales para la paz, que deban ser ejercidas dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo, con la finalidad de expedir los decretos con fuerza de ley con el objeto de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del