PGN - DEBER DEL SERVIDOR PUBLICO Debe sujetar su actuación a principios de diligencia efic

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

COMISIÓN ESPECIAL DISCIPLINARIA

RADICACIÓN: 9-46442/00

DISCIPLINADO: EDUARDO AUGUSTO SILGADO POSADA CARGO: Alcalde de la localidad de Antonio Nariño de Bogotá FECHA HECHOS: 25 de Agosto de 2000

ASUNTO: Fallo de Primera instancia

Bogotá, D.C., 02 de mayo de 2003

1. OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Comisión a proferir fallo dentro de la investigación No. 009-46442, adelantada en contra de EDUARDO AUGUSTO SILGADO POSADA, en su condición de Alcalde de la localidad de Antonio Nariño de este Distrito Capital.

2. ORIGEN Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Mediante auto de 27 de julio de 2000, el alcalde local de Antonio Nariño, EDUARDO AUGUSTO SILGADO POSADA, en cumplimiento a lo ordenado en Resoluciones 202 y 335 de 1996 y 1999, respectivamente, proferidas por la Alcaldía Local de ANTONIO NARIÑO, dispuso llevar a cabo diligencia de restitución del espacio público el 25 de agosto del mismo año, en una extensión aproximada de cien metros, sobre la margen derecha del canal del Río Fucha, entre las carreras 16 a 20, con diagonal 12A Sur de esta ciudad.

En tal virtud, contando con el apoyo logístico de la Policía Nacional y la Secretaría de Obras Públicas del Distrito y ante la oposición por parte de la comunidad al desarrollo

de la diligencia ya anotada, se derribó un muro, acción que ocasionó como resultado la muerte de IRMA ROSALBA PRIETO MENDIETA y WILLIAM VILLALOBOS GARZÓN, así como lesiones a los miembros de la Policía Nacional, JOSÉ ANZOLA

GONZÁLEZ, YESID CASTILLO CASAS, LUIS CASTAÑEDA LARROTA, LUIS

CASTAÑO FORIGUA y ALEXANDER HENAO ESCALANTE.

Constituye objeto de la investigación disciplinaria, determinar si el actuar del señor SILGADO POSADA, funcionario a cargo de la diligencia, consistente en la determinación de la acción que produjo el daño ocasionado, vulneró la Ley Disciplinaria y por ende merece la imposición de sanción.

3. CARGOS IMPUTADOS

En auto de noviembre 15 de 2000 (fl. 1 ss. C.O No. 3), se imputó a EDUARDO AUGUSTO SILGADO POSADA, en su condición de alcalde de la localidad de Antonio Nariño, el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política; numerales 1 y 22 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995; numeral 1º. del artículo 86 del decreto 1421 de 1986, Estatuto Orgánico de Bogotá, al posiblemente haberse abstenido de ejercer el cargo y cumplir la función pública de conformidad con los postulados axiológicos contenidos en las normas constitucionales citadas, lo cual pudo llevar a ocasionar el daño mencionado.

______________________________________________________________________________ 1 Cra. 5ª. No. 15-80 Tel. 3 360011 www.procuraduria.gov.co

4. PRUEBA RECAUDADA Prueba documental Fórmulas Médicas, Boletas de Excusa Médica, Historia Clínica, Hojas de Enfermería

(folios 10 – 20, c.o. 1); copia expediente administrativo 038-95, Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá (fls. 24 – 73; fl 132 - 183 c.o. 1); Oficio de 16 de agosto de 2000 dirigido por Eduardo Augusto Silgado Posada al Mayor Orlando Polo Obispo, solicitando apoyo de unidades policiales (fl. 74 c.o. 1); Oficio sin fecha y sin número dirigido por la Defensora del Espacio Público al alcalde local Eduardo Silgado Posada (fl. 75 c.o. 1); Oficio de 22 de agosto de 2000 dirigido al representante legal de la Urbanización Lunapark por la asesora jurídica de la alcaldía local Antonio Nariño (fl. 76 c.o. 1); Oficio de 24 de agosto de 2000 dirigido al Personero Local de Antonio Nariño por la asesora jurídica de la alcaldía local (fl. 77 c.o. 1); diligencia de restitución del espacio público de 25 de agosto de 2000 en la avenida 12 sur, con carrera 16, conjunto residencial Lunapark, de la alcaldía local Antonio Nariño (fl. 78 c.o. 1); Protocolos de Necropsia y diligencia de Inspección de Cadáver (fls. 81 a 120 c.o. 1); acta de visita a la Concentración Escolar República de

Panamá de 11 de Octubre de 1995 de la alcaldía local Antonio Nariño (fl. 122 c.o.1); oficio de diciembre 12 de 1997, suscrito por el representante legal del conjunto residencial Lunapark, dirigido a la alcaldía local XV (fl. 124 c.o. 1); Oficio de marzo 30 de 1998 dirigido por el representante legal del conjunto residencia Lunapark a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (fl. 127 c.o. 1); oficio de 13 de marzo de 1996 dirigido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la administradora del conjunto residencia Lunapark (fl. 128 c.o. 1); Relación del personal de Policía en servicio el 25 de agosto de 2000, diligencia de restitución espacio público, barrio Lunapark (fl 197 c.o. 1); informe novedad suscrito por el mayor Polo Obispo (fl. 199 c.o. 1); orden de servicios de 24 de agosto de 2000, suscrita por el mayor Polo Obispo (fl. 210 c.o. 1); oficio de 18 de agosto de 2000 suscrito por el mayor Orlando Polo Obispo, dirigido al comandante de Policía Tequendama (fl. 207 c.o. 1); decreto de nombramiento 411 de 13 de abril de 1998 de Eduardo Silgado Posada como alcalde de la localidad XV Antonio Nariño (fl. 210 c.o. 1); acta de posesión correspondiente al anterior nombramiento (fl. 211 c.o. 1); contrato 272 de 9 de noviembre de 1999, contratista: Unión temporal nuevo Milenio

(fl. 221 c.o. 1); Informe Operativo Localidad Antonio Nariño dirigido a la Sub Secretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, suscrito por Representante Legal e Interventor de la Unión Temporal Nuevo Milenio (fl. 226 c.o. 1). Informe Oficina Permanente de Derechos Humanos del Ministerio Público (fl. 93 c.o. 2); Oficio suscrito por la jefe de la Dirección de Bienes Raíces de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (fl. 106 c.o. 2); Certificado de antecedentes disciplinarios de Eduardo Augusto Silgado Posada (fl. 127 c.o. 2).

Documento: “Infancia, formación académica y desempeño profesional” allegado por el disciplinado (fl. 18 – 30 c.o. 3); carta de renuncia de Eduardo Silgado Posada al cargo de alcalde local XV (fl. 31 c.o. 3); cartas suscritas por particulares y servidores públicos en apoyo a le gestión del alcalde local Eduardo Silgado Posada (fl. 32 – 52 c.o. 3); comunicación de 27 de agosto de 2000 dirigida por el disciplinado a diversos ______________________________________________________________________________ 2

Cra. 5ª. No. 15-80 Tel. 3 360011 www.procuraduria.gov.co servidores públicos y medios de prensa, en donde resalta los logros de su gestión (fls. 53 – 105 c.o. 3); comunicación de 28 de agosto de 2000 suscrita por ediles de la localidad XV, Antonio Nariño; documento: “Que Peñalosa responda por los muertos

del Luna Park”, suscrito por el edil Álvaro Amarís Rojas (fl. 200 c.o. 3). Acta de diligencia de demolición de tres de julio de 1998 (fl. 19, 24, 26 c.o. 4); Acta de diligencia de demolición de 20 de octubre 1999 (fl. 21 c.o. 4); acta de demolición de 9 de noviembre de 1999 (fl. 27 c.o. 4); artículo de prensa diario El Espectador de domingo 31 de diciembre de 2000 (fl. 30 c.o. 4); trascripción del contenido de los videos allegados a la investigación (fl. 32 – 49 c.o. 4); comunicación de 15 de junio de 2001 suscrita por el Sub Director Operativo de Tránsito y Seguridad Vial y anexo “Informe General del Conductor” (fl. 94 c.o. 4); circular MTT 2261 de 18 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Transporte y Transito Terrestre y Automotor (fl. 97 c.o. 4); comunicación de julio 6 de 2001, Oficina Jurídica Ministerio de Transporte (fl. 100 c.o. 4); 4.2 Prueba Testimonial Evelio Pulido Rincón (fl. 185 c.o. 1); Orlando Jesús Polo Obispo (fl. 190 c.o. 1); Sara Ibeth Rodríguez Rivera (fl. 230 c.o. 1, fl. 90 c.o. 4)); Yesid Castillo Casas (fl. 233 c.o. 1); José Alexander González Anzola (fl. 236 c.o. 1); Alexander Henao Escalante (fl. 239 c.o. 1); Luis Alberto Castañeda Latorre (fl. 243 c.o. 1); José Joaquín Neira

Sánchez (fl. 91, fl. 184 c.o. 2); versión libre y espontánea de Eduardo Augusto Silgado Posada (fl. 128 c.o. 2); Carlos Alberto Martínez Rodríguez (fl. 177 c.o. 2); Delfín Alberto Muñoz Betancur (fl. 181 c.o. 2); Yazmín Silva Martínez (fl. 192 c.o. 2); Jimmy Anthony Pérez Solano (fl. 195 c.o. 2); Maritza Romero Pineda (fl. 201 c.o. 2); John Fredy Cortés Flórez (fl. 208 c.o. 2); Flavio Gómez Vargas (fl. 211 c.o. 2); Luis Fernando Díaz Marín (fl. 228 c.o. 2); Guillermo Zapata Rodríguez (fl. 235 c.o. 2). Luz Stella Villamil (fl. 65 c.o. 4); Fernando Felipe Salas Quin (fl. 69 c.o. 4); Jicelle Manrique Vaca (fl. 76 c.o. 4); Gloria Helena González Hurtado (fl. 83 c.o. 4); 4.3 Visitas Especiales Oficina Permanente de Derechos Humanos del Ministerio Público (folio 4, cuaderno original 1); Hospital Central Policía Nacional (folio 9, c.o. 1); Oficina de Administración Conjunto residencial Lunapark (fl. 21, c.o. 1); Oficina Jurídica, Alcaldía Local Antonio Nariño (fl. 22 c.o. 1); Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 80 c.o. 1); Alcaldía Local Antonio Nariño (fl 184, 209 c.o. 1); Dirección de Gestión Humana, Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de

Bogotá (fl. 215 c.o. 1); Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano (fl 218 c.o. 1). Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, sede centro (fl. 3 c.o. 2); diligencias correspondientes a la investigación penal adelantada por el Fiscal 28 Seccional (fls. 5 – 84 c.o. 2); acta diligencia de restitución espacio público de 25 de agosto de 2000, avenida 12 sur con carrera 16, barrio Lunapark, llevada a cabo por la alcaldía local Antonio Nariño (fl. 87 c.o. 2); Oficina de la Dirección de Bienes Raíces de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (fl. 105 c.o. 2); Fiscalía 52 Seccional, Unidad IV de Vida (fl. 138 c.o. 2); Acta de Inspección de Cadáver y ______________________________________________________________________________ 3 Cra. 5ª. No. 15-80 Tel. 3 360011 www.procuraduria.gov.co resolución de situación jurídica dentro de la investigación penal (fls. 139, 153, respectivamente, c.o. 2); Documento suscrito por la Junta Administradora Local de Antonio Nariño (fl. 165 c.o. 2); 4.4 Prueba Técnica Protocolos de Necropsia (fls. 81 a 120 c.o. 1); reconocimientos médico legales de lesiones personales (fl. 204 c.o. 1); Informe evaluativo de 29 de agosto de 2000 dirigido por ingeniero asesor a la jefe de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, Personería de Bogotá (fl. 95 c.o. 2); Informe de Inspección sobre el terreno

suscrito por Ingeniero Asesor de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (fl. 100 c.o. 2); peritaje sobre máquina retroexcavadora (fl. 103 c.o. 4); aclaración del anterior peritaje (fl. 134 c.o. 4); estudio técnico sobre el contenido de cintas de video, practicado por el Área de Acústica Forense del Grupo de Criminalística del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (fl. 196 al 204 del c.o. 6)

5. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la ley 200 de 1995, son presupuestos del fallo sancionatorio en materia disciplinaria, la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la falta y a la certeza de la responsabilidad del disciplinado. En consecuencia, procede la Comisión Especial a evaluar el mérito de la prueba obrante en las diligencias, con el fin de establecer si se acreditan los presupuestos mencionados.

En primer término resulta necesario precisar que no es objeto de cuestionamiento disciplinario la legitimidad de la diligencia de restitución del espacio público, ya que ésta fue legalmente ordenada a través de Resoluciones 202 y 335 de 1996 y 1999, respectivamente, proferidas por la alcaldía local de ANTONIO NARIÑO, dentro de sendos procesos policivos, ni tampoco lo es la gestión desarrollada por el implicado como alcalde de la localidad de ANTONIO NARIÑO en otras actividades diferentes al comportamiento desplegado en la diligencia de restitución de espacio público que se desarrolló el 25 de agosto de 2000 en la avenida 12 sur con carrera 16 de esta

ciudad y que produjo la muerte de dos ciudadanos y lesiones personales a otros tres. 5.1 Materialidad de la infracción disciplinaria En estas condiciones, la materialidad de la infracción, esto es, la orden proferida por el alcalde local SILGADO POSADA para derribar el muro en cuestión, se deriva de la valoración de diversos medios probatorios, así: 5.1.1 Valoración de la prueba documental Constituye prueba documental de la materialidad de la infracción el video obtenido del canal de televisión Canal Capital, en el que se observan las imágenes sin editar correspondientes a la diligencia de restitución del espacio público llevada a cabo por la alcaldía local XV ANTONIO NARIÑO el 25 de agosto de 2000 en la calle 12 sur con carera 16. ______________________________________________________________________________ 4 Cra. 5ª. No. 15-80 Tel. 3 360011 www.procuraduria.gov.co Antes de avanzar en torno a la valoración del contenido de las cintas de video, estima la Comisión necesario precisar la naturaleza probatoria de éstos. Sin duda las cintas de video tienen la naturaleza de prueba documental puesto que traen a la investigación la representación de hechos capaces de producir efectos dentro de la actuación. La calidad de documento que tienen las cintas de video no se adquiere por el hecho de que su contenido aparezca en un escrito, ya que la cinta (con las imágenes y sonidos que contiene) es en sí misma un documento que puede apreciarse directamente por el fallador y los sujetos procesales. Su valoración y sus efectos procesales no están sujetos a la trascripción de su contenido; correlativamente, la ausencia de trascripción de su contenido en nada degrada su

aptitud probatoria. Ello es así, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico ha abandonado la tesis literalista en cuanto a la concepción del documento y ha acogido la tesis de la representatividad. Quiere ello decir que no solamente son documentos los escritos provenientes de autor conocido, sino todo sustrato material que contenga representaciones capaces de producir efectos probatorios. Así, el registro de impulsos magnetofónicos, en esencia lo que es una cinta de video, tiene en sí mismo la naturaleza de documento, sin que para su apreciación, existencia o validez se requiera su transliteración. Antes, por el contrario, pretender derivar efectos probatorios de una cinta de video, a partir de la lectura de su trascripción, sería una apreciación incompleta e inapropiada. La valoración del documento fílmico sólo podrá hacerse de manera completa observando directamente su contenido, el cual no es de una naturaleza tan especializada que requiera la participación de expertos en la materia, como si se tratara de valorar, por ejemplo, un documento contable, un plano arquitectónico o un electrocardiograma. Así las cosas, debe la Comisión enfatizar que las conclusiones probatorias aquí expresadas, provienen de la apreciación directa de los documentos fílmicos, conforme lo exige su naturaleza. Hechas las anteriores consideraciones, encuentra la Comisión, luego de analizar el contenido del documento fílmico en cuestión, que en él se observan apartes del desarrollo de la diligencia en los que el alcalde SILGADO POSADA explica el fundamento administrativo de la diligencia a la comunidad que se opone a la misma;

razona el alcalde que en diversas oportunidades la diligencia se ha suspendido, pero que en esta oportunidad no puede dejar de cumplir con su obligación de restituir el uso público del espacio. Se observa la oposición de hecho de numerosos miembros de la comunidad, quienes aducen la necesidad de la presencia del muro por motivos de seguridad; solicitan dialogar con el alcalde y forcejean con los integrantes de la Policía Nacional en su esfuerzo por evacuarlos del área del muro que posteriormente sería derribado. Muestran las imágenes la presencia de una pareja de muchachos quienes se ubican en la parte superior del muro de aproximadamente 4 metros de altura con el fin de evitar su derribamiento; enseguida algunos miembros de la Policía Nacional intentan persuadirlos para descender del muro, mientras el brazo de la pala se moviliza y se acerca a escasa distancia de los ciudadanos que se muestran renuentes bajar del muro y de los miembros de la Policía que intentan dicha labor; se escucha al alcalde ______________________________________________________________________________ 5 Cra. 5ª. No. 15-80 Tel. 3 360011 www.procuraduria.gov.co requerir a la joven para que descienda del lugar donde se encuentra, así como a los funcionarios de la Policía para que no la maltraten en el procedimiento. Una vez la joven es retirada de la parte superior del muro por los miembros de la Policía, se escucha al alcalde SILGADO POSADA de frente al muro haciendo ademanes con su mano, diciendo: “… de aquel lado que no haya nadie, de aquel lado” Enseguida, sin solución de continuidad, gira dando la espalda al muro y agrega: “Va, la pared pál suelo”

Cerca de 20 segundos después la pala mecánica de la retroexcavadora es accionada y se ubica sobre el muro y con un movimiento hacia sí misma golpea la parte superior del muro, produciéndose una grieta de forma vertical y la caída inmediata de la pared. Observa la Comisión que las expresiones del alcalde SILGADO POSADA son claras al expresar la intención de que se derribara el muro inmediatamente; si bien es cierto, sus primeras palabras denotaban indicación en el sentido que se despejara el costado opuesto del muro (“… de aquel lado que no haya nadie, de aquel lado.”), ellas no suponen un mandato en el sentido de que el muro fuera necesariamente derribado hacia ese lado, ya que no se expresan ideas en tal sentido. Tal conclusión se corrobora con las palabras que pronuncia el alcalde enseguida: “Va, la pared pál suelo ”, expresión conclusiva que indica mandato de derribar el muro, sin especificar hacia cuál de sus costados; de hecho, las primeras palabras pronunciadas por el alcalde, advierten la necesidad de que el costado opuesto del muro, hacia donde no se tenía completa visibilidad, estuviera despejado, mas no deja entrever orden en el sentido que el muro tuviera necesariamente que ser derribado hacia ese lado. Ello resulta lógico, por cuanto a nadie escapa que la caída hacia un determinado costado de una pared de cerca de 4 metros de altura, no garantiza necesariamente que las personas ubicadas en el costado opuesto, no resulten afectadas: es previsible suponer, por reglas de experiencia, lógica y de sentido

común, que, no obstante se intente derribar un muro de aproximadamente 4 metros de altura hacia un determinado costado, los escombros, durante su caída, pueden afectar indistintamente a quien se encuentra a uno u otro de sus costados. Se reitera aquí lo dicho en el auto de cargos de noviembre 15 de 2000, en cuanto a que cualquier discusión sobre a cuál de los costados debió derribarse el muro resulta inocua, por cuanto el funcionario disciplinado bien estaba en posición de representarse, por sentido común y por su propia experiencia en asuntos similares, que el área que puede resultar afectada con ocasión del derribamiento de una obra resulta impredecible, de modo que le era exigible asegurarse, previamente a dar la orden, que la totalidad del área de influencia de la obra, incluyendo sus dos costados, estuviera efectivamente despejada. En estas condiciones, es claro para la Comisión que la orden de despejar uno de los costados del muro, no hace referencia a que hacia tal costado debía derribarse el ______________________________________________________________________________ 6 Cra. 5ª. No. 15-80 Tel. 3 360011 www.procuraduria.gov.co muro, sino a que el mismo debía estar despejado en momento en que se produjera su caída. Pero no sólo esto, que es crucial, sino algo todavía de mayor trascendencia. Era preciso que se tuviera certeza de la inexistencia de personas, en cualquier lado, que pudieran resultar afectadas con la actuación oficial. No resulta necesario profundizar ahora respecto de los análisis de ponderación que todo servidor público debe ejecutar, cuando ha de cumplir sus funciones misionales, en punto a determinar o

calcular los costos y los beneficios de sus actos, prever la posibilidad de daños a bienes constitucionales de igual o mayor significado y jerarquía, etc., de tal manera que cuando se llega al momento de concluir, todas esas valoraciones estén totalmente hechas y discernidas. La prudencia que reclama la función pública, comporta deberes conexos de abstención cuando no es posible decidir con plena certeza si se afectan o no derechos fundamentales de los administrados, que puedan derivarse del cumplimiento de las funciones propias del cargo. Sólo en el más irracional de los absolutismos, las órdenes del poder soberano deben cumplirse a rajatabla. Si algo dimana de la noción ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO, es el protagonismo de la dignidad de la persona humana, como centro y razón de ser de toda actuación jurídica, lo que comporta como consecuencial el que haya de respetarse la misma, a ultranza, cuando la función pública pueda irrogar perjuicios irrazonables, desproporcionados o en todo caso excesivos. No es pues la legalidad misma, la que ya legitima la actuación; es preciso hacer valoraciones de oportunidad y conveniencia; de coherencia con la totalidad del sistema jurídico. Siguiendo con el relato anterior, las palabras expresadas a continuación por el disciplinado, son claras en ordenar el derribamiento del muro, dando por hecho que el costado opuesto del muro se encontraba despejado. De acuerdo con su disposición anterior, procedió a ordenar el derribamiento, sin distinguir hacia cuál de sus costados, de conformidad con el conocimiento que el encargado de manipular la

pala mecánica tuviera para llevara cabo dicha labor. Sin embargo, la orden en el sentido que se despejara el muro del costado opuesto, tenía por objeto retirar a las personas que aún pudieran encontrarse allí y que, independientemente de a qué lado cayera la pared, pudieran resultar afectados. En estas condiciones no existió una expresión del alcalde que permitiera entender a los que allí se encontraban, que la pared necesariamente iba a caer específicamente hacia uno de sus costados, ya que las primeras palabras pronunciadas por el funcionario no iban en el sentido de comunicar tal circunstancia, sino sólo en el sentido de que las personas que se encontraban al otro lado fueran evacuadas ya que, independientemente del costado hacia el cual cayera la edificación, las personas ubicadas a cualquiera de sus costados, podrían resultar afectadas. No obstante, luego de creer erróneamente que ambos costados del muro estaban evacuados, dio la orden de que se procediera a su derribamiento. He ahí uno de los mojones de la imprudencia, pues, resulta de la mayor relevancia dejar claro que al servidor público, en quien recae un cúmulo de deberes, le es exigible un mayor grado de prudencia que al simple hombre de la calle, cuando se encuentra en frente de la manipulación de derechos ajenos. En efecto, el ______________________________________________________________________________ 7 Cra. 5ª. No. 15-80 Tel. 3 360011 www.procuraduria.gov.co ciudadano de a pie tiene genéricos deberes de actuación conforme a la norma de cuidado, en sus ámbitos de dominio, siéndole prohibido desarrollar actos (u

omisiones) que puedan comprometer derechos ajenos; el servidor público, investido de autoridad y con potestad para recortar, restringir, limitar o reglar el contenido y límites de derechos fundamentales o actuar conforme a las reglamentaciones, al representar al Estado, asume sus deberes misionales de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos (Art. 2 C. Pol.). Por lo mismo puede postularse que su actuar, al representar el imperium estatal no sólo ha de estar animado por el cumplimiento de los fines propios del Estado sino que además recae en él, un mayor grado de exigencia de cuidado en su actuar al interferir en órbitas ajenas por autorización legal, pues, no sólo, no puede ir más allá de lo autorizado por la regla, sino que además toda actuación suya debe exacerbar el cuidado y la prudencia que demanda el manejo de los derechos ajenos. Existe certeza en cuanto a que el alcalde SILGADO POSADA asumió, como autoridad administrativa, la dirección de la diligencia; así lo reconoce el funcionario en su versión libre y en memorial de descargos. En consecuencia, al asumir tal función era su obligación sujetar la actuación desarrollada, a principios de diligencia, eficiencia, prudencia y razonabilidad, en atención a la protección debida a los derechos de las personas que, a través de acciones de hecho, se oponían al cumplimiento de la misma. Mayor cuidado y diligencia eran exigibles al funcionario, cuando era evidente la oposición de varios ciudadanos al desarrollo de la diligencia aún a través de la puesta en riesgo de su propia integridad. Esto último, que también es claro en el informativo, antes que ser un freno para la

actuación finalmente evidenciada, acicateó el ejercicio de la autoridad legítima, que ciertamente encarnaba el disciplinado, pero en lugar de moverlo a actuar con prudencia, incluso para cesar la diligencia y postergarla, prefirió su desarrollo a rajatabla, sin que las voces que demandaban audiencia, concertación y participación, fueran escuchadas; precisamente quien era llamado a realizar los valores constitucionales que entraña el Estado democrático-participativo, actuó con desdeño de tan altos principios, para simplemente realizar la autoridad sin tamices, sin reparar en que una pertinaz e incesante oposición, incluso por la vía de la fuerza, exteriorizada por los ciudadanos presentes, reclamaba de quien encarna la autoridad del Estado, mejores razones que el simple ejercicio de la misma, pues, entremedio existían razones de mayor peso, a saber, derechos fundamentales de mayor valía como la vida. Ciertamente no se descarta la evidente imprudencia de numerosos ciudadanos al enfrentar la actuación legítima de miembros de la Policía Nacional y oponerse al derribamiento del muro; reitera la Comisión Especial, que no se encuentra en discusión la legitimidad de la procedibilidad de la diligencia ni la actuación dentro de ella de miembros de la Policía Nacional encaminada al éxito de la misma. Sin embargo, no obstante la actuación posiblemente imprudente de los ciudadanos, tal como se observa en los videos obtenidos, ella no alcanza a justificar la adopción deliberada, por parte del alcalde local SILGADO POSADA, de órdenes de cuyo cumplimiento claramente podía anticiparse un resultado antijurídico; antes, por el contrario, siendo evidente la oposición de los ciudadanos al desarrollo de la diligencia

y la adopción, por parte de éstos, de comportamientos que ponían en riesgo su ______________________________________________________________________________ 8 Cra. 5ª. No. 15-80 Tel. 3 360011 www.procuraduria.gov.co propia seguridad, mayor cuidado y ponderación eran exigibles al alcalde local, antes de ordenar de manera enfática y concluyente el derribamiento del muro. Si bien es cierto que ante la presencia de autoridad pública y la existencia de un mandato legal para proceder a llevar a cabo cierta actuación, resulta exigible que los ciudadanos no incurran en actos encaminados a obstaculizar el desarrollo de la misma, debe tenerse en cuenta que, evidenciado el incumplimiento de esa expectativa, mayor cuidado y diligencia está obligado a observar quien tiene a su cargo la conducción de la actividad desplegada en cumplimiento del mandato legal. Por lo anterior, a pesar de que eventualmente pudiera calificarse de imprudente el comportamiento de quienes de hecho se opusieron al desarrollo de la diligencia de restitución, no puede tal circunstancia convertirse en una situación que, bajo la figura jurídica del caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima, excluya la responsabilidad disciplinaria de quien estaba obligado a comportarse con especial prudencia. Esto ha de reafirmarse, porque diferente es la valoración que a los efectos de verificar la existencia de imprudencia, se hace en el derecho penal y en el derecho disciplinario, pues, al paso que en el derecho penal la conformación del cuidado objetivamente exigido se hace sobre bases generales –pues es criterio general aunque no pacífico que los conocimientos especiales se ubican en el ámbito de la

culpabilidad—en el derecho disciplinario la prudencia se mira desde el prisma de los deberes claramente discernidos y reglados que recaen en el servidor público, y en tal sentido el universo de lo que ha de conocerse se reduce y por ende la exigencia de conocimiento de aquellos –los deberes—se aumenta severamente, con la consustancial reducción de las posibilidades de error. 5.1.2 Prueba testimonial La anterior valoración del contenido del documento fílmico en cuestión, encuentra respaldo en prueba testimonial obrante en las diligencias: fueron allegadas, como prueba trasladada, numerosas declaraciones de personas que, como testigos presenciales, estuvieron en el momento de los hechos. No obstante, la gran mayoría de ellas resultan ser vecinos, conocidos o parientes de las personas que resultaron directamente afectadas con ocasión de los hechos ya conocidos, lo cual lleva a esta Comisión a considerar la posibilidad que las manifestaciones contenidas en tales declaraciones, puedan revestir un cierto interés en el resultado de las investigaciones adelantadas por las diversas autoridades que han conocido de los hechos que se analizan. Es por ello, que la Comisión se abstiene de tomar dichos medios probatorios como sustentáculos definitivos y definitorios de lo que aquí ha de concluirse; por el contrario, obran testimonios de servidores públicos, entre ellos, funcionarios al servicio de la alcaldía, que igualmente hicieron presencia en la diligencia en cuestión, en cuyo contenido no encuentra la Comisión ánimo o motivo que lleve a inferir interés alguno en el resultado de las indagaciones o a tergiversar u ocultar los hechos percib