PGN - DEBER DEL SERVIDOR PUBLICO Gestionar el pago de la acreencia laboral

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Omisión de gestionar los trámites para el pago de una acreencia laboral originada en una sentencia VALORACIÓN DE PRUEBAS-Debe tenerse en cuenta tanto lo favorable como lo desfavorable Las pruebas arrimadas a este plenario fueron valoradas por el a quo desde el inicio de la investigación hasta su etapa final, donde se valoraron no solo las pruebas en contra del disciplinado, sino también las que le son favorables, acatando así el debido proceso. Cosa diferente es que el a quo las hubiera valorado en sentido distinto al pretendido por el sancionado. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Nace de las funciones que debe atender/RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Cuando las funciones no las cumple o las cumple deficientemente/RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIADeber de pasar las cuentas para el pago de condenas y cumplimiento del fallo Si bien es cierto existe el fondo de cuenta de la Contraloría Distrital, era obligación del Contralor de Barranquilla, no solo pasar la cuenta, sino estar gestionando para que se produjera el pago, a afecto de que no se acrecentara la deuda, como efectivamente ocurrió en el proceso ejecutivo por el incumplimiento de la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla. Se debe tener en cuenta que la condena del juzgado y el mandamiento de pago fueron en contra de la Contraloría de Barranquilla, por lo que correspondía a esa entidad hacer las gestiones pertinentes para que se cumpliera la orden judicial, por lo que no se encuentra justificación en la falta de actuación del disciplinado, ni se avizora causal eximente de responsabilidad.

En ese sentido el hecho irregular consumado es claro y concreto: el inculpado no cumplió con sus deberes, cuales eran los pasar la cuenta correspondiente para el pago de las condenas y estar pendiente del cumplimiento del fallo. Es así como no cabe aceptar las excusas planteadas, conforme a las cuales no se podía pasar la cuenta de cobro a la Secretaría de Hacienda, mientras no se hubiesen depositado los recursos correspondientes, omisión que conllevó a que en el proceso ejecutivo se incrementara ostensiblemente la deuda.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co DEBER DEL SERVIDOR PÚBLICO-Gestionar el pago de la acreencia laboral/CONDUCTA ANTIJURÍDICA-Afecta el deber funcional sin justificación La conducta investigada es antijurídica, toda vez que con ella se afectó el deber funcional que tenía el disciplinado, sin justificación alguna, que en este caso reclamaba su actuación, conforme estaba regulado, para que se siguieran los trámites relacionados con el pago de las acreencias laborales reclamadas, lo que no hizo. Resulta evidente entonces, que el principal deber funcional que tenía el sancionado, era precisamente cumplir y hacer que se cumplieran las normas contenidas en el ordenamiento jurídico y actuar con estricto apego a las mismas, para no infringir el régimen de prohibiciones establecido en la Ley disciplinaria. GRADO DE CULPABILIDAD-Se configura el dolo cuando el comportamiento omisivo adoptado es consciente y voluntario/GRADO DE CULPABILIDAD-La

intención y la voluntad para no atender el ordenamiento El disciplinado desconoció la responsabilidad y los deberes que tenía atribuidos por la ley, adoptando un comportamiento omisivo de forma consciente y voluntaria. Dicha culpabilidad no fue desvirtuada en el desarrollo del proceso, por ello se mantuvo tanto en el pliego de cargos, como en el fallo de primera instancia. En lo que tiene que ver con la responsabilidad del funcionario sancionado, como lo hizo el a quo, la misma se concluye que fue resultado de su actuar doloso, el cual proviene del hecho demostrado de que existían unos procedimientos que se debían seguir, de los cuales estaba plenamente informado el funcionario sancionado, los cuales desatendió, de manera voluntaria y consiente, en tanto está comprobado que si realizó las actuaciones requeridas en otros eventos. En materia disciplinaria la falta de cumplimiento de la normatividad expresamente prevista, en un caso como estos, implica el querer, la inclinación del funcionario para no atender el ordenamiento, lo que configura esa modalidad de responsabilidad, cuando está demostrado, no solo que sabía los trámites que debía adelantar, sino que los adelantó para otros reclamantes

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la

Vigilancia Administrativa

Radicación: 071-18067-08

Disciplinado: Rafael González Rubio Natera Cargo y entidad: Contralor Distrital de Barranquilla

Quejoso: Humberto Bello Rodríguez Fecha queja: 17 de enero de 2008

Fecha hechos: 31 de diciembre de 2007

Asunto: Fallo Segunda Instancia

Bogotá D. C. 24 de enero de 2011 Agotado el correspondiente trámite procesal, la Procuraduría Regional del Atlántico con providencia de 28 de junio de 2010 (fls 295-304) profirió fallo de primera instancia, sancionando al Dr. Rafael Gonzáles Rubio Natera en su calidad de Contralor Distrital de Barranquilla, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos meses e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, por el mismo término, observando que si a la fecha de la sanción no desempeña el cargo, la sanción debe convertirse en salarios equivalente a 60 días del devengado para la época de los hechos, equivalente a dieciocho millones trescientos trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($18. 313.448), suma que deberá ser consignada a favor de la Contraloría Distrital de Barranquilla, conforme al art. 173 del C.D.U. CARGOS FORMULADOS Con auto de 27 de enero de 2010 visible a folios 196-204, la procuraduría Regional del Atlántico, formuló cargos al señor Rafael González Rubio Natera en su calidad de Contralor Distrital de Barranquilla, así: “De lo recopilado dentro del expediente se tiene que el señor RAFAEL GONZALEZRUBIO NATERA, en su condición de Contralor Distrital de BARRANQUILLA para la

época de los hechos que se investigan, presuntamente omitió realizar los trámites pertinentes tendientes a solucionar la obligación originada en la sentencia proferida

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co el 21 de octubre de 2003 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso de fuero sindical (acción de reintegro) que promoviera el quejoso GUILLERMO BELLO RODRIGUEZ en contra de la Contraloría Distrital de Barranquilla, radicado bajo el No 0168-2001, y cuyo incumplimiento en el pago generó la iniciación del consecuente proceso ejecutivo, el decreto de medidas cautelares, la orden de continuar adelante la ejecución y la aprobación por parte del señor Juez de la liquidación del crédito presentado por el demandante por el monto de $ 202.345.559,70 ml, como se observa a folios 47,48,55, 56, 59-62 Y 88-90, permitiendo con la omisión en el cumplimiento de la orden judicial un acrecimiento en la obligación generada, toda vez que las suma inicial por la que se inició la ejecución ascendía a $ 99.468.654,36, según se desprende del mandamiento de pago de fecha 24 de noviembre de 2005. “Para este Despacho hasta el momento no resultan suficientes las exculpaciones presentadas por el señor GONZÁLES RUBIO NATERA y que fueran reseñadas en el

acápite 3 de esta decisión, por cuanto si bien puede aceptarse la deficitaria situación de la entidad a su cargo para la época de los hechos investigados, también lo es que no vislumbra gestión alguna encaminada concretamente al cumplimiento de la orden emanada de la autoridad judicial correspondiente, para el caso del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla. No ha demostrado el Implicado, que hubiera emprendido la actividad requerida para el pago de la sentencia judicial, bien de manera directa por la Contraloría, ora por la administración central de conformidad con el acuerdo 11 de 2006 y decreto reglamentario 0217 del mismo año, que obligaban al ordenador del gasto del respectivo ente, que para el caso lo era el disciplinado de acuerdo a las funciones a él asignadas, a certificar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales de la respectiva obligación para luego remitir la cuenta a la Secretaría de Hacienda Distrital.” Como normas presuntamente violadas se citaron el numeral 1 que establece como deber el cumplimiento de las decisiones judiciales y numeral 24 del artículo 34 ibídem que establece como prohibición, incumplir cualquier decisión judicial en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución, normativa que posiblemente fue desatendida por el investigado. La falta fue calificada como grave a título de dolo, por incumplir la sentencia judicial del Juzgado Tercero Laboral del Circuito, que impuso el pago de una suma de dinero al ente de Control con lo cual puede haber trasgredido los principios de moralidad, economía, eficacia y eficiencia.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Consideró el procurador Regional del Atlántico en el fallo de 1ra instancia, que el Dr. Rafael Gonzáles Rubio expidió la resolución No 0480 de 1 de julio de 2004, reintegrando al cargo de profesional especializado código 335 grado 02 al señor Guillermo Bello Rubio, ordenándose la liquidación de los salarios dejados de percibir desde su desvinculación hasta su reintegro. Mediante resolución No 0248 de 22 de junio de 2005, se le reconocieron al quejoso los salarios, primas de navidad y de servicio, bonificaciones, vacaciones y demás dejados de percibir desde el 21 de enero de 2001 hasta el 27 de agosto de 2004, en cuantía de $ 78.738.948 y mediante resolución No 0247 de 22 de junio de 2005, le reconoció unas cesantías definitivas y primas de navidad proporcionales en cuantía de $10. 809.345 y $ 1.066.845 respectivamente, no obstante lo anterior la entidad a cargo del Dr. Gonzalez Rubio omitió el pago de las acreencias al señor Bello Rodriguez, pese a los requerimientos de éste y a la intervención de la Procuradora Judicial en lo Laboral, lo que originó que se adelantara el proceso ejecutivo, en el que se libró mandamiento

de pago y decreto de medidas cautelares, habiéndose liquidado el crédito en cuantía de $202.345.559,70., cuando el crédito inicial se aproximaba a los $90.000.000. No desconoce el aquo la situación de déficit que atravesaba la Contraloría de Barranquilla, sin embargo, de acuerdo con la certificación expedida por el Secretario de la Contraloría Distrital (fls 223-224) allegada en la etapa de descargos, durante la administración del Dr Rafael Gonzalez Rubio se efectuaron pagos de sentencias judiciales por valor de $ 587.041.912,54, sin que se cancelara la acreencia del señor Bello Rodríguez, razón por la cual el Procurador Regional no encuentra motivo para que se hubiera desconocido dicha la sentencia judicial. En el curso de la actuación se allegó el acuerdo 017 de 2004, por el cual se facultó al Contralor de Barranquilla para adelantar una restructuración y que dispuso en el art.3º el pago de compromisos adquiridos por la entidad con corte a 31 de diciembre de 2003, los que serían cancelados por la administración Central, y el No 011de 2006 que creó entre otros el Fondo de cuentas de Liquidaciones de la Contraloría y que dispuso con estos recursos el pago de los fallos judiciales en firme y los decretos Nos 0217 de 2006 y 014 de 2007, que establecieron un trámite para coordinar los pagos con cargo a los fondos cuenta, lo que implicaba para el Contralor el envió de las la cuentas con los soportes a la Secretaría de Hacienda Distrital, con indicación de la orden de pago; por lo anterior considera el Procurador

Regional que en la investigación se determinó que a pesar de que el Dr. Rafael Rubio conocía el contenido de los actos que dispusieron y reglamentaron lo relativo al fondo de cuenta de la Contraloría, en tanto el mismo se atribuye la iniciativa de su creación, en el presente caso haya demostrado que el sancionado omitió el investigado no solo el pago, sino el trámite para el pago de la obligación del señor Guillermo Bello Rodríguez. Observa el aquo que en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla según certificación que obra a folios 225-235, fue radicado lo correspondiente a este pago en el mes de mayo de 2010, sin que con anterioridad se hubiere evidenciado gestión por parte del Contralor para solucionar

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co la obligación, conforme lo preveían los acuerdos mencionados, para proceder al cumplimiento de la orden judicial. Considera el Juzgador de primera instancia que la omisión ocasionó que la condena fuera más onerosa, concluyendo que se encuentran dados los presupuestos del art 142 de C.D.U para proferir fallo sancionatorio, pues está probada de manera inequívoca la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado, por la omisión del cumplimiento de decisiones judiciales, y por colocar a la entidad en situación más gravosa, por cuanto con el transcurrir del tiempo se aumentó la

deuda. No acepta el Procurador Regional el argumento del disciplinado basado en la “inexigibilidad de otra conducta” por la superposición de deberes en que dijo encontrarse y la necesidad de salvaguardar el de mayor entidad, que era el del control fiscal, por cuanto se debe tener en cuenta que se trataba de darle cumplimiento a una orden judicial de obligatorio cumplimiento, omitiendo deliberadamente el disciplinado la realización del trámite que conllevaba al pago de la acreencia judicial, encontrando establecida la responsabilidad exigida la para el formular reproche disciplinario. Teniendo en cuenta las condiciones de la infracción, la jerarquía del investigado y el grado de perturbación del servicio, la primera instancia calificó la falta como grave en la modalidad de dolosa, apreciando el conocimiento que tenía el investigado de la decisión judicial y de las consecuencias que se generaban para la entidad, estando demostrado que omitió el tramite tendiente el pago de la obligación, constituyéndose en más onerosa para el ente de control, con lo cual se configuró la ilicitud sustancial, por el desconocimiento de los deberes funcionales por parte del disciplinado, sin causa que lo justificara. Como normas violadas se endilgaron al disciplinado, las siguientes disposiciones del CDU: numeral 1º del artículo 34 al haber presuntamente incumplido el deber que le asistía de atender las decisiones judiciales; numeral 24 del artículo 35, por el posible incumplimiento a decisión judicial, con ocasión del cargo de Contralor Distrital de Barranquilla, falta que se calificó como grave dolosa.

APELACIÓN Con documento que obra a folios 308 a 319, obra escrito con el cual el Dr. Rafael Enrique Gonzalez Rubio Natera presentó y sustentó en tiempo el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia de 28 de junio de 2010, de la Procuraduría Regional del Atlántico así: Manifiesta que al iniciar su gestión encontró la sentencia del Juzgado 3ro Laboral del Circuito de Barranquilla; que para darle cumplimiento, expidió la resolución No 0481 de 1 de julio de 2004, ordenado el reintegro del señor Guillermo Bello

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Rodríguez al cargo de profesional especializado código 335 grado 02, y al pago de salarios dejados de percibidos desde su desvinculación hasta su reintegro y mediante las resoluciones Nos 0248 y 0247 de 22 de junio de 2005, se le reconocieron primas bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir, lo que pone de presente su inequívoca intención de dar cumplimiento al citado fallo. Considera importante establecer los siguientes aspectos: 1.- Al iniciar su período como Contralor, encontró una situación financiera deficitaria, acumulada de vigencias anteriores, que incluía un gran número de sentencias condenatorias; adujo que gracias a su gestión ante el Consejo Distrital y la Administración Central, logró la expedición del acuerdo No 017 de diciembre 2004, el cual en su art 3 preceptúa que

previa presentación de la liquidación, la Administración Central debía asumir las obligaciones generadas en vigencias anteriores; considera que su gestión estuvo encaminada al cumplimiento de la sentencia, hecho que no tuvo en cuenta el juzgador de primera instancia en el fallo, al asegurar que no vislumbra gestión alguna de su parte para el cumplimiento y que no se valoraron todas las pruebas; dice que en virtud del acuerdo 017, a quien correspondía darle cumplimiento al fallo era a la Tesorería Distrital con cargo a la Administración Central; su obligación legal era la liquidación de las acreencias a favor del Sr. Guillermo Bello Rodríguez y esto fue lo que el hizo; expresa que de acuerdo con el art 121 de la C.P. y la jurisprudencia un funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite, así lo establece también el numeral 1 del art 34 de la ley 734 de 2002, estimando que no era de su competencia proceder al pago de las acreencias, ni tenía potestad para dar cumplimiento a la decisión judicial respecto al pago de la obligación, por lo que no se le puede endilgar una omisión por no pago y que por ello se dio inicio a un proceso ejecutivo que conllevó al incremento de la obligación, por cuanto la obligación ya no estaba en cabeza suya como Contralor, desvirtuando así que el no pago constituyera omisión a sus deberes, ni desacata la orden judicial.

2. Con relación a que no se demostró que hubiese efectuado la actividad requerida, de manera directa o por la administración central, aduce que según el acuerdo 011 de 2006 y su reglamentario el 0217, que obligaban al ordenador del gasto a

certificar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales de la obligación para luego remitir la cuenta a la Secretaría de Hacienda Distrital, encontró un presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2004, con una suma igual a la del pasivo de la Contraloría y que el Distrito de Barranquilla y la Contraloría por ser parte de una sección del presupuesto de Distrito se habían acogido a la ley 550 de 1999-ley de reestructuración de pasivos, quedando la Contraloría supeditada a esta ley y a la aplicación también de la ley 617 de 2000 en concordancia con el decreto 192 de 2001, los cuales establecen la necesidad de adoptar programas de saneamiento fiscal; argumenta que de acuerdo con las normas citadas y las reestructuraciones de personal de años anteriores, se generaron condenadas para

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co la entidad por demandas laborales, existiendo así la imposibilidad de cumplir de manera directa con el pago de la obligación del Sr. Bello Rodríguez. Respecto de que no se emprendió la actividad requerida para el pago de la sentencia por parte de la administración central, según el acuerdo 011 y 0217 de 2006 y el deber de certificar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales de la obligación, argumenta, que debía asumir la soluciones a las situaciones que amenazaban el funcionamiento de la Contraloría, como el control fiscal que debía

ejercer, en razón a los pasivos de la entidad y al incumplimiento de los mismos por parte de la administración Distrital, y que gracias a su gestión, en coordinación con la administración central, se logró la expedición del Acuerdo 011 del 2006, por el cual se crearon los fondos de cuentas de liquidaciones del Concejo Municipal, Personería, Contraloría y de igual forma se logró la expedición del decreto reglamentario No 0217 de 2006, que autorizaba al Secretario de Hacienda de Barranquilla para la apertura de tres cuentas especiales en encargo fiduciario para incorporar los recursos a las citadas entidades y estableció como director de cada fondo al Secretario de Hacienda Distrital; aduce que una vez verificada la documentación y revisados los soportes, el ordenador del gasto debía remitir la cuenta a la Secretaría de Hacienda del Distrito, anexando la documentación correspondiente; manifiesta que hay que distinguir dos momentos en la actividad requerida por él para el pago del fallo, antes y después de la expedición del acuerdo 011 de 2006; antes de la expedición del citado acuerdo, el numero 017 de 2004, establecía que las obligaciones generadas con corte a diciembre de 2003 serían canceladas directamente por la Tesorería Distrital con cargo al presupuesto de la administración central, previa presentación de la liquidación, actividad que se cumplió; después de la expedición del acuerdo No 011 se creó un mecanismo diferente para el pago de estas obligaciones por parte de la administración central, con la creación del fondo de cuenta de la Contraloría y con cargo a estos recursos

se ejecutaban y financiaban los gastos. El decreto reglamentario 0217 de 2006 ordenó la apertura de las cuentas del citado fondo, momento a partir del cual se pueden hacer los trámites para el pago de la obligaciones. Admite el disciplinado que se expidió un oficio durante su administración, solicitando el pago de obligaciones laborales anteriores a la del señor Bello Rodríguez, fechado 10 de abril de 2007, enviado al Secretario de Hacienda Distrital. Afirma que ante la imposibilidad del cumplimiento de la obligación, llevó a que se adelantara el proceso ejecutivo, pero no es posible hacerlo responsable del incremento de la obligación. Manifiesta que la primera instancia no tuvo en cuenta que para surtirse el trámite, se requería la existencia de los recursos necesarios en el Fondo de la Contraloría, por lo que no se efectúa una interpretación integral de las normas, ni las circunstancias que le favorecen, afirmando de manera equivocada que no se evidenció de su parte la actividad requerida para el pago de la obligación, concretamente lo motivo a verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co legales, para luego remitirla a la secretaría de Hacienda, previamente a esto se requería la disponibilidad de recursos. En el oficio de 10 de abril de 2007 le solicitó

al Secretario de Hacienda Distrital el pago de las obligaciones con cargo a los recursos existentes en el fondo, lo que se corrobora con el oficio de mayo 3 de 2010, obrante a folios 225-234, enviado a la procuraduría por el Secretaria de Hacienda, donde les informa que no se ha podido cumplir con el pago de la obligación del señor Bello Rodríguez, por no existir recursos. Dice que no se le puede exigir que se pasara la cuenta por simple procedimiento, sin que existiera la disposición de recursos; afirma que no se le podía exigir el pago de la acreencia ni otro tipo de conducta diferente al no pago, por lo que no se le puede reprochar la conducta adoptada, por existir circunstancias que impidieron una conducta diferente, tanto que hasta el día de sus descargos no se ha podido cumplir con el pago por la Administración Central. Como fundamento de derecho cita el numeral 2 del articulo 28 de la ley 734 de 2002, por considerar que se encuentra frente a una causal de exclusión de responsabilidad, ya que su proceder se supeditó al cumplimiento de la ley, quedando desvirtuada la ilicitud sustancial; solicita revocar y dejar sin efecto el fallo de primera instancia de fecha junio 28 de 2010 proferido por la Procuradora Regional del Atlántico. Anexa como pruebas la copia de oficios y certificaciones suscritas por la administración Distrital (fls 9); el comprobante de egreso de Fiduciaria la Previsora de febrero 1 de 2007; copia del oficio de 10 de abril de 2010 enviado al Secretario de hacienda Distrital; copia de la certificación del Banco

Popular de apertura de la cuenta de liquidación de la Contraloría Distrital de Barranquilla; copia del acuerdo 017 de 2004 y 011 de 2006 y los decretos reglamentarios 0217 de 2006 y 034 de 2007. CONSIDERANDOS Antes de pasar al análisis de la impugnación del fallo de primera instancia, conviene señalar que este Despacho no observa causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, de manera que corresponde a está Delegada pronunciarse sobre el recurso interpuesto, en virtud de las atribuciones conferidas en el Parágrafo Único del artículo 171, de la ley 734 de 2002. De esta manera y conforme al artículo 142 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del procesado. Corresponde entonces analizar si la conducta desplegada por el inculpado, Dr Rafael Gonzalez Rubio Natera, constituye violación a las disposiciones Constitucionales, Administrativas y disciplinarias enunciadas tanto en el pliego de cargos, como en el fallo de primera instancia.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10817 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Está probado documentalmente, que el señor Gonzalez Rubio desempeñaba el cargo de Contralor Distrital de Barranquilla, para la época de los hechos, situación que no ha sido rebatida en desarrollo del proceso.

De acuerdo a lo antes descrito y en consideración al artículo 171, parágrafo del C.D.U, según el cual “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar, únicamente, los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”, se precisa lo siguiente: Respecto del argumento presentado por el recurrente, conforme al cual la primera instancia no tuvo en cuenta las acciones desplegadas por él como Contralor, con respecto a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, este Despacho encuentra que la Procuraduría regional del Atlántico si tuvo en cuenta esta circunstancia, por cuanto se admite en el fallo de primera instancia que el inculpado atendiendo la orden judicial, expidió la resolución No 048 de julio 1 de 2004, que ordenó el reintegro del señor Bello Rodriguez en el cargo de profesional especializado código 335 grado 02 y se ordenó además la liquidación de los salarios dejados de percibir desde su desvinculación hasta la fecha del reintegro, y que mediante resolución No 0248 de 22 de junio de 2005 el Dr González Rubio reconoció los salarios, primas de navidad y de servicio, bonificaciones, vacaciones y demás dejados de percibir desde el 21 de enero de 2001 hasta el 27 de agosto de 2004 y por medio de la resolución No 0247 de junio de 2005 se le reconocieron cesantías definitivas y primas de navidad proporcionales al señor Bello Rodríguez, por lo que este Despacho considera que las pruebas arrimadas a este

plenario fueron valoradas por el a quo desde el inicio de la investigación hasta su etapa final, teniendo que se valoraron no solo las pruebas en contra del disciplinado, sino también las que le son favorables, acatando así el debido proceso. Cosa diferente es que el a quo las hubiera valorado en sentido distinto al pretendido por el sancionado. Con relación a la situación deficitaria que atravesaba la Contraloría Distrital de Barranquilla, acorde con la consideración de la primera instancia, no desconoce este Despacho tal situación, pero según la certificación expedida por el Secretario General de la Contraloría de Barranquilla (fls 223-224), durante los años en que se desempeñó como Contralor el Dr. Rafael González Rubio, se efectuaron pagos por concepto de sentencias judiciales, sin que se hubiesen incluido las acreencias del señor Guillermo Bello Rodríguez, a pesar de que el fallo en contra de la entidad fue del año 2003, desconociendo el inculpado lo dispuesto en la sentencia, sin que encuentre este Despacho justificación a tal conducta. Admite el disciplinado en su memorial de apelación que se tramitaron ante el Secretario de Hacienda Distrital acreencias laborales anteriores a la del señor Bello, vale entonces la pena preguntar porqué no se incluyó la acreencia laboral adeudada a este funcionario.

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Este Despacho encuentra, de acuerdo con la certificación de la Secretaría de Hacienda Distrital (fls 320-323), que solo el día 3 de mayo de 2010 fue radicada una orden de pago a favor de la sra Rosalba Esther Fuentes Angarita por valor de $262.567.727 correspondiente al proceso ejecutivo del señor Guillermo Bello Rodríguez, lo que toma en inaceptables los argumentos expuestos por el sancionado, al estar palmariamente demostrado que antes de ello no se surtió el trámite requerido. No obstante la situación financiera alegada, el Contralor ha debido pasar la orden con antelación y efectuar acciones para hacer efectivo el pago de la acreencia, que es precisamente lo que no hizo, motivo por el cual la falta en cuestión se evidencia y se materializa en la falta de cumplimiento de dicha actuación. Para esta Procuraduría queda claro, que el proceder omisivo del disciplinado constituye falta disciplinaria, conforme se le indicó en el pliego de cargos, que a la letra dice: “ No ha demostrado el Implicado, que hubiera emprendido la actividad requerida para el pago de la sentencia judicial, bien de manera directa p