PGN - DEBERES FUNCIONALES Propias del servidor público

i DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL-Sin contar con estos requisitos crea nuevos empleos excediendo el monto global fijado en el presupuesto aprobado PRINCIPIOS GENERALES-Regulan las funciones públicas de los servidores a cargo del Estado/FUNCIÓN PÚBLICA-Relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración Así entonces, ha de remembrar esta Procuraduría que las instituciones estatales y las autoridades que se encuentran vinculadas a ellas realizan actividades que están encaminadas a la consecución del bienestar general, así como a la promoción de la prosperidad y a facilitar el ejercicio de los derechos y garantías de todas las personas que conforman la sociedad. Con fundamento en esto, el Estado ha preestablecido un sistema para que el comportamiento de dichas autoridades, a quienes ha denominado como servidores públicos, se encauce dentro de parámetros que conlleven a que sus actuaciones se desarrollen cabalmente y con sujeción a principios generales como la moralidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad, entre otros, todo ello con el único fin que las funciones públicas cumplan su cometido y propósito en pro de la adecuada prestación de los servicios a cargo del Estado. Fundado en esta aseveración, se estructura entonces el derecho disciplinario como el marco que define y vigila aspectos esenciales de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública, condición que conlleva a que pueda castigarse el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la violación de régimen de

inhabilidades, incompatibilidades, etc. FINALIDAD DE LA LEY DISCIPLINARIA-Valora la inobservancia de normas positivas que consagra un deber funcional al servidor público/NORMAS DISCIPLINARIAS-Se erigen como un mecanismo de control formal y de autotutela del Estado De allí entonces, que «el fundamento de la imputación disciplinaria está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor público o del particular que desempeña funciones públicas», pues es en este estado –donde se excede el marco legal y se altera el correcto funcionamiento del Estadodonde se desvía el fin último de la actividad pública que es la consecución de los fines estatales. Vale anotar que la finalidad del derecho disciplinario se concentra en valorar la inobservancia de normas positivas que consagran un deber funcional para el servidor público, pues ese incumplimiento, que se requiere esté provisto de ilicitud sustancial, es el que orienta la determinación de la antijuridicidad -inescindiblede las conductas que deben ser reprochadas por el operador de disciplina. Así entonces, ha advertido en oportunidades pretéritas este Despacho que las normas disciplinarias se erigen como un mecanismo de control formal y de autotutela del Estado, disposiciones que se encuentran plasmadas en principios y reglas que se configuran en modelos de determinación, y que buscan encauzar la conducta de los servidores públicos para que se abstengan de infringir las cargas o exigencias constitucionales, legales o reglamentarias impuestas por razón del ejercicio de una función pública, condicionadas a su cumplimiento imperativo, limitadoras de la libertad de actuar por virtud de la

subordinación con el Estado, determinadoras de cómo actuar, hasta dónde llegar. DEBERES FUNCIONALES-Propias del servidor público Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Carrera 9 No 8 – 56 Piso 3 Telefax: 390 83 83 Ext 21110. www.procuraduria.gov.co E-mail: regional.valle@procuraduria.gov.co Santiago de Cali i De esta manera, en el derecho disciplinario estamos en un escenario en el que se deben cotejar los deberes propiamente funcionales que se le han atribuido al servidor público, por el cargo que detenta y/o función pública atribuida, con el comportamiento desplegado en el ejercicio de la actividad y/o servicio encomendado, pues es allí donde se podrá establecer si actuó en forma contraria a lo que las normas que reglan su actuar le han establecido. En ese sentido, se hace imperante entonces para el operador disciplinario revisar de manera detallada el actuar del servidor investigado, debiendo en tal sentido apegarse a los parámetros constitucionales y legales -principalmente aquellos aportados por la Ley 734 de 2002-, asegurando en todo caso los derechos, principios y garantías establecidas para todo aquel que se ve sometido al poder sancionatorio estatal. FUNCIONES DE LOS ALCALDES-Regulación Constitucional/FUNCIÓN PÚBLICA-Del alcalde no crear obligaciones que excedan del monto global fijado para gastos de personal/RÉGIMEN PRESUPUESTAL-Facultad del alcalde no exceder el monto global fijado para gastos de personal según regulación constitucional Ahora bien, si el Constituyente Primario advirtió que dicha facultad, otorgada a los

alcaldes municipales, establece un condicionamiento cual es el de no exceder el monto global fijado para gastos de personal, significa la existencia de una prohibición o deber constitucional que debe ser acatada sin discusión alguna. ATRIBUCIONES DE LOS ALCALDES-Regulación Constitucional De otro lado, en relación con la afirmación según la cual el Decreto 30-16-348 del 9 de diciembre de 2011 no genera efectos fiscales que obligue a su defendido a expedir un certificado de disponibilidad presupuestal y menos el registro presupuestal habida cuenta que el contenido del mentado decreto no menciona nombres ,es una argumentación que no es de recibo para este Despacho habida cuenta que de la simple lectura del artículo 122 de la Constitución Política se advierte sobre la exigencia de contar con los emolumentos en el presupuesto correspondiente, exigencia que es concordante con el artículo 315 de la Carta,… FALTA GRAVÍSIMA-Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes Tal como lo señala la primera instancia esta inobservancia en cabeza de la primera autoridad lo hizo incurso en la falta disciplinaria descrita en el numeral 22 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, la misma que establece que son faltas gravísimas asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes lo que da lugar a la sanción descrita en el fallo sancionatorio objeto de revisión. DERECHO DISCIPLINARIO-Gira en torno a la infracción al deber funcional En este orden de ideas, se puede precisar entonces que en el derecho disciplinario todo gira en torno a la infracción de los deberes funcionales, la categoría de la culpabilidad o

aspecto subjetivo de la falta, está también basada en la diligencia exigible en el desempeño de las actividades y asuntos de quienes ejercen funciones públicas, por lo que el servidor público está obligado a conocer y cumplir en forma eficiente sus deberes funcionales, en el caso en comento se demostró, que el disciplinado se apartó de las normas legales que le obligaban a cumplir con el deber jurídico de contar con la apropiación presupuestal de los recursos para la creación y consecuente designación de cargos, conforme a lo previsto en los parámetros legales. Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Carrera 9 No 8 – 56 Piso 3 Telefax: 390 83 83 Ext 21110. www.procuraduria.gov.co E-mail: regional.valle@procuraduria.gov.co Santiago de Cali i CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Conducta dolosa Respecto al elemento subjetivo, se mantendrá la calificación como dolosa, en atención a que como se explicó en precedencia, se encuentra probado que el disciplinable conocía la ilicitud de su comportamiento y sin embargo, encausó su proceder para proferir el acto administrativo para la modificación y ampliación de la planta de personal de la administración municipal a su cargo que lo hacían conocedor de que la designación de funcionarios es una actividad en la que imperaba normas de obligatorio cumplimiento como la de contar con la apropiación presupuestal de los recursos para su creación y que su desarrollo debía ajustarse a los principios constitucionales y legales y del deber de ceñirse a los fines que ese acto persigue. Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Carrera 9 No 8 – 56 Piso 3 Telefax: 390 83 83 Ext 21110. www.procuraduria.gov.co

E-mail: regional.valle@procuraduria.gov.co Santiago de Cali i

Entidad: Procuraduría Regional del Valle del Cauca

Radicación: IUS-2012-340802

Disciplinado: JORGE ELIECER ARAGON MAFLA

Cargo y/o Entidad: Alcalde de Jamundí Valle Quejoso: ANA MILENA SANCHEZ Y OTROS Fecha de la Queja: Agosto 08 de 2012

Fecha hechos: 09/12/2011

Asunto: Decisión de segunda instancia.

Santiago de Cali, 12 de febrero de 2016 RESOLUCION No. No_004___ Procede este Despacho a emitir la decisión que corresponde, frente al fallo de primera instancia proferida mediante la Resolución No. 021 del 30 de octubre de 2015, por la Procuraduría Provincial de Buga, contra el señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA, en su condición de Alcalde del Municipio de Jamundí Valle, a quien se le impuso la sanción disciplinaria de DESTITUCION E INHABILIDAD

GENERAL POR DOCE (12) AÑOS.

I. ANTECEDENTES 1.- LA QUEJA La Procuraduría Provincial de Cali, en auto de agosto 8 de 2012 proferido dentro de la Investigación disciplinaria radicada con el IUS2012-27185, ordenó la compulsa de copias para que por cuerda separara se investigara al señor Alcalde Jamundí Valle, Vigencia 2011 por la creación de empleos transgrediendo presuntamente claramente los artículos 122 y 315-7 teniendo en cuenta la no certificación presupuestal para haberlos creados.

2.- DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Por auto del 20 de septiembre de 2012, se profirió auto de APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA en contra del señor JORGE ELEICER ARAGON MAFLA, a quien se le requiere su comparecencia para efectos de la notificación de dicho proveído, mediante oficio No. 5749 de octubre 8 2012. Si bien es cierto no aparece en la foliatura el primer aviso y/o requerimiento, el día 10 de octubre de 2010 se deja constancia que como hasta la fecha no ha comparecido se dispone a realizar la diligencia de notificación por edicto, fijado el 8 de octubre de 2012 a las 8:00 Am y desfijado el 12 de octubre a las 5:00 PM.

3.- CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN.

Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Carrera 9 No 8 – 56 Piso 3 Telefax: 390 83 83 Ext 21110. www.procuraduria.gov.co E-mail: regional.valle@procuraduria.gov.co Santiago de Cali i A través del auto de mayo 26 de 2014, se declaró cerrada la investigación disciplinaria; decisión que para efectos de hacerse presente el disciplinado JORGE ELIECER ARAGON MAFLA, a notificarse se libró el oficio No. 2634 de junio 13 de 2014 y se fijó el estado No. 102 el 24 de julio de 2014 a las 8:00 AM y desfijado a las 5:00 PM 4.- PLIEGO DE CARGOS Con ocasión de la decisión antes anotada, la Procuraduría Provincial de Cali,

formuló el pliego de cargos No. 03 de fecha 27 de febrero de 2015; decisión que al no lograrse notificar personalmente al disciplinado a pesar de haberse le librado las comunicaciones para su comparecencia a notificarse a través de los oficios No. 1045 de marzo 2 de 2015 y 1432 de marzo 24 de 2015, por auto de abril 23 de 2015 se designado como defensora de oficio a la doctora LUZ DARY ZAPATA SANCHEZ, a quien se le reconoció personería jurídica para actuar en defensa de los intereses del implicado JORGE ELEICER ARAGON MAFLA. El cargo formulado en concreta de la siguiente manera: “Usted, señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA en su calidad Alcalde Municipal de Jamundí – Valle, faltó presuntamente a su deber como Servidor Público de cumplir y hacer que se cumpla lo dispuesto en el Artículo 122 de la Constitución Política, al haber modificado la planta de personal del municipio mediante el Decreto No 30-16-348 del 09 de diciembre de 2011, sin tener previstos los emolumentos de los nuevos cargos en el presupuesto, pues no contaba ni con disponibilidad y mucho menos registro presupuestal, con el cual se garantizara la viabilidad y sostenibilidad de dichos cargos.” Como normas presuntamente transgredidas señaló el A-quo los artículos 6, 122 y 315 de la Constitución Política; artículo 49 de la Ley 179 de 1994; artíuclo 34, numeral 1; artículo 35 numeral 1º y artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Con fundamento en lo antedicho, calificó la conducta como GRAVISIMA a título de CULPA GRAVISIMA (violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento). II.- DECISION DE PRIMERA INSTANCIA Conforme se observa en el expediente la Procuraduría Provincial de Cali, profirió decisión de primera instancia en la que declaró probado el cargo único imputado, al señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA, en su condición de Alcalde del Municipio de Jamundí Valle, sustentando su determinación en los siguientes términos: “(…) 4.- ANALISIS Y VALORACION JURIDICA DE LOS CARGOS, DE LOS DESCARGOS Y DE LS PRUEBAS DE DESCARGOS DE LAS ALEGACIONES “El cargo está sustentado en la violación a la ley 734 de 2002 Artículo 35. Numeral 1º: “Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Carrera 9 No 8 – 56 Piso 3 Telefax: 390 83 83 Ext 21110. www.procuraduria.gov.co E-mail: regional.valle@procuraduria.gov.co Santiago de Cali i estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.” Y en especial el Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

22 - Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.”(Resaltado nuestro) Es claro que con el referido comportamiento, el señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA en su calidad de Alcalde de Jamundí- Valle, incumplió con las obligaciones establecidas en el Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, que señala que: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente..”, y el Artículo 315 que señala que “Son atribuciones del alcalde: 7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado”. Así mismo el señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA en su calidad de Alcalde de Jamundí- Valle, incumplió con la obligación establecida en el Artículo 49 de la Ley 179 de 1996"Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. (..) Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se

deberán indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.(.) En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponibles, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.(...) Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.(..) Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones"; de ello se tiene que para la modificación a la planta de personal del Municipio de Jamundí – Valle mediante el Decreto No 30-16-348 del 9 de diciembre de 2011, era requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal con el que se garantizara la posibilidad de atender estas modificaciones, y el señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA en su calidad de Alcalde Municipal, no cumplió con dicho requisito previo. En consecuencia, conforme a las pruebas recaudadas en la actuación, el señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA en su calidad de Alcalde Municipal de Jamundí- Valle, para el periodo 2008-2011, al proferir el Decreto No 30-16-348 del 09 de

diciembre de 2011, al haber adecuado su comportamiento a lo establecido en el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la falta se considera GRAVÍSIMA, pues así ha sido previamente calificada por el legislador en dicho artículo. Igualmente, se califica definitivamente la culpabilidad a título de CULPA GRAVISIMA, tal como se desprende del parágrafo único del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, porque se estiman configurados los elementos que integran dicho título de imputación subjetiva, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, ya que como máxima Autoridad del Municipio era conocedor de la obligatoriedad del requisito previo de contar con los recursos suficientes para garantizar dicho compromiso, pues al tomar posesión del cargo se comprometió a “cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las Ordenanzas y los Acuerdos y desempeñar, según su leal saber y entender, las funciones de su cargo.”, violación que se materializó en el hecho de no haber dado cumplimiento a lo establecido en los Artículos 122 y 315 de la Constitución Política y el Articulo 49 de la Ley 179 de 1996. Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Carrera 9 No 8 – 56 Piso 3 Telefax: 390 83 83 Ext 21110. www.procuraduria.gov.co E-mail: regional.valle@procuraduria.gov.co Santiago de Cali i 4.2. DE LOS DESCARGOS Y ANALISIS DE LOS MISMOS Mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2015, presentados dentro del término legal, la apoderada de oficio del investigado, Señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA, la

Dra. LUZ DARY ZAPATA SANCHEZ, señaló que surge en ella una duda por cuanto en la presentación y estudio del proyecto de acuerdo por parte de la Comisión de Gobierno, conformada por los ediles GUILLERMO ABRIL, MARIA DEL PILAR NAVIA, LUIS ALBERTO BERRIO y JAIRO NUÑEZ MARTINEZ, no realizaron manifestación alguna sobre presunta falta de la disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, por lo que solicitó se les citara a rendir testimonio, salvo al señor LUIS ALBERTO BERRIO, por cuanto éste ya había rendido declaración juramentada el 19 de noviembre de 2012. (Fol. 194 a 197) Igualmente pidió que se oficiara a la secretaría de gestión humana del Municipio de Jamundí para que allegara el lugar de notificación del doctor JAIME DORADO CHANCHI, jurídico para la vigencia 2011 y llamarlo a declarar; y que se citara al Sr. JORGE ELIECER ARAGON MAFLA a rendir su versión libre sobre los hechos. 4.3 DE LAS PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante Auto de fecha 15 de mayo de 2015 (Fol. 198 a 201), se ordenaron como pruebas de descargos, escuchar en diligencia de declaración juramentada a los señores GUILLERMO ABRIL, MARIA DEL PILAR NAVIA y JAIRO MARTINEZ, igualmente al señor JAIME DORADO CHANCHI, jurídico para la vigencia 2011, y citar nuevamente al disciplinado JORGE ELIECER ARAGÓN MAFLA para que rindiera su versión libre de los hechos.

En diligencia de declaración juramentada del día 9 de junio de 2015, la Concejal de Jamundí para la vigencia 2011, señora MARIA DEL PILAR NAVIA BONILLA, manifestó que no recuerda haber visto los anexos correspondientes al soporte de viabilidad presupuestal para el proyecto de reforma de empleos. (Fol. 212 a 2013) En diligencia de declaración juramentada del día 16 de junio de 2015, el Concejal de Jamundí para la vigencia 2011, señor GUILLERMO ANTONIO ABRIL VELASCO BONILLA, manifestó que el Jurídico de ese entonces, JAIME DORADO CHANCHIS les expuso el proyecto y les dijo que había presupuesto, que se estudió el tema presupuestal, pero que no recuerda haber visto los anexos correspondientes al soporte de viabilidad presupuestal. (Fol. 212 a 2013) Se citó igualmente a los señores LUIS ALBERTO BERRIO, JAIRO NUÑEZ MARTINEZ y JAIME DORADO CHANCHIS, pero no concurrieron a la diligencia para la cual fueron requeridos. Con el fin de garantizar el derecho a la defensa del investigado, se citó de nuevo al investigado JORGE ELIECER ARAGON MAFLA, a la dirección que quedo registrada en la diligencia del 9 de junio de 2015 (Fol. 213), a fin de que rindiera su versión libre, quien no asistió, ni tampoco se hizo presente a las diligencias de declaración, a pesar de haber sido citado oportunamente. Mediante estos testimonios, la defensa pretendía demostrar que sí se realizaron los respectivos estudios financieros para la expedición del Decreto No 30-16-348 del 09

de diciembre de 2011, lo cual cabe señalar, no es el objeto de la presente investigación, aunque no obstante se tiene que los declarantes no dan fe de la existencia de las certificaciones de disponibilidad presupuestal. Por tanto es claro para el Despacho, que el señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA en su calidad de Alcalde del Municipio de Jamundí, adelantó el proceso de modificación de la planta de personal, sin el respectivo certificado de viabilidad presupuestal. Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Carrera 9 No 8 – 56 Piso 3 Telefax: 390 83 83 Ext 21110. www.procuraduria.gov.co E-mail: regional.valle@procuraduria.gov.co Santiago de Cali i Así mismo la doctora LUZ DARY ZAPATA SANCHEZ mediante escrito fechado 17 de junio de 2015, radicado el día 30 de junio (Fol. 231 a 237), solicitó a este Despacho la Nulidad de todo lo actuado, sustentada en los siguientes argumentos: Violación al derecho a la defensa del investigado, que se originaría en el mismo Auto del 8 de agosto de 2012, donde se ordenó dentro del radicado IUS-2012-27185, el archivo definitivo a favor del señor DAIRO ALONSO CASTAÑO CASTAÑO y en el mismo se ordenó compulsar copias para investigar al señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA, por cuanto la Procuraduría Provincial de Cali señaló dentro de sus argumentos, que el Acuerdo Municipal No. 019 de junio 22 de 2011 expedido por el Concejo Municipal de Jamundí, nunca fue aprobado, que lo declaró ilegal sin tener

competencia para ello. Que existe contradicción por este hecho por cuanto si la Procuraduría Provincial de Cali declara ilegal dicho acuerdo como argumento para exonerar de responsabilidad disciplinaria a un funcionario, no se puede usar ahora como legal para endilgarle responsabilidad a su defendido por expedir el Decreto No. 30-16-348 del 9 de diciembre de 2011 presuntamente sin la disponibilidad y registro presupuestal. Señala que existen dudas en el operador disciplinario sobre la existencia legal del Acuerdo No. 019 de junio 22 de 2011, el cual autorizaba al Alcalde a realizar una reforma administrativa, la cual se concretó con la expedición del Decreto No. 30-16-348 del 9 de diciembre de 2011, por lo cual debe prevalecer la presunción de inocencia del investigado. La existencia de irregularidades que afecten el debido proceso, que se originaría en el mismo Auto del 8 de agosto de 2012, donde se ordenó dentro del radicado IUS2012-27185, el archivo definitivo a favor del señor DAIRO ALONSO CASTAÑO CASTAÑO y en el mismo se ordenó compulsar copias para investigar al señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA, por cuanto la Procuraduría Provincial de Cali en dicho auto prejuzgó al investigado desconociendo la presunción de inocencia, y al proferir la auto de Indagación Preliminar dentro del IUS 2012-340802, el operador disciplinario reitera la existencia del Auto del 8 de agosto de 2012 donde se compulsan copias para que se investigue al señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA Este Despacho resolvió dicha solicitud mediante Auto de fecha 6 de julio de 2015 (Fol.

238 a 246), no accediendo a las pretensiones de la defensa por cuanto la recurrente argumentó exclusivamente la irregularidad planteada frente al Auto de Archivo de fecha del 8 de agosto de 2012, auto que se profirió dentro del radicado IUS-201227185, proceso en donde se investigó al Alcalde (E) Municipal de Jamundí, Dr. señor DAIRO ALONSO CASTAÑO CASTAÑO por hechos distintos a los investigados en el presente asunto; y si bien es cierto en el mencionado auto se ordenó compulsar copias para investigar al Alcalde Municipal de Jamundí para la vigencia 2011, por la posible existencia de faltas disciplinarias consistentes en la creación de empleos sin la correspondiente certificación presupuestal, en dicho auto no se le individualizó ni se le endilgó como cierta la presunta falta disciplinaria al señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA. Solo hasta el Auto de Apertura de Indagación Preliminar del 20 de septiembre de 2012, dentro del radicado IUS 2012-340802 se determinó que para la vigencia 2011 se desempeñaba como Alcalde Municipal de Jamundí el señor JORGE

ELIECER ARAGON MAFLA.

Cabe señalar que en ningún momento este Despacho declaró la ilegalidad del Acuerdo Municipal No. 019 de junio 22 de 2011 expedido por el Concejo Municipal, por medio del cual se facultó al Alcalde JORGE ELIECER ARAGON MAFLA para realizar una reforma administrativa, por cuanto no es la entidad competente para ello, y no se puede pretender que la apreciación de la defensa sobre el contenido del Auto de Archivo del 8 de agosto de 2012 dentro del IUS-2012-27185, se tenga como causal

de nulidad en el presente proceso. Por lo anterior, no existe una “contradicción” o “dudas en el operador disciplinario” sobre la existencia legal de dicho acuerdo, como señala la defensa, lo cual cabe señalar, no es el hecho o la presunta falta disciplinaria por la cual se adelanta el radicado que nos ocupa, que es el IUS 2012-340802, ni por lo cual se profirió el auto de Cargos No. 03 del 27 de febrero de 2015 contra el Dr.

JORGE ELIECER ARAGON MAFLA.

Cabe destacar que en el radicado que nos ocupa, que es el IUS 2012-340802, al Sr. JORGE ELIECER ARAGON MAFLA se le han respetado todas las garantías procesales, se le ha notificado de todas y cada una de las actuaciones adelantadas por el Despacho, y en donde, con el fin de garantizar su efectivo derecho a la defensa, Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Carrera 9 No 8 – 56 Piso 3 Telefax: 390 83 83 Ext 21110. www.procuraduria.gov.co E-mail: regional.valle@procuraduria.gov.co Santiago de Cali i por cuanto nunca se hizo presente para conocer del mismo, se le designó Defensor de Oficio. Señaló la defensa que esta Procuraduría Provincial prejuzgó al señor JORGE ELIECER ARAGON MAFLA, por cuanto en el se compulsó copias para que se le investigara en el mencionado auto del 8 de agosto de 2012 dentro del IUS-201227185; apreciación que no compartió el Despacho por cuanto, si bien es cierto que para la vigencia 2011 este se desempeñaba como Alcalde Municipal de Jamundí, en

dicho auto acusado no se le individualizó ni se le endilgó como cierta la presunta falta disciplinaria, y solo se le individualizó dentro Auto de Indagación Preliminar del 20 de septiembre de 2012 en el radicado IUS 2012-340802, en el cual siempre se presumió la inocencia del investigado. Por dichas razones este Despacho no accedió la nulidad solicitada por la defensa, decisión ante la cual la defensa no interpuso recurso alguno (Fol. 238 a 246). A pesar de ello, la Dra. LUZ DARY ZAPATA SANCHEZ el 5 de agosto de 2015 interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, la Acción De Tutela No. 2015-00886-00 contra esta Provincial, con base en los mismos argumentos de la solicitud de nulidad, la cual fue respondida por este Despacho mediante oficio No. 3923 del 14 de agosto de 2015, obrante a folios 52 a 57 del cuaderno anexo. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle declaro la improcedencia de la acción de tutela mediante sentencia del 21 de agosto de 2015, visto a folio 58 del cuaderno anexo. 4.4 DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSION Mediante escrito de fecha 13 de Agosto de 2015, sostiene la defensa en sus Alegatos de Conclusión los mismos argumentos señalados en la solicitud de nulidad mediante escrito fechado 17 de junio de 2015, radicado el día 30 de junio. Señala la defensa que, frente al Decreto No 30-16-348 del 09 de diciembre de 2011

“Por medio del cual se modifica y amplía la planta de personal de la Alcaldía de Jamundí-Valle del Cauca”, éste es un acto administrativo de mero trámite en cumplimiento a las facultades otorgadas por el honorable Concejo Municipal de Jamundí mediante el Acuerdo No. 019 de junio 22 de 2011 “Por medio del cual se faculta al Alcalde de Jamundí para reformar la administración municipal, modificar la planta de personal del municipio, se determina la nomenclatura y clasificación de empleo, se fija la correspondiente escala salarial, de conformidad con la ley y se dictan otras disposiciones”. Señala igualmente que al ser un acto administrativo general de mero trámite, no genera efectos fiscales que obligue a expedir un certificado de disponibilidad presupuestal y mucho menos obligue a expedir un registro presupuestal; señala que si se realizaron los respectivos estudios técnicos financieros para ello y que el proceso de reforma administrativa se adelantó cumpliendo todos los requisitos legales, especialmente los establecidos en la Ley 909 de 2004. Frente a este punto, debe señalar el Despacho que el Departamento Administrativo de la Función Pública en su “GUIA DE MODERNIZACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS”, señala que: “Para el caso de las