PGN - DEBIDO PROCESO Libertad de configuración normativa para fijar trámites administrativ

Procurador General Bogotá, D.C., SELLO (8 SET.2010) Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1382 de 2010.

Actor: Javier Alfonso Romero Estupiñán.

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.

Expediente No. D-8200. Concepto No. 5018. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto sobre la demanda instaurada por el ciudadano JAVIER ALFONSO ROMERO ESTUPIÑAN, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º, de la Carta, solicita a la Corte que se declare la inconstitucionalidad del parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1382 de 2010, que establece: LEY 1382 DE 2010 (febrero 9) Diario Oficial No. 47.618 de 9 de febrero de 2010 Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 230 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas: Canon superficiario. El canon superficiario sobre la totalidad del área de la concesión durante la exploración, el montaje y construcción o sobre las extensiones de la misma que el contratista retenga para explorar durante el período de explotación, es compatible con la regalía y constituye una

contraprestación que se cobrará por la entidad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de Procurador General Concepto No. 5018 ubicación del contrato. El mencionado canon será equivalente a un salario mínimo día legal vigente (smdlv) por hectárea año, del primero al quinto año; de ahí en adelante el canon será incrementado cada dos (2) años adicionales así: por los años 6 y 7 se pagarán 1.25 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año; por el año 8, 1.5 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año. Dicho canon será pagadero por anualidades anticipadas. La primera anualidad se pagará dentro de los tres (3) días siguientes al momento en que la Autoridad Minera, mediante acto administrativo, determine el área libre susceptible de contratar. Para las etapas de construcción y montaje o exploración adicional, se continuará cancelando el último canon pagado durante la etapa de exploración. PARÁGRAFO 1º. La no acreditación del pago del canon superficiario dará lugar al rechazo de la propuesta, o a la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, según el caso. La Autoridad solo podrá disponer del dinero que reciba a título de canon superficiario una vez celebrado el contrato de concesión. Solamente se reintegrará al proponente la suma pagada en caso de rechazo por superposición total o parcial de áreas. En este último evento se reintegrará dentro de los cinco (5) días hábiles, la parte proporcional si acepta el área reducida, contados a partir que el acto administrativo quede en firme. Igualmente habrá reintegro en los casos en que la

autoridad ambiental competente niegue la sustracción de la zona de reserva forestal para la etapa de exploración. PARÁGRAFO 2o. Las propuestas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho pago dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, so pena de rechazo o caducidad, según corresponda.” (En negritas lo demandado).

1. Planteamientos de la demanda.

El actor considera que el parágrafo impugnado vulnera los artículos 13, 29 y 84 de la Carta, por tres razones: i) porque no se respeta la normatividad minera vigente al momento de presentar las propuestas, lo cual genera una vulneración al debido proceso, dado que altera las reglas de juego preestablecidas, para en su lugar consagrar otras; ii) porque se está creando un requisito adicional para el estudio de las propuestas, que no estaba contemplado al momento de presentar las 2 Procurador General Concepto No. 5018 mismas; iii) porque se discrimina de manera injustificada a las propuestas en trámite frente a las nuevas, ya que se impone a las primeras una obligación que no existía al momento de radicarse y se les otorga un plazo de tres meses para cumplirla, mientras que a las segundas se les brinda un plazo más amplio, que se extiende en el tiempo hasta el momento en que cuenten con el acto administrativo que determine el área libre susceptible de contratar.

2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si al consagrar nuevos requisitos para el trámite de

propuestas de concesión minera y de los títulos mineros, existentes antes de la vigencia de la disposición demandada, se vulneran los derechos a la igualdad, al debido proceso y se quebranta la prohibición constitucional de exigir requisitos adicionales a los consagrados por el legislador.

3. Aclaración previa.

En relación con el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1382 de 2010, el Ministerio Público ya se pronunció al emitir el concepto No. 5006 del 24 de agosto de 2010, con motivo de la demanda que aparece en el expediente D-8171. En ese concepto se analizaron cargos similares a los de la presente demanda. En razón de lo anterior, es menester hacer una remisión al mismo y, para efectos del presente asunto, se procede a transcribir lo pertinente a continuación:

3. Naturaleza del contrato de concesión minera.

El Título II de la Ley 685 de 2001, regula lo concerniente al contrato de concesión minera. Esta regulación es relevante para constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, en concordancia con lo establecido en su artículo 14. El artículo 45, a su vez, define el contrato de concesión minera como aquel que se celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este último, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para 3 Procurador General Concepto No. 5018 explotarlos en los términos y condiciones establecidos en ese Código. En este Título se regula en detalle aspectos como los términos de ejecución

del contrato, los trabajos y obras a realizar, los permisos adicionales, los derechos y obligaciones de las partes, la autonomía empresarial, la inexistencia de cláusulas exorbitantes y la caducidad. La antedicha regulación es acorde con el mandato del artículo 332 Superior, que establece en cabeza del Estado la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes; con lo establecido en el artículo 334 ibidem, que faculta al Estado para intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo y en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano; con lo dispuesto por el artículo 80 ibid., que hace responsable al Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; y con lo consagrado por el artículo 360 ibid., que deja en manos de la ley determinar las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. El Título VII, artículos 258 y siguientes, de la Ley 685 de 2001, establece el procedimiento para la presentación de la propuesta a efectos de obtener la concesión minera, y alude entre otras cosas, en el artículo 259, a la realización de una audiencia con el fin de oír previamente a terceros, representantes de la comunidad y a grupos o estamentos sociales.

4. Análisis de los apartes demandados de los artículos 12 y 16 de la Ley 1382 de 2010. (…) En relación con el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1382 de 2010, que modificó el artículo 230 de la Ley 685 de 2001, relativo a que las propuestas que se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho pago dentro de los tres meses subsiguientes a las promulgación de la ley, so pena de rechazo o caducidad, según corresponda, el Ministerio Público considera que este parágrafo no vulnera las normas constitucionales invocadas por el demandante.

El argumento del actor es: al crearse una causal de caducidad o de rechazo de la propuesta, a quienes las presentaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 1382 de 2010, se desconoce la presunción legal de los actos jurídicos administrativos y se pone en entredicho todos los contratos de concesión minera legalmente perfeccionados.

Para el estudio de la norma en comento es necesario distinguir dos situaciones: las propuestas que se encuentren en trámite y los títulos mineros que se amparan en un contrato de concesión. En ambas el 4 Procurador General Concepto No. 5018 legislador, en ejercicio del principio de libre configuración normativa, puede diseñar los trámites administrativos. En el caso de las propuestas, la expresión acusada complementa el artículo 274 de la Ley 685 de 2001, al obligar a que se acredite el pago de

la primera anualidad del canon superficiario, al momento de presentarlas, so pena de rechazo. La norma que se censura se limita a precisar el término para el pago de dicha anualidad, lo cual no implica un cambio en las reglas conocidas y aceptadas por los proponentes de una concesión minera. En cuanto a los títulos mineros, tampoco se desconoce los derechos de sus tenedores, pues el parágrafo demandado no crea una nueva causal de caducidad, ya que el artículo 112 del Código de Minas con anterioridad había dispuesto que el contrato puede terminarse por la declaración de caducidad por: “el no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas”, dentro de las cuales se encuentra el canon superficiario, contemplado en el artículo 230 del citado Código. En razón de lo anterior, no es posible aducir que el legislador establece una causal adicional de rechazo o caducidad, según el caso, que afecte los derechos de los concesionarios, pues dicha causal ya estaba contemplada en la normatividad anterior.

4. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte declarar la EXEQUIBILIDAD del parágrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1382 de 2010, por los aspectos aquí analizados. Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación LJMO/AespinosaB 5