PGN - DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA Con relación a funcionario judicial con medida de ase

INVESTIGACIÓN PENAL-Contra Fiscal General de la Nación por declaratoria de insubsistencia de empleado con medida de aseguramiento INHABILIDAD SOBREVINIENTE-No es aceptable que un funcionario judicial con medida de aseguramiento regrese al servicio Pero de esa situación particular surge un nuevo interrogante: ¿Es funcional y administrativamente aceptable que un funcionario judicial afectado con medida de aseguramiento que implica la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional y por ello ha sido suspendido de la función, regrese a ejercerla por haber sido favorecido con el beneficio de la libertad provisional, aunque siga vinculado al proceso penal?La respuesta a ese interrogante no puede ser otra que negativa.Y a continuación se cita la norma aplicable para casos como el de autos, el art. 150 de la ley estatutaria de la Administración de Justicia titulado “inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial”, que prosigue:“No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial:3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional”. INHABILIDAD SOBREVINIENTE-Genera acto administrativo de insubsistencia motivado Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Estatutaria sobre Administración de Justicia y aquellos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial. DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA-Con relación a funcionario judicial con medida de aseguramiento excluye la comisión de prevaricato

PROHIBICIÓN DE NOMBRAMIENTO-Respecto de funcionario judicial con auto de detención o tenga en su contra resolución de acusación/PROHIBICIÓN DE NOMBRAMIENTO-Respecto a persona contra la cual existan indicios graves de responsabilidad por delitos dolosos

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10840 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Bogotá, trece de diciembre de dos mil doce. Concepto N. 0471IJP Señores Comisión de Investigación y Acusación Cámara de Representantes (Reparto) Ciudad Rad. 2116

Contra: Luis Camilo Osorio Isaza y Mario Iguarán Arana Solicitud de auto inhibitorio Atentamente, en mi calidad de agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, acudo a la distinguida Comisión para solicitar que se profiera auto inhibitorio en aplicación del art. 424 de la ley 600 de 2000, con fundamento en las siguientes razones de hecho y de Derecho: En denuncia recibida en esa Comisión de la Cámara el 7 de marzo de 2007, el Dr. Gonzalo Martínez Villalobos dijo así: Que a partir de noviembre de 1997 fue trasladado a la ciudad de Bogotá como Fiscal Local, después de trabajar unos tres años en el mismo cargo en la ciudad de Ibagué.

Que en enero de 1999 fue vinculado a una investigación penal como posible autor del delito de prevaricato por acción, y que el fiscal instructor ante el Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento de detención

preventiva, sustituida por detención domiciliaria y ordenó “en forma simultánea su suspensión en el ejercicio del cargo”, en cumplimiento de las normas

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10840 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co vigentes. Este acto administrativo se hizo efectivo por resolución N. 2-1335 del 28 de mayo de 1999 de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá. Que más tarde, ya condenado en primera instancia por el delito anotado, pero estando pendiente su apelación, la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, en auto de 16 de julio de 2002 le concedió la libertad provisional y ordenó a la Fiscalía General de la Nación “levantar la suspensión que pesaba sobre el funcionario investigado, lo que implicaba el reintegro del servidor público suspendido”; y en este sentido hizo varias peticiones al Sr. Dr. Luis Camilo Osorio, entonces Fiscal General, por considerar imperativo su reintegro puesto que ya “no tenía medida de aseguramiento vigente”. Pero el Dr. Osorio Isaza “en lugar de ordenar el reintegro y dejar así sin vigencia la resolución N. 2-1335 del 28 de mayo de 1999…declaró la insubsistencia del nombramiento mediante resolución N. 01620 de septiembre 17 de 2002, la cual me fue notificada en forma personal el 2 de octubre de 2002”. El ex fiscal local, ahora denunciante, interpuso reposición en contra de ésta

resolución de insubsistencia, pero sus razones no fueron acogidas, lo que estima haber sido un delito de prevaricato: “una manifestación inexacta en la aplicación del derecho administrativo”, como se lee al folio 3 de su denuncia. Afirmó también el denunciante –lo que resultó ser falso, según se verá-, que en su proceso, al final, un año después de haber sido declarado insubsistente, la Corte Suprema de Justicia, el 11 de diciembre de 2003, “declaró la prescripción penal ante el vencimiento de los términos para confirmar o revocar la sentencia de primera instancia”; razón por la cual insistió ante el nuevo Fiscal General, Sr. Dr. Mario Iguarán Arana, pidiéndole la revocatoria directa de los actos administrativos de insubsistencia, lo que tampoco fue aceptado –ni las compensaciones salariales del caso-, por lo que considera que aquél cometió el delito de prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial. Respecto de las acusaciones así resumidas debe decirse que corresponden a medias verdades, y que un análisis detenido y atento de lo que obra en autos permite concluir que los ex funcionarios denunciados no cometieron

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10840 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co los delitos imputados, que además requieren dolo y un manifiesto y diametral apartamiento de las normas jurídicas reconocidas como aplicables al caso. Pasamos, pues, a precisar cada aspecto esencial de éste.

No puede afirmarse que en el proceso penal que cursó en contra del denunciante se haya revocado la medida de aseguramiento porque se estimara, con prueba sobreviniente, que había perdido su razón y fundamento. Lo que ocurrió fue que se dio aplicación al art. 365-2 de la ley 600, que dispone textualmente: “Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos: 2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele. “Se considerará que ha cumplido la pena el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla”. Tampoco es cierto que el proceso sufrido por el denunciante haya terminado por prescripción de la acción penal, pues en sentencia del once de diciembre de dos mil tres, que resuelve la apelación de la condena de primera instancia, y con ponencia del H. Magistrado de la Sala de Casación Penal, Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego, puede leerse en su parte resolutiva: “1. Modificar la sentencia de fecha 21 de febrero de 2002 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el sentido de fijar la pena que corresponde a Gonzalo Martínez Villalobos como responsable del delito de prevaricato por acción, en 36 meses de prisión,

multa de 50 salarios mínimos… “2. Declarar que la pena de prisión ya se cumplió y que, en consecuencia, la libertad que goza Martínez Villalobos es definitiva e incondicional. Devuélvase la caución prestada. “3. Confirmar en todo lo demás el fallo recurrido”. “Contra esta providencia no procede recurso alguno”.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10840 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Y, por último, tampoco es cierto que las normas administrativas no contemplaran la declaración de insubsistencia por la causal de inhabilidad sobreviniente –que fue lo que aplicó la Fiscalía-, y es cuestión bien distinta de la presunción de inocencia propia del procedimiento penal. Ya en la primera providencia de la Corte Suprema citada, la que ordenó su libertad provisional ‘por pena cumplida’ –para decirlo de manera coloquial-, y no porque se hubiere revocado el aseguramiento –que jurídicamente siguió vigente-, se advertía una probable causal aplicable de inhabilidad, citando al respecto otra jurisprudencia: “Pero de esa situación particular surge un nuevo interrogante: ¿Es funcional y administrativamente aceptable que un funcionario judicial afectado con medida de aseguramiento que implica la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional y por ello ha sido suspendido de la función, regrese a ejercerla por haber sido favorecido con el beneficio de la libertad provisional, aunque siga vinculado al proceso penal? La respuesta a ese interrogante no puede ser otra que negativa”.

Y a continuación se cita la norma aplicable para casos como el de autos, el art. 150 de la ley estatutaria de la Administración de Justicia titulado “inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial”, que prosigue: “No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial:

3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional”.

Y su parágrafo dispone que “los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial”. Por otra parte debe señalarse que en las resoluciones de insubsistencia la Fiscalía General de la Nación motivó la decisión en la norma anterior y en valiosa y plural jurisprudencia de las más altas Cortes del país – motivaciones serias que excluyen el prevaricato-, como por ejemplo está consignado en la resolución 0-1620 del Sr. Fiscal General, Dr. Luis Camilo

Osorio:

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10840 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co “A solicitud de la Secretaría General, la Oficina Jurídica por medio del oficio OJ 01510 del 25 de agosto de 2002, emitió concepto sobre la situación del doctor Gonzalo Martínez Villalobos, indicando que la misma encuadra en la

hipótesis prevista en el numeral 3 del artículo 79 del decreto ley 261 de 2000, razón por la cual resulta procedente la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento por inhabilidad sobreviniente… “La Corte Constitucional, en sentencia C-558 de 1994, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, al efectuar estudio constitucional [del concreto asunto de que se trata, precisa esta Procuraduría] señaló: “Que una persona a quien se le haya dictado auto de detención por delito doloso, aunque goce del beneficio de excarcelación, o se haya proferido en su contra resolución acusatoria en proceso penal, no pueda ser nombrada en ningún cargo de la Fiscalía General de la Nación ‘mientras se le define su responsabilidad’ es disposición tan lógica y obvia que no merece mayor análisis. “Si se acepta que en órganos como la Fiscalía presten sus servicios personas contra las cuales existen indicios graves de responsabilidad en la comisión de delitos dolosos, es tanto como admitir que se destruya el Estado de Derecho, pues la administración de justicia queda en manos de personas cuyas virtudes o condiciones personales están en entredicho y, por tanto no serían garantía suficiente de un correcto ejercicio de la función pública asignada, ni son garantía para los procesados”. Teniendo en cuenta todo lo anterior cabe añadir que tampoco hubo el fraude a resolución judicial imputado por el denunciante, pues si se omitió cumplir materialmente el levantamiento de la suspensión en el cargo fue para proveer de fondo en el sentido anotado, esto es, declarando la insubsistencia del denunciante ya mencionado.

En virtud de lo expuesto, solicito atentamente al H. Representante investigador -según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 424 y en el 427 de la ley 600 de 2000proferir proyecto de auto inhibitorio en favor de los imputados y someterlo a aprobación de la plenaria de la Comisión, según lo establecido en las normas legales.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10840 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Comedidamente, Jorge Alberto González Vásquez Procurador Primero Delegado para la Investigación y juzgamiento penal

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10840 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co