PGN - DELEGACION ADMINISTRATIVA Características constitucionales y jurisprudenciales básic

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C. octubre veintitrés (23) de dos mil siete (2007). Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria No. 46. Radicación 161-3417 (011-83661/03) Disciplinado GLORIA PATRICIA SUÁREZ

: HERNÁNDEZ

Cargo y Auxiliar de Magistrado.

Entidad: Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Bogotá Quejoso: Magistrado JULIA MARÍA CARDONA Fecha queja: 25 de marzo de 2003

Fecha 14 de marzo de 2003

Hechos: Asunto: Apelación fallo primera instancia

P.D. PONENTE: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ.

Sería del caso que la Sala Disciplinaria con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de apelación, se ocupara de la revisión de la providencia del 31 de julio de 2006, por medio de la cual la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, resolvió sancionar con destitución e inhabilidad general de (10) años a la señora GLORIA PATRICIA SUÁREZ HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.057.326 de Bogotá, en su condición de Auxiliar Judicial Grado 1 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá; si precisamente no se advirtiera que la servidora pública que formuló cargos y la que profirió la providencia objeto de alzada no fue designada por el Procurador General de la Nación, pues a quien se

designó de manera especial fue al doctor Fernando Brito Ruiz como Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, conforme al artículo 7º numeral 19 del Decreto 262 de 2000 (fl. 4). Radicación No. 161-3417 ANTECEDENTES PROCESALES Los constituye el auto del 25 de marzo de 2003, emanado del despacho del Procurador General de la Nación, por medio del cual y con fundamento en el artículo 7º, numeral 9º del Decreto 262 de 2000, fue designado el doctor FERNANDO BRITO RUIZ, Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, para conocer en primera instancia “hasta su culminación”, los hechos puestos en consideración por la doctora JULIA MARIA CARDONA, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, los cuales se contraen a que “… la señora GLORIA PATRICIA SUÁREZ HERNÁNDEZ, Auxiliar de Magistrado, adscrita a su despacho, había mantenido engavetados gran cantidad de documentos, entre otros, solicitudes de libertad, impugnaciones de tutelas, tutelas, casaciones interpuestas y correspondencia, los cuales su Despacho no pudo conocer ya que no los pasó cuando correspondía, para darles curso legal” (fl. 3). El 26 de marzo de 2003 y ante la designación que le hiciera el Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Brito Ruíz, en su calidad de Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora Gloria Patricia Suárez Hernández, en las condiciones ya anotadas, efectuada la notificación personal de la decisión, se

practicaron las pruebas allí ordenadas. El 30 de junio de 2004, la Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, doctora MARIA FERNANDA GUERRERO MATEUS profirió pliego de cargos en contra de la disciplinada, sin que de las piezas procesales aportadas al proceso, sea posible establecer un nuevo pronunciamiento por parte del Procurador General en torno a revocar la designación especial realizada al hoy Procurador para la Policía Nacional, doctor Fernando Brito Ruiz, para designar especialmente a la Delegada que profirió los cargos (fls. 4 y 98 a 115). Hecha la notificación de los cargos a la disciplinada, ésta ofreció las explicaciones correspondientes, y además, fueron ordenadas y practicadas las pruebas requeridas con tal ocasión. Así, continuó la investigación, sin que tampoco aparezca pronunciamiento por parte del Procurador General relativo a revocar la designación especial realizada al doctor Fernando Brito Ruiz, para designar como funcionaria especial a la Delegada que después profirió el fallo de primera instancia, la doctora Patricia Murcia Páez, Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, previo correr traslado para alegar de conclusión, el 22 de junio de 2005, derecho del cual no hizo 2 Radicación No. 161-3417 uso la disciplinada según constancia secretarial del 14 de julio de 2005 (fls. 245 y 248). En efecto, agotado el trámite anterior, el 19 de diciembre de 2006, la doctora Patricia Murcia Páez, en su condición la Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía

Judicial, profirió fallo de primera instancia y con él, resolvió sancionar con destitución e inhabilidad general de diez (10) años a la señora Gloria Patricia Suárez Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.057.326 de Bogotá (fls. 253 a 283). Informada de la decisión la señora Gloria Patricia Suárez Hernández, en su calidad de disciplinada y a través de apoderado, el 22 de enero de 2007 interpuso recurso de apelación; el cual fue concedido el 29 de enero de 2007 (fls. 291 a 307 y 309). CONSIDERACIONES DE LA SALA Como viene de ser registrado, el 25 de marzo de 2003 y ante los acontecimientos objeto de denuncia, el Procurador General de la Nación dispuso designar al doctor Fernando Brito Ruiz, para entonces Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, para que adelantara la investigación respectiva y la fallara en primera instancia, conforme a la facultad del numeral 7º del artículo 19 del decreto 262 de 2000; labor que observa la Sala, solo fue ejecutada por el funcionario designado en la apertura de la investigación, pues dejó el cargo de Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, para asumir el de Delegado para la Policía Nacional, sin que en el proceso en estudio y objeto de revisión, el Procurador General de la Nación revocara esta designación de funcionario especial para el conocimiento y fallo del proceso en primera instancia, y lo asignara a otro servidor de la Institución, y no obstante lo anterior, el 30 junio de 2004, la doctora María

Fernanda Guerrero Mateus, para ese entonces Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, en atención a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 156 de la Ley 734 de 2002 formuló cargos, al cabo de lo cual y habiéndose agotado el trámite propio del proceso disciplinario, ésta vez la doctora Patricia Murcia Páez, actual Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, el 19 de diciembre de 2006 profirió fallo de primera instancia. De conformidad con el artículo 118 de la Carta Política, el Procurador General de la Nación, entre otras, tiene la función de la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, la que ejerce directamente, o por medio de sus delegados y agentes, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 277 ídem, disposiciones concordantes con el artículo 275 del mismo ordenamiento, que 3 Radicación No. 161-3417 instituye al Procurador General de la Nación como el supremo director del Ministerio Público, lo que "implica que los diferentes órganos y funcionarios que lo conforman se encuentran articulados y subordinados orgánica, funcional y técnicamente a dicha institución y concretamente al referido funcionario, quien orienta, dirige y señala las directrices o pautas generales que deben ser observadas por los referidos órganos a efecto de asegurar la coordinación de las funciones y la unidad en las correspondientes acciones y decisiones.", según la interpretación que al respecto a efectuado la Corte Constitucional en la sentencia C-429 del 2 de mayo del 2001; con ponencia del Dr. Jaime Araújo Rentería.

La función constitucional y legal del Procurador General de la Nación, de ejercer directamente o delegar en cualquier servidor público o dependencia de la entidad las facultades previstas en el artículo 277 Constitucional, es consagrada también en el parágrafo del artículo 7 del Decreto 262 del 2000, así, una vez el Procurador General de la Nación asigne, distribuya o delegue las funciones y competencias atribuidas en este Decreto en las Procuradurías Delegadas, Territoriales y Judiciales, puede asumirlas en cualquier momento o delegarlas en otros funcionarios, dependencias de la entidad, o crear comisiones especiales disciplinarias, cuando lo considere necesario para garantizar la transparencia, imparcialidad y demás principios rectores de la función administrativa y disciplinaria. Disposición que es armónica al mismo tiempo, con las funciones descritas en los numerales 17, 19 y 20 de la misma normativa, en virtud de las cuales puede asumir el conocimiento en única instancia de los procesos disciplinarios cuando la importancia o trascendencia del asunto requieran su atención personal; crear comisiones disciplinarias especiales de servidores de la entidad, o designar a un funcionario de la misma entidad para adelantar investigaciones disciplinarias y fallar, facultad última que ejercerá quien presida la comisión o el funcionario designado, quien deberá ser de igual o superior jerarquía que el desplazado, así como para decretar la suspensión provisional cuando la gravedad, trascendencia o importancia del hecho lo ameriten; y comisionar a los servidores de la entidad para instruir actuaciones disciplinarias de su competencia o de otras dependencias, al igual que

para la práctica de pruebas. Concerniente al artículo 7 del Decreto 262 del 2000, profirió la Corte Constitucional la sentencia C-429 del 2 de mayo del 2001; M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería, haciendo alusión a la competencia como exclusiva facultad legal, y a la delegación como atribución administrativa en los siguientes términos: “4.El inciso segundo del numeral 17 y el inciso segundo del parágrafo del artículo 7 del decreto 262 de 2000 4 Radicación No. 161-3417 Considera el demandante que tanto el inciso segundo del numeral 17 como el inciso segundo del parágrafo del artículo 7 del decreto 262 de 2000, acusados, infringen el artículo 29 de la Constitución, pues la competencia no puede quedar a "merced del Procurador", esto es, a su criterio personal, ya que debe "existir plena certeza" respecto del funcionario competente para investigar y sancionar. La competencia, que ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción, tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica. En el Estado de derecho la posición jurídica del individuo es diametralmente opuesta a la del funcionario público. El individuo puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido por la ley. En cambio, el gobernante, la autoridad, actúa siempre con competencias que, en principio, son limitadas. Al individuo, al ciudadano lo que no le está expresamente prohibido le está permitido. Al funcionario público lo

que no le está expresamente atribuido, le está prohibido. Este principio surge de lo dispuesto en los artículos 6, 121 y 122 del Estatuto Superior, en los que se establece que los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido en la Constitución y las leyes, mientras que los funcionarios públicos solamente pueden realizar lo que en esos mismos ordenamientos expresamente se les atribuye; que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le asignan la Constitución y la ley; y que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. La competencia es parte esencial del debido proceso y presupuesto de validez de los actos que se profieren, pues si una autoridad expide un acto sin tener facultades para hacerlo, éste es nulo. En materia disciplinaria, que es el tema que se regula en las normas acusadas, también rige el principio del juez natural, esto es, aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto, está consagrado en el artículo 29 de la Constitución, en estos términos: "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)". 5 Radicación No. 161-3417 Principio que aparece incluido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", entre las garantías judiciales, así. "8. Garantías judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter." (Destaca la Corte) De conformidad con estos preceptos, la competencia debe ser constitucional o legal; preexistente, es decir, anterior al hecho que motiva la actuación o proceso correspondiente, y explícita. En cuanto atañe a la competencia del Procurador General de la Nación son varios los preceptos constitucionales que se refieren a ella. Veamos: En el artículo 118 de la Constitución se señalan las funciones genéricas que corresponde ejecutar al Ministerio Público y a quienes lo integran. "El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas." Disposición que guarda consonancia con el artículo 275 del mismo ordenamiento, que instituye al Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público; lo que "implica que los diferentes órganos y funcionarios que lo conforman se encuentran articulados y subordinados orgánica, funcional y técnicamente a dicha institución y concretamente al referido funcionario, quien

orienta, dirige y señala las directrices o pautas generales que deben ser observadas por los referidos órganos a efecto de asegurar la coordinación de las funciones y la unidad en las correspondientes acciones y decisiones. Ver entre otras sents, C255/97, C-245/95, C-399/95, C-743/98 6 Radicación No. 161-3417 En el artículo 277 ibídem, se le atribuyen al Procurador General de la Nación una serie de funciones, las cuales puede ejercer directamente o por medio de sus delegados y agentes: Dice así el precepto citado: "El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: (….)" Entre tales funciones se encuentran, las de: "Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantas las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley", contenida en el numeral 6. La diferencia entre delegado y agente del Procurador fue establecida por la Corte en la sentencia C-2495/9M.P. Antonio Barrera Carbonell, cuyos apartes pertinentes vale la pena transcribir: "El delegado es un alter ego del Procurador, hace las veces de éste, y lo vincula plena y totalmente. Aquí opera la figura de la representatividad, por cuanto el delegado actúa en nombre del delegante. Es una transferencia de la entidad propiaen nivel jurídico, no reala otro, con tres notas: plena potestad, autonomía de ejecución y confianza intuito personae. En cambio, el agente obra en desarrollo de

una función antes que en nombre de una persona, pero siempre está bajo la subordinación de otro superior, ante quien responde y de quien puede cumplir órdenes específicas para un asunto determinado. En este orden de ideas, los procuradores delegados son agentes, pero se advierte que todo delegado tiene indirectamente una función de agente, pero no todo agente es necesariamente delegado. No obstante lo dicho antes, no existen en la Constitución criterios concretos para diferenciar los delegados, de los agentes del Procurador, pues lo cierto es que unos y otros desarrollan funciones y actúan en representación del Procurador en el cumplimiento de las tareas que son propias del Ministerio Público, salvo en lo atinente a las funciones que privativamente corresponde a aquél en los términos de los artículos 242-2-4 y 278 constitucionales. Tanto los unos como los otros, en razón de la inmediatez del vínculo funcional con el Procurador, traducen su inspiración, voluntad y las directrices de su política general en lo relativo a la actividad de control que constitucionalmente se les atribuye. Pero 7 Radicación No. 161-3417 obviamente, la asignación de funciones por la ley y la delegación de funciones que pueden recibir, conlleva cierta autonomía e independencia para realizarlas y la radicación en cabeza de dichos delegados y agentes de la consiguiente responsabilidad, sin que ello comporte ruptura del vínculo jerárquico y funcional con el Procurador en su condición de supremo director del Ministerio Público. Dicha autonomía e independencia, aun cuando relativa según se ha visto, se predica con mayor propiedad de los delegados o agentes del Procurador ante las

autoridades jurisdiccionales, dado que actúan como verdadera parte o sujeto procesal en los procesos en que está prevista su intervención, en los cuales están habilitados para realizar los actos procesales correspondientes, acorde con la ley. Es así como se ha previsto la intervención de delegados o agentes del Procurador ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, civil, de familia y laboral. No obstante advierte la Corte, que la autonomía e independencia con que actúan los delegados y agentes del Procurador se predica frente a los funcionarios ante los cuales ejercen sus funciones, más no con respecto al Procurador General de la Nación, del cual son dependientes o subordinados." Por otra parte, al Procurador General de la Nación se le asignan en el artículo 278 de la ley suprema, otras funciones que se le ordena cumplir en forma personal o directa, lo que equivale a decir, que no puede delegar, entre ellas las contenidas en el numeral 1, a saber: "Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo."

De lo hasta aquí expuesto se puede concluir que las funciones asignadas al Procurador General de la Nación en el artículo 277 del Estatuto Supremo , pueden ser objeto de delegación en sus subalternos jerárquicos, lo que no ocurre con las contenidas en el artículo 278 del mismo ordenamiento, las cuales deben ser ejercidas directamente por dicho funcionario. 8 Radicación No. 161-3417 Sobre este punto la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades, estableciendo una consistente jurisprudencia, que se concreta así: "Al Procurador General le corresponde 'dirigir o señalar las directrices y pautas generales que deben ser observadas por los referidos órganos a efecto de asegurar la coordinación de las funciones y la unidad en las correspondientes acciones y decisiones 'Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-245 de 1995. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. De ahí que los delegados y agentes del Procurador actúen en su representación y que además de las funciones que les asigne la ley, cumplan las que siendo propias del Jefe del Ministerio Público, a quien están subordinados, les sean delegadas por éste. Al Procurador General de la Nación, se le atribuye un conjunto de funciones que él puede ejercer directamente y que, de acuerdo con las necesidades del servicio y con lo determinado por la ley puede también delegar, ya que como supremo director del Ministerio Público se halla asistido por la facultad para 'asignar funciones a sus delegados y agentes, bajo la responsabilidad de éstos, sin perjuicio del derecho de avocación cuando lo estime conveniente por necesidades del

servicio Ibídem En otras palabras, las funciones radicadas en cabeza del Procurador que, según la Constitución no deban ser desempeñadas directa y personalmente por dicho funcionario, " pueden permanecer o no en el, de acuerdo con las necesidades del servicio y es de su competencia delegarlas o recuperarlas, según las necesidades de su función y conforme lo determine la ley . Sents. C-399/95, C743/98 Así las cosas, la competencia del Procurador General de la Nación está expresamente fijada en la Constitución (arts. 118, 242, 277, 278, entre otros); estatuto que también autoriza al legislador para asignarle otras funciones, como se consagra en el numeral 10 del artículo 277 de la Carta, las cuales, no sobra decirlo, deben respetar la Constitución y, obviamente, no pueden modificar las funciones que ella misma le asigna, ni las que se le atribuyen al ente que dirige. La determinación concreta de la competencia de los demás funcionarios de la Procuraduría, en lo no previsto por la Constitución, es función que corresponde cumplir al legislador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 121, 122 y 279 del Ordenamiento Superior, como ya se ha anotado.

Pues bien: en el inciso segundo del parágrafo del artículo 7, materia de acusación, se establece que "Las funciones y las competencias que en este decreto se atribuyen a las Procuradurías Delegadas, Territoriales y Judiciales, se ejercerán si el Procurador

9 Radicación No. 161-3417 General de la Nación resuelve asignarlas, distribuirlas y delegarlas en virtud de las

facultades previstas en este artículo. No obstante, el Procurador General podrá ejercer dichas funciones, pudiendo asumirlas en cualquier momento o delegarlas en otros funcionarios, dependencias de la entidad o comisiones especiales disciplinarias para garantizar la transparencia, imparcialidad y demás principios rectores de la función administrativa y disciplinaria", precepto que debe interpretarse en forma armónica con lo dispuesto en el inciso primero de esa misma disposición, que prescribe: "El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las funciones que le otorga el artículo 278 de la Constitución Política. Las señaladas en el artículo 277 constitucional y las demás atribuidas por el legislador podrá ejercerlas por sí, o delegarlas en cualquier servidor público o dependencia de la entidad, en los términos establecidos en este decreto". Si el Procurador General de la Nación no puede delegar en ninguno de sus subalternos las funciones contenidas en el artículo 278 superior, pero sí las señaladas en el artículo 277 del mismo ordenamiento y las que el legislador le haya asignado y lo autorice para hacerlo, el precepto acusado no vulnera la Constitución, pues haciendo una interpretación armónica de los incisos primero y segundo, se concluye que las atribuciones que pueden ser objeto de delegación son todas aquellas descritas en el artículo 277 de la Carta y, por consiguiente, son ellas las que, posteriormente, el Procurador puede nuevamente asumir; actuación que no puede ser ejercida por dicho funcionario en forma arbitraria sino razonada y razonable, en la medida en que prevalezca el interés general, la justicia, los

principios de transparencia, imparcialidad y moralidad y el debido respeto y garantía de los derechos de los posibles afectados con tal determinación, que no son otros que los servidores estatales involucrados en los respectivos procesos disciplinarios. No sobra agregar, que al efectuar la delegación de funciones el Procurador debe, expedir los actos administrativos respectivos, con la observancia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia incluyendo, claro está, la debida notificación a los procesados disciplinariamente. El inciso segundo del parágrafo del artículo 7, será entonces declarado exequible por no vulnerar la Constitución. No sin antes anotar que esta decisión no implica la declaración de constitucionalidad de las demás normas del mismo decreto en las que expresamente se asignan competencias a las distintas Procuradurías Delegadas, Territoriales y Judiciales como a las demás oficinas y funcionarios de la Procuraduría, que son múltiples, las que habrá de analizar la Corte en cada caso concreto, cuando contra ellas se ejerza la acción pública de inconstitucionalidad, lo que en el presente proceso no tuvo ocurrencia. 10 Radicación No. 161-3417 En lo que respecta al inciso segundo del numeral 17 del artículo 7 del decreto 262 de 2000, que establece que los procesos disciplinarios que asuma el Procurador General de la Nación serán de única instancia, no lesiona el ordenamiento supremo, como se verá en seguida. En desarrollo del poder disciplinario preferente o prevalente que ejerce el Procurador General de la Nación, éste cuenta con potestad para avocar directamente el

conocimiento de los procesos disciplinarios que adelanten tanto las autoridades competentes de los distintos entes u órganos del Estado, como las que tramiten los distintos funcionarios de la Procuraduría, siempre y cuando éstas últimas sean de aquellas que la Constitución y la ley le permite delegar al citado funcionario. Que tales procesos tengan solamente una instancia tampoco lesiona los artículos 29 y 31 superiores, pues siendo el Procurador General la máxima autoridad de la entidad que dirige y el supremo director del Ministerio Público no tiene otra instancia superior y, por ende, sus decisiones solamente están sujetas a las acciones contencioso administrativas establecidas en las normas pertinentes, las cuales pueden ser ejercidas por los procesados disciplinariamente, cuando consideren que se les han vulnerado sus derechos. De conformidad con la Constitución "toda persona investigada tiene derecho a impugnar los fallos disciplinarios condenatorios. Sin embargo, ello no excluye per se los procesos de única instancia, pues la impugnación no implica obligatoriamente que el fallo sea apelable sino que el condenado pueda acudir -por medio de cualquier recursoante una autoridad con capacidad de revisar la decisión", como sería en este caso, la justicia contencioso administrativa.” Desarrolla así la Corte el concepto del ejercicio de la competencia por los servidores públicos, determinada en las funciones que la Constitución o Ley les ha señalado, así como cuales de estas funciones pueden delegar, mediante acto administrativo de delegación o asignación de atribuciones en otro servidor público, en cuyo evento debe ser expresa y precisa en las facultades y límites, porque si se profiere un acto sin tener facultad para hacerlo, es nulo.

Sobre el tema, también dicha corporación en la sentencia C-496 de 1998 expresó: “(…) La delegación desde el punto de vista jurídico y administrativo es la modalidad de transformación de funciones administrativas en virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u órgano que hace transferencia. 11 Radicación No. 161-3417 Todo lo anterior nos lleva a determinar los elementos constitutivos de la Delegación:

1. La transferencia de funciones de un órgano a otro.

2. La transferencia de funciones se realiza por el órgano titular de la función.

3. La necesidad de la existencia previa de autorización legal.

4. El órgano que confiere la Delegación puede siempre y en cualquier momento reasumir la competencia.” En la Sentencia C-372 de 2002, Magistrado Ponente Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, del 15 de mayo de 2002, se concluyó sobre el tema de la delegación administrativa lo siguiente. “Elementos de la delegación administrativa

8. Debido a que la delegación es admitida para el ejercicio de las funciones legislativa y administrativa, a que en cada caso cuenta con regulación y exigencias constitucionales particulares para su procedencia y oportunidad (C.P., arts. 150-10, 209 y 211) y en consideración a la naturaleza administrativa de la actividad contractual y al tema de interés en esta ocasión, es decir la responsabilidad del delegante en materia contractual para efectos de acción de repetición o llamamiento en garantía, en adelante se hará referencia a las características constitucionales y jurisprudenciales básicas de la delegación administrativa.(14) Ellas son:

a) La finalidad de la delegación. La delegación es un mecanismo jurídico que permite a las autoridades públicas diseñar estrategias relativamente flexibles para el cumplimiento de funciones propias de su empleo, en aras del cumplimiento de la función administrativa y de la consecución de los fines esenciales del Estado (CP, arts. 2 y 209). Por ello, las restricciones impuestas a la delegación tienen una doble finalidad: de un lado, evitar la concentración de poder en una autoridad y preservar "la separación de funciones como uno de los principios medulares del Estado… como una garantía institucional para el correcto funcionamiento del aparato estatal"(15) y de otro lado, evitar que se desatienda, diluya o desdibuje la gestión a cargo de las autoridades públicas. b) El objeto de la delegación. La delegación recae sobre la competencia o autoridad que ostenta el delegante para ejercer las funciones de su cargo. La Constitución lo postula y el legislador así lo ha consagrado en diferentes oportunidades(16). Igualmente la Corte se ha pronunciado sobre