PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Omisión en la función de vigilancia

< Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 162-85001 del 2003 Disciplinado Hugo Alberto Gnecco Arregoces Fernando Alberto Cely Santos y otros Cargo y entidad Alcaldes del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta Quejoso De Oficio Fecha Hechos Años 2001, 2002 y 2003 Asunto Declara prescripción, resuelve nulidades y profiere Fallo de Primera Instancia Bogotá, D.C. 8 de mayo de 2007

I. ASUNTO Procede el Despacho, conforme a lo establecido en los artículos 30, 143, 144 y 169 de la ley 734 del 2002, a declarar la prescripción de la acción disciplinaria respecto de algunas conductas; pronunciarse acerca de las peticiones de nulidad presentadas por los señores CARLOS JOSÉ PEPÍN ROMERO y ALBERTO JOSÉ OVALLE BETANCOURT; y proferir fallo de primera instancia en la investigación disciplinaria que se adelanta en contra de los servidores públicos de la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta , señores HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES y FERNANDO ALBERTO CELY SANTOS, Alcaldes titular y encargado, respectivamente; ALICIA MARÍA MEJÍA MARTÍNEZ y ELBERTO LEMUS

GARCÍA, Secretarios de Hacienda; ALEXANDER VILLALBA REYES, Subsecretario de Servicios Administrativos; ALEXANDER OSORIO ARÉVALO, Subsecretario de

Presupuesto; ALBERTO JOSÉ OVALLE BETANCOURT, Director de Control Interno; GLORIA MERYS PEÑA CRUZ, Directora Jurídica; IRINA ROSANA GRANADOS AVENDAÑO y CARLOS JOSÉ PEPIN ROMERO, Tesoreros; LICELIS JOSEFINA ORTIZ CARRILLO, Secretaria Privada del Alcalde; y ANA MARIA MEDINA, Asesora del Despacho del Alcalde, para la época de los hechos, por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL El 14 de mayo del 2003, este Despacho, por delegación que le hiciere el señor Procurador General de la Nación, a través de auto del 9 de abril del 2003, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos de la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, señores HUGO

ALBERTO GNECCO ARREGOCES, Alcalde; ALICIA MARÍA MEJÍA MARTÍNEZ y

ELBERTO LEMUS GARCÍA, Secretarios de Hacienda; ALEXANDER VILLALBA REYES, Subsecretario de Servicios Administrativos; ALEXANDER OSORIO ARÉVALO, Subsecretario de Presupuesto; GLORIA MERYS PEÑA CRUZ, Directora Jurídica; IRINA ROSANA GRANADOS AVENDAÑO y CARLOS JOSÉ PEPIN ROMERO, Tesoreros; LICELIS JOSEFINA ORTIZ CARRILLO, Secretaria Privada del Alcalde; y ANA MARIA MEDINA, Asesora del Despacho del Alcalde, para la época

de los hechos, por posibles irregularidades en la expedición ilegal de autorizaciones mediante acto administrativo a la sociedad Agencia de Viajes Mundiales – Viajes y Turismo Mundiales Limitada, para el suministro de tiquetes aéreos, durante los años 1 2001, 2002 y 2003, sin que previamente se hubieren celebrado los contratos de suministro correspondientes. (fls. 3, 13-33, cuaderno original 1) En la misma providencia, se ordenó investigación en contra de los señores FERNANDO ALBERTO CELY SANTOS, Alcalde Distrital encargado; y ALBERTO JOSÉ OVALLE BETANCOURT, Director de Control Interno, por posible violación a los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades, respectivamente. El 22 de octubre del 2003, se les formularon cargos disciplinarios a los investigados, quienes presentaron descargos y solicitaron la práctica de pruebas, las cuales fueron decretadas el 22 de abril del 2004. (fls. 156-223, cuaderno original 1) El 9 y 11 de diciembre del 2003, los señores CARLOS JOSÉ PEPÍN ROMERO y ALBERTO JOSÉ OVALLE BETANCOURT, en sus descargos hicieron peticiones de nulidad. (fls. 156-223, y 468-472, cuaderno original 1; 336-243 y 427-436, cuaderno original 2) El 13 de septiembre del 2006, se corrió traslado para alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados a través de apoderados por los señores HUGO ALBERTO

GNECCO ARREGOCES, ALBERTO JOSÉ OVALLE BETANCOURT e IRINA ROSANA GRANADOS AVENDAÑO; y personalmente por LICELIS JOSEFINA ORTÍZ CARRILLO y CARLOS JOSÉ PEPÍN. En sus escritos, los señores CARLOS JOSÉ PEPÍN ROMERO y ALBERTO JOSÉ OVALLE BETANCOURT, insistieron en sus argumentos de nulidad. (fls. 337, 345-351, 359-361, 374-382, 402-408 y 433448, cuaderno original 6)

III. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA

1. De las posibles irregularidades que se les señalaron en el pliego de cargos del 22 de octubre del 2003, a los servidores públicos de la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta , señores HUGO ALBERTO GNECCO

ARREGOCES, ALICIA MARÍA MEJÍA MARTÍNEZ, ALEXANDER VILLALBA REYES,

ALEXANDER OSORIO ARÉVALO, GLORIA MERYS PEÑA CRUZ, IRINA ROSANA GRANADOS AVENDAÑO, LICELIS JOSEFINA ORTIZ CARRILLO y ANA MARIA MEDINA, encuentra esta Delegada que respecto de la expedición ilegal durante el año 2001, de las siguientes autorizaciones mediante acto administrativo a la sociedad Agencia de Viajes Mundiales – Viajes y Turismo Mundiales Limitada, con el fin de pasar cuentas de cobro con cargo al Tesoro del Distrito, para el suministro de tiquetes aéreos, ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria:

Númer Representante Legal Objeto Valor o y de la Alcaldía fecha oficio 23-04Ana María Medina Expedición tiquetes aéreos Por 01 Asesora del Despacho para 4 personas: 2 en la ruta determin del Alcalde Santa Marta-Bogotá-Santa ar Marta y 2 en la ruta Bogotá- Santa Marta-Bogotá 11-05Hugo Gnecco Suministro de tiquetes aèreos $1.476.90 01 Arregoces para dos personas que 0.00 Alcalde Distrital estuvieron en Santa Marta 2 colaborando en la elaboración del Plan de Desarrollo. 31-05Alexander Villalba Suministro de un tiquete aéreo $158.800. 01 Reyes en la ruta Santa Marta-Bogotá 00 Subsecretario de a un funcionario de la Servicios Dirección General del Tesoro Administrativos del Ministerio de Hacienda que Delegado Decreto 475 dictó un Seminario sobre del 11 de mayo de 2001 Presupuesto a funcionarios del sector financiero del Distrito.

2. La ley 200 de 1995, norma vigente para la época de los hechos objeto de investigación, dispone: "Artículo 34. Términos de prescripción de la acción y de la sanción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción comenzará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado (...)." Por lo tanto, para efectos de declarar la prescripción de la acción disciplinaria, se

tendrá en cuenta cuándo se consumó la conducta y si ésta es de carácter instantáneo, continuo o permanente; y la ley define como conductas de carácter instantáneo aquellas en las cuales la lesión al bien jurídico tutelado se concreta en un solo momento. Entonces, por haber transcurrido más de cinco (5) años contados desde la comisión de los hechos, la Delegada procederá a declarar la prescripción de la acción disciplinaria, decisión respecto de la cual los investigados tienen la facultad de renunciar, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la ley 200 de 1995. De otra parte, encuentra este Despacho que a la señora ANA MARIA MEDINA ROMERO, en su condición de Asesora del Despacho del Alcalde Distrital de Santa Marta, se le reprochó solamente haber expedido la autorización de tiquetes aéreos el 23 de abril del 2001; en consecuencia, se ordenará la terminación definitiva del proceso en su contra.

3. Considera la Delegada que no obstante los criterios adoptados por la Procuraduría General de la Nación, para compulsar copias a la Oficina de Veeduría de esta entidad en caso de prescripción, en el presente no resulta procedente dicha actuación, en razón a que el proceso disciplinario se adelantó en la Delegada para la Moralidad Pública y en la Procuraduría Regional del Magdalena, sin dilaciones ni demoras injustificadas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de que los hechos investigados ocurrieron en el año 2001, las publicaciones del Periódico “Reporteros de la Costa”,

es del mes de marzo del 2003; y previa indagación preliminar, la apertura de investigación disciplinaria la ordenó esta Delegada el 14 de mayo del 2003. Así mismo, no obstante que los cargos se formularon en ese mismo año, 22 de octubre del 2003, y la práctica de las pruebas solicitadas por los investigados en 3 memoriales de descargos, fueron ordenadas el 22 de abril del 2004, su práctica resultó dispendiosa por el número de investigados, a pesar de la diligencia de los funcionarios de la Regional del Magdalena, dependencia comisionada para la notificación de los cargos, recibir los descargos y la práctica de las pruebas.

IV. SÍNTESIS DE LAS PETICIONES DE NULIDAD

Petición del señor Carlos José Pepín Romero.

1. En sus escritos de descargos y alegatos de conclusión, el investigado solicita la nulidad del auto de formulación de cargos del 22 de octubre del 2003, por considerar que no cumple con los requisitos del artículo 163 de la ley 734 del 2002.

Sostiene que se le ha imposibilitado el derecho de defensa y no ha sabido a ciencia cierta cuál es la conducta por la que se le investiga, ya que no existe claridad respecto a los hechos ni las conductas que se le endilgan y probablemente son constitutivas de falta disciplinaria. Lo anterior, por cuanto la determinación de la conducta se hace de manera confusa y colectiva, toda vez que se le involucra con otros funcionarios con los cuales lo único que los une es el hecho de haber laborado para la misma entidad, pero en encargo y en tiempo distinto. Por ello, considera que se le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la

defensa, por lo que se debe proceder a la nulidad de lo actuado a partir del auto de cargos. Análisis de la petición.

2. Al investigado PEPÍN ROMERO, en su condición de Tesorero de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, en el pliego de cargos disciplinarios del 22 de octubre del 20031, se le llamó a responder por haber omitido la dirección del proceso de ejecución presupuestal y financiero, en coordinación con la Tesorería de la Alcaldía, para la formulación, manejo, correcta ejecución y seguimiento de las políticas y procedimientos del Tesoro Distrital, respecto a la expedición ilegal de autorizaciones mediante acto administrativo a la sociedad Agencia de Viajes Mundiales – Viajes y Turismo Mundiales Limitada, con el fin de pasar cuentas de cobro con cargo al Tesoro Público del Distrito, para el suministro de tiquetes aéreos, sin que previamente se hubieren celebrado los contratos de suministro correspondientes.

Funciones a las que estaba obligado de conformidad con el manual de funciones de la entidad y las normas de buen manejo de la hacienda pública. Tales faltas se calificaron provisionalmente como de naturaleza grave, siendo la responsabilidad a título de dolo; y como normas infringidas se le citaron los artículos 123 inciso 2° y 209 de la Constitución Política; artículos 26 numeral 1° de la ley 80 de 1993; y artículo 34 numerales 2, 21 y 23 de la ley 734 del 2002.

3. En cuanto a la formulación de cargos y la determinación provisional de la

naturaleza de la falta, la Corte Constitucional en sentencia C-892 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, precisó: 1 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Auto del 22 de octubre del 2003, mediante el cual se formularon cargos en contra de servidores públicos de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Exp. 162-85001-2003. (fls. 156-223, cuaderno orig 1) 4 “La Corte Constitucional ha señalado, que “El auto de formulación de cargos es una providencia de trámite que sienta los cimientos sobre los cuales se edifica el proceso disciplinario destinado a establecer la responsabilidad disciplinaria del inculpado, de modo que el órgano titular del poder disciplinario fija en aquella el objeto de su actuación y le señala al imputado, en forma concreta, cual es la falta disciplinaria que se le endilga a efecto de que pueda ejercer su derecho de defensa”. (Sent. T-418 de 1997).” Entonces, para la formulación de cargos, además de estar demostrada objetivamente la falta y existir los medios probatorios que comprometan la responsabilidad del disciplinado, conforme al artículo 163 de la ley 734 del 2002, se habrá de determinar provisionalmente la forma de culpabilidad y a partir de ello, precisar el grado de levedad o gravedad de la falta, conforme a los criterios del artículo 43 de la ley 734 del 2002. Por su parte, las faltas gravísimas están taxativamente tipificadas en el artículo 48 de la ley. Para la Corte Constitucional2 el derecho disciplinario encuentra su fundamento en

que “la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo.” En este orden de ideas, para derivar responsabilidad disciplinaria es preciso que se determine el grado de culpabilidad, esto es, que sólo son sancionables las faltas cometidas a título de dolo o culpa, y la gravedad o levedad de las faltas lo que le corresponderá determinar al operador disciplinario según las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cada caso en particular y frente a cada uno de quienes resulten implicados en la comisión de tales faltas.

4. Hechas las anteriores precisiones, encuentra este Despacho que respecto al cargo que se le formuló al investigado, si bien es cierto que en la providencia, dado que las actividades de presupuesto y tesorería se debían adelantar de manera coordinada, se les formuló el mismo cargo a los también funcionarios de la entidad, ALEXANDER OSORIO ARÉVALO e IRINA ROSANA GRANADOS AVENDAÑO, Subsecretario de Presupuesto y Tesorera, respectivamente; no lo es menos, que en forma separada, de acuerdo con los cargos desempeñados se analizaron las conductas de cada uno de los encartados, se calificaron las faltas y su grado de responsabilidad, y como normas infringidas se les citaron las pertinentes.

A tal conclusión llegó este Despacho, después del análisis de los hechos y la actuación omisiva del investigado frente a los mismos; encontrando la falta como de naturaleza grave y la responsabilidad provisionalmente a título de dolo, dado que en materia disciplinaria la falta se estructura a partir de la violación del deber funcional y teniendo en cuenta que era plenamente capaz de comprender la ilicitud de sus comportamientos y conocía las implicaciones legales de su actuar contrario a derecho, conducta voluntaria que, en principio, mereció un juicio de reproche. De otra parte, debe recordarse que el auto de formulación es una providencia de trámite en la que se determina provisionalmente la naturaleza de la falta. Para lo 2 Corte Constitucional, Sentencia C-244 del 30 de mayo de 1996. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz. 5 cual, como ya se dijo, además de estar demostrada objetivamente la falta y existir los medios probatorios que comprometan la responsabilidad del disciplinado, se habrá de determinar también provisionalmente la culpabilidad. Por lo tanto, será en el fallo, cuando se han aportado las pruebas que solicitó el investigado PEPÍN ROMERO en sus descargos, que este Despacho contará con mayores elementos de juicio para tomar la decisión definitiva que en derecho corresponda; es decir, cuando se tenga la certeza sobre su responsabilidad o inocencia.

5. Ahora bien, en lo que respecta a lo dicho por el investigado, en el sentido que se le ha imposibilitado el derecho de defensa y no ha sabido a ciencia cierta cuál es la conducta por la que se le investiga, por cuanto la determinación de la conducta se hace de manera confusa y colectiva; no comparte este Despacho la apreciación del

investigado, pues aunque técnicamente hubiere sido más preciso, esto no ha sido obstáculo para su defensa. Esto, por cuanto de una parte, se le señaló con claridad la conducta que se le imputa como posible falta disciplinaria, así como la naturaleza provisional de la misma y el grado de culpabilidad que se le atribuye, como elemento subjetivo de su conducta. De otra, de haber sido así, cómo se explica entonces que el señor PEPÍN ROMERO tanto en los escritos de descargos y alegatos de conclusión, como en las pruebas de descargos, ha encaminado su defensa hacía hechos concretos, como son sus explicaciones acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para lo cual acude al argumento que considera contundente, esto es, el tiempo en que permaneció encargado de las funciones de tesorero de la Alcaldía Distrital. De la misma manera lo hace frente a la calificación de la falta y su forma de culpabilidad, la cual como ya se dijo, se hace de manera provisional, en desarrollo de su presunción de inocencia y garantía del debido proceso que se adelanta en su contra. Es decir, que el investigado ha tenido la absoluta certeza que el reproche que se le hace es justamente por el período de tiempo durante el cual estuvo desempeñando las funciones de tesorero Distrital en encargo y no otro; sin embargo, este no es el momento para hacer el análisis de fondo, de lo cual se ocupará el Despacho al proferir fallo de primera instancia. Por lo tanto, encuentra este Despacho que no le asiste razón al investigado, y no se accederá a la nulidad pedida.

Petición del señor Alberto José Ovalle Betancourt.

6. El investigado solicita se declare la nulidad del proceso en lo que a él respecta, alegando la causal prevista en el numeral 1° del artículo 143 del Código Disciplinario, esto es, la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo. Esto, por considerar que la incompatibilidad que se le imputa está catalogada en el decreto 196 de 1971 como ejercicio ilegal de la abogacía y la competencia para investigar y sancionar dicha conducta radica privativamente en las inspecciones de policía, tal como lo establece el decreto 522 de 1971.

Sostiene entonces, que la conducta que se le atribuye es irrelevante desde el punto de vista disciplinario por cuanto hace referencia a su anterior calidad de abogado 6 litigante; por lo tanto, dicho comportamiento no guarda relación alguna con el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Agrega que el Código Disciplinario comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos. En consecuencia, este organismo de control no tiene competencia para investigar y sancionar la violación de la incompatibilidad prevista en el numeral 1° del artículo 39 del decreto 196 de 1971. Análisis de la petición.

7. No obstante que la causal de nulidad prevista en el numeral 1° del artículo 143 de la ley 734 del 2002, invocada por el investigado, esto es, la falta de competencia del

funcionario para proferir el fallo, no es procedente por no haberse proferido el fallo de primera de instancia, de lo que sólo se ocupara este Despacho a continuación, en esta misma providencia; es pertinente hacer algunas precisiones de índole legal para mayor ilustración de la defensa del investigado. Al investigado se le reprochó en el pliego de cargos, haber tomado posesión del cargo el 10 de marzo del 2003, siendo apoderado judicial de la Sociedad Agencia de Viajes Mundiales – Viajes y Turismo Mundiales Limitada, para adelantar proceso ejecutivo en contra de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, el cual fue sustituido mediante escrito radicado el 12 de marzo del 2003, ante el Juzgado 7º Civil Municipal de Santa Marta, estando en ejercicio de funciones públicas e incurriendo en violación al numeral 1º del artículo 39 de la ley 196 de 1971, por la cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.

8. De conformidad con el artículo 24 de la ley 734 del 2002, la ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional. A su vez, el artículo 25 ibídem, señala que son destinatarios de la ley, entre otros, los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio, quienes en calidad de autores cometan una falta disciplinaria, por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones; o determine a otros a cometerla, aún cuando los efectos de la conducta se produzca después de la dejación del cargo o

función. Entonces, como garantía de la función pública, el sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y las leyes, de conformidad con el artículo 22 de la ley 734 del 2002. Por lo tanto, constituye falta disciplinaria, y da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código Disciplinario que conlleve, entre otros, la violación al régimen de incompatibilidades, sin estar amparado en cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del mismo. 7 De otra parte, el artículo 36 del Código Disciplinario, incorpora a éste las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses, señalados en la Constitución y en la ley; y el artículo 39 señala taxativamente otras incompatibilidades para desempeñar cargos públicos.

9. En cuanto a la competencia de esta entidad, en virtud de lo previsto en los artículos 275 y 277 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público, por sí o por medio de sus delegados y

agentes, tiene entre sus funciones, las de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Por consiguiente, dicha delegación de funciones la podrá hacer el Procurador General en funcionarios distintos, para que conozcan en primera o segunda instancia, según sea el caso. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-181 del 12 de marzo del 2002, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, precisó: “(...) tal como se desprende del aparte final del artículo 277-6 de la Constitución, el ejercicio de la potestad disciplinaria de que es titular el Procurador General se realiza de conformidad con la Ley. Ello quiere significar que la definición de las competencias y el diseño de los procedimientos necesarios para el efectivo ejercicio de dicha potestad se encuentra a cargo del legislador y que éste, mientras no contravenga expresas restricciones constitucionales, puede hacer uso de la potestad configurativa que, de manera amplia, le concede el artículo 150 de la Carta para desarrollar la materia. (...) La integración de las disposiciones anteriores permite concluir que el legislador tiene la facultad de regular los diferentes aspectos relacionados con la potestad disciplinaria que ejerce el Procurador General de la Nación y la Procuraduría General, y además, que puede hacerlo mientras no contradiga expresas disposiciones constitucionales tales como la que consagra la competencia disciplinaria preferente de la Procuraduría General.” Por consiguiente, no le asiste razón al peticionario, ni cabe duda de la facultad

constitucional de que es titular el Procurador General de la Nación para investigar la conducta de los servidores públicos, calidad que empezó a ostentar el investigado OVALLE BETANCOURT al posesionarse el 10 de marzo del 2003, para desempeñar las funciones públicas correspondientes al cargo de Director de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Por lo tanto, se accede la petición de nulidad.

V. SINOPSIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS, DESCARGOS

Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. Al Señor HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.556.569, en su condición de Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, cargo para el cual fue elegido popularmente, tomó posesión el 1º de enero del 2001 y permaneció en el mismo hasta el 25 de febrero del 2003, fecha en la cual se le suspendió disciplinariamente en el ejercicio del cargo, 8 de conformidad con el decreto 379 del 19 de febrero del 2003; se le formularon los

siguientes cargos: Cargo Primero. Haber desconocido los Principios de planeación y responsabilidad en la dirección, manejo y control de la actividad contractual a que estaba obligado en la expedición ilegal de autorizaciones mediante acto administrativo a la Sociedad AGENCIA DE VIAJES MUNDIALESVIAJES Y TURISMO MUNDIALES LIMITADA, durante los años 2001, 2002 y 2003, con el fin de pasar cuentas de cobro con cargo al Tesoro

del Distrito, para el suministro de tiquetes aéreos para funcionarios de la Alcaldía, servidores públicos de otras entidades Estatales y particulares, sin que previamente se hubieren celebrado los contratos de suministro correspondientes; autorizaciones que fueron expedidas directamente por el Señor Alcalde Distrital3 y otros funcionarios de la Administración, con desconocimiento de la Constitución Política, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. Cargo Segundo. Haber pretermitido la celebración de los contratos de suministro y, por ende, los procedimientos de contratación directa, en las autorizaciones mediante acto administrativo con el fin de pasar cuentas de cobro con cargo al Tesoro del Distrito, para el suministro de tiquetes aéreos para funcionarios de la Alcaldía, de otras entidades Estatales y particulares, por parte de la Sociedad AGENCIA DE VIAJES MUNDIALESSOCIEDAD VIAJES Y TURISMO, durante los años (…) 2002 y 2003, con violación a los principios de economía, transparencia, publicidad y el deber de selección objetiva y de los requisitos esenciales a la contratación estatal, en las etapas previa, pre-contractractual y contractual a que estaba obligada la Alcaldía Distrital, en virtud de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 855 de 1994. Como normas infringidas se le citaron los artículos 123 y 209 de la Constitución Política; artículos 24, 25, 26 y 29 de la ley 80 de 1993; y los artículos 34 numerales 2, 10, 21 y 23, y 48 numeral 31 de la ley 734 del 2002.

Tales faltas se calificaron provisionalmente como de naturaleza gravísima, tipificadas en el numeral 31 de la ley 734 del 2002, siendo la responsabilidad a título de dolo. Alegaciones de descargos presentados el 11 de marzo del 2004, a través de apoderado de oficio. Manifiesta el investigado que del análisis probatorio se pueden verificar la existencia de las autorizaciones de pago, en razón a que los funcionarios públicos para desempeñar sus funciones debían desplazarse a otros lugares del país; en otros casos, por experiencia, conocimiento en determinados temas, como lo es el plan de desarrollo territorial, era necesaria la asesoría de personas que se encontraban fuera de la región. Afirma que no quiso defraudar el patrimonio del Distrito, simplemente se agilizó un trámite omitiendo tal vez por negligencia la celebración del contrato de suministro; entonces, no comparte la calificación como grave a título de dolo, la encuentra 3 Ver prescripción de la acción disciplinaria respecto a este hecho. 9 inexacta porque se mide su intención sin tener en cuenta su testimonio (sic)4 y el artículo 9° del Código Disciplinario sobre presunción de inocencia. Sostiene entonces que toda duda razonable se resolverá a su favor cuando no haya modo de eliminarla, y no se ha demostrado que haya tenido la intención (dolo) de apropiarse o defraudar el tesoro del Distrito, por que los tiquetes aéreos fueron utilizados por funcionarios en razón de su función. Por lo expuesto, solicita se le absuelva o de no concederse esta, se disminuya la sanción y la calificación.

Alegatos de conclusión, presentados el 2 de octubre del 2006, a través de apoderada de oficio. (fls. 345-351, cuaderno original 6) Respecto al primer cargo, sostiene que las autorizaciones de los años 2002 y 2003, fueron expedidas por el Subsecretario de Servicios Administrativos en quien delegó la representación de la alcaldía en la dirección de la contratación, a través del decreto 475 del 11 de mayo del 2001; por lo tanto, dicho funcionario era quien tenía el deber de vigilar la actuación y el desempeño de sus funciones delegadas. Afirma que en su caso concreto, sí vigiló el cumplimiento de las funciones delegadas en el subsecretario, desempeñándose este satisfactoriamente y conforme a la ley. Afirma que es importante tener presente que en la delegación hay una relación de confianza en la persona en quien se delegan funciones, pues esta se encuentra preparada y capacitada para tomar las decisiones pertinentes a los asuntos delegados, y la vigilancia es general y prudente, lo que es totalmente contrario a que el delegante inspeccione cada uno de los movimientos de la persona delegada, pues si el delegante tuviera que volver a hacer las funciones delegadas cabría preguntarnos cuál es la funcionalidad de esta figura. En cuanto al segundo cargo, considera que no hay ninguna irregularidad por parte del subsecretario al no hacer un contrato directo de suministro de bienes, pues en el caso concreto la cuantía de los pagos desembolsados no constituían menor cuantía ni siquiera superaba el 10% de la menor cuantía exigida en el decreto 2