PGN - DEMANDA DE CASACION PENAL Causales

DEMANDA DE CASACIÓN-contra la sentencia proferida el 22 de enero de 2020, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que revocó el fallo dictado el 8 de agosto de 2019, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, que condenó a IRWIN VARGAS ÁLVAREZ, por el delito de Concusión

PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO-Marco legal

PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO-Noción DEMANDA DE CASACION PENAL-Causales La duda proviene de un proceso probatorio, en el cual acusador y acusado, han presentado medios de prueba a favor de cada uno de ellos, que llevan al sentenciador a una incertidumbre que le impide arribar a la certeza, por existir pruebas tanto de culpabilidad como de inocencia. La duda debe ser razonada, resultado de una evaluación lógica de las pruebas incorporadas a la litis, legal y oportunamente. Bogotá, D.C., 30 de marzo de 2022 Oficio PSDCP -CON. N.° 19 Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

M.P. DR. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

REF. RADICADO CASACIÓN NO. 58388

SENTENCIADO: IRWIN VARGAS ÁLVAREZ DELITO: CONCUSIÓN En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en defensa del orden jurídico y

los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes, emito concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por la Parte Civil y el Ministerio Público, contra la sentencia proferida el 22 de enero de 2020, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que revocó el fallo dictado el 8 de agosto de 2019, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, que condenó a IRWIN VARGAS ÁLVAREZ, por el delito de Concusión.

1. HECHOS Fueron resumidos por el Juez de Primera Instancia en los siguientes términos: “En los días 30 de abril , 4 y 5 de mayo de 2010, entre otros, el señor Irwin Vargas Álvarez en su condición de auxiliar administrativo III de la Contraloría Distrital de Barranquilla, acudió a las dependencias de la empresa “ Triple A” de esta ciudad, dialogando personalmente con el Secretario General de dicha entidad, Galeano Freschesquini a quien en nombre del señor Contralor Distrital Jorge Iglesias Viloria, le solicitó la entrega de aproximadamente 700 millones de pesos, para levantar las medidas cautelares y archivar el proceso de responsabilidad fiscal que se encontraba en cursos en contra de la mencionada empresa de servicios públicos, por presunto detrimento patrimonial de $

7.761.725. En la última de las reuniones efectuada el 12 de mayo de 2010 el mencionado funcionario público, acudió a la Triple A, acompañado de sus compañeras de labores Betsy Pérez Arango y Sheila Camargo ayuda, de dichas conversaciones

quedó registro del audio y video tomado a través de una cámara y grabadora 2 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. previamente instalada por el personal de seguridad de dicha empresa en la oficina que era objeto de las solicitudes indebidas…”

2. DEMANDA DE CASACIÓN

2.1 DEMANDA DEL REPRESENTANTE DE VÍCTIMAS – SOCIEDAD DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. – E.S.P.

CARGO ÚNICO: Se postuló el mismo al tenor del numeral tercero del artículo 181 procesal penal, Ley 906 de 2004, bajo el señalamiento de violación indirecta de la ley sustancial, por falta de aplicación de los artículos 9 a 12, 22, 25 y 404 del estatuto sustancial penal, con correlativa aplicación indebida del artículo 7 del régimen adjetivo penal contenido en la Ley 906 de 2004, contentiva del principio de in dubio pro reo1.

Ello por cuanto, en su disertación y justiprecio del medio demostrativo propio a la final declaratoria de absolución del encausado, la sentencia de alzada incurrió en errores de hecho, devenidos de la distorsión y alteración de la expresión fáctica de los medios de prueba en los cuales se encontraba cimentada la inicial sentencia condenatoria proferida en contra del procesado. Esto, como producto, tanto de error de hecho, irrogado de falso juicio de identidad2 como de error de derecho por falso juicios de legalidad3 devenido del desconocimiento de las reglas de

producción de los elementos materiales probatorios4. Al punto que, de no haber mediado su ocurrencia, no se habría dado la indebida aplicación que se pregona del principio in dubio pro reo5. En orden a la demostración de la ocurrencia de los defectos atribuidos señala que6, la violación indirecta de las normas sustanciales penales enunciadas dimanada del hecho al cual, tanto no se confiere credibilidad al dicho de los señores GALEANO FRANCESQUINI y RAMÓN NAVARRO, en su condición de funcionarios de la empresa ex accionada, como se desvirtúa la legalidad en la aportación de unas grabaciones allegadas al proceso, alterando y distorsionando así la expresión fáctica de esos elementos materiales probatorios, con la consiguiente violación indirecta por aplicación y adicional falta de aplicación de las disposiciones rectoras en el asunto7. Lo anterior pese a que el señor GALEANO FRANCESQUINI, Secretario General de la empresa para la época de los hechos, en su exposición procesal del 30 de julio de 2015, en forma por demás inequívoca, atribuyó la autoría de la conducta al aquí procesado, individualizando como la reclamación de una alta suma de dinero, en orden al levantamiento de la medida cautelar impuesta por la Contraloría 1 Folios 223 y 223 vto. del cuaderno de alzada 2 Folios 224 vto. y 225 del cuaderno en estudio 3 Folio 225 ejusdem 4 Ibídem 5 Folio 225 vto. 6 Folio 226 del cuaderno en mención 7 Folio 228 vto. 3 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Distrital de Barranquilla a la empresa, de la cual el autor de la exacción era funcionario; situación, esta última, la cual se denota con el elemento documental propio a esa demostración8. En tanto que, adicionalmente, el testigo refirió que el sujeto hizo presencia a las instalaciones de la empresa, en diversas fechas, lo cual quedó registrado en los sistemas de video de la entidad que fueron aportados y, en el curso de su conversación con el así deponente, aquel manifestó, tanto ir en nombre del Contralor Distrital de Barranquilla como realizar la exigencia económica en cuantía de $700.000.000 a nombre de aquel y con el objetivo de, producto del pago reclamado, cesar las medidas cautelares impuestas, desembargar las cuentas y archivar la investigación9. Situaciones todas estas ante las cuales se optó por instalar cámaras de video en la oficina del Secretario General, proveer al mismo de una grabadora e instar al intermediario para que fuera el señor Contralor Distrital quien concurriera a esas instalaciones, a realizar la exigencia dineraria, lo cual finalmente no se logró. Pero señalamientos que fueron alterados y distorsionados por el fallador de alzada, pretendiendo desvirtuarlos, bajo la aducción conforme a la cual, en el relato de la grabación no había sido mencionado el inicial encuentro sostenido entre los individuos pese a que, ello se encuentra contenido, en el contexto de la exposición, tanto en las grabaciones como en el dicho del señor RAMÓN NAVARRO, gerente de la

empresa10. Atinente al justiprecio del testimonio de la señora MARÍA BROCHERO señala que, en la determinación demandada obró la tergiversación del aludido medio demostrativo pues, aquella refiere en su deposición, únicamente, los hechos del mes de abril de 2010 presenciados por ella y no, como lo hace el Secretario General de la entidad, a los de abril y mayo del mismo año. De donde, el testimonio de aquella, no afecta las afirmaciones de este pues, lo que el Secretario General informa es, tanto la ocurrencia de la conducta ilícita como los derroteros de la misma. Entronizando así el fallador un error de hecho por falso juicio de identidad, sobre el cual no podía erigirse una declaración de absolución11. Denota como, conforme al testimonio del señor RAMÓN NAVARRO PEREIRA, él asistió a la reunión del día 5 de mayo de 2010, en que el señor IRWIN VARGAS ÁLVAREZ, aquí procesado, tanto persistió en la pretensión dineraria como acordó el lugar en que se produciría la reunión directa con el señor Contralor Distrital, en orden a recabar, en su propio nombre, la exigencia en cuestión12. Exposición procesal y contenidos que no podían ser desestimados bajo el señalamiento constitutivo de falso juicio de identidad conforme al cual, en otro escenario procesal y tiempo, el señor NAVARRO PEREIRA aceptó su responsabilidad penal por el desfalco, posteriormente realizado de dineros de esa misma empresa13. Atinente a los pretendidos falsos juicios de legalidad erigidos sobre los elementos materiales probatorios constituidos por las grabaciones de audio y los videos

compilados por las víctimas en torno a las reuniones de los días 30 de abril y 4 y 5 8 Folio 229 9 Folio 229 vto. 10 Folio 230 11 Folio 230 vto. y 231 12 Ejusdem 13 Folio 231 a 231 vto. 4 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. de mayo de 201014, ellos son producto de error de derecho por falso juicio de legalidad, ya que fueron materia de objeción por parte del decisor de alzada bajo la aducción de presunta afectación en su cadena de custodia, pese a que tales fueron aportados al proceso en forma debida y su contenido resulta indiscutible sobre los hechos constitutivos del punible, asistiendo a las víctimas pleno derecho para la obtención del aludido elemento probatorio; el cual se corrobora con el rastreo de las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los señores IRWIN

VARGAS ÁLVAREZ y GALEANO FRANCESQUINI.

De otro lado, como lo coligió la sentencia de primer grado, la identidad del señor VARGAS ÁLVAREZ como interlocutor en los diálogos, aparece denotada tanto por el dicho de GALEANO FRANCESQUINI como por las búsquedas selectivas en bases de datos y análisis link de comunicaciones telefónicas que así lo corroboran15. En tanto que el contenido incriminatorio en contra del señor VARGAS ÁLVAREZ de los diálogos personales sostenidos y que fueran grabados,

pretende ser desconocido bajo el señalamiento de fallas en la cadena de custodia de los C.D. que contienen esas conversaciones, pero, cuando es claro que, conforme al testimonio del día 29 de octubre de 2014 se indica: (i) que los elementos soporte fueron recibidos por el agente investigador de manos de la víctima, no habiéndolos ingresado aquel al sistema misional SPOA, por fallas en el mismo, pero quien los entregó a su jefe por cuanto él salía de vacaciones y, luego, este se los retornó; entregándolos él, finalmente, al funcionario ÁVILA BARRIOS quien señala, que los elementos, si bien estuvieron por fuera del almacén de evidencias, permanecieron en óptimas condiciones de conservación y no se alteraron16; en tanto que (ii) la ausencia de la formal cadena de custodia, no desnaturaliza por sí mismo la autenticidad del elemento demostrativo pues, dentro del contexto de la libertad probatoria, dicha mismidad y preservación se puede determinar por otros elementos de convicción, tal el caso del reconocimiento que de sus condiciones externas únicas realizaron los deponentes17 y, (iii) si bien el procesado anunció como única censura que, al permanecer los elementos por fuera del almacén de evidencia por tan largo término, pudieron ser editados, ello no solo no ocurrió sino que no obra ningún medio de prueba que así lo denote y, el sistema de grabación original, no permite tal tipo de facultad modificatoria18. Concluye que, producto de lo anterior, en la decisión judicial demandada dimanó la violación indirecta de la ley por la falta de aplicación del artículo 404 sustancial

penal, contentivo del punible de concusión, cuyo elemento sustancial constitutivo resultó inaplicado por los errores de hecho y de derecho antes anotados, con adicional violación indirecta de los artículos 9 a 12, 22 y 25 del régimen sustancial penal y del artículo 7 procesal penal. 2.2 DEMANDA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.2.1 Consideró el Procurador Judicial, que la trascendencia del cargo, deviene de la contundencia de la prueba documental, representada en las grabaciones que las conversaciones sostenidas entre víctima y victimarios existieron, donde se 14 Folio 232 15 Folio 234 vto. 16 Folio 235 vto. 17 Folio 236 18 Folio 237 5 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. advierte claramente y sin dar paso a análisis subjetivos, la exigencia económica realizada por IRWIN VARGAS ÁLVAREZ, en nombre del contralor Distrital, primero al señor Galeano Francesquini, Secretario General de la Empresa Triple A, y luego al mismo Ramón Navarro, su Gerente General, a cambio de levantar las medidas cautelares y el posterior archivo del proceso, de responsabilidad Fiscal seguido en su contra. En las mismas, se menciona el valor de la solicitud dineraria, que ascendía a la suma de 760 millones de pesos aproximadamente, proposición que fue aceptada generando controversia únicamente sobre la forma y lugar de la entrega, ante la solicitud precisa que se le hiciera por partes de los Directivos, de concretar la negociación con la participación del Contralor para

imprimirle credibilidad al asunto, debiendo este acercarse a la empresa, exigencia que dio al traste con lo acordado, por lo que IRWIN decide llegar nuevamente a la empresa para reanudar el diálogo, pero ya en compañía de Betsy Perez, dejando de lado la participación del Contralor en la negociación , presentándola como la encargada del asunto. Agrega, que con la errada apreciación que realiza el Tribunal de las grabaciones en cita, se generó impunidad en un caso donde se actualizaron totalmente los elementos de la conducta punible y se sembró un equivocado precedente para el Distrito Judicial. 2.2.2. CARGO SEGUNDO A través de la causal 3 contemplada en el artículo 181, manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de las pruebas sobre la cual se ha fundado la sentencia. Considera el demandante, que el Tribunal Superior de Barranquilla, alteró el contenido objetivo del medio de prueba, al darle al testimonio de María Brochero, un alcance que no corresponde con la realidad de lo por ella expresado en el juicio. Se pretende con este recurso hacer efectiva la cláusula normativa contenida en el art 404 del. C.P.P, con el ánimo de evitar equivocadas decisiones futuras inspiradas en la lectura errática que hizo el adquem, al realizar valoraciones testimoniales, desbordando su contenido real, haciendo decir a la señora Brochero, lo que realmente nunca afirmó.

2.2.3 CARGO TERCERO

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL DERIVADA DE UN ERROR

DE HECHO EN LA MODALIDAD DE FALSO JUICIO DE RACIOCINIO.

Agregó la Procuradora 355 Judicial Penal II de Barranquilla, que el Tribunal Superior, apreció los testimonios de las víctimas, a espaldas a sana crítica sin observancia de los principios lógicos, pues los argumentos expresados para restarle credibilidad a los testimonios de Ramón Navarro y Francesquini, no cumple con el principio de razón suficiente, en el entendido, que los razonamientos de la colegiatura, se muestra contraevidentes, no se encuentran demostrados dentro del plenario, ni existen suficientes fundamentos en virtud de 6 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. los cuales dichas proposiciones puedan tenerse como verdaderas, de cara a la prueba contundente y categoría que demuestra totalmente lo contrario, de donde se deriva la trascendencia del cargo. 2.2.4 CUARTO CARGO Error de hecho en la apreciación de las pruebas en la modalidad de falso raciocinio, que recae sobre los principios de la lógica, habida cuenta que los argumentos planteados por el adquo y aceptada dos por el Tribunal para desacreditar el contenido de la grabación de la reunión del 12 de mayo de 2010, en la que participó la señora Betsy Perez, no dan cumplimiento al principio de razón suficiente, necesario para sustentar su decisión. Afirmó la Procuradora 355 Judicial Penal, que surge evidente que el Tribunal de Barranquilla y el A-quo, apreciaron la participación de Betsy en la reunión de 12 de

mayo realizada en las instalaciones de la Triple A, de espaldas a la sana crítica, sin observancias de los principios lógicos, pues los argumentos expresados para analizar la prueba de manera aislada, no cumple con el principio de razón suficiente en el entiendo de que dichos razonamientos se muestran contraevidentes, no se encuentran demostrados dentro del plenario, ni existen suficientes fundamentos en virtud de los cuales dichas proposiciones puedan tenerse como verdaderas, de cara a la prueba contundente y categórica que demuestran totalmente lo contrario, de donde, se deriva entendido de que dicho razonamientos se muestran suficientes fundamentos en virtud de los cuales dichas propensiones puedan tenerse como verdaderas, de cara a la prueba contundente y categórica que demuestran totalmente lo contrario, de donde se deriva la trascendencia del cargo

3. CONCEPTO DE LA DELEGADA Teniendo en cuenta las piezas procesales que fueron remitidas a esta Procuraduría por parte de la Secretaría de la Sala penal, se emitirá el correspondiente concepto por parte de esta Delegada, lo que se aviene a las necesidades de justicia material que reclama el caso. 3.1 Concepto de la demanda presentada por el Representante de la Parte Civil CARGO ÚNICO: Conforme al contenido del cargo establecido en la demanda se establece como, ciertamente, por oposición a lo que constituyó la simiente de la inicial declaración de condena emitida en contra del señor IRWIN VARGAS ÁLVAREZ19, la ulterior sentencia absolutoria demandada y emitida por la Sala mayoritaria del Tribunal Superior de Barranquilla, se funda en los señalamientos conforme a los cuales:

quien realizó la investigación de los hechos, fue el personal de la empresa afectada, el cual carecía de la facultad legal para ello20; en consecuencia, no se 19 Folios 144, 145, 150 y 153, 20 Folio 133 7 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. preservó la cadena de custodia de los C.D. contentivos de los diálogos sostenidos21; el testimonio de los señores GALEANO FRANCESQUINI y RAMÓN NAVARRO PEREIRA resulta carente de credibilidad pues, tales habían defraudado a la empresa y, así, pretendieron tender una cortina de humo para exculpar su responsabilidad por esos hechos22; y, la versión del Procesado sobre la forma ocurrencia de los hechos resulta tanto creíble y explicativa de su comportamiento23. Así las cosas, groso modo y desde un punto de vista simplemente objetivo se establece que, habiéndose erigido la declaración de responsabilidad penal emitida en contra del señor IRWIN VARGAS ÁLVAREZ y allí impugnada en el estudio y ponderación del contenido de los diversos medios de prueba compilados, por oposición, la final sentencia absolutoria aquí demandada, se funda en el señalamiento a priori de carencia de legalidad de tales elementos de convicción, por presuntos vicios que afectarían la legalidad de los mismos y que, en consecuencia, confiere fuerza demostrativa a la tesis exculpatoria postulada por el procesado. De donde, al tenor del cargo único postulado, la labor del censor se

constituye por el inicial establecimiento de la capacidad probatoria de los elementos en cuestión y, tras el establecimiento de ello, la determinación del contenido de los aludidos elementos de convicción. Dentro de tal labor y en lo que hace al primer tópico tenemos como, ciertamente, en punto de grabaciones realizadas por la víctima, establece la jurisprudencia24, el deber de distinguir la verificadas por la misma víctima, con su intervención en los diálogos, y las realizadas respecto de terceros, únicamente. Siendo así que, en lo que hace al primer tópico, las mismas se encuentran autorizadas, sin límite en su momento de realización, siempre y cuando estén afectadas al cometido demostrativo de ocurrencia del comportamiento y de su autor. De donde, en forma correlativa, la limitante de legalidad establecida en la sentencia demandada25, conforme a la cual tal facultad se encuentra circunscrita a la posibilidad o no de inmediata concurrencia de la autoridad de policía judicial, resulta contraria a los requerimientos vigentes en la materia. Correlativo de lo así establecido es el hecho conforme al cual, el contenido de los diálogos sostenidos entre los señores GALEANO FRANCESQUINI y RAMÓN NAVARRO, de una parte, e IRWIN VARGAS ÁLVAREZ, de la otra, sí ostentan capacidad probatoria y, en consecuencia, su mutación del medio demostrativo, constituyó el error de derecho por falso juicio de legalidad reclamado como simiente de la demanda. A igual conclusión se arriba respecto a la mismidad y originalidad de los elementos materiales probatorios devenidos de las aludidas grabaciones26 pues, si bien se

encuentra acreditado que, por omisión de la autoridad de policía judicial, se afectó, formalmente, la permanencia de los elementos obtenidos al interior de los 21 Folio 136 22 Folio 139 23 Ejusdem 24 Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, 13 de noviembre de 2014, radicación: 76636, Magistrado Ponente: Fernando Alberto Castro Caballero. 25 Folio 133 26 Folio 136 8 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. almacenes de evidencias de la Institución prosecutora de la acción penal. Nada permite concluir o siquiera suponer la alteración de tales elementos y, por el contrario, la exposición de quienes se encontraban a cargo de su conservación material y sustancial, establece lo contrario27, sin que por parte de los afectados con ese medio demostrativo se aduce, puntualmente, la alteración o modificación de esos contenidos. Finalmente, en lo que toca a la demostración o no de la violación indirecta de la ley sustancial como resultado del justiprecio al testimonio de los señores GALEANO FRANCESQUINI y RAMÓN NAVARRO, como producto del ulterior acto de condena del que estos fueron objeto, por razón del desfalco producido a las rentas de la misa empresa hemos de señalar que, como lo expone la demanda, tanto el hecho en cuestión deviene ulterior respecto de la materia sub iudice28, como que ello, por sí mismo, no invalida el dicho del deponente pues, como lo reseña la jurisprudencia29, ello, en sí mismo, no constituye una causal de

impedimento o de inhabilidad del testigo y lo que concita en el juzgador, es el deber de mayor cuidado o vigilancia en la ponderación del dicho de aquel. De donde, en suma, si lo demostrado es el hecho según el cual, en el curso de la sentencia demandada obró una indebida exclusión de parte del medio probatorio y, conforme al contenido de esos elementos demostrativos, así excluidos, obraba la demostración de materialidad de la conducta atribuida, de la identidad del autor del comportamiento y la responsabilidad penal del mismo. Necesario resulta colegir, como aquí se hace, la indeclinable procedencia del cargo postulado. 3.2. CONCEPTO DE CASACIÓN FRENTE A LA DEMANDA PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO 3.2.1 Consideró el demandante que el presente error deviene de las contundencia de la prueba documental representada en las grabaciones de las conversaciones sostenidas entre la víctima y victimario, donde se aviene claramente la exigencia económica realizada por IRMIN VARGAS ÁLVAREZ, en nombre del Contralor Distrital. Razona este Delegado, que le asiste razón a lo acusado por la Procuradora 355 Judicial Penal II, en manifestar que el Tribunal Superior de Barranquilla, no analizó de manera objetiva el contenido de las conversaciones transcritas en el presente cargo, donde aparecen de manera clara las solicitudes de carácter dinerario, que realizó IRWIN ÁLVAREZ. Le asiste razón, a lo manifestado por la demandante cuando afirma, que lo anterior, fue analizado correctamente, por el Juez de primera instancia, en su sentencia de condena, cuando razonó que “cuando ocurre un hecho y este queda

documentado en un registro de audio o video, (sea porque se trata de una audiencia pública o porque como en este caso la víctima grabó lo conversado con su victimario) esta prueba documental se erige como la mejor evidencia del contenido de preferencia a la prueba documental, pero en este caso, corrobora lo 27 Folio 145 28 Folio 231 29 SU129-21 del 6 de mayo de 2021, M.P. Dr. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR, expediente T-7.975.759 9 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. dicho por los testigos de cargo, sobre este punto la Corte Suprema de Justicia en Auto del 7 de marzo de 2018. Rad 51882…” Las grabaciones telefónicas fueron analizadas en conjunto con las demás pruebas obrantes dentro de la actuación procesal del presente proceso, igualmente los videos que dieron cuenta de la presencia del enjuiciado en conversaciones con el señor Francesquini en las instalaciones de Triple A. Comparte este Procurador Delegado, lo manifestado por la censora, al considerar que los elementos materiales probatorios entregados por las víctimas no pueden entenderse como actos de investigación, sino como el ejercicio legítimo de sus derechos a disponer lo necesario para fijar la evidencia que dieron cuenta de las actividades ilícita de que estaban siendo objeto, en procura de garantizar su efectivo derecho a la verdad, justicia y reparación. 30 Frente a la cadena de custodia realizada a las grabaciones telefónicas y los videos, aportados por la víctima bien fueron analizados íntegramente por la

sentencia condenatoria. Por anterior, considera este Procurador Delegado, que le asiste razón a la Procuradora Judicial II, en lo expuesto en la presente censura, “…En este escenario, las Directivas de la empresa Triple A, respecto de los elementos aportados a la investigación, sólo eran responsables de su recolección, preservación y entrega a la autoridad competente, quedando pendiente únicamente la demostración de su autenticidad, en los términos indicados en el art 277 del C.P.P lo que demostró en el juicio, no solo con los testimonios de los empleados de la empresa que a través de sus declaraciones dieron fe de la forma en que fueron recolectados, sino con la versión de que los hechos rindieron el Gerente y Secretario General de la empresa, quienes participaron en las conversaciones y dieron cuenta de su contenidos, resultando esta, como la más idónea para demostrar la autenticidad de las grabaciones en video y audio entregadas al ente acusador o dicho en términos de la Corte, como un testimonio especialmente útil para demostrar dicha finalidad …” Por lo anterior, se tiene que la autenticación del documento (grabaciones en audio y video) se probó a cabalidad, igualmente la cadena de custodia, que en virtud de los testimonios de los investigadores del CTI dieron cuenta de la mismidad de los mismos, lo cual está demostrado en la sentencia condenatoria en contra de IRWIN VARGAS ÁLVAREZ 3.2.2 Respecto de la valoración del testimonio María Bochero comparte este Delegado, el análisis que realizó la Procuradora Judicial II, frente que él mismo fue tergiversado, con la finalidad de restarle credibilidad a lo declarado por los testigos

Rafael Álvarez y Galeano Francesquini, en lo que tiene que ver con la sindicación directa, contundente y coherente que hiciera sobre los señores Irwin Álvarez y Betsy Perez Arango, como autores de las exigencias dinerarias que fueron víctimas. 30 C.S.j A.P 1465-2018.rad 52320 10 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Razón por la cual es oportuno resaltar como lo hizo la Procuradora 355 Judicial Penal II, lo manifestado por el Juez de Primera Instancia, sobre las apreciaciones que del testimonio María Brochero, indicando que: “ Por otro lado, en cuanto que a la señora María Brochero, testigo por demás hostil y renuente, indicará que unas presuntas exigencias precisas de parte de otra funcionaría de la Contraloría no fueron ciertas, no desdibuja o resta credibilidad a Galeano Francesquini, puesto que el hecho acá investigado no fue aquel el denunciado previamente en el mes de abril de 2010, al que se refiere la deponente, si no el punible de concusión en que incurrió IRWIN VARGAS a finales de abril y en los días 4 y 5 de mayo de este año…” Razón por la cual concluye la Procuradora 355 Judicial II “ para efectos de estudio de responsabilidad penal que se hiciera del comportamiento de los acusados, el testimonio de la señora María Bochero que a más de no indicar lo que afirmó el

Tribunal, como se ha puesto en evidencia, no hace referencia a los hechos que les fueron imputados, por lo que en criterio de esta Delegada ningún valor probatorio podría dárselos para estos efectos, lo que pone en evidencia que el Tribunal, erró en el proceso de valoración y fijación de su poder suasorio, con la secuelas de que por tal manejo, se le hizo producir efectos que desbordan ostensiblemente en su real contenido.” Por lo anterior, este Procurador Delegado, comparte lo manifestado por la censora, al considerar que de la equivocada apreciación que se realizará del testimonio de la señora Bochero, se generó impunidad en un caso donde se presentaron totalmente los elementos constitutivos de la conducta punible investigada. 3.2.3 Respecto a lo manifestado por la demandante sobre la valoración en contra de la sana crítica realizada por el Tribunal Superior de Barranquilla, relacionada con los testimonios de los señores Ramón Bávaro y Galeano Francesqui.