PGN - DEMANDA En ejercicio de acción pública

DEMANDA-En ejercicio de acción pública DEMANDA-Debe contener una exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente. De acuerdo con el artículo 2.3 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener las razones por las cuales se estiman infringidas las normas constitucionales señaladas como violadas, es decir, el concepto de la violación. Como lo precisa la Corte, entre otras, en la Sentencia C-831 de 2002, la demanda debe contener una exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales se considera que el contenido de la disposición constitucional es desconocido por la disposición legal impugnada. Pese a que la demanda sub examine fue admitida por Auto del 2 de febrero de 2012, el Ministerio Público advierte que ésta no cumple con los mínimos argumentativos requeridos, pues en realidad no confronta el contenido normativo que acusa con las disposiciones superiores. Y no lo confronta, porque parte de una interpretación errónea de la expresión demandada, a la que asume de manera subjetiva e injustificada como aplicable al proceso contencioso administrativo, de ahí que hable del juez, cuando en realidad tanto el texto como su contexto indican otra cosa. Y es que la simple lectura del artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 basta para constatar que se trata de una norma que se aplica durante la actuación administrativa, valga decir, al proceso administrativo y no al proceso contencioso administrativo, como lo asume, se reitera, de manera errónea el actor. Concepto 5331 Bogotá, D.C., marzo 14 de 2012

Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra una expresión del artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.”

Demandante: Armando Enrique Colón Cárdenas.

Magistrado Ponente: LUIS ENRIQUE VARGAS SILVA.

Expediente D-8941. Concepto 5331 De conformidad con lo previsto en los artículos 242, numeral 2°, y 278, numeral 5°, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda que en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6°, y 242, numeral 1°, de la Carta, instauró el ciudadano ARMANDO ENRIQUE COLÓN CÁRDENAS contra una expresión del artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, cuyo texto se cita enseguida con lo demandado en negritas LEY 1437 DE 2011 (enero 18) Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: (…) ARTÍCULO 40. PRUEBAS. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos

especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil. 2 Concepto 5331

1. Planteamientos de la demanda.

El actor considera que la expresión demandada, al establecer que no proceden recursos contra el acto que decida la solicitud de pruebas, vulnera el debido proceso y desborda el margen de configuración legislativa, pues le otorga al juez el poder de decidir, sin que sea posible cuestionar su decisión, cuáles pruebas acepta y decreta y cuáles no, para tomar la decisión que corresponda. Para sustentar su dicho, el actor trae a cuento algunos autores nacionales y algunos apartes de las Sentencias T-460 de 1992, T-006 de 1995, C-227 de 2009 y T-464 de 2010.

2. Análisis jurídico.

De acuerdo con el artículo 2.3 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener las razones por las cuales se estiman infringidas las normas constitucionales señaladas como violadas, es decir, el concepto de la violación. Como lo precisa la Corte, entre otras, en la Sentencia C-831 de 2002, la demanda debe contener una exposición clara,

cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales se considera que el contenido de la disposición constitucional es desconocido por la disposición legal impugnada. Pese a que la demanda sub examine fue admitida por Auto del 2 de febrero de 2012, el Ministerio Público advierte que ésta no cumple con los mínimos argumentativos requeridos, pues en realidad no confronta el contenido normativo que acusa con las disposiciones superiores. Y no lo confronta, porque parte de una interpretación errónea de la expresión demandada, a la que asume de manera subjetiva e injustificada como aplicable al proceso contencioso administrativo, de ahí que hable del juez, cuando en realidad tanto el texto como su contexto indican otra cosa. Y es que la simple lectura del artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 basta para constatar que se trata de una norma que se aplica durante la actuación administrativa, valga decir, al proceso administrativo y no al proceso contencioso administrativo, como lo 3 Concepto 5331 asume, se reitera, de manera errónea el actor. Para verificar la postura del actor, conviene traer a cuento dos apartes de la demanda, a saber: (…) el aparte subrayado vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 29 del texto superior, el cual consagra el derecho de toda persona “a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”, ya que deja al arbitrio del Juez que decida que pruebas considera pertinentes sin permitir que la parte demandante o demandada controviertan la decisión del mismo cuando niega determinadas pruebas que alguna de las partes considera que son de importante valor probatorio para resolver el proceso o viceversa, cuando el juez decida positivamente la solicitud de

determinadas pruebas y una de las partes tenga razones de derecho para no estar de acuerdo con la decisión del juez de practicar determinadas pruebas, quedando sin recurso legal alguno para controvertir la decisión del juez e igualmente, el aparte subrayado se antepone al debido proceso por cuanto permite que el juez no permita la práctica de determinada prueba al dejarle la potestad absoluta de decidir sin que se pueda controvertir dicha decisión. (…) (…) es decir el juez y/o los despachos judiciales mediante un acto pueden determinar no relevantes, ni conducentes, ni pertinentes determinadas pruebas, cuando para la parte que las solicita tiene argumentos en derecho para solicitarlas, no obstante son negadas de plano, con lo cual se está cercenando el derecho al debido proceso en materia de presentar pruebas en cualquier actuación administrativa que se desate. Por lo tanto, si un juez de la República por error de apreciación o juicio considera que determinada prueba solicitada no debe practicarse cuando a juicio de las partes si es relevante dicha decisión no admite recurso alguno y la prueba no puede ser presentada. (Negritas agregadas). En vista de que la expresión acusada hace parte de un artículo que se encuentra en el Título III: Del Procedimiento Administrativo General y de las Reglas Generales, de la Ley 1437 de 2011, y de que el actor asume de manera errónea que esta expresión se aplica a los procesos contenciosos administrativos, que se surten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es evidente que la demanda no cumple con los requisitos de claridad y de certeza, lo cual la hace padecer de ineptitud sustancial.

4. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que se INHIBA de pronunciarse sobre la exequibilidad de la expresión “Contra el acto 4 Concepto 5331 que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos”, contenida en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda. Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación LJMO/Nroa 5