PGN - DEMANDANTE No logró demostrar la legitimación en la causa por activa ni el daño que

ACCIÓN DE GRUPO-A fin de que se imponga condena en contra de la Policía Nacional por perjuicios por aspersiones aéreas de glifosato RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elementos para que prospere su declaratoria mediante una acción de grupo RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-En los casos de aspersión con herbicidasglifosato ACCIÓN DE GRUPO-Definición de esta y características ACCIÓN DE GRUPO-Tiene carácter resarcitorio e indemnizatorio En este orden de ideas, es necesario mencionar el carácter resarcitorio propio de la acción constitucional de grupo, frente a situaciones que involucren la responsabilidad del Estado por acción, omisión o extralimitación en sus funciones, y como en el caso en concreto por un actuar legítimo, licito y propio de las políticas públicas encaminadas a contrarrestar el flagelo del narcotráfico. Hecho por el cual se clasifica el daño generado como especial, puesto que no solo es necesario la plena participación para la concreción del daño, sino que además requiere de la presunción de ilegitimidad que acompaña sus actuaciones, de lo cual, se puede alegar el rompimiento de las cargas públicas que los administrados normalmente deben soportar, atentando principalmente en contra del principio constitucional de igualdad, situación que deriva el derecho a reclamar ante la Nación DEMANDANTE-No logró demostrar la legitimación en la causa por activa ni el daño que solicita sea reparado por parte de Ministerio de Defensa Policía Nacional CARGA DE LA PRUEBA-No se cumplió con la que le asiste al extremo demandante Atendiendo las precisiones efectuadas, resulta evidente que la carga de la prueba que le

asistía a los demandantes no se logró satisfacer en el presente proceso, debiéndose advertir a la jurista que representa los intereses del activo, que no basta solo con alegar un daño generado, sino que el actuar del extremo activo va más allá, debiendo ser demostrando su concurrencia en el proceso, atendiendo además la legitimación que en consecuencia le otorga a quienes demandan. Lo anterior, toda vez que, como se advirtió en el punto 2.3.3. del presente concepto, no obra prueba alguna que permita si quiera corroborar al menos una de las pretensiones invocadas en la demanda, siendo nula en este caso la actuación probatoria de los demandantes. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Respecto al medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo según regulación legal CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Respecto al medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo según sentencia del Consejo de Estado CONCILIACIÓN PREJUDICIAL-Obedece a un mecanismo alternativo de solución de conflictos AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL-Suspende el término de caducidad de la acción De esta manera advierte el suscrito Procurador Delegado en sede de intervención, contrario lo precisado por la Sala en primera instancia que en virtud de los señalado en el

artículo 21 de la Ley 640 de 2001, el agotamiento del requisito de procedibilidadaudiencia de conciliación prejudicial-, suspendió el cómputo del término de caducidad hasta la expedición de la constancia de no acuerdo conciliatorio, toda vez que no transcurrieron más de 3 meses desde la presentación de la solicitud hasta cuando se declaró fallido dicho trámite. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 055/2021

Bogotá, D. C., 14 de julio de 2021.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

E. S. D.

EXPEDIENTE: 270012331000201700021 02 (66060) Acción: Reparación de perjuicios ocasionados a un grupo (Ley 1437 de 2011) ACTOR: Manuel Valencia Martínez y otros DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros.

Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la providencia recurrida / La parte actora no logró demostrar la legitimación en la causa por activa ni el daño que solicita sea reparado por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

/ No se cumplió con la carga probatoria que le asiste al extremo demandante / REVOCAR la decisión que declaró la caducidad de la acción / Las pretensiones de la demanda poseen contenido económico por lo que son susceptibles de conciliación / La conciliación prejudicial obedece a un mecanismo alternativo de solución de conflictos / Audiencia de conciliación prejudicial suspende el termino de caducidad de la acción. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta los siguientes elementos:

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos.

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02 Un grupo conformado por 44 personas, actuando mediante apoderado judicial, incoaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo previsto en el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, en busca de que se reconozca y ordene resarcimiento integral de los perjuicios tanto materiales como inmateriales causados por la Nación – Ministerio de Defensa y Policía, con motivo de las aspersiones con glifosato realizadas desde el año 2012 hasta el 31 de diciembre de

2014 en la zona rural del municipio de Medio Baudó – Chocó, situación que afectó presuntamente la salud de los actores, así como sus cultivos lícitos de pan coger y los animales que criaban para su alimentación y venta. Argumenta el escrito petitorio que, con ocasión a la aspersión con glifosato efectuada, los demandantes sufrieron diarrea, vómito, fiebre, malestar general, ampollas y diversas afectaciones en su salud. Asimismo, sus cultivos y animales se enfermaron y murieron, causando problemas económicos, alteraciones en su vida personal, familiar y social al no contar con recursos económicos para su subsistencia y el disfrute pleno de la calidad de vida como agricultores y campesinos; toda vez que, la tierra demoró aproximadamente más de un año para que cesaran los efectos del herbicida, situaciones que fundamentan las pretensiones de la presente acción. El escrito menciona que luego de efectuarse varias reuniones en busca de soluciones a los perjuicios causado en donde participaron los afectados con las fumigaciones, la Personería del municipio de Medio Baudó, el Alcalde y Secretario de Gobierno, se suscribió un listado de 431 personas reconocidas como damnificadas. No obstante, reitera el escrito de la demanda que hasta la fecha de su radicación no se había efectuado reparación alguna. En consecuencia, mediante la demanda interpuesta se invocó como pretensiones, en síntesis, las siguientes: “PRIMERA: Que se DECLARE que la NACIÓN-MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL causaron graves perjuicios a toda la comunidad del municipio de medio Baudó, con las aspersiones aéreas de glifosato, que hicieron desde el 1 de

enero del año 2012 hasta el 31 del mes de diciembre de 2014 sobre dicha zona.

SEGUNDA: Como consecuencia de los anterior se CONDENE a la NACIÓNMINDEFENSA – POLICIA NACIONAL a pagar a cada uno de los integrantes de la comunidad del Municipio de Medio Baudó indemnización por perjuicios morales, materiales (daño sobre las tierras, cosechas y animales) y daños a la salud generados.

TERCERO: Condenar en costas al demandado”. 1.2. Contestación de la demanda. 1.2.1. Mediante apoderado judicial, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó escrito de contestación1 de la demanda, sustentando su oposición con

fundamento en los siguientes argumentos: 1 Folio del 202 al 234 del cuaderno No 1. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02 Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, incumplimiento de los requisitos para reclamar y caducidad. Advirtió en cuanto a los reclamos efectuados respecto a los daños alegados sobre los bienes inmuebles quien tiene la legitimación en la causa es el propietario, poseedor o tenedor del bien según la condición con la cual se presente el proceso, en efecto la propiedad de un bien se acredita con la escritura pública de compraventa o con la

inscripción de esta en la Oficina de Instrumentos Públicos del lugar del inmueble faltando alguno de estos elementos de entiende que la titularidad no se encuentra acreditado. Manifestó, además, los demandantes debieron haber presentado dentro de los 20 días calendarios siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos, ante la Alcaldía del municipio reportando los perjuicios causados en su predio conforme lo establece la Resolución No 008 de 2007, modificada parcialmente por la Resolución 017 de 2012. En cuanto a la carga de la prueba, indicó que los documentos arrimados al plenario no resultan conducentes para determinar la responsabilidad de la Policía Nacional por la supuesta falla en el servicio, tampoco prueba el nexo causal que se requiere para afirmar en la operación de aspersión área que le causó los presuntos daños a los bienes de los actores; adicionalmente resaltó que no se cumplió con lo establecido mediante sentencia del H. Consejo de Estado en cuanto a los perjuicios morales por daños a bienes materiales. 1.3. Concepto del Ministerio Público en primera instancia. El Procurador 41 Judicial II Administrativa del Chocó, actuando como Ministerio Público en cumplimiento de la función de intervención presentó concepto de fondo el 16 de agosto de 2019, visible a folios del 329 al 332 reverso del cuaderno No 2, a través del cual, solicitó denegar las pretensiones de la acción de grupo, con fundamento, en los siguientes argumentos: Al tratarse de un proceso de acción de grupo, mediante el cual se pretende la determinación de la responsabilidad que permita acceder a reparaciones concretas e

individualizadas, requiere probar quienes del grupo realmente resultaron afectados por el daño presuntamente causado, para así determinar el perjuicio; toda vez que, no se puede quedar en el abstracto de hablar alegremente de toda una comunidad, olvidando la parte actora que le asiste la carga probatoria de lo alegado. Conforme lo anterior, advirtió que mediante las pruebas obrantes en el plenario se demostró que, en desarrollo de la actividad de aspersiones con el herbicida, efectuadas en los años 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, en la zona rural del municipio de Medio Baudó (Chocó), específicamente en los corregimientos de Puerto Olivia, Torreido, Puerto Meluk, Plata Norte y Puerto Córdoba, se pudo haber generado impactos negativos en el medio ambiente y eventualmente los cultivos y a la salud de los habitantes. Sin embargo, no está acreditado el daño individual para todos los miembros del grupo, así como tampoco el perjuicio en concreto, presupuestos fundamentales para la declaratoria de la responsabilidad deprecada a través del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo. Al respecto, resaltó que, pese a que se alegó en la demanda perjuicios derivados de la vulneración a un derecho colectivo como lo es el del medio ambiente sano, o afectaciones 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02 a los cultivos o personas, producto de las aspersiones, tales daños y/o perjuicios no se

presuponen, pues uno es el daño al derecho colectivo y otro es aquel que repercute en el derecho subjetivo o individual. El Ministerio Público precisó que, aunque en la demanda se predican unos daños y perjuicios generados a unos bienes y cultivos existentes en la zona donde se efectuó la fumigación, no se demostraron su titularidad y/o propiedad de los predios afectados, y su consecuente daño y el perjuicio a cuantificar e indemnizar, así como tampoco se probó la existencia de cultivos, su clase, extensión, productividad y el grado de afectación. En cuanto al dictamen pericial aportado, encontró que este carece de prueba técnica y de laboratorio que lo sustente, argumentando que solo se fundamentó en declaraciones de terceros que finalmente tienen intereses directos en el resultado del proceso. Respecto de las afectaciones en la salud de los accionantes advertidas en la demanda, se indicó que estas solo fueron mencionadas en los hechos, sin que se hubiera concretado o especificado a quien o quienes se le produjo el daño a la salud como causa directa de las aspersiones del fungicida. En este sentido, reiteró que en el proceso se cumplieron los requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la acción de grupo instaurada, conforme lo establece la Ley 472 de 1998; sin embargo, con las pruebas allegadas apenas se acreditó la ocurrencia de los hechos señalados en la demanda, empero, no se logró demostrar la existencia real, concreta y efectiva del daño a todos y cada uno de los actores, y el perjuicio individual que se pretende indemnice la entidad demandada, por lo que el Ministerio Público

concluyó que no era posible imputar la responsabilidad patrimonial a la entidad demandada, por cuanto no se demostró el nexo de causalidad, así como tampoco los perjuicios para poder establecer los miembros del grupo accionante que deben ser reconocidos como víctimas y proceder con la consecuente indemnización. Lo anterior, en atención a los lineamientos establecidos por el H. Consejo de Estado respecto de la naturaleza y procedencia de la acción de grupo, en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado. 1.4. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, mediante sentencia No 04 del 20 de enero de 20202, resolvió de fondo las pretensiones de la acción de grupo impetrada, negando las pretensiones de la demanda, procediendo a resolver las excepciones propuestas por la entidad demandada, conforme a las siguientes consideraciones:  En cuanto a la falta de legitimación en la causa por activa de los 44 demandantes, encontró el Tribunal mediante análisis efectuado a las pruebas que conforman el dosier, que ninguna de estas piezas acredita la titularidad, propiedad, posesión o usufructo de los bienes afectados. Lo anterior, al considerar que pese a que quedó acreditado mediante los oficios No S-2012…/SURAN-ARECI-29, S-2013 001254/DIRAN-JEFAT-29 del 13 de enero de 2013 y el No S-2014 027874/DIRAN-JEFAT-29 de 15 de mayo de 2014 y los formatos de orden de operaciones de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, sobre la aspersión con glifosato de cultivos ilícitos en jurisdicción del departamento del Chocó municipios de Condoto, Alto Baudó, Medio Baudó, Cantón de

2 Visible a folio del 346 al 355 reverso, del cuaderno del Consejo de Estado. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02 San Pedro, Istmina, Litoral del Medo y Bajo San Juan, Nóvita, Río Iró, Nuquí, Tadó, Cantón de San Pablo, Sipí y Andagoya; realizadas por la Policía Nacional en los periodos 05/07/2012 al 18/07/2012, 04/02/2013 al 08/02/2013 y 27/05/2017 al 11/06/17 así como el formulario de recepción de quejas, actas de reunión No 001 del 12 de noviembre de 2012 y No 002 del 30 de enero de 2013, listado de presuntos damnificados, entre otros documentos, la problemática generada en los cultivos de la comunidad del Medio Baudó, por causa de las fumigaciones con glifosato no se encuentra acreditada con ningún medio de prueba de la titularidad, propiedad, posesión o usufructo de los mandantes sobre los predios, siembras, cultivos o animales mencionados en la demanda, concluyendo al respecto que como necesario al momento de establecer la responsabilidad del Estado en relación con los daños ocasionados por la fumigación con glifosato. Asimismo, precisó el A Quo que no resultó acreditado dentro del proceso la actividad

económica a la que se dedicaban los demandantes ni que de los mismos derivaban su sustento de manera directa del trabajo agropecuario en dicho territorio. Como tampoco, quedó acreditada la condición de propietario, poseedor o tenedor de los bienes respecto de los que reclaman fueron separados, presupuestos que como establece la normativa y jurisprudencial, es necesario se cumpla en este tipo de acciones, que persiguen la reparación e indemnización de los perjuicios a un grupo por el daño sobre bienes. En cuanto a la prueba testimonial recaudada, la Sala consideró que esta permite dar cuenta de las fumigaciones realizadas en la localidad de Medio Baudó, sin embargo, la declaración no permite establecer la titularidad de los bienes alegados como afectados por parte del grupo accionante, pues en ella se habla de manera general sobre unos campesinos que llegan a sus fincas, sin individualizar a ninguno de los accionantes como propietarios, poseedor o tenedor de los mencionados bienes. Al respecto, resaltó que la parte actora se limitó únicamente a afirmar en la demanda que los accionantes sufrieron afectación en sus bienes constituidos en predios, cultivos, siembras, animales y en su salud, con ocasión a las fumigaciones con glifosato, sin preocuparse por aportar el medio probatorio del cual se pueda inferir su titularidad, así como su existencia. Olvidando los demandantes que no basta una afirmación, pues resulta necesario probar ese supuesto de hecho del cual se pretende derivar la consecuencia jurídica. Conforme los criterios anteriormente transcritos, estimó el Tribunal de instancia que en el

caso sub examiné operaba la carencia de pruebas y la falta de idoneidad de las pruebas allegada al proceso, para acreditar el derecho de propiedad, posesión -tenencia o usufructo de los demandantes sobre los terrenos, predios, cultivos o animales ubicados en el municipio de Medio Baudó, concluyendo que no están legitimado en la causa por activa para reclamar indemnización por el daño alegado en la demanda. Por lo tanto, procedió a declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la entidad accionada Nación – Policía Nacional.  Respecto de la caducidad del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, en primera instancia se reiteró que el daño alegado por la parte demandante se deriva de la aspersión con glifosato realizada en el municipio de Medio Baudó desde el mes de diciembre de 2012 a 31 de diciembre de 2014. No obstante, las pruebas analizadas permiten constatar que las aspersiones ordenadas por la dirección de Narcóticos de la Policía Nacional en la región de Chocó fueron 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02 ejecutadas durante los periodos 05/07/2012 al 18/07/2012, 04/02/2013 al 08/02/2013 y el 27/05/14 al 11/06/14, correspondiendo concretamente al municipio de Baudó el último

periodo, es decir desde el 27 de mayo al 11 de junio de 2014. Es así como, el Tribunal de instancia resaltó que hasta el 12 de junio de 2016 tenía la parte actora como fecha límite para acudir a la jurisdicción en uso del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, resultando que esta se interpuso el 09 de marzo de 2017, esto es, por fuera del término legal. De igual manera, estableció que pese a que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el día 16 de diciembre de 2016 ante la Procuraduría 186 Judicial I para asuntos Administrativos de Quibdó, realizándose el día 03 de marzo de 2017, dicha diligencia no tiene la virtud de suspender términos, atendiendo lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y Art. 9 del Decreto 1716 de 2009, toda vez que, para la fecha en que se radicó el trámite de conciliación prejudicial la caducidad ya había afectado el término legal para ello, situación que está debidamente demostrado mediante las pruebas obrantes en el plenario. Conforme lo anterior, la Sala se abstuvo de efectuar el estudio de los demás problemas jurídicos planteados, resaltando que la falta de legitimación en la causa por activa, así como la caducidad el medio de control hacen innecesarios ahondar en el estudio de las restantes excepciones y el fondo del mismo.  En relación a la condena en costas, indicó que esta procede solo cuando alguna de las partes ha actuado temerariamente, sin embargo, en el sub lite no avizoró actuación

temeraria por los extremos procesales. 1.4. Argumentos de la apelación. La apoderada del grupo demandante Dra. Yenia Liliana Mosquera Lozano, mediante escrito radicado el 24 de enero de 20203, sustentó apelación en contra de la decisión adoptada en primera instancia el 20 de enero de 2020, argumentando:  Respecto de las excepciones propuestas por la entidad demandada y que sustentaron la nugatoria de las pretensiones, el extremo demandante mediante el recurso de alzada manifestó que estas fueron presentadas de manera extemporáneamente, ya que se sustentaron con posterioridad al vencimiento del término para contestar la demanda, imposibilitando al juez otorgarle validez dentro del proceso y acceder a las mismas, debiendo haber dado por no contestada la demanda y tenerlo como indicio grave en contra de la entidad.  Pese a lo anterior, el extremo recurrente enfatizó que ni la falta de legitimación en la causa por activa, ni la prescripción, se encuentran llamadas a prosperar, advirtiendo que las pruebas practicadas dentro del proceso acreditan los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda. De esta manera, resaltó que mediante los testimonios rendidos por los señores Zaida Lerma Perea y Efrén Valencia, dan fe de la legitimación en la causa por activa, dado que reiteradamente manifestaron sobre la naturalidad de los accionantes y el extremo 3 Folios 363 al 372 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

YPCF Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02 demandado jamás tacho de falso su testimonio, ni desvirtuó lo dicho por ellos, por lo que sus afirmaciones están investidas de verdad y como tal deben ser valoradas.  En cuanto a la liquidación de perjuicios y en procura de impartir verdadera justicia en favor de la población afectada, la apoderada del extremo activo indicó que el Honorable Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia manifestó que la falta de elementos probatorios para determinar en concreto una indemnización de perjuicios no implica la denegatoria de los mismos sino una posible condena en abstracto.  Precisó frente a la caducidad de la acción que, pese a que el fallador decidió declararla, esta no se configura, dado que aunque la entidad accionada allegó una bitácora de aspersiones en la cual deja entre ver que las aspersiones fueron realizadas entre el 27 de mayo de 2014 al 11 de junio de 2014, dicha información es incompleta ya que no contempla las aspersiones realizadas en los años 2012 y 2013 de las cuales hace referencia la evaluación del suelo realizada por el instituto de investigaciones ambientales IAP y los formularios de recepción de quejas suscritos por los accionantes; así como tampoco contempla las aspersiones realizadas en diciembre de 2014 de las cuales testificaron los señores ZAIDA LERMA PEREA y EFREN VALENCIA. En este sentido, advirtió que la información sobre la cual el Tribunal se basó para declarar la caducidad del medio de control, esta incompleta y podría pensarse que es una estrategia del demandado para evitar una eventual condena.

Conforme a lo anteriormente precisado, sustentó el recurso de apelación el extremo demandante solicitando al Ad Quem la revocatoria de la decisión adoptada en primera instancia, y en su lugar, proceder a acceder a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional son responsable de los perjuicios sufridos por la comunidad que habitan en la zona rural del municipio del Medio Baudó, en razón de las aspersiones aéreas con glifosato, y ordene la correspondiente liquidación de perjuicios en abstracto mediante trámite incidental.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Atendiendo los argumentos que conforman el recurso de apelación que nos convoca y las consideraciones enmarcadas en el escrito petitorio, como en la sentencia de primera instancia, el Ministerio Público considera necesario resolver los siguientes problemas jurídicos que se proponen en los siguientes términos:  ¿Las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por activa y la caducidad de la acción pueden ser analizadas de manera oficiosa, por parte del fallador?  ¿Atendiendo las situaciones fácticas demostradas debidamente mediante el material probatorio que obra en el dossier, operó el fenómeno de la caducidad del medio de control que nos ocupa? 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Acción de grupo (66060)

270012331000201700021 02  ¿Obra en el presente proceso, material probatorio que demuestre la legitimación en la causa del grupo actor, conforme las situaciones fácticas que sustentan la Litis?  ¿Cumplió la parte demandante con la carga que le asiste, de probar de manera cierta el daño alegado con ocasión de la aspersión con el herbicida glifosato, así como, el nexo causal entre este y los perjuicios que reclaman los demandantes?  ¿De acuerdo con las situaciones fácticas, probatorias y jurídicas que sustentan la presente acción de grupo, es procedente declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad accionada por los presuntos daños y perjuicios ocasionados al patrimonio económico del grupo actor, y en consecuencia se ordene el reconocimiento y pago de la correspondiente indemnización de los perjuicios causados? 2.2. Análisis probatorio. Atendiendo el material probatorio obrante, el Ministerio Público se permite resaltar las siguientes piezas, las cuales resultan relevantes para poder resolver los problemas jurídicos planteados en el caso sub examiné.  Formulario de queja presentada por el Personero Municipal de Medio Baudó (Folios 82 al 102 del cuaderno No 1)  Acta de reunión de damnificados por la erradicación en el municipio de Medio Baudó (Folios 103 a 110 del cuaderno No 2)  Acta de reunión 002 realizada con la población presuntamente afectada por la fumigación de cultivos en el municipio de Medio Baudó (Folios 111 al 119 del

cuaderno No 1)  Listado de damnificados por la fumigación con glifosato (Página 120 a 130 del cuaderno No 1)  Testimonios rendidos por los señores Zaida Lera Perea y Efrén Valencia, solicitadas por el extremo activo (Visible del folio 311 al 314 del cuaderno No 2). 2.3. Análisis jurídico – caso en concreto. Conforme a las pruebas analizadas, y las situaciones fácticas mencionadas en el escrito de la acción, la decisión de primera instancia, como en el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante, el Ministerio Público, procederá a efectuar pronunciamiento al caso en concreto procediendo a resolver cada uno de los problemas jurídicos planteados. Encuentra el Ministerio Público que, mediante la acción de grupo impetrada por 44 personas habitantes del municipio de Medio Baudó (Chocó), se pretende se imponga condena en contra de la Nación Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con ocasión los 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Acción de grupo (66060) 270012331000201700021 02 presuntos perjuicios materiales e inmateriales invocados con ocasión de las aspersiones aéreas de glifosato efectuadas de manera indiscriminadas sobre la zona desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Menciona la demanda que a fin de erradicar cultivos ilícitos existentes en el sector se adelantaron las jornadas de fumigación por parte del Ministerio de defensa - Policía Nacional. Sin embargo, el herbicida afectó la tierra, las cosechas y plantaciones licitas que existían sobre ella, así como los animales, además de su salud, al ocasionarles problemas de piel, daños estomacales y malestar general. Debido a los perjuicios que sufrieron los demandantes con ocasión al actuar de la entidad demandada, acudieron de manera reiterada a la Personería del Municipio del Medio Baudó a fin de que se les brindara la correspondiente ayuda para sobrepasar las graves afectaciones materiales generadas por las fumigaciones realizadas que impactó negativamente la calidad de vida de los demandantes quienes dependían económicamente de los ingresos que generaba sus cultivos y animales. Con ocasión a lo anterior, se generaron reuniones en donde además de las probables víctimas también a