PGN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Con ello, es evidente que la norma que se aduce como ign

NULDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Del acto que aceptó a miembro designado por el Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 199210 tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO-Si cumple con el requisito establecido en el literal C del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, referente a que “haya tenido vínculos con el sector universitario” AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos,

designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-Con ello, es evidente que la norma que se aduce como ignorada en su aplicación, no está concebida para el consejero designado por el Presidente de la República, en tanto aquel -se reiterano tiene la naturaleza de servidor o empleado público FALTA DE MOTIVACIÓN-Del acto acusado en tanto en él no se indicó cómo se había acreditado que el accionado tuvo vínculos con el sector universitario y cuál fue el criterio para determinar que el solo título de abogado egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, era suficiente para tal fin. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO-Naturaleza y composición/CONSEJO

SUPERIOR UNIVERSITARIO-La designación de los consejeros delegados es una facultad discrecional del Presidente de la República, con lo que el soporte normativo establecido en el acto administrativo atacado, por si solo, ya constituye la motivación necesaria del mismo. Por otro lado, si bien el Decreto 2233 de 2022 no se refirió a cuál fue el vínculo del accionado con el sector universitario y cómo se acreditó el mismo, no deja de ser cierto que según los antecedentes que lo soportan y le dieron origen, tal “falencia” se encuentra suplida, toda vez que se anexaron el diploma y el acta de grado del accionado como abogado de la Universidad Francisco de Paula Santander, elementos con los que da cumplimiento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, como se explicó con anterioridad. Conforme con todo lo anterior, la designación de CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR en remplazo de José Mauricio Julio Sepúlveda, tuvo su fundamentación en la facultad discrecional del Presidente de la República para designar a un miembro en el Consejo Superior Universitario de la UFPS, y los documentos que soportan el cumplimiento de los requisitos legales se encuentran en los antecedentes administrativos, razón por la que este cargo no está llamado a prosperar y, así mismo, se debe proceder a confirmar la sentencia apelada. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 2 Bogotá D.C., 07 de julio de 2023 Concepto No. 2023-07-NE-090 Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN: 54001-23-33-000-2023-00027-02

DEMANDANTE: CARLOS ROBERTO MOJICA

CERQUERA DEMANDADO: ACTO DE DESIGNACIÓN

DE CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR COMO

MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERUFPS MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORALSEGUNDA INSTANCIAASUNTO DE INTERÉS: VÍNCULO CON EL SECTOR

UNIVERSITARIO COMO REQUISITO PARA DESIGNAR

UN MIEMBRO EN LOS CONSEJOS SUPERIORES

UNIVERSITARIOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA.

Respetada magistrada: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión1, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. Mediante Decreto 2233 de 17 de noviembre de 2022, el Presidente de la República, señor Gustavo Petro Urrego, designó a CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR “como miembro del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, en remplazo del doctor José Mauricio Julio Sepúlveda”.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 1 El término para presentar concepto, de acuerdo con la anotación 17 del SAMAI, tiene como rango del 30 de junio al 07 de julio de 2023.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 1.1.2. En ejercicio de medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, el ciudadano Carlos Roberto Mojica Cerquera demandó el prenotado acto, solicitando en el mismo escrito y, como medida cautelar, la suspensión de aquel. 1.1.3. El conocimiento de dicho asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de Santander. 1.1.4. El prenotado fallador resolvió en sentido negativo el 17 de febrero de 2023 la solicitud de medida cautelar, decisión que fue recurrida por el extremo demandante, conllevando a que el Consejo de Estado se pronunciara el 23 de marzo siguiente, confirmando el fallo del mencionado Tribunal. 1.1.5. El a quo, en decisión de 18 de mayo de 2023, negó las pretensiones anulatorias. 1.1.6. El 26 de mayo de 2023, el extremo actor interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 5 de junio siguiente por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y,

luego, admitido por el Consejo de Estado el 16 del mismo mes y año. 1.2. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 18 de mayo de 2023 NEGÓ las pretensiones de la demanda de nulidad de la designación de CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR como miembro del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander. Expuso que el motivo de inconformidad del demandante radicaba en el hecho que el accionado no cumplía con el requisito de haber “tenido vínculos con el sector universitario” para poder ser el miembro designado por el Presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander2, tal como lo exige el literal C del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, toda vez que “no había ejercido como docente, coordinador, asesor, profesional, directivo o desempeñado empleo académico o administrativo en ningún nivel en alguna universidad”. 2 Como ocurrió con la expedición del Decreto 2233 de 17 de noviembre de 2022. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 5 En tal sentido, el a quo planteó el problema jurídico en los siguientes términos: “¿si el acto electoral contenido en el Decreto No. 2233 de 17 de noviembre de 2022 proferido por el Presidente de la República y el Ministro de Educación Nacional, mediante el cual se designó al señor Carlos Alberto Bolívar

Corredor como miembro del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander es nulo, por configurarse la causal de nulidad prevista en el artículo 275-5 del CPACA, en consonancia con la infracción de normas superiores como causal general de nulidad por el artículo 137 ibidem, por la carencia o indebida motivación y la expedición irregular o vulneración al debido proceso del acto administrativo, al no haberse acreditado la calidad y/o requisito dispuesto por el legislador para ser designado como miembro del Consejo Superior Universitario, atinente a que previo a la designación, hubiese tenido vínculo como el sector universitario?” Consideró entonces que según la Ley 30 de 1992 -artículo 64y el Acuerdo 091 de 01 de diciembre de 19933, el único requisito para ser el miembro designado por el Presidente de la República en el Consejo Superior Universitario es que “haya tenido vínculos con el sector universitario”. Expuso que el demandante reclama que dicho requisito debe ser acreditado según los criterios de experiencia contenidos en el en el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, que señala: “ARTÍCULO 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente. Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en

el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 6 3 Estatuto General de la Universidad Francisco de Paula Santander. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 PágPinrao c8uraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada. En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones educativas debidamente reconocidas y con posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional.” Así mismo, que la misma parte procesal argumentó que “con sujeción a los métodos interpretación gramatical, histórico y teleológico, la designación citada involucra la elección de una persona que haya tenido estrecha o directa relación -vínculocon el ámbito previsto por la Ley 30 de 1992 para la prestación del servicio público de la Educación Superior por parte de las universidades oficiales y que involucra el sector a cargo de la investigación científica y tecnológica, la formación académica así como la producción, desarrollo y trasmisión (sic) del conocimiento -entiéndase sector universitario-” y como tal, aquel entendía que dicho requisito no se satisfacía con el solo hecho que el accionado sea egresado -abogadode la Universidad Francisco de Paula Santander. Planteado el escenario anterior, el fallador de instancia indicó que el cargo referente a incumplimiento de requisitos no habría de prosperar, toda vez que el mismo “se basa en una interpretación de la norma, que excede el texto legal, pues implica una distinción que

no hizo el legislador”. Reiteró que tanto el Estatuto General del mentado ente de educación superior como la Ley 30 de 1992, solo exige a quien es designado por el Presidente de la República ante un Consejo Superior Universitario, haber tenido vínculos con el sector universitario. Sumado a lo anterior, que el consejero designado no detenta la calidad ni condición de empleado público, pese a desempeñar funciones administrativas de forma transitoria4, razón por la que “el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, no debe utilizarse para resolver el presente asunto, en atención a que cuenta con un régimen normativo especial que regula la materia, esto es, la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General de la Universidad Francisco de Paula Santander, únicas disposiciones, aplicables respecto de la integración y requisitos y para pertenecer al Consejo Superior Universitario”. Recordó que el Consejo de Estado, en su Sección Primera, ha fijado la forma como deben estudiarse los requisitos para ser miembro del Consejo Superior Universitario, indicando que el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 “no requirió calidades o requisitos de los diferentes representantes, únicamente exigió, para el designado por el Presidente de la República, la acreditación de vínculos con el sector universitario”5. Expuso que al ser el vínculo con el sector universitario el único requisito exigido a quien es designado por el Presidente de la Republica ante el Consejo Superior Universitario, y de conformidad con el principio de interpretación jurídica6 aplicado por el Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, el hecho que el legislador no hubiese categorizado o delimitado

el cumplimiento de dicha exigencia “a funciones similares a la investigación científica o tecnológica, la formación académica o la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento, como lo propone el demandante, la Sala estima, que el vínculo universitario desde la perspectiva semántica, se refiere a cualquier tipo de unión o relación material con el sector Universitario” (Negrilla adicional). Resaltó que la noción de “vínculo,” en los términos del Diccionario de la Lengua española refiere a la “unión o atadura de una persona o cosa con otra”, razón por la que el accionado “cumplió con el requisito al haber sido egresado de la Universidad Francisco de Paula 4 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01 (3171). MP. Darío Quiñones Padilla. 24 de agosto de 2005. 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 11001-03-24-000-2008-00034-00-. MP. Oswaldo Giraldo López. 28 de junio de 2019. 6Según el cual, donde no distingue la ley no le corresponde distinguir al interprete. 7 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00096-00. MP. Rocío Araújo Oñate. 08 de julio de 2021. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 9 8 Corte Constitucional. Sentencia C-317 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 Santander en calidad de abogado y haber ejercido desde el año 2013 al 2022 como representante legal de la veeduría PROCURA UFPS”. (Negrilla adicional) Adujo que al no ser los miembros de los Consejos Superiores de la UFPS empleados públicos, no se les puede “colegir, por analogía o interpretación extensiva, que para acreditar el requisito de vínculo universitario, el interesado deba demostrar experiencia que involucre la investigación científica y tecnológica, la formación académica así como la producción y desarrollo y transmisión del conocimiento, en los términos del Decreto 1083 de 2015”, lo anterior teniendo en cuenta que, en términos de la Corte Constitucional,9 se debe aplicar un criterio restrictivo de interpretación sobre las normas que contemplen limitaciones al ejercicio de derechos políticos. Finalmente, en lo que atañe al cargo de falta de motivación del acto administrativo, expuso que el acto censurado “no adolece de motivación, puesto que contiene los antecedentes que los originaron, incluida la hoja de vida con sus anexos y la solicitud efectuada por el Ministerio de Educación Nacional, en relación al cumplimiento del requisito del vínculo con el sector universitario, documentos que tienen fecha anterior al

acto de designación y cuyo contenido permiten advertir la motivación de la decisión y le permitieron al recurrente conocer los verdaderos motivos por los cuales se dictó el acto administrativo”. Por lo tanto, determinó que no prosperaban las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, no procedía la nulidad del acto electoral demandado. 1.3. Recurso de apelación El demandante, dentro de la oportunidad correspondiente, presentó recurso de apelación, planteando dos escenarios argumentativos similares a los contenidos en su escrito de demanda, referentes a (i) el desconocimiento del requisito “que haya tenido vínculos con el sector universitario” dispuesto por el legislador para la designación demandada, y; (ii) la falta de motivación del acto acusado. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 9 Corte Constitucional. Sentencia SU 621 de 2021.

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Página 12 En lo que atañe al desconocimiento del requisito “que haya tenido vínculos con el sector universitario” expuso que el término “vínculo” es un concepto jurídico indeterminando, por lo que su alcance “debe establecerse con fundamento en reglas previstas por el

Legislador para situaciones similares”. En su sentir “la hermenéutica empleada en la demanda es válida al establecer el alcance del requisito previsto por el Legislador en la Ley 30 de 1992 y reproducido por el artículo 21 del Acuerdo No. 091 de 1993 de la Universidad Francisco de Paula Santander, en el sentido de entender que el requisito de acreditar “vínculos con el sector universitario” debe determinarse a partir de la regla fijada por el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. Lo anterior, entendiendo que, si bien el “señor Bolívar Corredor no fue nombrado en un empleo público, sí desarrolla actividades públicas en razón de su participación con voz y voto en el “máximo órgano de dirección y gobierno” de una entidad pública; por tanto, su designación como miembro del Consejo Superior de la UFPS hace parte de la función pública que regula precisamente la norma en comento” Cuestiona igualmente que se haya tenido como vínculo con el sector universitario el hecho que el accionado hubiese sido representante legal de una veeduría, puesto que “debe distinguirse que la persona jurídica es una ficción diferente a la persona natural que ejerce su representación legal, de manera que no es admisible entender, como lo hizo el a quo, que la Veeduría Procura UFPS y su representante legal sean la misma persona y por ello el ejercicio de la veeduría sea atribuible igualmente a su representante legal”. Así mismo aduce que el título de abogado alcanzado por el demandado “no tiene la entidad de acreditar la relación estrecha o directa a la que refiere la norma bajo el vocablo

vínculo, el cual –como ya se destacó, está dirigido a la conformación del órgano de dirección de los entes universitarios autónomos-, pues, dicha titulación –la de abogado- únicamente demuestra el ACCESO DEL DEMANDADO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO SERVICIO PÚBLICO y la consolidación de un programa académico de pregrado, pero no implica per se la constatación de actividades directas o estrechas con el sector universitario, valga decirlo, no evidencia que la profesión del señor Bolívar Corredor Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 13 involucre funciones Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de

Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 14 PágPinrao c1u5raduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co similares a la investigación científica o tecnológica, la formación académico o la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento propios de este sector”.

Por su parte, en lo que atañe a la falta de motivación del acto acusado señala que “en sede administrativa no se realizó ningún control de legalidad de la actuación administrativa y se actuó con la falsa creencia que la designación enjuiciada era un acto absolutamente discrecional y se omitió advertir que en la medida que el Legislador previó un requisito, en este caso que el designado Legislador “que haya tenido vínculos con el sector universitario” ha debido dejarse la constancia de cuáles documentos soportaron el cumplimiento del aludido requisito”. Reclama que no se motivó el acto administrativo de designación en el sentido de indicar o analizar cómo el título de abogado del accionado bastaba para acreditar el requisito de tener vínculos con el sector universitario, y reseñó que si bien se trata de un nombramiento discrecional del Presidente de la República, tal facultad no es absoluta, en tanto quien sea designado debe haber cumplido con los mandatos legales establecidos para tal fin.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del acto que designó a CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR como miembro designado por el Presidente de la República ante el Consejo

Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para resolver este problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario

pronunciarse sobre (i) la autonomía universitaria, para luego, referirse al (ii) caso concreto en puntos de orden. 2.2. Autonomía universitaria y sus límites PágPinrao c1u6raduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

Para el efecto, la Ley 30 de 199210 tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 199611, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la

libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. 10 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 11 M.P. Hernando Herrera Vergara La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 199312, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza

por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio13, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 199914). En ese sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-1010 de 2010,15 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 201816, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i)

autoorganización “darse sus directivas” y la de ii) auto-regulación “regirse por sus propios 12 M.P. Alejandro Martínez Caballero 13 Sentencia T-1010 de 2010. 14 M.P. Hernando Herrera Vergara Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 17 15 M.P. María Victoria Calle Correa 16 M.P. Alejandro Martínez Cantillo Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 18 estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”17, ya que encuentran limitaciones derivadas de la propia Constitución.

Exponiendo, entre esas limitaciones, las siguientes: “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y eje