PGN - DERECHO A FORMULAR CONSULTAS No acatar su respuesta no se constituye en falta discip

Dependencia: Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación: 13-112241 de 2004

Disciplinados: PABLO AUGUSTO ALFONSO CARRILLO y MARÍA FEO

Cargo y Entidad: Superintendencia Delegado de Puertos y Transporte y

Asesora.

Quejoso: GLORIA CONSUELO MUÑOZ Fecha Queja: 20-10 de 2004

Fecha Hechos: 2003, 2004

Asunto: Archivo

Bogotá D.C., 30 de Enero de 2007 Procede El Despacho a adoptar la decisión que en derecho corresponda dentro del expediente radicado con el número 13-112241 de 2004. ANTECEDENTES GLORIA CONSUELO MUÑOZ, el 20 de octubre de 2004, pone en conocimiento de este ente de control, posibles irregularidades cometidas en cabeza de PABLO AUGUSTO ALFONSO CARRILLO Superintendente Delegado de Puertos y Transporte y su Asesora MARÍA FEO, por no acatar lo preceptuado en el Parágrafo Primero artículo 57 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, el cual habla de la “obligatoriedad de las Empresas de Transporte Público de permitir que los carros que se encuentren en su capacidad trasportadora continúen trabajando hasta que se decida sobre su desvinculación” , el concepto emitido en interpretación de la mencionada Ley, por el Consejo de Estado en el mismo sentido, ni lo consignado por el Ministerio de Transporte sobre el mismo asunto, a través de Circular MT-36711 de 26 de julio de 2004, “en el cual recoge en su totalidad el concepto dado por la

Sala de Consulta y Servicio Civil y amplía un poco más apoyando al transportador”. Irregularidad que a decir de la quejosa, se vio reflejada en la respuesta dada al derecho de petición visto a folio 14. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Este Despacho observa, que la irregularidad de la quejosa se centra en la posición diferente que asume el Superintendente Delegado respecto al concepto dado tanto por el Consejo de Estado y ampliado por el Ministerio de Transporte, relacionado con lo preceptuado en el Parágrafo Primero Artículo 57 del Decreto 171 de 2001. A este respecto, es oportuno transcribir el artículo 25 del Decreto 01 de 1984, que a la letra dice: “ -Consultas. El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales”. “(…)”. “Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”. (Subrayado fuera de texto original). La doctrina administrativa en Colombia frente a este especial derecho de petición ha enseñado: “El ordenamiento positivo incluye como otra modalidad del derecho de petición el formular consultas a las autoridades públicas. Este mecanismo didáctico de colaboración de las autoridades para con los particulares se diferencia radicalmente de las otras formas de derecho de petición. Mientras en los anteriores el objetivo es la formación de un Acto Administrativo o la obtención de una información, en el presente asunto la finalidad es la obtención de un concepto sobre la interpretación del ordenamiento jurídico”.

“Los conceptos no obligan a la administración y los particulares se encuentran en libertad de aceptarlos o no. No son actos administrativos, en la medida en que no adoptan decisiones, ni están llamados a producir efectos jurídicos, salvo que la administración con posterioridad los convierta en obligatorios.” (Jaime Orlando Santofimio G. Tratado de Derecho Administrativo. T.II. Pág.196 y ss). El profesor Penagos al respecto comenta: “Se observa del estudio de la norma anterior (art. 25 C.C.A.), que los conceptos que emitan las autoridades, conforme al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, ni comprometen la responsabilidad de la entidad, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución, simplemente, por tratarse de meros conceptos, que no 2 contienen decisiones, sino pareceres o criterios de la respectiva entidad” (Gustavo Penagos. El Acto Administrativo. T. I. Pág.228 y ss). En el caso que nos ocupa, el concepto que dio el Consejo de Estado-Sala de Consulta y Servicio Civil a la consulta formulada por el Ministro de Transporte para la época de los hechos, respecto de las Empresas de Transporte Público de Pasajeros por Carretera en la desvinculación administrativa de vehículos automotores, y ampliado por ese Ministerio a través de Circular de 26 de julio de 2004, es solo una posición jurídica, una opinión, un criterio una orientación que en nada compromete la responsabilidad de la entidad aquí cuestionada. Tan es así que, de llegar a establecerse responsabilidad al servidor público, por la no aplicación de tales conceptos, podría implicar una ruptura al principio de legalidad y

con ello una vulneración del principio de estado de derecho por cuanto, según jurisprudencia de la Corte Constitucional “se le otorgaría a cada autoridad pública el derecho de hacer una interpretación auténtica de la ley” (Sentencia C-542/00 ). Así las cosas, las decisiones que adopte la Superintendencia de Puertos y Transporte en cabeza de su Superintendente Delegado, frente al caso particular y concreto relacionado con la obligatoriedad de las Empresas de Transporte Público de permitir que los carros que se encuentren en su capacidad trasportadora continúen trabajando hasta que se decida sobre su desvinculación, es de la entera competencia y responsabilidad de dicha entidad, por cuanto se puede apartar de los conceptos jurídicos, ya que no tienen el carácter de vinculante. Consecuencia de lo anterior, resulta irrelevante para el derecho disciplinario la conducta atribuida a los funcionarios de la Superintendencia Delegada de Puertos y Transporte para la época de los hechos. Irrelevantes, en la medida en que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 66 del Decreto 01 de 1984, 2º, 5º, 23, 24, 50, Parágrafo 1º artículo 150 de la Ley 734 de 2002, la conducta que se predica de los servidores públicos encartados, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no constituye falta disciplinaria, ni afecta, ni pone en peligro el deber funcional que les asiste observar a los encartados. De tal suerte que, este Despacho se inhibirá de adelantar actuación disciplinaria alguna. 3 En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia

Administrativa, RESUELVE: PRIMERO: Inhibirse de adelantar indagación preliminar por las razones expuestas y, ordenar el archivo físico de las presentes diligencias.

SEGUNDO: Comunicar de esta decisión a la quejosa GLORIA CONSUELO MUÑOZ, en los términos del inciso segundo del artículo 109 de la Ley 734 de

2002.

TERCERO: Por Secretaría, háganse las constancias y anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa

CAAM/ M2P.

Exp.13-112241/04 A.Inhib. mbm 4