PGN - DERECHO A LA IGUALDAD Para acceder a la carrera militar

Procurador General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra algunas expresiones de los artículos 137 de la Ley 30 de 1992 y 8° de la Ley 805 de 2003. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Naturaleza jurídica En cuanto a su naturaleza, se señala que es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, que sólo está vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y a la planeación del sector educativo. En lo referente a su autonomía, se advierte que se trata de una persona jurídica con autonomía académica, administrativa y financiera, con capacidad para gobernarse. El cargo que las expresiones contenidas en el artículo 8° de la Ley 805 de 2003, al regular la integración del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, vulneran la autonomía universitaria por mantener una intensa relación de sujeción y dependencia entre ésta y el Ministerio de Defensa Nacional, carece de claridad, certeza y especificidad. Esta carencia se advierte al considerar que el actor basa su dicho en dos circunstancias cuestionables. La primera es que por el mero hecho que dicho consejo sea presidido por el Ministro de Defensa o por el viceministro, se debe asumir sin mayores discernimientos como cierto que existe dicha relación de sujeción y dependencia. La segunda, que por ser militares el comandante de las Fuerzas Militares o el jefe del Estado Mayor Conjunto de las mismas, el director de la Escuela Superior de Guerra y el director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, existe una indudable subordinación de éstos a lo que disponga el ministro, como si la relación entre

ellos en el campo militar, propio de la fuerza pública, fuese equiparable a la que existe al interior del consejo superior universitario. A la grave falencia inicial de considerar a la universidad como un ente adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, el actor suma la nueva de asumir que de la mera circunstancia de tener unas personas la condición de militares, se sigue de manera automática y sin matices que éstas en todas sus actuaciones como servidores públicos, así se trate de asuntos diferentes al ejercicio de las armas, deben obrar como subordinados del Ministro de Defensa, como si no tuviesen criterio y discernimiento propios, y como si no se tratase del desempeño de funciones de dirección en un ente universitario autónomo del orden nacional DERECHO A LA IGUALDAD-Para acceder a la carrera militar Cualquier tipo de carrera, y en esto la carrera militar no es diferente, se funda en una estructura jerárquica, en la cual las personas acceden a los cargos de mayor responsabilidad luego de haber satisfecho una serie de exigencias objetivas previstas por la ley. Dentro de estas exigencias están las de experiencia y formación, como lo reconocen los artículos 217, 218 y 220 Superiores. En rigor no existe ninguna prohibición legal a que sea un oficial de una fuerza diferente al ejército quien asuma la comandancia de las Fuerzas Militares o la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las mismas, ni la dirección de la Escuela Superior de Guerra, como tampoco existe prohibición alguna para que estas dignidades sean ejercidas por mujeres. Para acceder a las mismas, la condición de militar o de mujer no son un obstáculo, pero tampoco son suficientes per se. Se requiere, además, como se acaba de indicar, cumplir con unos requisitos objetivos de

experiencia y de formación Bogotá, D.C., julio 31 de 2012 Procurador General Concepto 5409 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 137 de la Ley 30 de 1992 y 8° de la Ley 805 de 2003.

Actor: JULIO CÉSAR MONROY ÁNGEL.

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.

Expediente D-9138. Concepto 5409 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2°, y 278, numeral 5°, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda que presentó en ejercicio de su ciudadanía JULIO CÉSAR MONROY ÁNGEL contra algunas expresiones de los artículos 137 de la Ley 30 de 1992 y 8° de la Ley 805 de 2003, los cuales se citan enseguida con lo demandado en negritas. LEY 30 DE 1992 (28 de diciembre de 1992) Diario Oficial No. 40.700 de 28 de diciembre de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior." (…) ARTÍCULO 137. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de Educación Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), continuarán adscritas a las entidades respectivas.

Funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente ley. (Inciso adicionado por el artículo 82 de la Ley 181 de 1995) La Escuela Nacional del Deporte continuará formando parte del Instituto Colombiano del Deporte, y funcionando como Institución Universitaria o Escuela Tecnológica de acuerdo con su naturaleza jurídica y con el régimen académico descrito en esta Ley. PARÁGRAFO. El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará el régimen de equivalencias correspondientes a los títulos otorgados por las instituciones señaladas en el presente artículo. LEY 805 DE 2003 (11 de abril de 2003) 2 Procurador General Concepto 5409 Diario Oficial No. 45.173 de 29 de abril de 2003 "Por la cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada." (…) ARTÍCULO 8º. DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. En razón de su régimen especial el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada es el máximo organismo de dirección de la Universidad y está integrado por: a) El Ministro de Defensa o el Viceministro, quien lo presidirá; b) El Ministro de Educación Nacional o su delegado; c) El Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares; d) El Director de la Escuela Superior de Guerra; e) El Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova; f) Un delegado designado por el presidente de la República que haya tenido

vínculos con el sector Universitario o de Defensa; g) Un representante de las directivas académicas; h) Un representante de los docentes; i) Un representante de los estudiantes; j) Un representante de los egresados; k) Un ex Rector de la Universidad Militar. PARÁGRAFO 1o. El Rector de la Universidad Militar asistirá a las reuniones del Consejo Superior con voz pero sin voto y el Vicerrector General de la Universidad actuará como Secretario del Consejo. PARÁGRAFO 2o. El Consejo Superior Universitario reglamentará entre otros asuntos, las calidades, elección, período de permanencia, derechos, obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades de los miembros contemplados en los literales g), h), i), j) y k). PARÁGRAFO 3o. En ausencia del Ministro de Defensa y del Viceministro de Defensa, los miembros del Consejo Superior Universitario presentes y que constituyan quórum, podrán designar un Presidente ad hoc para dirigir la respectiva reunión.

1. Planteamiento de la demanda.

Respecto de las expresiones demandadas del artículo 137 de la Ley 30 de 1992, el actor considera que éstas, al prever que la Universidad Militar Nueva Granada continuará adscrita al Ministerio de Defensa, como unidad administrativa especial sin personería jurídica, vulnera la autonomía universitaria, por cuanto mantienen una intensa relación de sujeción y dependencia entre esta universidad y dicho ministerio. Respecto de las expresiones demandadas del artículo 8° de la Ley 805 de 2003, en cuanto regulan la integración del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, el actor aduce un reparo

3 Procurador General Concepto 5409 semejante, valga decir, que vulneran la autonomía universitaria, pues la presencia del Ministro de Defensa, del comandante de las Fuerzas Militares o del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, del director de la Escuela Superior de Guerra, y del director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, también mantienen una intensa relación de sujeción y dependencia entre esta universidad y dicho ministerio. En sus palabras:

19. En atención a la anterior doctrina trazada por la Corte Constitucional a lo largo de varias jurisprudencias, ha de responderse la siguiente pregunta: ¿Goza de autonomía universitaria la UMNG, entendida aquélla en los términos Constitucionales y jurisprudenciales ya expuestos en esta denuncia, cuando quien preside el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección y decisión de este ente autónomo del orden nacional, es el Ministro de Defensa o el Viceministro? Pero además, gozará de real autonomía e independencia del poder público, de injerencias arbitrarias, ilegítimas e inconstitucionales del mismo, cuando a más de los funcionarios anteriores está el Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el Director de la Escuela Superior de Guerra y el Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova? Mírese aquí que el artículo 8 de la Ley 805 del 11 de abril de 2003, establece que el Consejo Superior Universitario estará integrado por once miembros de los cuales cuatro son los aquí mencionados incluyendo al Ministro de Defensa. Y agréguese a esto que los militares son subordinados

al poder civil, al gobierno de turno representado por el Ministro o Viceministro de Defensa, como ha sido tradición de unas Fuerzas Militares respetuosas del ordenamiento constitucional y, en este sentido, ¿obrarán con criterio crítico e independiente tales militares? ¿no (sic.) se subordinarán a las decisiones del Ministro de Defensa quien representa al gobierno? ¿será (sic.) posible desvincular en la práctica las históricas y cotidianas relaciones suscitadas entre éstos funcionarios con el Ministro de Defensa en las dinámicas del Consejo Superior Universitario? Además de la autonomía universitaria, el actor aduce como vulnerados los derechos a la igualdad y a acceder a funciones y cargos públicos, por cuanto otros miembros de la Fuerza Pública no pueden integrar el Consejo Superior Universitario. En sus palabras: 20. (sic.) E igualmente, es de gran importancia tener en cuenta que estos miembros de las Fuerzas Militares son casi con exclusividad del Ejército Nacional o ¿Cuántos comandantes de las Fuerzas Militares o Jefes de Estado Mayor Conjunto de las mismas o Directores de la Escuela Superior de Guerra han sido de la Fuerza Aérea o de la Armada Nacional? Y ni que decir de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Pero aún más, aquí existe una evidente violación a la igualdad, al derecho que 4 Procurador General Concepto 5409 tiene todo ciudadano de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y a la prohibición de discriminación contra la mujer ¿Por qué? piénsese (sic) en un momento por ¿Cuántos oficiales superiores, entiéndase

Coroneles o Capitanes de Navío, Tenientes Coroneles o Capitanes de Fragata y Mayores y Contralmirantes están excluidos? ¿Cuántos oficiales subalternos, entiéndase Capitán o Teniente de Navío, Teniente (sic) o Teniente de Fragata y Subteniente o Teniente de Corbeta también están excluidos? ¿Cuántos suboficiales, soldados, civiles pertenecientes al sector defensa se les niega arbitrariamente la posibilidad de ser miembros del Consejo Superior Universitario? ¿A cuántos funcionarios de la UMNG? Los miembros de la Policía Nacional desde Oficiales Generales (General, Mayor General y Brigadier General) y oficiales superiores (Coronel, Teniente Coronel y Mayor), pasando por los oficiales subalternos (Capitán, Teniente y Subteniente) y del nivel ejecutivo (Comisario, Subcomisario, Intendente, Jefe, Subintendente y Patrullero), hasta llegar a los suboficiales (Sargento Mayor, Sargenteo (sic) Primero, Sargento Viceprimero, Sargento Segundo, Cabo Primero y Cabo Segundo) y los agentes (Agentes del Cuerpo Profesional u Agentes del Cuerpo Profesional Especial), no tienen ni la más mínima posibilidad de integrar el Consejo Superior Universitario. Todo lo cual resulta contradictorio con el objeto principal y la misión de la UMNG que, según el artículo 1ª de la Ley 805 de 2003, “es la educación superior y la investigación, dirigidas a elevar la preparación académica de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad o en retiro; los

empleados civiles del sector defensa, los familiares de todos los anteriores, y los particulares que se vinculen a la universidad”.

2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si las expresiones demandadas del artículo 137 de la Ley 30 de 1992, al prever que la Universidad Militar Nueva Granada continuará adscrita al Ministerio de Defensa, vulneran la autonomía universitaria; y si las expresiones demandadas del artículo 8° de la Ley 805 de 2003, en cuanto regulan la integración del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, vulneran la autonomía universitaria y los derechos a la igualdad y a acceder a funciones y cargos públicos.

3. Análisis jurídico.

Es menester advertir que el artículo 137 de la Ley 30 de 1993, algunas de cuyas expresiones se demandan, fue modificado por la Ley 805 de 2003, "Por la cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar 5 Procurador General Concepto 5409 Nueva Granada". En los artículos 1° y 2° de la Ley 805 de 2003, se precisa tanto la naturaleza de esta universidad como su autonomía. En cuanto a su naturaleza, se señala que es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, que sólo está vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y a la planeación del sector educativo. En lo referente a su autonomía, se advierte que se trata de una persona jurídica con autonomía académica, administrativa y financiera, con capacidad para gobernarse.

Los reparos que el actor hace al artículo 137 de la Ley 30 de 1993, no corresponden a la normatividad vigente, pues pasan por alto la relevante modificación introducida a éste por los artículos 1° y 2° de la Ley 805 de 2003; e ignoran lo dicho por la Corte al respecto en la Sentencia C-121 de 2003, a saber: Es decir, que mediante el proyecto de ley bajo revisión se crea una universidad pública del orden nacional, en virtud del cual, tiene derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. En vista de las anteriores circunstancias, es evidente la carencia actual de objeto de la demanda, en lo que atañe al artículo 137 de la Ley 30 de

1993. Por lo tanto, el Ministerio Público solicitará a la Corte que se inhiba de pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de la misma.

El cargo que las expresiones contenidas en el artículo 8° de la Ley 805 de 2003, al regular la integración del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, vulneran la autonomía universitaria por mantener una intensa relación de sujeción y dependencia entre ésta y el Ministerio de Defensa Nacional, carece de claridad, certeza y especificidad. Esta carencia se advierte al considerar que el actor basa su

6 Procurador General Concepto 5409 dicho en dos circunstancias cuestionables. La primera es que por el mero hecho que dicho consejo sea presidido por el Ministro de Defensa o por el viceministro, se debe asumir sin mayores discernimientos como cierto que existe dicha relación de sujeción y dependencia. La segunda, que por ser militares el comandante de las Fuerzas Militares o el jefe del Estado Mayor Conjunto de las mismas, el director de la Escuela Superior de Guerra y el director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, existe una indudable subordinación de éstos a lo que disponga el ministro, como si la relación entre ellos en el campo militar, propio de la fuerza pública, fuese equiparable a la que existe al interior del consejo superior universitario. A la grave falencia inicial de considerar a la universidad como un ente adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, el actor suma la nueva de asumir que de la mera circunstancia de tener unas personas la condición de militares, se sigue de manera automática y sin matices que éstas en todas sus actuaciones como servidores públicos, así se trate de asuntos diferentes al ejercicio de las armas, deben obrar como subordinados del Ministro de Defensa, como si no tuviesen criterio y discernimiento propios, y como si no se tratase del desempeño de funciones de dirección en un ente universitario autónomo del orden nacional. Al estudiar un caso semejante, en las Sentencias C-109 de 1994 y C-589 de 1997, la Corte declaró exequibles la composición del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, que aparece

regulado en el Decreto 1210 de 1993, y la forma general de composición de los consejos superiores universitarios de las universidades estatales, regulado en el artículo 64 de la Ley 30 de 1992. El caso sub examine se enmarca dentro de estos parámetros, con los obvios ajustes que requiere la Universidad Militar Nueva Granada, dados su perfil e identidad castrenses. 7 Procurador General Concepto 5409 Las falencias anotadas llevan al actor a pasar por alto el papel de un ente universitario diseñado para elevar la preparación académica de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad o en retiro, de los empleados civiles del sector defensa y de los familiares de los anteriores, al tenor de lo previsto en el artículo 1° de la Ley 805 de

2003. Este propósito especial implica una particular forma de transmitir los saberes, pues existen ciertos asuntos, como los relacionados con la justicia penal militar, los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública y con la formación en los valores democráticos y en los derechos humanos, que ameritan una especial atención, conforme a lo previsto en los artículos 221 y 222

Superiores. La censura contra ciertos miembros del Consejo Superior Universitario, omite la crucial circunstancia de tratarse de un cuerpo colegiado, integrado por once miembros que tienen los mismos derechos y deberes en la deliberación común, y que representan a todos los elementos que conforman la comunidad universitaria. Al ser una universidad pública debe haber representación del Estado; al ser una universidad militar debe haber representación de los militares; y al ser una universidad debe haber

representación de los directivos o funcionarios, de los maestros y de los estudiantes y egresados. En el ámbito del Consejo Superior Universitario, todos sus miembros son servidores públicos y, por lo tanto, tienen el deber de obrar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, valga decir, ejercer sus competencias conforme al imperio de la ley, según lo previsto en los artículos 6°, 121, 122, 123 y 124 Superiores. Su conducta no puede ser subordinada, como lo asume de manera subjetiva, injustificada y fatídica el actor, sino que debe respetar los valores, principios y reglas constitucionales y legales, en especial la autonomía universitaria, al momento de estudiar y decidir lo relativo al autogobierno, autorregulación filosófica, dirección ideológica y 8 Procurador General Concepto 5409 autodeterminación administrativa y presupuestal del ente universitario, así como al ejercer la potestad para darse su propia organización interna. En este escenario, todos los miembros del Consejo Superior Universitario cuentan con un significativo espacio de libertad jurídica y de gestión, entendida en su conjunto como libertad de acción para construir y ejercer una personalidad jurídica propia y singular, con lo que esto significa de producción y expresión de conocimiento. Así lo reconoce la Corte, entre otras, en la Sentencia T-310 de 1999. Para desmitificar la visión del actor, vale la pena traer a cuento un contraejemplo visible en las intervenciones realizadas en este proceso. Se trata del Acuerdo 12 del 9 de noviembre de 2011, por medio del cual el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nueva Granada decidió

no aprobar la inclusión de la Universidad en el Organismo Coordinador del Sector Defensa Grupo Social Empresarial del Sector Defensa –GSED-, al momento de estudiar lo dispuesto al respecto por el numeral 17 del artículo 2° del Decreto Ley 4177 del 3 de noviembre de 2011. Y vale la pena destacar que la decisión contó con el respaldo de los miembros que tenían en ese entonces la condición de militares. La presencia gubernamental en la dirección de las universidades públicas, como se anota atrás, es una consecuencia obvia de que éstas sean públicas y, por lo tanto, guarden una directa relación con los recursos públicos, tal como lo prescribe el artículo 67 de la Carta y lo reconoce la Corte en la Sentencia C-121 de 2003, al decir: Tales características evidencian que con el Proyecto de Ley objetado se pretende otorgarle a la Universidad Militar Nueva Granada la autonomía que le reconoce a las universidades el artículo 69 de la Constitución, atributo sobre el cual la Corte ha expresado: El Constituyente consagró en la Carta Política el principio de autonomía universitaria, que en las sociedades modernas y postmodernas se considera como uno de los pilares del Estado democrático, pues sólo a través de ella las universidades pueden cumplir la misión y objetivos que le son propios y contribuir al avance y apropiación del conocimiento, el cual dejando de lado su condición de privilegio, se consolida como un bien esencial para el desarrollo de los 9 Procurador General Concepto 5409 individuos y de la sociedad; dicho principio se traduce en el reconocimiento que el Constituyente hizo de la libertad jurídica que

tienen las instituciones de educación superior reconocidas como universidades, para autogobernarse y autodeterminarse, en el marco de las limitaciones que el mismo ordenamiento superior y la ley les señalen. La regla general aplicable con fundamento en la C.P. es la de reconocer y respetar la libertad de acción de las mismas; no obstante, esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte y, en el caso de las públicas, emancipada por completo del Estado que las provee de recursos y patrimonio. La universidad a la que aspira la sociedad contemporánea es aquélla que esté presente siempre y en todo lugar, que supere el revaluado modelo que la identificaba con aquellos campus que materializaban "...guetos cerrados...campos de concentración del saber..." Los límites a esa libertad de acción le corresponde establecerlos al legislador a través de la ley, obviamente cuidando de que ellos no se extiendan hasta desvirtuar el principio de autonomía o impedir su ejercicio por parte de las instituciones reconocidas como tales1. Los cargos restantes contra las expresiones demandadas del artículo 8° de la Ley 805 de 2003, relativos a los derechos a la igualdad y a acceder a funciones y cargos públicos, también carecen de claridad y especificidad. En el aparte correspondiente de la demanda, el actor se limita a presentar conjeturas personales, relativas a oficiales, suboficiales, soldados y agentes de las diversas ramas que integran la Fuerza Pública, que sólo por hacer parte de la Fuerza Pública pretende equiparar a las personas que

hacen parte del Consejo Superior Universitario, al tenor de lo dispuesto en la ley, pero no muestra, y mucho menos demuestra, de una forma siquiera elemental cómo o por qué se vulneran dichos derechos. Cualquier tipo de carrera, y en esto la carrera militar no es diferente, se funda en una estructura jerárquica, en la cual las personas acceden a los cargos de mayor responsabilidad luego de haber satisfecho una serie de exigencias objetivas previstas por la ley. Dentro de estas exigencias están las de experiencia y formación, como lo reconocen los artículos 217, 218 y 220 Superiores. En rigor no existe ninguna prohibición legal a que sea un oficial de una fuerza diferente al ejército quien asuma la comandancia de las Fuerzas Militares o la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las 1 Sent. C-220 de 1997. 10 Procurador General Concepto 5409 mismas, ni la dirección de la Escuela Superior de Guerra, como tampoco existe prohibición alguna para que estas dignidades sean ejercidas por mujeres. Para acceder a las mismas, la condición de militar o de mujer no son un obstáculo, pero tampoco son suficientes per se. Se requiere, además, como se acaba de indicar, cumplir con unos requisitos objetivos de experiencia y de formación.

4. Conclusión.

El Ministerio Público solicita a la Corte que se INHIBA para pronunciarse de fondo respecto de la exequibilidad de las expresiones: “la Universidad Militar Nueva Granada” y “continuarán adscritas a las entidades respectivas”, contenidas en el artículo 137 de la Ley 30 de 1993; y de las expresiones: “Ministro de Defensa o el Viceministro”, “Comandante de las

Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares”, “Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova”, “Director de la Escuela Superior de Guerra” y “Ministro de Defensa y del Viceministro”, contenidas en el artículo 8° de la Ley 805 de 2003, por carencia actual de objeto y por falta de claridad, certeza y especificidad, respectivamente. En el evento que la Corte encuentre que la demanda, en cuanto atañe al artículo 8° de la Ley 805 de 2003, sí satisface los mínimos argumentativos requeridos, el Ministerio le solicita que declare EXEQUIBLES las expresiones demandadas, por los cargos analizados. Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación LJMO/JD Contreras B. 11