PGN - DERECHO A LA LIBERTAD No es absoluto

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado

ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia según norma constitucional Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos…

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Cuando no cumple los principios de proporcionalidad y razonabilidad Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que

debe ser respetado y garantizado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida… PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Objetiva por daños antijurídicos según regulación constitucional/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Regulación legal La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. DERECHO A LA LIBERTAD-No es absoluto También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden

ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Supuestos que se deben cumplir según jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO A LA VIDA-Es omnicomprensivo según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Término de caducidad según regulación legal Conforme al numeral 7 del articulo 136 del Decreto 01 de 1984, la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 3 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 23 de agosto de 2012

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 12–154

Acción: Reparación Directa Radicado: 200012331000200900033 01 (44374)

Actor: Domiciano Delgado Criado y Otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante los cuales se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores VICTOR DELGADO CRIADO,

DOMICIANO DELGADO CRIADO, ALONSO DELGADO CRIADO

(víctimas), LUCIA DELGADO CRIADO, SONIA DELGADO CRIADO, ALVARO DELGADO CRIADO, PEDRO DELGADO CRIADO y LIGIA DELGADO CRIADO (hermanos de las víctimas), NINI YOHANA VEGA 4 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 ROMANO (compañera permanente de DOMICIANO DELGADO CRIADO), actuando en nombre propio y en representación de su hija ALEJANDRA DELGADO LEMUS, y ALONSO DELGADO CRIADO, quien actuó en representación de su hijo menor ALONSO DELGADO SANABRIA, solicitaron al Tribunal Administrativo del Cesar declarar administrativamente responsable a la NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios materiales, morales y de daño a la vida de

relación que se ocasionaron con la privación de la libertad de la que fueron objeto los señores VICTOR DELGADO CRIADO, DOMICIANO DELGADO CRIADO y ALONSO DELGADO CRIADO, y por la falla del servicio generada por la entrega definitiva de 64 semovientes a la señora LEONO LOZANO MURILLO y, en consecuencia, se las condenara a su pago. Contestación La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestó no constarle los hechos y atenerse a los que resultaren probados dentro del proceso. 5 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 Agregó que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones legales vigentes, que no era ajustado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, alguna clase de error y menos una privación injusta de la libertad. Frente a su actuación manifestó que obró de conformidad con lo consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, que la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los sindicados fue proferida con base en indicios y pruebas que reunieron los requisitos establecidos en el artículo 358 del C.P.P., tal y como quedaron contenidas en las providencias respectivas; y para lo cual no era necesario que existiera certeza sobre la responsabilidad penal de los sindicados. También señaló que la Fiscalía Veinte Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Aguachica vinculó conforme a la denuncia formulada, los

testimonios recibido y los indicios que señalaban a los señores VÍCTOR, DOMICIANO y ALONSO DELGADO CRIADO como presuntos autores del punible de Hurto Calificado y Agravado. En su defensa propuso las excepciones genéricas que se desprendieran los hechos, de las pruebas y de las normas pertinentes. Sentencia Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2011 el Tribunal Administrativo del Cesar declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad de la fueron objeto los señores VICTOR y DOMICIANO DELGADO CRIADO, y la condenó al pago de perjuicios morales, materiales y de daño a la vida de relación que resultaron probados en el proceso. 6 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 Para el Tribunal estaba demostrado que el señor VICTOR DELGADO CRIADO estuvo privado de la libertad en centro de reclusión desde el 23 al 26 de diciembre del 2002, y en su lugar de residencia desde el 26 de diciembre de 2002 al 4 de febrero de 2003, es decir, un total de un (1) mes y trece (13) días. Frente al señor DOMICIANO DELGADO CRIADO encontró que estuvo privado de la libertad en su lugar de residencia desde el 29 de enero al 4 de febrero de 2003, es decir, durante 7 días, ya que las órdenes de captura (vigentes del 12 de septiembre al 2 de diciembre de 2002, y del

20 al 26 de diciembre de 2002), solo pudieron materializarse en el corto periodo indicado. Situación diferente encontró respecto del señor ALONSO DELGADO CRIADO, pues como dicha persona, pese a haber prestado caución no suscribió acta de compromiso, concluyó que nunca estuvo privado de la libertad. Continúo señalando que el daño causado a los señores DOMICIANO y VICTOR DELGADO CRIADO y sus familiares, era imputable a la NACION - FISCALIA GENERAL DE LA NACION, por cuanto la actuación penal que les fue iniciada terminó con preclusión de la investigación, debido a la atipicidad de la conducta, y por no haber sido desvirtuada la presunción de inocencia que los amparaba. La apelación Parte actora El apoderado de la parte actora manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia, tras considerar que el valor reconocido por concepto de lucro cesante no se compadecía con el perjuicio sufrido por 7 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 sus representados, pues existieron dos dictámenes periciales que confirmaron la ganancia o provecho dejado de percibir por la actividad de ganadera. Del mismo modo, señaló que tampoco habría operado el fenómeno de caducidad respecto de la reclamación relacionada con el lucro cesante por los semovientes que fueron entregados erróneamente a otra persona, ya que se trababa de un mismo proceso penal y no de dos como lo quiso hacer ver el A quo. Fiscalía General de la Nación

Señaló que la privación de la libertad de los señores VICTOR, DOMICIANO y ALONSO DELGADO CRIADO fue una decisión que se adoptó conforme a derecho, que se adecuó a los requerimientos que para su procedencia señalaba la ley, que no fue una decisión arbitraria, desproporcionada, violatoria de la ley, no apropiada ni razonada, pese a que hubiera emitido preclusión en su favor.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de una conducta punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política?  ¿Existe caducidad de la acción respecto del daño generado por la errónea entrega de 64 semovientes de propiedad de uno de los actores? 8 200012331000200900033 01 (44374)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977

2. Análisis jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un

desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han 9 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados

tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos4 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”5 . 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la

haya declarado judicialmente culpable”. 3 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 4 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 5 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 10 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme

a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) 11 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que

esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia6; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional7, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales8, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención9”. De esta manera, el hecho que las actuaciones de las entidades demandadas se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no exime de la responsabilidad acarrean sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos.

La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones 6 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 7 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 8 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 9 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 12 200012331000200900033 01 (44374)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad.

3. Caso concreto Los hechos objeto de demanda tuvieron su génesis en la denuncia formulada por la señora LEONOR LOZANO MURILLO, quien ante autoridad judicial manifestó que para evitar que su esposo ABSALON QUIROGA ROMERO (de quien estaba separada de hecho), le pusiera problemas con el ganado, simuló una venta con los señores ALFONSO

DELGADO PACHECHO (su compadre), y ALFONSO DELGADO CRIADO

(hijo del compadre), permitiendo que marcaran el ganado y expidiendo varios bonos de venta en favor de dichas personas, las mismas que posteriormente reclamaron la propiedad sobre los citados semovientes. Se encuentra acreditado que el 12 de septiembre de 2002 la Fiscalía Veinte Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Aguachica, al resolver la situación jurídica de los señores VICTOR, DOMICIANO y ALONSO DELGADO CRIADO, les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por la presunta comisión del delito de Hurto Calificado y Agravado y, en aplicación de los dispuesto en el inciso

segundo del artículo 64 de la ley 600 de 2000, dispuso la entrega real y material de 64 cabezas de ganado vacuno, junto con sus crías a favor de la señora Leonor Lozano Murillo, por considerarla como la verdadera dueña legítima de dichos semovientes (folios 400 a 405 – cuaderno 2). 13 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 La entrega dispuesta por la Fiscalía Veinte Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Aguachica fue cumplida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín Cesar, diligencia realizada el 19 de septiembre de 2002, y en la que se entregaron a la señora LEONOR LOZANO MURILLO 82 cabezas de ganado. Con ocasión de solicitud de control de legalidad de la medida de aseguramiento impuesta a los implicados, por auto del 2 de diciembre de 2002 el Juzgado Penal del Circuito de Aguachica (Cesar), decretó la nulidad de lo actuado a partir de la resolución del 12 de septiembre de 2002, con el objeto de la fiscalía a cargo volviera a resolver la situación jurídica de los sindicados DOMICIANO, VICTOR y ALFONSO DELGADO CRIADO, razón por la cual, ordenó la cancelación de las órdenes de captura que pesaban en contra de dichas personas. En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Penal del Circuito de Aguachica, mediante resolución del 20 de diciembre de 2002 nuevamente se resolvió la situación jurídica de los señores VICTOR,

DOMICIANO y ALONSO DELGADO CRIADO, imponiéndoles medida de aseguramiento de detención preventiva por el presunto delito de Hurto Calificado y Agravado, y ratificando la entrega real y material de las 64 cabezas de ganado que con anterioridad había recibido la señora

LEONOR LOZANO MURILLO.

Posteriormente, mediante resolución del 26 de diciembre de 2002 se dispuso que la detención preventiva impuesta a VÍCTOR DELGADO CRIADO fuera sustituida por detención domiciliaria, al igual que las emitidas contra ALFONSO y DOMICIANO DELGADO CRIADO, para cuyo cumplimiento debían prestar caución prendaria. Mediante providencia del 4 de febrero de 2003 la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, 14 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 revocó la decisión del 20 de diciembre de 2002, dispuso la cancelación de las órdenes de capturas libradas contra DOMICIANO, VÍCTOR y ALFONSO DELGADO CRIADO, entre otros; y ordenó la libertad ordenó la libertad de Víctor Delgado Criado, quien esta cumpliendo detención domiciliaria. Dentro de las consideraciones expuestas para revocar las medidas de aseguramiento en contra de los implicando, señaló el Tribunal: “(…) En argumento con que el A quo funda su decisión se desvanece por si solo, pues entre otros afirma que la experiencia enseña que quien compra una cosa mueble se la lleva, que el hecho de no haberse llevado DELGADO

CRIADO el ganado y haberlo dejado el mismo en la finca Villa Hermosa es un indicio de que la vente fue fingida lo cual no corresponde a los cierto, por aquello de que no se puede desconocer de que ya el bien no era de LEONOR LOZANO desde el 21 de septiembre de 2001 y que lo había comprado el padre de éste y este a su vez lo había autorizado para que lo dejaran allá. Además usando la lógica y en estricto sentido de la relación familiar él también es propietario de dicho bien por cuanto es hijo del nuevo dueño de la finca (Escritura Pública No. 1065). No comparte esta Delegada los argumentos en que se fundamenta la decisión por la fragilidad de la prueba que los respalda frente a la contundencia de la prueba documental corroborada por la testimonial, en favor de los afectados con la medida. Es plausible sí los argumentos defensivos y jurídicos y acertados del recurrente a quien esta Delegada después de analizar su juiciosa justificación le imparte la aprobación a su solicitud, ordenándose la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa en contra de los señores…, debiéndose cancelar las ordenes de captura libradas en contra de los primeros y ordenar la libertad inmediata del último de los mencionados quien se encuentra con detención domiciliaria, a quien se le devolverá la caución prendaria a él impuesta lo que se hará por la primera instancia. (…)” Con providencia del fecha 19 de agosto de 2004 la Fiscalía Veinte Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica (Cesar),

calificó el mérito del sumario con preclusión de la investigación en favor de VÍCTOR, DOMICIANO y ALONSO DELGADO CRIADO por atipicidad de sus conductas, ordenó la devolución de las 64 reses con sus crías y aumento al señor ALFONSO DELGADO CRIADO y, para tal efecto, comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín Cesar. 15 200012331000200900033 01 (44374) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-314977 Para sustentar la anterior decisión se esgrimieron, entre otros, los siguientes argumentos: “(…) Por otra parte, encontramos que la prueba documental que demuestra la venta legal de las 64 reses, como son los bonos de venta firmados por la señora LEONOR en distintas fechas, lo cual encuentra pleno respaldo probatorio, en el hecho que cada una de ellas, aparecen contramarcadas con el hierro quemador de ALFONSO DELGADO CRIADO, siendo este, el medio idóneo para acreditar la propiedad del ganado vacuno, caballar o bovino. Esta prueba documental, desvirtúa totalmente la versión que sobre los hechos dieron los testigos. Luego entonces, no podemos endilgarle responsabilidad penal alguna a JOSE DEL CARMEN IGLESIAS MANTILLA, ALFONSO DELGADO PACHECHO, ALFONSO DELGADO CRIADO, VICTOR DELGADO CRIADO Y DOMICIANO DELGADO CRIADO, pues sus conductas resultan atípicas; y siendo la atipicidad una de las causales señaladas por nuestro ordenamiento procesal penal para que el funcionario adopte una decisión de preclusión de la investigación. Así debe declararlo el

despacho en esta oportunidad, decretando la preclusión de la investigación en su favor acorde con lo establecido en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. Compartiendo así, los alegatos del defensor… Como consecuencia de lo an