PGN - DERECHO ADQUIRIDO Operatividad doctrinal

Radicación No. : 0742743-01

Investigado: Marco Tulio Reyes Aragón Cargo y entidad: Docente del Colegio Departamental Carlos Holguín Garcés y otros Quejoso: Rafael Ortega Fecha queja: 25 de octubre de 2000

Fecha hechos: Continuada desde 1998

Asunto: Fallo de segunda instancia (artículo 171 de la Ley 734 de 2002).

Prescripción: 2005

# 063 Bogotá DC, 28 JUL. 2004

ANTECEDENTES

1. Los hechos 1.1 Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, sancionó a MARCO TULIO REYES ARAGÓN, en su condición de docente del Colegio Carlos Holguín Garcés y Rector del Instituto Técnico Rafael Navia Varón, con multa de noventa (90) días del sueldo devengado para la época de los hechos, equivalente a $3.787.227.00 (tres millones setecientos ochenta y siete mil doscientos veintisiete pesos).

Mediante escrito visible entre los folios 165 a 167, el disciplinado interpuso recurso de apelación contra la referida decisión calendada el 31 de marzo de 2004. (fls. 205 a 213). CARGOS Se le reprocha disciplinariamente al docente del Departamento del Valle del Cauca, MARCO TULIO REYES ARAGÓN así: “(...) Haber recibido doble asignación del erario Público, al desempeñarse como docente de tiempo completo en el Colegio Departamental José Holguín Garcés, nombrado mediante Decreto 1370 del 7 de octubre de 1976, y como Rector E-10 del instituto Técnico Navia Varón, del orden

municipal, según Decreto 0204 del 14 de febrero de 1998. Cargos que desempeñó simultáneamente, hasta el 4 de abril de 2001, cuando presentó renuncia al cargo como docente de tiempo completo, en el Colegio Departamental José Holguín Garcés…" (fls. 145 s 150).

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 1.2. El aquo describe los hechos investigados como que MARCO TULlO REYES ARAGÓN, en su condición de docente del Colegio Carlos Holguín Garcés y Rector del Instituto Técnico Rafael Navia Varón, percibió más de una asignación por parte del erario público.

El fallador sostiene respecto del argumento del acusado que cuando fue nombrado el 21 de febrero de 1991 como Rector del Instituto Técnico Navia Varón, no existía prohibición al respecto y ante este hecho él aduce que ya estaba vigente el artículo 128 de la Nueva Constitución de 1991, reiterando que no existe duda de que el docente estuviera desempeñando los dos (2) cargos, uno de orden departamental y otro municipal simultáneamente. Agrega el aquo que habiendo invocado el disciplinado la aplicación del municipio del non bis in ídem, no acepta ese Despacho la petición en cuanto que si bien en efecto la Personería le adelantó un proceso por los mismos hechos, éste no concluyó y en la búsqueda realizada por esa regional, el respectivo expediente aparece extraviado, tampoco aparece que en las investigaciones adelantadas por otras dependencias de la Procuraduría ya se hubiera investigado sobre los mismos hechos relacionados con el presente expediente.

El aquo también advierte que la prescripción solicitada por el encartado, no procede en cuanto el tipo del comportamiento que se cuestiona es de carácter continuado y el último acto constitutivo en la falta por la que se le investiga es la fecha de su renuncia en el cargo como docente de tiempo completo del Colegio Departamental Holguín Garcés, esto es el 4 de abril de 2001, transcribe las normas vigentes referidas al caso, así como apartes de a decisión del Consejo de Estado, de julio 3 de 1997, igualmente observa el a-quo que el acusado no tenía calidad de docente pensionado como para que se beneficiara de la excepción por dicha condición. Hace un análisis normativo de la situación, así mismo hace referencia a la sentencia del Consejo de Estado, del 17 de febrero de 1999, en la que se reitera el veto para que los docentes desempeñen en forma simultánea dos cargos de tiempo completo. Agrega que en su condición de servidor público del orden departamental y municipal, conocía sus funciones, deberes y demás preceptos inherentes a la unción que desempeñaba y además con el conocimiento de que su actuación estaba revestida de incompatibilidad para ocupar los dos cargos, por que la había conocido a través de la investigación que le adelantó la Personería Municipal el 29 de junio de 1994, de la que había dictado fallo sancionatorio, que después fue declarado nulo, documentación que como ya le informó fue extraviada. Calificó la falta como grave, atendiendo los parámetros del artículo 27 de la Ley 200 de 1995, dada la época en que ocurrieron los hechos que se investigan, cometida a

título de dolo, en cuanto que consideró que el acusado actuó a sabiendas de lo que hacía. Con tal argumentación el a-quo sancionó al inculpado con multa de noventa 90 días del sueldo devengado para la época de los hechos, equivalente a $ 3.787.227.00 (tres millones setecientos ochenta y siete mil pesos doscientos veintisiete pesos) (fls. 205 a 213). FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN El recurso impetrado fue sustentado por el apoderado en los siguientes términos: Dice respecto de la imputación efectuada que profesor de tiempo completo es quien labora durante toda la jornada establecida en los planteles educativos de enseñanza media, independientemente de su intensidad horaria, agregando que su poderdante laboraba en el colegio José Olguín Garcés, de 6:20 a 10:45 PM, que a su juicio no puede denominarse como tiempo completo en cuanto a que a la semana laboraba 22 horas y no las 30 horas requeridas en el nivel de educación media; avoca el principio de favorabilidad, el cual a su juicio debe ser aplicado en el presente caso, puesto que cuando surge la duda, debe ella considerarse en favor del implicado. Reitera que el docente cuestionado, estuvo vinculado desde octubre de 1976 hasta abril de 2001, en horas nocturnas, antes de la vigencia de la Ley 4 de 1992 y los preceptos que regían para le época eran el artículo 1713 de 1960 , el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978, que generaban excepciones a la incompatibilidad constitucional, es decir que dicha normatividad exonera de responsabilidad a su

defendido, porque además por laborar en distintas instituciones educativas de orden departamental y municipal en horarios diferentes no violaba la ley preestablecida y cumplía así con sus deberes profesionales, transcribiendo lo dispuesto en el artículo 1 literal b) del Decreto Ley 1713 de 1960. Sostiene que el horario normal en los centros educativos, con los que estaba vinculado le permitían el ejercicio de ambos cargos, agrega además que tiene título profesional, como lo dispone la excepción precitada en la norma transcrita y el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda del 19 de mayo de 1978. Además concluye su recurso reiterando sobre la petición inicial de que la presente investigación, ya hizo tránsito a cosa juzgada, en cuanto habiendo la Personería Municipal de Santiago de Cali sancionado a MARCO TULIO REYES, con destitución, la misma Procuraduría Departamental del Valle del Cauca revocó la Resolución 003 del 29 de junio de 1994 proferido por la Personería, con base en lo cual afirma que no es cuestión diferente a lo que se le cuestiona ahora por lo cual esta es una segunda investigación sobre los mismos hechos y solicita revocar la resolución sancionatoria en todas y cada una de sus partes (fls. 165 a 170). CONSIDERACIONES DEL DESPACHO De la documentación aportada al expediente, figuran los actos administrativos de vinculación del docente acusado expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Valle y por la Alcaldía Municipal de Cali, desde el 21 de octubre de 1976 y el 27 de febrero de 1991 al 4 de abril de 2001 suscritos por el Gobernador y la

Secretaria de Educación Departamental y el Alcalde de Santiago de Cali respectivamente (fls. 35 a 43), en los que constan las vinculaciones de MARCO TULIO REYES ARAGÓN, como docente de tiempo completo de los dos centros educativos fundamento de esta investigación; así mismo de la versión libre rendida por el acusado el 2 de agosto de 2002, se infiere que la doble vinculación se dio, el docente la admite y sostiene que en ambos cargos cumplía un horario de ocho horas diarias, y que no se daba cruce de horarios y que en la Personería le fue adelantada investigación por los mismos hechos bajo el radicado No. 2634, por los que fue destituido y que en la misma se decretó la nulidad de todo lo actuado desde el pliego de cargos inclusive, habiéndose dado los hechos cuestionados antes de la vigencia de la Ley 4 de 1992, no aplicaba para él la prohibición de desempeñar dos cargos simultáneamente (fls. 60 a 61). De igual forma en el expediente reposan copias de las decisiones de la Personería Municipal de Santiago de Cali, que corroboran que realmente allí se adelantó una investigación al acusado, y de la Resolución del 28 de septiembre de 1994, expedida por la Procuraduría Departamental del Valle del Cauca, que además decretó la invalidez de lo actuado desde el pliego de cargos proferido en contra del disciplinado (fls. 165 a 170). La argumentación de la apelación no trae nuevos elementos a la investigación y es incuestionable que a la luz del artículo 64 de la Constitución Política anterior, y con

más énfasis en después de la vigencia de lo consagrado en el artículo 128 de la actual y de la Ley 4 de 1992, está prohibido para una misma persona ocupar en forma simultánea dos cargos docentes de tiempo completo. De manera que según se desprende de las pruebas, el docente MARCO TULIO REYES ARAGÓN, se encontraba incurso en la prohibición contemplada en el artículo 128 de la CP. De manera que mal puede afirmar la defensa del acusado, que la normatividad es inaplicable porque los derechos se adquieren sobre la base de su conformidad con la Constitución y la ley, frente a esta incompatibilidad no podía hacerse otra cosa que poner fin a una de las vinculaciones mediante renuncia, ya que esa situación jurídica no se ajustaba a la legalidad, como en efecto se dio, y no existen dudas en este Despacho respecto de la responsabilidad del acusado, razón por la cual no hay lugar a dar aplicación del principio de favorabilidad, porque en el presente caso no hay en el tránsito de legislación una situación más gravosa para el implicado, sino que en las constituciones la causal se mantiene incólume. Es innegable que un profesor de tiempo completo en un plantel educativo de la Nación, del departamento o municipio, no puede devengar simultáneamente otro sueldo como educador en otra institución educativa oficial. Ahora el hecho de que respecto del mismo docente se haya realizado una investigación en la Personería por los mismos hechos, sobre la cual la Procuraduría revocó la sanción y decretó la invalidez de lo actuado y que nunca concluyó en cuanto que no se profirió decisión de fondo-ya que según averiguaciones en el órgano de control referido el expediente se extravió-razón para que no pueda

afirmarse que realmente se le está adelantando una segunda investigación por los hechos, que dieron lugar a la presente radicación. Ni tampoco es de recibo la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria, por la naturaleza de la falta porque los hechos sancionables, solo cesaron con la renuncia del implicado en el cargo de docente del colegio José Holguín Garcés que data del 4 de abril de 2001 del Municipio de Cali y aceptación de la misma mediante resolución No. 0274 de la fecha (fl. 36). Igualmente de la naturaleza de la falta y por las circunstancias en que ocurrieron los hechos, puede esta Delegada concluir que la calificación de la conducta, se hizo de manera justa y ponderada por parte de la Procuraduría Regional, conforme a la normatividad vigente, y que dada la gravedad de los hechos investigados, no podía ser otra la decisión del fallador de instancia, como esta garantía del Estado respetuoso de las leyes, que está destinado a proteger el bienestar común de los ciudadanos y el derecho a la igualdad, de los administrados frente al aparato estatal y la coherencia de la función administrativa que desarrolla los principios que la rigen, en la búsqueda del cumplimiento de los fines del Estado. No existiendo base alguna ni fáctica, ni jurídica para modificar las decisiones de Instancia, el fallo se confirmará, porque los argumentos de su defensa obrantes en el recurso de alzada, no aportan ningún elemento que pudiese hacer variar lo decidido por el A-quo, y porque no logran desvirtuar las acusaciones y la sanción impuesta. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA en ejercicio de sus funciones, RESUELVE PRIMERO: Confirmar la decisión calendada el 31 de marzo de 2004, proferida por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, mediante la cual se sancionó a MARCO TULIO REYES ARAGÓN en su condición de docente del Colegio Carlos Holguín Garcés y Rector del Instituto Técnico Rafael Navia Varón, con multa de noventa (90) días del sueldo devengado para la época de los hechos, equivalente a $3.787.227.00 (tres millones setecientos ochenta y siete mil pesos doscientos veintisiete pesos.) En consecuencia procederá a darse aplicación a la correspondiente sanción.

SEGUNDO: Remitir copia de la presente decisión al Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, a fin de que por esa dependencia se disponga lo pertinente, para efectos de la notificación del presente proveído, acorde lo dispuesto en los artículos 101 y ss de la Ley 734 de 2002, se advierte que contra la misma no procede recurso alguno.

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará estado en los términos del artículo 321 del CPC.

TERCERO: Cumplido lo anterior, devolver las diligencias a la oficina de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

LAURA GUIOMAR ECHEVERRY GARZÓN

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Marthis