PGN - DERECHO AL DEBIDO PROCESO Garantías sustanciales y procesales que lo integran

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-Omitir el deber de calificar el período de prueba de funcionario, generando la no inclusión en el Registro Único de Inscripción en

Carrera RECURSO DE APELACIÓN-Competencia/FALLO SANCIONATORIO-No se puede proferir mientras no exista prueba para sancionar Es pertinente señalar que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002 el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y los que resulten inseparables del objeto de impugnación. El artículo 142 de la Ley 734 de 2002, reza: «No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado»; de ello se desprende que después de realizado un análisis valorativo de las pruebas arrimadas al proceso no se presenten dudas acerca de la existencia de la falta ni de la responsabilidad del implicado en su cometido, sino que conduzcan al juez, en grado de certeza, al establecimiento del reproche. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO-Regulación constitucional art. 6 Precepto constitucional que debe ser armonizado con los artículos 123 inciso 2 y 209 ejusdem, que en su orden prescriben: Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Normatividad que indica necesariamente, que para que el comportamiento sea considerado como irregular debe presentarse con ocasión o en ejercicio de las funciones o del servicio y que la acción u omisión sean determinantes o concurrentes al hecho que constituye la falta disciplinaria. AUTO DE CARGOS-Uno de los requisitos formales lo constituye la adecuación típica de la conducta Según este artículo 163, uno de los requisitos formales del auto de cargos lo constituye precisamente la adecuación típica de la conducta, consistente en definir las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación; con un aditamento, y es que como quiera que las faltas disciplinarias pueden contener una pluralidad de conductas con varios verbos rectores, la ley exige al operador disciplinario concretar la modalidad específica de la conducta la cual debe armonizar o corresponder al hecho investigado. Esta subsunción se debe realizar teniendo en cuenta la valoración probatoria siendo presupuesto inicial que esté objetivamente demostrada la falta y, a la vez, que existan medios de prueba que comprometan la responsabilidad del sujeto disciplinado, responsabilidad ésta, que se refiere al elemento subjetivo de la conducta, es decir a la culpabilidad. Radicación n.° 1614749 DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Garantías sustanciales y procesales que lo integran El derecho al debido proceso reconocido por el artículo 29 de la Constitución, consagra entre

las garantías sustanciales y procesales que lo integran, el principio de legalidad, en virtud del cual le corresponde al legislador determinar las conductas o comportamientos que por atentar contra bienes jurídicos merecedores de protección son reprochables y, por lo tanto, objeto de sanciones. Es decir, que es función del legislador dentro de las competencias que se le han asignado para la conformación de la norma jurídica determinar o describir, en forma abstracta y objetiva, la conducta constitutiva de la infracción penal o disciplinaria y señalar la correspondiente sanción. El referido principio, que prefigura la infracción y la sanción, tiene un desarrollo específico en la tipicidad. Al paso que aquél demanda imperativamente la determinación normativa de las conductas que se consideran reprochables o ilícitas, el principio de tipicidad exige la concreción de la correspondiente prescripción, en el sentido de que exista una definición clara, precisa y suficiente acerca de la conducta o del comportamiento ilícito, así como de los efectos que se derivan de éstos, o sea las sanciones. De esta manera la tipicidad cumple con la función de garantizar, por un lado, la libertad y seguridad individuales al establecer en forma anticipada, clara e inequívoca qué comportamientos son sancionados, y de otro, proteger la seguridad jurídica. [Corte Constitucional sentencia C-769/98]. VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LOS CARGOS-Oportunidad Ante la presente situación jurídica, se debió aplicar lo consignado en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, el cual hace alusión a la oportunidad de realizar la variación de los cargos, por

error en la calificación, oportunidad que tenía el operador de instancia hasta antes del fallo. Acorde con la postura de la Corte, la defensa se detuvo a demostrar, que la conducta imputada o supuesto fáctico establecido en el cargo, no encajaba en la norma presuntamente transgredida, es así, que ante la variación de la calificación de la conducta objeto de investigación en el fallo de primera instancia (Principio de Congruencia), se transgrede el derecho de defensa, pues frente a esa calificación, la Veeduría ha limitado el derecho de defensa de la disciplinada y por lo tanto el debido proceso que se debe observar en toda actuación disciplinaria, cuando se planteó una defensa para una falta gravísima y no se realizó una defensa para una falta grave, que fue por lo que se sancionó en primera instancia. Con lo anterior se considera, que si el a quo en el momento de evaluar el asunto para la adopción de la decisión de instancia, encontró una diferencia frente a la calificación de la falta o si aparecieron nuevos elementos de juicio que determinaron el cambio de apreciación de los hechos, el operador jurídico estaba facultado para modificar total o parcialmente las consideraciones que soportaron las decisiones iniciales del proceso, puesto que la conducta o falta atribuida no puede ser objeto de alteración, se trata entonces de hacer la misma imputación bajo supuestos diferentes que pueden conducir a la agravación o atenuación de la conducta, mediante la explicación de la nueva incriminación superando el error o a partir de la prueba sobreviniente, para que el fallo que se dicte esté en consonancia con esta nueva determinación. DISCIPLINADO-No omitió la obligación de evaluar y calificar, luego no incurrió en

causal de mala conducta En el caso bajo estudio, vemos que en la providencia de fondo la Veeduría, luego de transcribir el pliego de cargos, reiteró que la conducta de la investigada era típica, esto es, que se adecuaba a la descripción del tipo disciplinario contenido en el artículo 277 del Decreto Ley 262 de 2000 y por consiguiente el numeral 49 del artículo 48 del C.U.D. Sin embargo, considera que aparece demostrado en el 2 Radicación n.° 1614749 proceso que la investigada no omitió la obligación de evaluar y calificar, luego, no incurrió en causal de mala conducta. A pesar de la normatividad aplicada en el auto de cargos, el fallador de instancia procedió a analizar la conducta de la implicada confrontándola con una nueva disposición normativa, señalando luego de manera contradictoria, que en realidad las pruebas indicaban que la conducta de la investigada consistía en la omisión al artículo 221 inciso 4° del Decreto Ley 262 de 2000, que expone: «La notificación de la inscripción o de su actualización en la carrera de la entidad se cumplirá con la anotación en el Registro Único a cargo de la Oficina de Selección y Carrera, quien la comunicará al interesado y a la División de Gestión Humana», norma que a criterio de la Sala Disciplinaria, es totalmente diferente a la reprochada inicialmente en el auto de cargos. INCONGRUENCIA-Entre el cargo y el fallo de instancia No obstante la incongruencia presentada entre el auto de cargos y el fallo de instancia, en

aplicación a lo dispuesto en el principio rector consagrado en el artículo 20 del C.D.U., referente a la interpretación de la ley disciplinaria, el cual dispone que se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso disciplinario es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen, esta Colegiatura ordenará absolver del cargo formulado a la disciplinada 3 Radicación n.° 1614749

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil doce (2012) Aprobado en Acta de Sala n.° 33 Radicación N.°: 161 – 4749 (IUC 030 - 160437 – 2007) Disciplinado: DELIA DEL SOCORRO CEDEÑO POVEDA Entidad y cargo: Procuradora Regional del Huila Quejoso: De oficio Fecha de la queja: 11 – 05 – 2007

Fecha de los hechos: 06-09-2009

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA Con base en las atribuciones conferidas por el numeral 1.° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, la Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la disciplinada DELIA DEL SOCORRO CEDEÑO POVEDA, contra el fallo de primera instancia del 21 de abril de 2010, proferido por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se le sancionó en su condición

de procuradora regional del Huila, y se le impuso sanción de SUSPENSION POR EL TERMINO DE SEIS MESES en el ejercicio del cargo, sanción que se convierte en salarios de seis meses, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, esto es, la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

PESOS MONEDA CORRIENTE ($38.884.774.oo).

I. ANTECEDENTES PROCESALES Las presentes diligencias se iniciaron con base en el oficio 00429 del 25 de abril de 2007, suscrito por la doctora Rocío Bernal Garay, en su condición de jefe de la

oficina de selección y carrera de la entidad, por medio del cual informó a este Despacho que a pesar de los requerimientos realizados a la doctora DELIA DEL SOCORRO CEDEÑO POVEDA, procuradora regional del Huila, no ha sido posible que dicha funcionaría cumpla con el deber que le corresponde de calificar el período de prueba del señor Nelson Bernardo Duran Olarte, lo que ha impedido que dicho funcionario sea registrado en el Registro Único de Inscripción en Carrera1. Con el objeto de verificar la ocurrencia de la conducta y poder determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, mediante providencia del 19 de junio de 2007, la Veeduría dispuso adelantar indagación preliminar en contra de la doctora DELIA DEL SOCORRO CEDEÑO POVEDA (fols. 12 - 13). El 18 de enero de 2008, la Veeduría de esta entidad abre investigación disciplinaria en contra de la doctora DELIA DEL SOCORRO CEDEÑO POVEDA2.

1 Fols. 3 a 6. 2 Fols. 98 a 101. 4 Radicación n.° 1614749 El 30 de septiembre de 2008 se profirió auto de cargos en contra de la citada funcionaria, en su condición de Procuradora Regional del Huila (fols. 191 a 197), decisión que fue notificada personalmente a la implicada, el 17 de octubre de 2008 (folio 161), quien presentó descargos mediante escrito de fecha 31 de octubre de 20083. Una vez practicadas las pruebas de descargos ordenadas en el auto de fecha 2 de diciembre de 20084, el 16 de marzo de 2009 se corrió traslado por el término de cinco (5) días para alegar de conclusión (Fol. 184), siendo notificada la disciplinada por estado que fue desfijado el 27 de marzo de 2009 (folio 186), quien no presentó escrito de alegatos. Finalmente el 21 de abril de 2010, la Veeduría profirió fallo de primera instancia, por medio del cual decidió sancionar con SUSPENSION POR EL TERMINO DE SEIS MESES en el ejercicio del cargo, sanción que se convierte en salarios de seis meses, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, esto es, la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($38.884.774.oo)5; providencia contra la cual la disciplinada interpuso recurso de apelación concedido en el efecto suspensivo por la primera instancia

mediante auto del 31 de mayo de 2010 (fol. 217).

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Los argumentos expuestos por la Veeduría en su fallo (fols. 191 a 197), se resumen así: El a quo consideró, que en el pliego de cargos se señala a la encartada el incumplimiento de deberes que conllevaron a que su conducta se encuadrara dentro del numeral 49 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, sin embargo, aparece demostrado en el proceso que la investigada cumplió con la obligación establecida en el artículo 227 del Decreto ley 262 de 2000, ya que calificó el periodo de prueba del señor Durán Olarte el día 20 de enero de 2006, esto es, dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del mismo, el cual venció el 8 de enero de 2006, notificándolo el 23 del mismo mes y año, luego mal se puede decir, que incurrió en la causal de mala conducta y por ende en la falta gravísima tipificada en el numeral 49 del artículo al 48 de la ley 734 de 2002, señalando que le asiste razón a la investigada en sus descargos, cuando manifiesta que no vulneró en ningún momento el artículo 227 del decreto ley 262 de 2000. Por tal motivo en el fallo se le absuelve de responsabilidad por esta conducta.

Aparte de lo anterior, se afirma que no ocurre lo mismo con relación a la omisión en remitir las calificaciones a la oficina de Selección y Carrera, pues el incumplimiento de este deber impidió que esa dependencia actualizara oportunamente el Registro

Único de Inscripción en carrera de la Procuraduría General de la Nación en lo que tiene que ver con el señor Nelson Bernardo Durán Olarte, en el cargo de asesor código 1AS, grado 19, actualización que debió efectuarse en el mes de enero de 2006 y sin embargo, debido a dicha omisión en que incurrió la encartada en el envió 3 Fols 162 a 166. 4 Fols. 179 a 181. 5 Fols. 151 a 156. 5 Radicación n.° 1614749 de la calificación, la actualización sólo se vino a efectuar, hasta el 27 de junio de 2008. Agrega que el incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Que obviamente, no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, en que se encuentra el origen de la antijuridicidad de la conducta. Manifiesta la Veeduría en el fallo sancionatario, que la doctora CEDEÑO POVEDA, en su condición de Procuradora Regional del Huila y por lo tanto, superior inmediata del señor Nelson Bernardo Durán Olarte, le correspondía calificar el desempeño laboral de dicho servidor en su período de prueba y, como calificadora, debía acatar las instrucciones impartidas por el señor Procurador General de la Nación, respecto de los procedimientos que se deben aplicar en el momento de realizar cualquier tipo

de calificación, deber que no cumplió, pues si bien es cierto, calificó y notificó el periodo de prueba del funcionario anteriormente mencionado, también lo es que omitió remitir dicha calificación a la oficina de Selección y Carrera de la entidad, lo que no hizo, impidiendo que se actualizara en forma oportuna el Registro Único de Inscripción en Carrera del funcionario. La falta se calificó como grave, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 734 de 2002, y se atribuyó a título de culpa grave.

III. RECURSO DE APELACIÓN La disciplinada solicita en su escrito de apelación que se revoque íntegramente la decisión de la primera instancia fechada 21 de abril de 2010, y su sustento se puede resumir de la siguiente manera6.

Inicialmente afirma que en el fallo de primera instancia, objeto de apelación, la falta gravísima quedó desvirtuada, no obstante ello, «SE ME SANCIONÓ POR UNA FALTA GRAVE», lo cual no es coherente, lógico y mucho menos viable jurídicamente, realizando la siguiente explicación: 1La ley disciplinaria, ha establecido un mecanismo excepcional y taxativo para utilizar la figura de la degradación de una falta gravísima a grave, ello siempre y cuando se den unos presupuestos legales como los que a continuación se detallan, los cuales, en su sentir, no se observan en la decisión apelada. Presupuestos legales. • Que se haya calificado una conducta como falta gravísima, por encontrarse dentro de aquellas que taxativamente la ley prevé como conducta que debe ser calificadas como falta gravísima (art. 48 ley 734

de 2002. • Que la culpabilidad de la conducta haya sido calificada como dolosa o con culpa gravísima. 6 Folios 203 a 216. 6 Radicación n.° 1614749 • Que luego del debate probatorio se encuentre que la culpabilidad debe ser modificada por dolosa o culpa gravísima a una mera culpa grave. Comenta que revisados estos tres presupuestos, el operador disciplinario, conforme al numeral 9 del artículo 43 la ley 734 de 2002, queda facultado para proferir un fallo, donde habiéndose calificado una conducta como gravísima, se pueda sancionar por una falta grave. Señala que el fallo apelado no cumple con todos estos presupuestos legales, toda vez que la descripción de la conducta endilgada como gravísima, fue desvirtuada, lo cual es reconocido por la misma Veeduría. 2Añade que con fundamento en lo anterior, surge el siguiente razonamiento que sustenta el hecho de que una falta disciplinaria es leve, grave o gravísima, pero no todas al mismo tiempo: Cuando el operador disciplinario encuentra que una falta que fuera imputada en el pliego de cargos o auto de citación a audiencia es gravísima, grave o leve y que esta calificación presuntamente fue errónea porque surgieron nuevas pruebas o porque surgieron pruebas sobrevinientes, se debe proceder conforme al artículo 165 de la ley 734 de 2002, relativo a la oportunidad para variar los cargos.

3. Considera que en el presente caso se vulnera el derecho de defensa del disciplinado, toda vez que el investigado frente a la imputación que se le hace, esto

es, frente a la calificación de la conducta como falta gravísima, procede a realizar su defensa conforme a esta calificación, por lo tanto, el disciplinado lo que hace es proceder a realizar una defensa para desvirtuar la ocurrencia de una falta gravísima y no una falta grave que nunca fue imputada. Señala la apelante que aparte de lo anterior, como pretensión subsidiaria solicita se proceda a determinar que la conducta objeto de investigación no constituye falta disciplinaria, por atipicidad de la misma, conforme al artículo 143, numerales 2 y 3, de la ley 734 de 2002, pidiendo que «se decrete la nulidad de lo actuado a partir de pliego de cargos de fecha 30 de septiembre de 2008, inclusive». Agrega que como garantía del debido proceso (Art. 29 CP), las sanciones disciplinarias deben ser el resultado de la coherencia entre la imputación provisional que se le hace al investigado en el pliego de cargos y la imputación definitiva que se hace en el fallo de primera instancia. Respecto de la ilicitud sustancial, manifiesta que en gracia a la discusión, si se aceptara que su conducta es típica, «aunque no lo es», ella no sería antijurídica, pues el a-quo manifiesta que con su conducta se impidió el mejoramiento y desarrollo de las condiciones personales y laborales del señor DURAN OLARTE, así como la verificación del cumplimiento de las funciones de éste, su ingreso al sistema de carrera y permanencia en el servicio, así como el ser beneficiario de estímulos, etc., lo cual nunca ocurrió, puesto que el señor NELSON BERNARDO DURAN

OLARTE, en primera instancia le fue calificado su servicio, tal y como lo reconoce la misma Veeduría, por lo tanto, es una errada conclusión indicar que con mi conducta se impidió la verificación del cumplimiento de las funciones. Argumenta que el señor DURAN OLARTE se ha desempeñado y viene desempeñando el cargo de asesor grado 19 desde la época de los hechos sin ningún contratiempo y dentro del sistema de carrera y con anterioridad a desempeñar el 7 Radicación n.° 1614749 cargo de asesor grado 19, venía desempeñando en carrera administrativa el cargo de profesional universitario, luego su ingreso al sistema de carrera ya se había dado con años de antelación. Indica que para la época de los hechos 2006 - 2007 este servidor en conjunto con los demás servidores de la Procuraduría Regional del Huila, fue seleccionado durante dos años consecutivos, como el mejor equipo de trabajo de la Procuraduría General de la Nación, Zona Bogotá. Por lo anterior, manifiesta que en el caso de ser típica la conducta no es antijurídica, pues dicho presunto quebrantamiento del deber funcional, sería un mero quebrantamiento formal y no material, es decir, la conducta no afecta la razón de ser de la norma objeto de la previsión del deber funcional dentro de nuestro Estado Social de Derecho. También expone la existencia de una duda razonable, cuando señala que en sus descargos, explicó y probó a la Veeduría, que existían dificultades con el envío y recepción de correspondencia, señalando como ejemplo el caso que se presentó con

la oficina de Selección y Carrera al requerir reiteradamente la calificación del funcionario ISMAEL SALAZAR, a pesar de que ya se les había enviado, comentando que la Veeduría nunca hizo el correspondiente análisis de esta situación, situación que también se pudo presentar con el documento que se remitió la calificación del periodo de prueba del señor NELSON BERNARDO DURAN OLARTE, mencionando que ello no quiere decir que no se hiciera, es decir, el hecho de no encontrarse físicamente la copia del oficio remisorio en las instalaciones de la Procuraduría Regional del Huila, no puede llevar a la conclusión inequívoca de que este documento no se hubiese hecho. Finalmente concluye su exposición afirmando que lo procedente es absolver, pero señala que no está de acuerdo con la dosificación de la sanción impuesta por el fallador de instancia, la cual según el artículo 46 del CDU., establece que las suspensiones serán de uno a doce meses, y que el artículo 47 ibídem, plantea la existencia de criterios que son agravantes y otros atenuantes, por lo tanto de acuerdo a ellos, el operador disciplinario debe imponer la sanción a que haya lugar, señalando que los criterios analizados por la autoridad de primera instancia, son atenuantes y no agravantes, por lo tanto no se entiende, por qué al momento de imponer la sanción se inicia de la mitad del término establecido para imponer la sanción de suspensión e inhabilidad de 6 meses, luego, ante la ausencia de agravantes, el operador disciplinario debió imponer la mínima sanción, la cual en el peor de los escenarios hubiese sido la suspensión e inhabilidad de un (1) mes y no

de seis (6) meses tal y como erróneamente se hizo.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE LA COMPETENCIA DE LA SALA DISCIPLINARIA Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1.° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 20007, la Sala Disciplinaria es competente, en los términos 7 Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados y el Veedor.

8 Radicación n.° 1614749 previstos en los artículos 111, 112 y 115 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la doctora CEDEÑO POVEDA, contra el fallo de primera instancia del 21 de abril de 2010, proferido por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual se le impuso sanción de suspensión por el termino de seis meses en el ejercicio del cargo, sanción que se convierte en salarios de seis meses, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, esto es, la

suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

($38.884.774.oo). DE LA CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN El recurso de apelación fue interpuesto y sustentado por la investigada el día 14 de mayo de 2010 (folios 203 a 216), teniendo en cuenta que fue notificada personalmente del fallo el miércoles 12 de mayo de 2010 (folio 202), el término para

la interposición del recurso de apelación expiraba el día 17 de mayo de esa misma anualidad. Por lo tanto, el auto del 31 de mayo de 2010 con el cual la Veeduría concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio del 21 de abril de 2010, se encuentra ajustado a derecho8. DEL ESTUDIO DEL ASUNTO OBJETO DE RECURSO Es pertinente señalar que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002 el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y los que resulten inseparables del objeto de impugnación. Hechas las precisiones anteriores, se entra a resolver el recurso, así: El artículo 142 de la Ley 734 de 2002, reza: «No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado»; de ello se desprende que después de realizado un análisis valorativo de las pruebas arrimadas al proceso no se presenten dudas acerca de la existencia de la falta ni de la responsabilidad del implicado en su cometido, sino que conduzcan al juez, en grado de certeza, al establecimiento del reproche. DE LOS CARGOS FORMULADOS A la disciplinada, doctora DELIA DEL SOCORRO CEDEÑO POVEDA, en su condición de procuradora regional del Huila, se le formuló el siguiente cargo (folios 151 a 156): Se le reprocha a la doctora DELIA DEL SOCORRO CEDEÑO POVEDA, el haber

impedido actualizar el Registro Único de Inscripción en Carrera de la 8 Folio 217. 9 Radicación n.° 1614749 Procuraduría General de la Nación, con las características del nuevo empleo, respecto del cual concursó, el señor NELSON BERNARDO DURAN OLARTE, como Asesor Grado 19, pues si bien es cierto, el período de prueba de ascenso con cambio de nivel, comprendido entre el 9 de septiembre de 2005 y el 8 de enero de 2006, fue calificado el 20 de enero de 2006 y notificado el 23 de enero de la misma anualidad, es decir, dentro del término previsto en el artículo 227 del Decreto Ley 263 de 2000, también lo es que, omitió remitir el formato diseñado para tal efecto a la oficina de selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación, la calificación de servicios requerida (Artículo 223 Decreto Ley 262 de 2000), para valorar la gestión, cuyo objetivo es el mejoramiento y desarrollo de las condiciones personales y laborales del empleado de carrera y la verificación del cumplimiento de las funciones por parte del funcionario en período de prueba y, destinada a adquirir los derechos de carrera, determinar la permanencia en el servicio, conceder estímulos a los empleados, participar en los concursos de ascenso que convoque la entidad, en programas de capacitación y obtener becas y comisiones de estudio (Artículo 224 Decreto Ley 262 de 2000) y necesaria para el registro y control de novedades. La imputación tiene soporte en los requerimientos realizados a la doctora

CEDEÑO POVEDA, el 6 de abril y 6 de septiembre de 2006, por la Oficina de Selección y Carrera de la entidad, para que enviara la calificación del periodo de prueba del señor Duran Olarte que, a la fecha de 16 de abril de 2008, no había remitido, según requerimiento de la Jefe de la Oficina de Selección y carrera en oficio 390, advirtiendo la imposibilidad de actualizar el respectivo registro, sobre lo cual en oficio 3183 del 14 de septiembre de 2007, respondió que se estaba ubicando el oficio remisorio de dicha calificación, que no fue encontrado en la visita realizada al archivo de la Procuraduría Regional. Como normas presuntamente violadas, se le citaron los artículos 23, 34 numerales 1, 7 y 20, 48 numeral 49 de la Ley 734; 229, 227 y 231 del Decreto 262/00; la Directiva 004 del 4 de marzo de 2004; la Circular 0029 del 3 de mayo de 2006; y las orientaciones impartidas por la Oficina de Selección y Carrera en los Oficios 00660 del 6 de abril de y 2033 del 6 de septiembre de 2006, suscritos por la Jefe de la dependencia. La conducta se calificó como gravísima al tenor del numeral 49, artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y se atribuyó a título de dolo. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA La responsabilidad de las personas, nace del artículo 6 de la Constitución Política, en cuanto establece que: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo

son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Precepto constitucional que debe ser armonizado con los artículos 123 inciso 2 y 209 ejusdem, que en su orden prescriben: Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 10 Radicación n.° 1614749 reglamento. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Normatividad que indica necesariamente, que para que el comportamiento sea considerado como irregular debe presentarse con ocasión o en ejercicio de las funciones o del servicio y que la acción u omisión9 sean determinantes o concurrentes al hecho que constituye la falta disciplinaria10. El operador disciplinario para tipificar la falta «…dispone de un campo amplio para determinar