PGN - DERECHO AL TRABAJO Marco legal y constitucional

Procurador General 1 Bogotá, D.C., septiembre 28 de 2004 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 92 (P), 95, 97, 204 a 210 del Código de Procedimiento Civil; 31 (P) y 59 del

Código de Procedimiento Laboral.

Demandantes: GERMÁN ANTONIO CEPEDA VARGAS y ANDREA

CORONADO SOLER

Magistrado Sustanciador: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Expediente No. D-5324 Concepto No. 3665 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución Política, se procede a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40 numeral 6 y 242 numeral 1 ibídem, instauraron los ciudadanos GERMÁN ANTONIO CEPEDA VARGAS y CARMEN ANDREA CORONADO SOLER contra los artículos 92 (P), 95, 97, 204 a 210 del Código de Procedimiento Civil; 31 (P) y 59 del Código Procesal Laboral, referentes, en lo demandado, a la contestación de la demanda y su falta de contestación y al interrogatorio de parte, en lo que corresponde al deber de hacerlo diciendo la verdad y a las presunciones de confesión por no efectuarse en esta forma.

1. Planteamientos de la demanda Los ciudadanos CEPEDA VARGAS y CORONADO SOLER afirman que cuando el legislador exige que para la contestación de la demanda y del interrogatorio de

parte, debe hacerse diciendo la verdad y establece las presunciones y apreciaciones del juez en contra de la parte que incumpla la referida obligación, se Procurador General 2 vulnera el derecho fundamental de no autoincriminación, contenido en el artículo 33 de la Constitución Política.

2. Problema Jurídico Corresponde al Ministerio Público determinar si el legislador al haber exigido en los campos procesales civil y laboral, para la contestación de la demanda y el interrogatorio de parte el deber de hacerlo diciendo la verdad sin excepción alguna y al establecer las presunciones y apreciaciones del juez en contra de la parte que incumpla la referida obligación, vulneró el derecho fundamental de no autoincriminación, contenido en el artículo 33 de la Constitución Política.

Al respecto, el Procurador General de la Nación habrá de conceptuar lo siguiente:

3. Aclaración previa 3.1. Se solicita a la Corte incluir en el estudio del presente expediente lo correspondiente al parágrafo 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo porque fue expresamente demandado en los términos del Decreto 2067 de 1991, por el cargo de vulneración de la garantía de no autoincriminación; y por unidad normativa, ya que la no corrección de la contestación de la demanda ordenada por el juez laboral debe tenerse como no contestada e indicio grave en contra del demandado. 3.2. También se solicita la inclusión del artículo 56 del Código Procesal Laboral por unidad normativa, por establecer que la no práctica de la inspección por renuencia de la parte que debía facilitarla conlleva a tener como probados en su

contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar en los casos en que sea admisible la prueba de confesión, puesto que el supuesto legal se ajusta al cargo de presunta violación del principio de no autoincriminación formulado por los demandantes contra otras normas del mismo Código. Procurador General 3 En efecto, el artículo indicado modificado por el artículo 26 de la Ley 712 de 2001 establece que “(s)i decretada la inspección, ésta no se llevare a cabo por renuencia de la parte que deba facilitarla, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar en los casos en que sea admisible la prueba de confesión (...)”.

4. La diferente naturaleza de la justicia punitiva frente a la civil y la laboral explica que la garantía de no autoincriminación sólo está circunscrita a los asuntos criminales, correccionales y de policía 4.1. Para analizar el cargo de presunta vulneración del principio de no autoincriminación en la contestación de la demanda y en el interrogatorio de parte en asuntos civiles y laborales, se debe determinar la naturaleza de la justicia civil, laboral y penal, en su diferente concepción y finalidad. 4.2. La administración de justicia es función pública, lo que implica que el Estado garantiza su acceso como derecho fundamental para toda persona a través del derecho de accionar, para lo cual se establece el debido proceso como una técnica de imparcialidad para cumplir con tan elevada misión Estatal y para dar trato igual a los enjuiciados según la naturaleza de las controversias, por lo que en las providencias debe prevalecer el derecho sustancial sobre el procesal.

Con base en el derecho a la igualdad, y teniendo en cuenta las diversas materias a tratar y finalidades perseguidas por la sociedad, el constituyente marca las pautas dogmáticas y orgánicas para impartir justicia, y el legislador diseña los procesos y procedimientos correspondientes como garantía de los asociados y delimitación del poder público. En ese sentido y según sus especialidades, imparten justicia de modo ordinario la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces. También lo hacen de manera excepcional o especial la justicia penal Procurador General 4 militar, el Congreso de la República, ciertas autoridades administrativas (excepto en asuntos penales), y los particulares. Por tanto, se tiene que la justicia como función y finalidad constitucional es una sola (garantizar la convivencia pacífica), pero como ejercicio concreto obedece a múltiples necesidades de acuerdo con las expresiones de la organización social y sus problemas, que reclaman diferentes instancias de conocimiento con sus propios diseños procesales. 4.3. La justicia penal es el máximo instrumento de represión legítimo o legal de los Estados, diseñado con el fin de prevenir o sancionar conductas que lesionen bienes jurídicos tutelados como de máxima importancia para la existencia de las sociedades políticamente organizadas. Su aplicabilidad se basa en la disposición de la libertad de los sindicados o condenados como bien fundamental de un Estado democrático. Es una justicia desequilibrada, en donde el Estado es juez y parte en representación de la sociedad, quien con todo su poder persigue al delincuente,

parte débil de la relación procesal en su condición de ser humano. En nuestro medio la justicia penal se imparte mediante la jurisdicción ordinaria, la Fiscalía General de la Nación, la justicia penal militar y el Congreso de la República, como fuero especial. La Carta para proteger la dignidad humana de los sujetos sometidos al poder penal del Estado diseñó un proceso garantista basado en la preexistencia legal de autoridad competente, debido proceso y motivos de incriminación; favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, impugnación sin agravación de la pena, no doble juzgamiento por los mismos hechos, recurso de hábeas corpus, prohibición de destierro, prisión perpetua y confiscación, no extradición por delitos políticos y el derecho de asilo, entre otros. Procurador General 5 La concepción indicada es el trato razonable que el Constituyente estableció para proteger la dignidad del ser humano que se ve sometido al poder penal del Estado. En este contexto desequilibrado de relaciones es que se concibió el derecho de no autoincriminación en el grado de garantía constitucional, al establecerse en el artículo 33 ibídem que nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 4.4. La Corte Constitucional en las sentencias C-426 de 1997, C-622 de 1998 y C-1287 de 2001, estableció claramente que el derecho de no autoincriminación sólo está circunscrito a los asuntos criminales, correccionales y de policía, lo que es perfectamente aplicable al caso en estudio.

El argumento de la demanda ha sido que el cambio de Constitución trajo como consecuencia una ampliación de la garantía aludida. El artículo 25 de la Constitución Nacional de 1886 estableció el referido derecho sólo para los asuntos criminales, correccionales o de policía (potestad punitiva). El artículo 33 de la Constitución Política de 1991 lo ratificó pero sin establecer expresamente su campo de aplicación. Por eso, la Corporación hizo un análisis para concluir que la garantía de no declarar contra sí mismo o sus parientes más cercanos sólo se circunscribe al campo punitivo estatal y no para toda la jurisdicción indiscriminadamente, para lo cual tuvo en cuenta los aspectos históricos, los antecedentes constituyentes, el bloque de constitucionalidad y la interpretación sistemática. 4.5. El argumento histórico se basó en la revisión de las cartas anteriores a las de 1991, para verificar que desde la Constitución de 1821 hasta la de 1886 la no autoincriminación estuvo ligada al poder punitivo del Estado y su aplicación circunscrita a los asuntos criminales, correccionales y de policía. A la misma conclusión se llegó al analizar las ponencias y actas de la Asamblea Constituyente Procurador General 6 de 1991, sin percibirse la intención de ampliar la aplicación de la garantía aludida a asuntos fuera de los de la órbita punitiva estatal. También se tuvo en cuenta el bloque de constitucionalidad en relación con los instrumentos internacionales de derechos humanos, debido a que la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972, en su artículo 8, numeral 2, literal g), establece que toda persona inculpada de un

delito, durante el proceso tiene derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable. Frente a la interpretación literal de la no autoincriminación que motivó los pronunciamientos judiciales referidos, la interpretación sistemática de los artículos 2, 28 a 35, 83 y 95 constitucionales indican que tal garantía sólo opera para los asuntos punitivos, como una excepción al deber de declarar que emana de la obligación de colaborar con la justicia, con el fin de proteger la dignidad humana de los procesados. Lo normal es el deber de colaboración con la justicia para que el derecho a su acceso sea eficaz, que obliga a los ciudadanos a obrar lealmente manifestando siempre la verdad. Es la prolongación judicial del principio de la buena fe en las relaciones de los particulares. 4.6. La justicia civil tiene su razón de ser en la propiedad como elemento fundante del sistema social. Es el mecanismo institucional más importante para garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Lo anterior significa la protección constitucional de derechos de particulares. Como corolario, la propiedad es una función social que implica obligaciones. En ese mismo contexto, se ampara a la familia como institución básica de la sociedad, por encima de los intereses particulares de sus integrantes (v. gr. Procurador General 7 divorcios, situación legal de los menores, régimen de la propiedad conyugal, derechos sucesorales, etc.). También se protege lo correspondiente a los derechos económicos de la propiedad, en cuanto a su actividad e iniciativa privada

dentro de los límites del bien común, y la libre competencia como derecho de todos que supone responsabilidades. El derecho de propiedad y demás derechos civiles, en cuanto suponen responsabilidades, imponen la obligación de ejercerse de acuerdo con la buena fe. Esta es una de las razones primordiales para que las autoridades de la República estén instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes de los particulares. El derecho de acceso a la justicia en el campo civil tiene como finalidad establecer responsabilidades civiles, especialmente de contenido económico. Es una justicia rogada para resolver problemas entre particulares. Por tanto, es válido y necesario que los ciudadanos en sus relaciones privadas respeten los derechos ajenos y no abusen de los propios, y sobre todo, colaboren para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Este tipo de litis es entre particulares en la cual no se compromete su libertad personal, justicia rogada para resolver problemas privados en donde el Estado es sólo juez, que se caracteriza por prolongar como parte el debido proceso la buena fe que proteja el respeto de los derechos ajenos y el no abuso de los propios, para mantener o restablecer el equilibrio inherente a las relaciones privadas, relaciones entre iguales. Es contexto muy diferente a la justicia punitiva, en donde la relación del particular es frente al Estado en representación de la sociedad, la cual es muy desequilibrada y lo que está en juego es la libertad como bien máximo propio de una democracia. Procurador General 8 4.7. Por eso es válido que se exija al demandado civilmente que en la contestación de la demanda, diga la verdad mediante pronunciamiento expreso sobre las pretensiones y los hechos de la demanda, con indicación de los que se

admiten, los que se niegan y los que no les conste. También, que las partes deban rendir declaración bajo juramento, y por tanto, el decreto de interrogatorio, sus requisitos, la citación de partes y de terceros, el traslado de la parte de la sede del juzgado (inmediatez y eficiencia probatoria), procedimiento de práctica, y posposición de la audiencia pertinente. Este aspecto es fundamental para ejercer el derecho de defensa entre particulares, igualitariamente, cuando someten sus problemas al conocimiento del juez civil para evitar abusos del derecho de su contraparte (demandante o demandado). De igual manera, se ajusta al deber de colaborar con la justicia y a la eficacia judicial como derecho fundamental, que el legislador le de facultades al juzgador para presumir como indicio grave en contra del demandado que éste no conteste la demanda, no se pronuncie expresamente sobre sus hechos y pretensiones, o presente afirmaciones o negaciones contrarias a la verdad. Así mismo, la confesión ficta o presunta que se deduce de la no comparecencia a la audiencia, la renuencia a responder o las respuestas evasivas que emita la parte citada y que hacen tener como ciertos los hechos contenidos en el interrogatorio escrito no resuelto, o en la demanda, las excepciones de mérito o sus contestaciones, si no precedió interrogatorio escrito. 4.8. De otro lado, dentro de los requisitos del interrogatorio de parte se estableció la no autoincriminación al indicar que “(l)as preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal, se formularán por el juez sin

juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas” (Código de Procedimiento Civil, artículo 207, inciso sexto). Por Procurador General 9 tanto, dentro del contexto judicial civil se preserva la garantía aludida en los términos en que fue contemplada constitucionalmente. 4.9. Entonces, se puede inferir que para la contestación de la demanda y el interrogatorio de parte el deber de hacerlo diciendo la verdad aun contra si mismo o sus intereses, y las presunciones y apreciaciones del juez en contra de la parte que incumpla la referida obligación obedecen al contexto propio del derecho civil, que regula las relaciones entre particulares bajo el principio de la buena fe, lo cual se prolonga en la instancia judicial para hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia. De no ser así, se crearía un estímulo contrario a la vigencia de un orden justo que motivaría a los particulares a obrar incumpliendo sus obligaciones civiles, ya que los perjudicados verían frustrado su derecho a una pronta y cumplida justicia por la falta de mecanismos idóneos para establecer la verdad. O, algunos intentarían abusar de sus propios derechos interponiendo demandas temerarias, en donde el demandado no tendría como probar las afirmaciones contrarias a la realidad hechas por el demandante. 4.10. Por tanto, el Ministerio Público solicitará se declaren ajustados al orden constitucional lo referente a la contestación de la demanda de manera fidedigna en si misma y la apreciación como indicio grave en contra del demandado por no contestarla o hacerlo faltando a la verdad. También lo correspondiente al decreto de interrogatorio de parte, su citación, su

traslado a la sede del juzgado, sus requisitos, el procedimiento para su práctica, la posposición de la audiencia de interrogatorio, y lo correspondiente a la confesión ficta o presunta por no comparecencia del citado, su renuencia a responder y las respuestas evasivas, en relación con los hechos del interrogatorio escrito, o de la demanda y las excepciones de mérito, o sus contestaciones, cuando no mediare cuestionario de interrogatorio. Procurador General 10 4.11. Las mismas consideraciones expresadas para la justicia civil son válidas para la justicia laboral, en relación con el deber de contestar la demanda diciendo la verdad, el deber de parte de colaborar con la inspección judicial y la comparecencia de las partes para ser interrogadas, por cuanto esta justicia está diseñada para resolver problemas particulares en el campo laboral, en donde las relaciones se basan en la buena fe y en la desigualdad, siendo la parte fuerte el empresario y el trabajador la débil en su condición de subordinado. El marco constitucional del trabajo parte de la base de consagrarlo como un derecho fundamental y una obligación social, y de gozar en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Como expresión de la dignidad humana, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En ese sentido, el Congreso debe expedir el estatuto del trabajo que debe contener como principios mínimos fundamentales los de igualdad de oportunidades para los trabajadores, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los principios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes

formales del derecho. También, los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Además, debe tenerse en cuenta que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna, y que la ley, los Procurador General 11 contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 4.12. Del anterior contexto, se desprende que el deber de manifestar la verdad en la contestación de la demanda y en el interrogatorio de las partes, así como el de facilitar la inspección judicial, se constituye en un corolario del deber de colaborar con la justicia laboral, con el fin de preservar su derecho de acceso como prolongación de las garantías dadas al trabajo en su condición de valor, principio y derecho fundamental. Por tanto, se solicitará la exequibilidad de la contestación de la demanda mediante un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan, con las razones de sus respuestas, así como la presunción de derecho de tenerse como probados los hechos cuando no se conteste la demanda con las razones correspondientes (garantía laboral). De igual manera, lo correspondiente a la consecuencia a la renuencia de las partes por no permitir la inspección judicial, de tener como probados en su contra

los hechos que la otra parte se proponía demostrar en los casos en que sea admisible la prueba de confesión (garantía laboral; trato procesal igual). También, se solicitará la exequibilidad de la falta de contestación de la demanda directamente o como consecuencia de su no corrección, como indicio grave en contra del demandado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, independientemente de la aplicación analógica, como el código procesal laboral no contempla una medida que proteja a las partes cuando deben declarar en relación con hechos que impliquen responsabilidad penal, se solicitará la constitucionalidad condicionada del interrogatorio de las partes bajo el entendido que las preguntas relativas a hechos Procurador General 12 que impliquen responsabilidad penal, se formularán por el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas. 4.13. El cargo contra el inciso final del artículo 92 y el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil debe desecharse, por cuanto el demandante le señala un cargo infundado por violación del principio de no autoincriminación, al afirmar que para presentar las excepciones previas, incluida la de falta de competencia por el factor cuantía, debe contestar la demanda diciendo la verdad, lo cual no es exacto. Lo anterior, porque el artículo 98 del mismo código establece que las excepciones previas se deben formular en el término del traslado de la demanda pero en escrito separado de la contestación de la misma. Es decir, la contestación de la demanda diciendo la verdad y las excepciones previas obedecen a razones diferentes a las del ejercicio del derecho de defensa y tienen tratamiento independiente. La primera discute el derecho en litigio, y las segundas atacan

aspectos foráneos al derecho en discusión pero que inciden directamente en su solución. Tan es así, que es perfectamente admisible que el demandado sólo presente el escrito de excepciones previas y prescinda de la contestación de la demanda. De igual manera, el trámite de las excepciones previas es diferente al que se da a la demanda en sí misma (artículo 99 ibídem).

5. Conclusión Por lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional proferir los siguientes pronunciamientos: 5.1. Declarar EXEQUIBLES el numeral 2 del artículo 92 y el artículo 95 del

Código de Procedimiento Civil. Procurador General 13 5.2. Declarar EXEQUIBLES, únicamente por los cargos formulados, los artículos el Código de Procedimiento Civil 204, 205, 206, 207 modificado por el artículo 20 de la Ley 794 de 2003, 208 modificado por el artículo 21 ibídem, 209 y 210 modificado por el artículo 22 de la ley indicada. 5.3. Declarar EXEQUIBLES el numeral 3 y los parágrafos 2º y 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, y el artículo 56 del mismo código modificado por el artículo 26 de la citada ley. 5.4. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 59 del Código Procesal del Trabajo, bajo el entendido que las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal, se formularán por el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas. Señores Magistrados, CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU Procurador General de la Nación (E)

SPTB/JDCB