PGN - DERECHO COLECTIVO Definición

ACCIÓN POPULAR-Proteger el derecho fundamental al suministro de agua potable ACCIÓN POPULAR-Objeto El objeto de la acción popular conforme lo tiene señalado la jurisprudencia “es evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio de un derecho colectivo sin distinguir si se trata de acciones u omisiones de las autoridades y sin importar el instrumento mediante el cual estas pueden ocasionar el agravio (actos administrativos, contratos, operaciones o hechos administrativos). Así las cosas, la actividad contractual no se encuentra excluida de la utilización de este medio de defensa judicial, maxime cuando a través de la misma se deben cumplir los principios de igualdad, transparencia, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad consagrados en el artículo 209 de la constitución Política”. DERECHO COLECTIVO-Definición También ha definido el derecho colectivo como aquel que recae sobre una comunidad entera a diferencia del individual que es el que recae sobre una persona determinada. DERECHO FUNDAMENTAL-Al agua según jurisprudencia de la Corte Constitucional Por lo anterior se concluye que siendo el agua un derecho fundamental para garantizar la vida misma y la dignidad humana por lo tanto indispensable para preservar el derecho a la salud, corresponde entonces al Estado y a los municipios administrar la prestación de los servicios públicos en condiciones eficientes que permita el suministro de agua para el consumo humano. PRINCIPIOS RECTORES-Del ejercicio de la Competencia según regulación legal FALLO EN ABSTRACTO-Norma cede a entidades de nivel superior facultad de contribuir transitoriamente a la gestión Al respecto esta delegada considera que el fallo proferido por del tribunal

Administrativo se hace en abstracto en la medida que la norma cede a las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad, la facultad de contribuir transitoriamente a la gestión que les imponen la constitución y la ley al municipio que por razones técnicas o financieras no pueden asumir, afirma entonces que las gestiones realizadas en desarrollo de los principios como son el de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia en procura de fortalecer la autonomía local.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. octubre 18 de 2016 Concepto Número 152 Señores

H. Consejo de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

E. S. D.  Referencia: Expediente número: 85001 23-33-000-2015-00146-01

Actor: Procuraduría 23 judicial II y Ambiental y Agraria de Yopal Accionado: Departamento de Casanare y otros  Asunto: Apelación de la providencia del 26 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda y sus pretensiones La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuradora 23

Judicial II Ambiental y Agraria, formuló acción popular ante el Tribunal Administrativo de Casanare, la cual comprendió a las siguientes

entidades: i) Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia “CORPORINOQUIA”, ii) EL Municipio de Pore, iii) Departamento de Casanare iv) Acuatodos S.A; con el propósito de que se protejan los derechos colectivos tales como el derecho al agua potable; a la dignidad humana; a la salubridad pública; así mismo al acceso a los servicios públicos que garantice la salubridad pública y que su prestación sea eficiente y oportuna; acceso a una infraestructura de servicios que garantice, la moralidad administrativa; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; el acceso a una infraestructura de servicios que

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co garantice la salubridad pública; los cuales consideró vulnerados dada la problemática que presentan las familias del centro poblado Altamira en el municipio de Pore. Consistente en la carencia de suministro de agua potable para el consumo humano y los demás derechos que se consideren vulnerados por parte de los demandados. Hechos El supuesto fáctico de la pretensión de la acción popular incoada en consideración de esta Agencia del Ministerio Público está relacionado con la carencia de agua potable en la vereda Altamira, jurisdicción del municipio de Pore, debido a que su fuente abastecedora de agua no está surtiendo en su totalidad al acueducto el veredal, afectando

aproximadamente 70 personas entre niños y adultos de la tercera edad. Derechos colectivos cuya protección se reclama El actor indicó como derechos colectivos conculcados y reclama su protección en relación con los siguientes:  Derecho al agua potable;  a la dignidad humana;  a la salubridad púbica;  el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna;  el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública del centro poblado ALTAMIRA. 2.- Fallo del Tribunal El a-quo en su decisión de primera instancia determinó que luego de considerar el acervo probatorio allegado al plenario se establece que este derecho es conculcado por cuanto no obstante las inversiones realizadas

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co en el año de 1999 , la población de la vereda Altamira en el municipio de Pore, está consumiendo agua inviable sanitariamente.. Establece el Tribunal que el responsable directo para el suministro del agua potable para la vereda de Altamira es el municipio de Pore, así como también el departamento de Casanare y Acuatodos de acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad establecidos en el artículo 4 de la Ley 136 de 1994. Señala que si bien el municipio de Pore a través de su apoderado reconoció ser legalmente el responsable de la prestación de los servicios

públicos, también es cierto que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos y así garantizar el suministro de agua potable a esa población y, aún más,tampoco ha presentado los proyectos necesarios ante el departamento del Casanare para tal fin.

3. Recurso de apelación El apoderado judicial de la parte actora inconforme con la decisión de primera instancia interpone recurso de apelación.

Solicita la aclaración de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Casanare. Manifiesta el apoderado judicial, que si bien el a-quo en su decisión citó los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad para el suministro de agua potable, las ordenes fueron emitidas a todas las entidades demandadas indistintamente sin dar explicación de las razones por las cuales el municipio de Pore no debe responder en forma directa, sino en las mismas condiciones que las otras entidades como si se tratara de obligaciones solidarias..

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Procede este Despacho a emitir el concepto que corresponde en la presente acción popular.

El objeto de la acción popular conforme lo tiene señalado la jurisprudencia “es evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio de un derecho colectivo sin distinguir si se trata de

acciones u omisiones de las autoridades y sin importar el instrumento mediante el cual estas pueden ocasionar el agravio (actos administrativos, contratos, operaciones o hechos administrativos). Así las cosas, la actividad contractual no se encuentra excluida de la utilización de este medio de defensa judicial, maxime cuando a través de la misma se deben cumplir los principios de igualdad, transparencia, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad consagrados en el artículo 209 de la constitución Política”. También ha definido el derecho colectivo como aquel que recae sobre una comunidad entera a diferencia del individual que es el que recae sobre una persona determinada. El derecho colectivo ha dicho la sala, no se deduce de su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos ni porque se sumen, el derecho colectivo es aquel que se recae sobre una comunidad entera a diferencia de derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por lo tanto la prosperidad delas pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: La acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos. La sala

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co ha expresado que el derecho colectivo no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación

ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen”. La Corte Constitucional en Sentencia T-790/14 señaló lo siguiente: DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido y obligaciones estatales en materia de prestación del servicio de agua de conformidad con el bloque de constitucionalidad En nuestra Constitución Política no se consagra expresamente el derecho al agua como un derecho fundamental. Sin embargo, en virtud del contenido del artículo 93 Superior que preceptúa: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”, esta garantía hace parte del catálogo de derechos fundamentales que cualquier ciudadano puede invocar para solicitar su protección bajo nuestro ordenamiento constitucional, teniendo en cuenta que es reconocida en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como más adelante se analizará. En otras palabras, en virtud de la figura jurídica del bloque de constitucionalidad, el derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno para enriquecer el capítulo de derechos fundamentales de la Carta Superior. 3.3.2. Contenido del derecho fundamental al agua. 3.3.2.1. Dada la importancia del agua y su protección reforzada a nivel constitucional, esta Corporación en diversas oportunidades ha reconocido que el derecho al agua es un derecho fundamental.[6] El contenido de este derecho ha sido precisado por la Corte de conformidad con la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de la siguiente manera: “el derecho de todos a disponer de agua suficiente,

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”[7]. 3.3.2.2. La disponibilidad del agua hace referencia al abastecimiento continuo de agua en cantidades suficientes para los usos personales y domésticos. La cantidad disponible de agua debe ser acorde con las

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co necesidades especiales de algunas personas derivadas de sus condiciones de salud, del clima en el que viven y de las condiciones de trabajo, entre otros. La exigencia de calidad del agua se relaciona con la salubridad del recurso, es decir, el agua disponible no debe contener micro organismos o sustancias químicas o de otra naturaleza que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. La accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con (i) la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, (ii) la factibilidad de contar con instalaciones adecuadas y necesarias para la prestación del servicio de acueducto, (iii) la obligación de remover cualquier barrera física o económica que impida el acceso al agua, especialmente de los más pobres y los grupos históricamente marginados, y (iv) el acceso a información relevante sobre cuestiones de agua. Finalmente, la aceptabilidad hace referencia a la necesidad de que las instalaciones y los servicios de provisión de agua sean culturalmente apropiados y sensibles a cuestiones de género, intimidad, etc.[8] Estos

contenidos implican entonces tanto obligaciones positivas –y complejascomo negativas para el Estado.[9] Respecto a la protección del derecho fundamental al agua, en lo atinente a la provisión del servicio de acueducto para el consumo humano, esta Corporación ha resuelto, entre otros, los siguientes casos: 3.4.3. Con fundamento en el marco constitucional precedentemente citado, fue expedida la Ley 142 de 1994[16] “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”; este régimen legal desarrolla las condiciones, competencias y responsabilidades respecto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios (artículos 367 a 370 Superiores). 3.4.4. Específicamente, en lo atinente a las responsabilidades que tienen las personas jurídicas y naturales en el aseguramiento de los fines previstos en la Constitución y en la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, esta normativa contempla como responsables (i) al Estado y a los municipios, (ii) a las empresas prestadoras de los servicios públicos y (iii) a los urbanizadores.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por lo anterior se concluye que siendo el agua un derecho fundamental para garantizar la vida misma y la dignidad humana por lo tanto indispensable para preservar el derecho a la salud, corresponde entonces al Estado y a los municipios administrar la prestación de los servicios

públicos en condiciones eficientes que permita el suministro de agua para el consumo humano. El artículo 3 de la Ley 1551 de 2012 establece: ARTÍCULO 3o. El artículo 4o de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 4o. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: a)Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles. b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas. Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal. Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las entidades

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales. c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente. d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios; e) Eficiencia. Los municipios garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales; f) Responsabilidad y transparencia. Los municipios asumirán las competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo transparente. En desarrollo de este principio, las autoridades municipales promoverán el control de las actuaciones de la Administración, por parte de los ciudadanos, a través de ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como principio de responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales, a fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción relacionados con la ejecución del

presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento de la legislación especial que se expida en la materia. g) Participación. Las autoridades municipales garantizarán el acceso de los ciudadanos a lo público a través de la concertación y cooperación para que tomen parte activa en las decisiones que inciden en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas, con arreglo a los postulados de la democracia participativa, vinculando activamente en estos procesos a particulares, organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector y grupos de acción comunal.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El accionante en las pretensiones solicita la protección de los derechos fundamentales y colectivos, tales como el derecho al agua potable, a la dignidad humana, a la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, los cuales considera vulnerados debido a la problemática que presentan las familias del poblado Altamira en el municipio de Pore departamento de Casanare, que consiste en la carencia en el suministro de agua potable para el consumo humano de esa comunidad.. El a-quo en el fallo de primera instancia consideró que existe vulneración de los derechos fundamentales y colectivos al agua potable, dignidad humana, salubridad pública, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y acceso a una infraestructura de

servicios que garantice la salubridad pública, para lo que el municipio de Pore, el departamento de Casanare y Acuatodos, deberán realizar las gestiones administrativas , presupuestales, de contratación y ejecución que sean necesarias que permita dotar de agua potable a los habitantes de la vereda Altamira. El apoderado judicial del departamento de Casanare en escrito de junio 2 de 2016 solicita aclaración der la sentencia, argumentando que: el tribunal no obstante fundamentarla en los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad no determina la participación de las entidades accionadas, en las órdenes emitidas dejando como si se tratara de obligaciones solidarias. Al respecto esta delegada considera que el fallo proferido por del tribunal Administrativo se hace en abstracto en la medida que la norma cede a las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad, la facultad de contribuir transitoriamente a la gestión que les imponen la constitución y la ley al municipio que por razones técnicas o financieras no pueden asumir, afirma entonces que las gestiones realizadas en

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co desarrollo de los principios como son el de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia en procura de fortalecer la autonomía local. Por lo anterior considera esta delegada que la sentencia de primera instancia proferida el 26 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo

de Casanare, se ajusta a derecho y solicita respetuosamente sea confirmada en todo su contenido. De los HH.MM.

JUAN CLÍMACO JIMÉNEZ CASTRO

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado JCJC/dmlo

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNN Artículo 63. Competencia del control urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general. En todo caso, la inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante inspecciones periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra. Dichas actas de visita harán las

veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados por la violación

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de Ocupación cuando fuere del caso. 47 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Sentencia del 3 de marzo de 2005. C.P. GIRALDO GÓMEZ, María Elena. Radicación: 25000-23-27-000-2003-2304-01( Carga de la prueba Conoce

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