PGN - DERECHO DE DEFENSA Consagración constitucional como derecho fundamental

SALA DISCIPLINARIA Radicación No. : 161-01179 (030-23248/99)

Disciplinado : Luis Francisco Quesada Osorio Cargo y Entidad : Profesional Universitario Grado 17, Procuraduría General de la Nación – Oficina de Control

Interno Quejoso : Fernando Socha Barbosa Fecha queja : 20 de enero de 1999

Asunto : Reiterado incumplimiento de obligaciones civiles

P.D. Ponente : Doctor DARIO ALFONSO BOTERO ARANGO

Bogotá D.C., 11 de julio de 2002 Correspondería a la Sala Disciplinaria, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Doctor ARMANDO CAMACHO PRECIADO, coadyuvado por su defendido, el disciplinado LUIS FRANCISCO QUESADA OSORIO, revisar la providencia calendada 4 de diciembre de 2001, mediante la cual la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación lo declaró disciplinariamente responsable del cargo formulado, imponiéndole como sanción la suspensión de funciones, sin remuneración, por el término de tres (3) meses, si no se advirtiera que en desarrollo de la investigación se presenta una irregularidad que afecta sustancialmente el debido proceso, lo cual constituye causal de nulidad.. En efecto, para que el disciplinado pueda ejercer a plenitud su derecho de defensa es necesario que en el auto de cargos se le indiquen, con absoluta nitidez, los hechos concretos que se le imputan como constitutivos de falta disciplinaria, pues dicha pieza procesal se convierte en la piedra angular del proceso disciplinario, sobre la cual se centra el debate probatorio.

En consecuencia, la descripción de la conducta que se reprocha disciplinariamente, por acción u omisión, debe contener, específicamente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que presuntamente fue desarrollada por el sujeto destinatario de la acción disciplinaria. 2 De ser imprecisa la descripción de la conducta cuestionada, por haberse omitido señalar las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que se produjo, como bien lo señala el tratadista MIGUEL ROJAS GOMEZ en su obra “Las Nulidades en el Proceso Disciplinario”, editada por el Instituto de Estudio del Ministerio Público, se somete al disciplinado a enormes dificultades en el ejercicio de su defensa, lo que, a no dudarlo, vicia de nulidad el trámite procesal. “En primer lugar, las deficiencias en la descripción de la conducta que se le achaca al disciplinado las más de las veces impide que éste rinda adecuadamente sus descargos, lo que merma enormemente el ejercicio de su defensa dada la trascendencia que en el proceso tiene dicho acto. En efecto, de no estar claramente determinado el cuestionamiento de la conducta del disciplinado, éste se enfrenta a la necesidad de formular tantas respuestas cuantas interpretaciones pueda darle al planteamiento en su contra, o a seleccionar uno de los significados que pueda asignarle corriendo el riesgo de omitir la explicación que la autoridad disciplinaria espera. Cualquiera de las dos alternativas que escoja le hace tortuosa su defensa”. “A más de lo expresado, ante la indeterminación de la conducta endilgada como falta disciplinaria, el individuo difícilmente podrá escoger los instrumentos

de prueba que le permitan desvirtuar los cargos o acreditar los eventuales motivos de exculpación”. (Pags. 24 y 25). En el caso que nos ocupa, es clara la violación al derecho de defensa, por la vaguedad e imprecisión en el cargo formulado, pues si bien es cierto, al disciplinado se le señala que en forma reiterada e injustificada incumplió con sus obligaciones legales, no se le concretó en forma específica, si quiera, a cuáles de aquellas obligaciones que abarcó la investigación, se refiere el reproche disciplinario. Es tal la falta de concreción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar a que se contrae la conducta cuestionada, que parte de los argumentos de impugnación del fallo de primera instancia, se refieren a las obligaciones civiles contraídas con los quejosos FERNANDO SOCHA BARBOSA y OCTAVIO 3 MEDINA OSPINA, sobre las cuales, observa la Sala Disciplinaria, no se ha cimentado el juicio de responsabilidad. La impugnación sobre hechos que no hacen parte de aquellos tenidos en cuenta por el juzgador de primera instancia para endilgar responsabilidad al disciplinado, es el producto de la confusión que se le genera, al no concretársele, en el auto de cargos, la conducta cuestionada, impidiéndose con ello el pleno ejercicio del derecho de defensa, como parte integral del debido proceso, derecho fundamental protegido no sólo en la Constitución Política, sino también en los tratados internacionales que hacen parte de nuestra legislación. Así las cosas, en razón a que por disposición del artículo 223 de la Ley 734 de

2002, al presente proceso le son aplicables las normas de procedimiento contenidas en la Ley 200 de 1995, nos hallamos frente a la causal de nulidad contenida en el artículo 131 numeral 3 que dispone: “...Son causales de nulidad en el proceso disciplinario:...3 La ostensible vaguedad o ambigüedad de los cargos...”, por lo que así habrá de declararse a partir, inclusive, del auto de cargos visible a folios 178 y ss., sin perjuicio de la validez legal de las pruebas practicadas con posterioridad. Ahora bien, no obstante que con la declaratoria de nulidad se afecta el fallo proferido en primera instancia el día 4 de diciembre de 2001, es menester advertir al a-quo, que dicha providencia debe ajustarse a los requisitos consagrados en el artículo 93 de la Ley 200 de 1995, especialmente, en lo que atañe al numeral 6, pues no se hizo ningún análisis de los criterios utilizados para dosificar la sanción. También, en relación con el mismo proveído, inexplicablemente se observa una absoluta contradicción en la parte considerativa, pues nótese que a folios 142 y 143, se asegura que en el presente caso no se encuentra probada la responsabilidad del disciplinado, en tanto que más adelante se afirma todo lo contrario y, por ende, se sanciona al disciplinado. 4 Dicha situación, en el evento de un nuevo pronunciamiento de fondo, deberá ser tenida en cuenta, pues el fallo, además de ser congruente con el cargo formulado, debe ser lo suficientemente claro, explicativo y armónico, a tal punto que no permita ningún tipo de confusión respecto de su contenido.

En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: Decretar la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, del auto de cargos, proferido el 14 de noviembre de 2000, por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, por haberse incurrido en la causal de nulidad consagrada en el numeral 3 del artículo 131 de la Ley 200 de 1995, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído..

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, repóngase la actuación afectada, teniendo en cuenta lo considerado en la parte motiva de este auto. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez.

TERCERO: Devuélvase la actuación a la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación para que de cumplimiento a lo ordenado, notifique esta decisión al disciplinado y continúe con el trámite procesal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PULIDO GUTIERREZ DARIO ALFONSO BOTERO ARANGO Procurador Primero Delegado Procurador Segundo Delegado Exp. 161-01179 (030-23248/99) PPG/DABA/Lacm/Myriam