PGN - DERECHO DISCIPLINARIO Bien jurídico que tutela

PROCURADURIA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA

ADMINISTRATIVA

Bogotá DC, 19 NOV. 2001 La Procuraduría Regional de Antioquia remite por competencia la Delegada para la Vigilancia Administrativa-reparto, la queja presentada por el presidente de Adida Señor LUIS ALFONSO BERRÍO MEJÍA en contra del Alcalde de Medellín, JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ, por no autorizar el desarrollo de la marcha del día 16 de marzo de 2000, desconociendo con esta posición el derecho a la protesta pacifica (fl. 2). EL ESCRITO Fechado el 16 de marzo de 200 por el Presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, LUIS ALFONSO BERRÍO MEJÍA, pone en conocimiento de la Procuraduría Departamental, hoy Regional de Antioquia, presuntas irregularidades presentadas con ocasión de la marcha del 16 de marzo de 2000, jornada nacional de protesta de los trabajadores estatales. Que a pesar de haber solicitado autorización para el desarrollo de la marcha, esta fue negada por las autoridades locales, aduciendo la prohibición contenida en el Decreto No. 326 de 1999, el cual consideraba violatorio de la Constitución Nacional. Que durante el desarrollo de la marcha fueron hostigados con disparos de gases lacrimógenos y chorros de agua lanzados por las tanquetas policiales, los cuales causaron heridas a un menor de edad señala algunos nombres de manifestantes que fueron detenidos Finalmente señala que a pesar de no haber obtenido permiso para realizar dicha actividad, tenían derecho a manifestarse pacíficamente, sobre todo “…cuando

clarísimos derechos y garantías sociales y laborales vienen siendo arrebatadas por la nefasta política del gobierno…” (fls. 4-5). Se allego informe de gestión de la Dra. CLAUDIA PATRICIA VALLEJO A., funcionaria adscrita a la Procuraduría Regional de Antioquia y presentado el 17 de marzo de 2000 a la Dra. GUDIELA DUQUE GIRALDO, Procuradora Regional (e) quien señaló que a las 9:15 AM del 16 de marzo, recibió una llamada del sindicato de docente requiriendo la presencia de la Procuraduría, toda vez que teniendo programada la marcha para las 10 de la mañana se habían enterado que la fuerza pública iba a torpedear la actividad Que ante esa situación, se comunicó con la Secretaría de Gobierno Municipal, quien informó que para realizar la marcha se debió haber pedido la autorización con 48 horas de anticipación y que solo hasta las 9:30 AM estaba recibiendo vía fax la respectiva solicitud y que en reunión en la noche anterior se había acordado con el Señor Alcalde no permitir que la manifestación se realizara, por expresa prohibición del Decreto 326-99 Situación que se informó al Señor BERRÍO MEJÍA, advirtiéndole que la Policía Nacional por órdenes expresas de no permitir la marcha. Que en las horas de la tarde se presentó la funcionaria a la Estación de Policía Carcelaria, verificando el buen estado de las personas retenidas Mediante auto del 4 de mayo de 2000, esta Delegada comisionó al Procurador Regional de Antioquia con el fin de determinar la posible incursión en irregularidades

del Alcalde de Medellín, JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ, para la época de los hechos (fls. 11-12). Sin realizar diligencia diferente a la visita que efectuara la funcionaria CLAUDIA PATRICIA VALLEJO el 16 de marzo de 2000, se presenta informe evaluativo de la funcionaria subcomisionada Dra. LUZ MYRIAM LONDOÑO MUÑOZ quien considera que no tiene asidero jurídico iniciar investigación disciplinaria en contra del Dr. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ por los hechos expuestos, pues aun cuando el derecho de protesta es de orden constitucional, el mismo se encuentra reglamentado por el Decreto 326 de 1999, en el que se establecen los parámetros y lineamientos a seguir cuando se trata de realizar marchas que comprometen el buen funcionamiento de la ciudad. Señala además que dentro del proceso ya han transcurrido más de seis meses, etapa que de conformidad con el artículo 141 de la Ley 200 de 1995, es perentoria para el perfeccionamiento de la indagación preliminar, y una vez concluida no permite practicar prueba alguna (fls. 21-22). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Sea lo primero advertir que la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, tiene como finalidad establecer la responsabilidad de aquellos funcionarios que con su actuación se vean incursos en la definición que de falta disciplinaria, consagra el artículo 38 del CDU. Para tal fin no basta la mera infracción de la norma, sino que se requiere el quebrantamiento del interés jurídico tutelado y además la lesión a la buena marcha de la administración pública El numeral 23 del artículo 4 de la Ley 200 de 1995 señala el deber del funcionario

público de vigilar y salvaguardar los intereses del Estado y la Ley 136 del 2 de junio de 1994 en su articulo 91 literal b) señala con respecto a las funciones del Alcalde, en relación con el orden público el deber de conservarlo en el municipio y la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde Esta Delegada acoge en su integridad el informe presentado por la funcionaria subcomisionada de la Procuraduría Regional de Antioquia y señala que salvaguardar la ciudad, realizando la prohibición de la marcha, la cual como se señaló anteriormente, es función propia del Alcalde y que además esta legalmente prohibido en el Decreto 326 de 1999, no constituyen falta disciplinaria que consagra el articulo 38 del CDU. Para deducir responsabilidad disciplinaria a una persona no basta demostrar que ella ha desconocido el tenor literal de una disposición legal, sino que además es indispensable acreditar dentro de la investigación que con dicho comportamiento se afectó el bien jurídico que el legislador pretendió resguardar mediante la creación de la respectiva norma. Señalando dichas organizaciones deberían también procurar por la defensa de los atropellos de que son víctima los agentes de policía El bien jurídico tutelado que protege la ley disciplinaria es el adecuado funcionamiento del servicio para el cumplimiento de los fines y funciones del Estado, pero no todo abuso de derechos, incumplimiento de sus deberes, violación de las prohibiciones o incursión en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses, lesiona el bien jurídico tutelado

De otra parte, se tiene que el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 proscribe toda forma de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria y dispone que las faltas solo son sancionables a titulo de dolo o culpa y en este disciplinario no se encuentra demostrado que el Dr. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ haya actuado con dolo o intencionalidad de desplegar actividad una conducta que causara daño a otras personas, a la administración o inclusive generar un conflicto con las organizaciones de derechos humanos, considerando este Despacho que en estas condiciones, la conducta del Dr. GÓMEZ MARTÍNEZ, no se encasilla en los parámetros que fija el articulo 38 de la Ley 200 de 1995, para tipificar una conducta irregular disciplinaria, resultando por consiguiente procedente el archivo de las presentes diligencias Por lo antes expuesto, la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en uso de sus atribuciones legales.

DISPONE PRIMERO: Archivar las diligencias que contra Dr. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ, se adelantaban en el radicado No. 014-39613-00.

SEGUNDO: Por secretaria de la Regional de Antioquia se comunique esta decisión a los interesados conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 200 de 1995, advirtiendo que contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

OLGA LUCÍA ZULUAGA VÁSQUEZ

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Exp. 014-39613-00

OLZV/CEPP