PGN - DERECHO DISCIPLINARIO Carácter público que impone la oficiosidad de la acción discip

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 082 – 2007 2 – V – 07

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERO CONDUCTOR: Dr. JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE

E. S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE N°. 0343 - 2005

ACTOR : FERNANDO LONDOÑO HOYOS

DEMANDADA : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO

ASUNTO : VISTA FISCAL ÚNICA INSTANCIA

I. INTRODUCCIÓN En oportunidad legal, esta Agencia del Ministerio Público conceptúa, en los siguientes términos, dentro del referido plenario que conoce privativamente y en única instancia la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, conforme lo estatuye el artículo 128 – 2 del C. C. A., tal como fue modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, por ser los actos acusados, de carácter nacional, de naturaleza laboral y sin interés dinerario.

II. ANTECEDENTES 2. 1. Solicitud de nulidad o invalidez El ciudadano FERNANDO LONDOÑO HOYOS, en su propio nombre y representación, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (arts. 85 C.C.A. y 15 D. L. 2304 de 1989), demandó, con solicitud de

2 suspensión provisional, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el día 28 de enero de 2005, la nulidad del “…fallo de única instancia proferido por el Procurador General de la Nación, en el expediente 00180914 -2003”. 2. 2. Petición restauradora Simple y llanamente el actor deprecó, a título de restablecimiento del derecho, que la anterior providencia administrativa disciplinaria “…se le revoque y deje sin efecto”. 2. 3. Normativa conculcada y las razones de la infracción La preceptiva jurídica que esbozó como infringida se contrae a los artículos 27 y 27 de la Constitución Política; 14 Ordinales 1°, 5° y 7° de la Ley 74 de 1968 aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 9°, 11 y 31 del Código de Procedimiento Penal; 39, 369 y 372 del Código Penal; 27 – 1° de la Ley 64 de 1992; 38 de la Ley 190 de 1995; y, 69 del Código Único Disciplinario, consignando, en resumen, como criterio infractor el desconocimiento y, por ende, la violación directa, (i) de la competencia para ser oído por tribunal competente, (ii) de las dos [2] instancias; y, (iii) del principio del nom bis in ídem, por cuanto: “…Tal como pretende el Procurador, me quiere juzgar por delitos de calumnia e injuria, no siendo competente para hacerlo; me niega el derecho de apelar, que es consustancial a la comisión de los

delitos, y me expone al doble juzgamiento y a la doble condena, porque los jueces penales no estarán inhibidos para lo de su competencia por una sanción disciplinaria que me haya sido impuesta. Será indiscutible para todos, que el Derecho Penal de los Delitos prevalece sobre el Derecho Penal Sancionatorio (sic) y que este último no puede invadir las valoraciones sociales y las garantías individuales que comprende el primero. También es el acto acusado violatorio en la medida en que fui juzgado como autor de injurias y como calumniador por un funcionario incompetente, sometiéndome a la posibilidad de un doble juicio por el mismo hecho. La violación de ese principio fundamental es igualmente condenable a la luz de los Artículos 9° y 11 del Código de Procedimiento Penal vigente en el momento de la expedición del fallo, y del Título Primero del Libro de la Ley 734 de 2002, también llamado Código Disciplinario único. En particular, estas normas ratifican los mandamientos internacionales de respeto al principio de la competencia y a los demás derechos fundamentales del individuo en toda clase de actuaciones 3 judiciales que desemboquen en la imposición de una pena. También es violatorio del Artículo 31 del ya citado Código de Procedimiento Penal, en cuanto se pretermitió una condición de procesabilidad que cubre todas las actuaciones punitivas del Estado, y en particular las que se refieren a los delitos que requieren querella, entre los que se enumeran los de calumnia e injuria. También viola el fallo el Artículo 39 del Código Penal y los Artículos 369 y 372, que disciplinan la pena de multa y su valor indemnizatorio. El fallo violenta expresamente el ordinal 1° de la Ley

734 de 2002, en la medida en que la sanción disciplinaria por un acto que constituya delito no puede ser impuesta por el Procurador sin que medie sentencia previa de juez que reconozca ese delito, y que tampoco pueden ser calificados como tales sino aquellos que sean sancionables, es decir respecto a los que haya condiciones de procesabilidad. El acto que acuso se adelantó por un anónimo cuyo autor jamás apareció. Pues ocurre que la Ley 64 de 1992 en el ordinal 1° de su artículo 27, la Ley 190 de 1995 en su artículo 38 y el artículo 39 del llamado Código Disciplinario Único, prohíben montar una investigación sobre la base de una denuncia cuyo autor se desconoce. Sería excepcionable esa exigencia, si quien recibe la denuncia estima que la debe adelantar de oficio. El Procurador jamás mencionó esa decisión y solo a la hora de dictar el fallo alega esa facultad. La falta de seriedad del Procurador en esa materia es evidente, y también la transgresión de los mandatos superiores que dejo expuestos. La norma también es violatoria de la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, consagrado como derecho fundamental en el Artículo 27 de la Constitución Nacional.”. Así mismo, el accionante elabora la causal de nulidad de falsa motivación considerando en su entender que “…se retractó de todo aquello de que podía retractarse, cumpliendo estrictamente la sentencia. No tiene prueba el Ministro, ni fue ese el sentido de su declaración, de que el juez Suárez Vacca hubiere recibido

dinero del Cartel de Cali para producir su fallo deplorable. Y teniendo a la mano la prueba consistente en un informe de Inteligencia Militar, que mencionaba a Suárez como abogado del Cartel de Cali, no resulto cierto el contenido de dicho documento público. En lo que el Ministro no se rectificó, porque no puede rectificarse, es en su opinión de que el juez Suárez Vacca violó flagrantemente la ley. Eso, en derecho, es lo mismo que decir que prevaricó. Dicho en palabras más sencillas, el Ministro ha defendido el ius veritatis, que elimina el tipo penal de la calumnia y de la injuria. Y no lo ha hecho como un embustero, que es como el Procurador lo califica, sino como un hombre serio que tiene en sus manos argumentos de importancia definitiva 4 para decir lo que dice. Y esos argumentos le permitieron oponerse a la libertad de los Rodríguez Orejuela, y consiguieron el espléndido resultado de que esos delincuentes estén en la cárcel, como decía el Ministro que debían estar, y no en libertad, como pretendía el juez que estuvieran…” De igual manera arguye el actor que se le atacó la libertad de cátedra y se le juzgó por un delito de opinión, todo lo cual se fundó en la mutilación de un documento: “…En suma, sostengo que no puede el Procurador perseguir a un Ministro cuando éste ejerce el derecho a la investigación y a la cátedra en un recinto universitario cerrado. Menos aún puede utilizar, para ese propósito, una parte mutilada del documento donde consta la intervención, destruyendo la unidad de

materia, sacando lo dicho de su línea argumental y haciendo imposible su análisis para el investigador objetivo y la defensa para quien quiere explicarlo.” 2. 4. De los hechos In extenso, rememorando a partir de la Constitución de 1991 la historia política jurídica del país, y, por lo demás, apoyándose en el texto de su autoría: “Con licencia para hablar” y en el libro “La historia del Cartel de Cali”, el memorialista plasma sus consideraciones fácticas acerca de lo sucedido con la controvertida libertad provisional decretada a favor de los Rodríguez Orejuela por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Pedro José Suárez Vacca. 2. 5. De la suspensión provisional Con los mismos razonamientos de su petición principal y sustancial, el demandante clama, al tenor de lo preceptuado por los artículos 152 y 154 del Código Contencioso Administrativo, la declaratoria de la medida precautelativa, porque “…viola de manera flagrante la ley sustantiva y el fallo me significa, tanto en mi patrimonio moral como en mis posibilidades de trabajo y desarrollo personal son evidentes”. (fls. 54 a 105). Los folios que preceden a la demanda informan de: Fallo de única instancia dictado dentro del expediente 001 – 80914 – 2003 en contra del libelista Londoño Hoyos (fls. 1 a 43); diligencia de notificación personal del 24 de 5 septiembre de 2004 (fl. 44); certificación de ejecutoria de la precitada sentencia disciplinaria (fl. 45); oficio 7103 – APE – 0098 del INPEC dirigido al

actor; y decisiones administrativas relacionadas con la libertad de Gilberto José Rodríguez Orejuela.

III. ADMISIÓN LIBELO INTRODUCTORIO Y DECISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Por auto del 14 de abril de 2005 la subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la demanda y frente a la petición de la suspensión provisional del acto administrativo cuestionado, que denegó, expuso, en lo substancial: “…Para que opere la suspensión provisional debe recaer sobre un acto “ostensiblemente violatorio de la ley o de la constitución”, según la “confrontación directa” entre el acto administrativo acusado y la norma citada como infringida, y ello no ocurre en el asunto sometido a consideración de la Sala. Las supuestas vulneraciones de los artículos 29 de la Constitución Política; 31, 32, 35, 220 y 221 del Código Penal; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incorporado en la Ley 74 de 1968; y del artículo 48, ordinal 1° del Código Disciplinario Único, por el acto acusado, no se ven, prima facie pues tal acto no se soportó sólo en las normas citadas sino también en otras normas, algunas de rango constitucional como los artículos 1°, 2°, 15, 21 y 209 de la Carta Política, otras de rango legal como los artículos 34, numerales 1, 24, 35, numerales, 1, 6, 26 y 28 de la Ley 734 de 2002

(Sic). Las normas citadas, en armonía con los artículos 48, numerales 1° y 19 del C.

D. U., facultan en principio, al Procurador General de la Nación para imponer la sanción de destitución e inhabilidad a un servidor público, disciplinable por él, si le imputa falsamente la comisión de un hecho punible a una autoridad legítima de la República en relación con sus funciones. Tal actuación no implica, a primera vista, un desplazamiento de la función judicial hacia el Procurador ni la vulneración del principio del non bis in ídem pues las conductas indicadas se encuentran tipificadas en el ordenamiento disciplinario como deberes y prohibiciones de los servidores públicos, además de que en el artículo 48, numerales 1 y 19 del C. D. U., califican el hecho endilgado al actor, injuriar y calumniar a un funcionario judicial, como falta gravísima. En otras palabras, el criterio sancionador no aparece a primera vista 6 como desatinado o excesivo por lo que la situación debe valorarse de cara al proceso disciplinario y a la conducta sancionada, análisis que no corresponde a esta etapa inicial del proceso. De la misma forma disquisiciones referentes al hecho de que se enerve la facultad sancionadora por el hecho de existir una rectificación o retractación de las imputaciones delictuosas y deshonrosas, por la ausencia de la queja de la víctima, por la inexistencia de la conducta o su justificación, deben ser revisadas al definir el asunto ya que existe la necesidad de interpretar las normas y de valorar las pruebas. No puede aceptarse la existencia de violación flagrante, prima facie, de las normas invocadas, y ello hace improcedente la suspensión provisional deprecada…” (fls. 108 a 120).

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

7 La Procuraduría General de la Nación contestó así el libelo introductorio: 8 “…III.- RAZONES DE LA DEFENSA Y POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LA DEMANDADA. Sea lo primero, señalar que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 275 y siguientes de la Constitución Política y 2º de la ley 734 de 2002, la Procuraduría General de la Nación, como máximo órgano del Ministerio Público, es la autoridad a quien se invistió del poder y la potestad para investigar de manera preferente y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos (y los particulares en los casos previstos en la ley) por la incursión en aquellas conductas y comportamientos señalados por el legislador como falta disciplinaria. En ese contexto y frente al caso concreto, la Procuraduría General de la Nación dio estricta aplicación a las normas sustantivas y adjetivas vigentes, cumpliendo a cabalidad las etapas procesales, otorgando las oportunidades de ley para controvertir las pruebas recogidas y los diferentes actos producidos y, en general, respetando principios esenciales como el derecho de audiencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. De igual manera, se motivó en debida forma el fallo disciplinario, confrontando previamente los hechos investigados a la luz del haz probatorio recaudado y las exculpaciones del investigado, lo cual condujo a la conclusión de la configuración de la falta disciplinaria imputada, así como a la decisión sancionatoria, razón por la cual prima facie se observa que el acto demandado se ajusta a la

legalidad, presunción de la cual goza. Con todo, y dados los presuntos vicios señalados en la demanda, a lo largo del capítulo denominado como “concepto de violación”, se hacen necesarias referencias puntuales al respecto, sin perjuicio de que los fundamentos normativos, conceptuales y fácticos observados en el acto censurado sean tenidos en cuenta a la hora de proferir sentencia de fondo que deniegue las súplicas de la demanda. 1.- Interpretación y aplicación del numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002.- Según lo alegado por el actor, en el eventual caso que su conducta llegase a constituir falta disciplinaria, esta en su criterio sería de naturaleza grave o leve, pero en ningún caso gravísima tal como fue calificada por la demandada, aunque no explica las razones de su aserto. Así mismo, señala que “el delito de calumnia y de injuria tiene un alcance particular en nuestra legislación, como que solamente se tipifica a partir de la valoración que haga de las agresiones el mismo que las recibe. Nadie puede cometer en Colombia un delito de injuria o calumnia, sino en la medida en que el agraviado las considere como tales y las ponga a la consideración de los jueces competentes (sic)…” evento para el cual el artículo 31 C. P. P. señala unas condiciones de procedibilidad (querella de parte). En tercer lugar, aduce el demandante que en acatamiento de un fallo de tutela proferido a favor del ofendido, debió retractarse de sus dichos, con lo cual se produjo el restablecimiento de los derechos vulnerados. Así que, considera, 9 no existían las condiciones para proseguir la acción disciplinaria, en la medida en

que la aplicación del derecho penal la condicionaba. En esa forma, advierte que sancionar en materia disciplinaria y en materia penal, en forma independiente, implica una clara violación al principio constitucional del “non bis in ídem” consagrado en el artículo 29 del ordenamiento superior. En su defecto, señala que la imposición de la sanción disciplinaria por la incursión del demandante en los delitos de injuria y calumnia contra un servidor público no era procedente, sino a condición de la existencia de una sentencia emanada de un juez penal que declarase la existencia de la respectiva responsabilidad en ese campo. Por esta razón, el Procurador General de la Nación no tenía la competencia para determinar una eventual responsabilidad penal de su parte por las declaraciones en contra del señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Dr. Suárez Vacca. Luego, entonces, concluye, el Procurador General le dio una interpretación al numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002, la cual no corresponde con el sentido que quiso el legislador. Pues bien, mencionados los supuestos en que funda el demandante este cargo, resulta del caso indicar, ab initio, que no le asiste razón ni derecho, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1.1.- Independencia de la acción disciplinaria con relación a la acción penal.- Sea lo primero señalar que en el ordenamiento jurídico colombiano, el derecho disciplinario, aún cuando hace parte del derecho sancionador del Estado, es una disciplina que tiene sus propias particularidades y especificidades, tal como en su caso el derecho penal o el derecho contravencional, lo cual implica

tratamientos distintos. Así se desprende, especialmente del inciso tercero, artículo 2º de la ley 734 de 2002, según el cual “…La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta”, y de la jurisprudencia que desde hace ya varios años se ha venido profiriendo por las Altas Cortes, tal como lo hizo ese Despacho en el auto en virtud del cual se denegó la suspensión provisional del fallo demandado, solicitada por el accionante. Así por ejemplo, la Corte Constitucional ha dicho que “si bien hay elementos comunes a los diversos regímenes sancionadores es lo cierto que las características específicas de cada uno de ellos exigen tratamientos diferenciales1. En ese orden de ideas, la Corte ha expresado que “entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. En cambio, 1 Corte Constitucional. Sentencia C-827 de 2001. M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis. 10 otros derechos sancionadores no sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial -como los servidores públicoso a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se

siguen aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal”. -Subrayas fuera de texto-.”2. Así, pues, en concreto, la aplicación de los principios y normas del derecho penal (tal como lo invoca el actor) en otros ámbitos diferentes a este (en este caso en el derecho disciplinario), no opera per se, sino que, han considerarse tales particularidades. En ese sentido, siguiendo los derroteros señalados por la Corte Constitucional, existen por lo menos tres aspectos particulares, propios del derecho disciplinario, que lo erigen en disciplina autónoma. Ellos son, (i) la imposibilidad de transportar integralmente los principios del derecho penal al derecho disciplinario, (ii) el incumplimiento de los deberes funcionales como fundamento de la responsabilidad disciplinaria y (iii) la vigencia en el derecho disciplinario del sistema de sanción de las faltas disciplinarias denominado de los números abiertos, o numerus apertus, por oposición al sistema de números cerrados o clausus del derecho penal3. De modo particular señaló la Corte lo siguiente: “La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantíasquedando a salvo su núcleo esencial - en función de la importancia del interés público

amenazado o desconocido”4. “La ley disciplinaria tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. Cabe recordar en ese sentido que constituye elemento básico de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del Estado social de derecho, la potestad del mismo de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública; de manera que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los 2 Corte Constitucional. Sentencia C-597 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002. M.P. Alvaro Tafur Galvis. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 1993 11 principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa y el cabal desarrollo de la función pública”5. En fin, citados estos antecedes normativos y jurisprudenciales, es claro que el derecho disciplinario es una disciplina autónoma, en la medida en que los objetivos que persigue y los bienes jurídicos que protege son distintos a los que pretende y tutela el derecho penal (o cualquiera otra acción como la fiscal, política, administrativa, etc). Por este motivo elemental, entre otras cosas, la acción disciplinaria adelantada en contra del señor Londoño Hoyos no

quedaba sujeta a la existencia y culminación de un juicio penal por los mismos hechos, previo el agotamiento del requisito de procesabilidad (querella del perjudicado), o la terminación o inhibición para su desarrollo dada la retractación del ofensor. Dicho de otro modo, las condiciones de procesabilidad en el campo penal (querella de parte, retracto, etc.) no sujetaban, condicionaban o determinaban la acción disciplinaria en contra del actor. Así sucede, igualmente, en materia del derecho disciplinario de los abogados en ejercicio profesional, en el cual, sin atender la cuestión penal, se procede ante las injurias y calumnias (artículos 50,69 y 70 del Decreto No. 196 de 1971). Es más, si la conducta es relevante disciplinaria y penalmente, de todos modos debe iniciarse la acción disciplinaria y compulsar copias a la autoridad competente en lo penal, salvo que el delito no sea perseguible de oficio, inhibe esto último pero no lo primero, tal como clara y palmariamente lo enseña el artículo 71 ibídem, pues el objeto del proceso disciplinario no es “disponible”, como si lo es, en algunos eventos, el proceso penal. Así que, por la misma razón y sin mayores elucubraciones, si lo que se tutela en cada acción son intereses distintos, como lo ha señalado la jurisprudencia de las altas Cortes, no existe vulneración del principio constitucional del “non bis in ídem”6-7. De esta manera, basta que el destinatario de la norma disciplinaria haya incursionado en la descripción típica de un injusto penal para que haya lugar a la respectiva

investigación y, si es del caso, a la sanción. Por lo demás, bastante particular, por no decir acomodaticio, resulta el criterio del demandante, pues quiere crear un sofisma a través del cual quiere hacer ver que el fallo disciplinario estaba 5 Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002. M.P. Alvaro Tafur Galvis 6 Ya ese despacho lo mencionó en forma sumaria en el auto que denegó la solicitud de suspensión provisional. 7 Al respecto ha dicho la Corte Constitucional lo siguiente: “…Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege (…) En ese orden de ideas, siendo la acción disciplinaria distinta de la acción penal, cada una puede adelantarse en forma independiente, sin que de su coexistencia se pueda deducir infracción al principio del ‘non bis in ídem’ pues en este caso no existen dos juicios idénticos”. (Sentencia C244/96) 12 condicionado por el penal, olvidando la lógica, la ley y la jurisprudencia. 1.2.- Calificación de la falta como gravísima a título de dolo.- Este aspecto, con el que muestra inconformidad el accionante, fue analizado en detalle en el acto censurado, por lo que, en aras de la brevedad, me permito solicitar que todos los fundamentos normativos, conceptuales y fácticos que allí fueron observados, sean

incorporados como razones de la defensa8. No obstante, vale decir que, el artículo 48 de la ley 734 de 2002 consagró de manera expresa y taxativa las conductas que constituyen faltas disciplinarias “gravísimas”, dentro de las cuales se incluyó “realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función del cargo, o abusando del mismo” (numeral 1). Y, como se analizó en el fallo sancionatorio, la conducta del señor Londoño Hoyos se ajusta plenamente a lo descrito. Así pues, en atención a las consideraciones contenidas en los dos anteriores numerales, es claro que no le asiste razón al actor con relación a todos los argumentos de ataque que cita en el primer cargo. 2.- La falsa motivación.- Aduce el demandante en el segundo cargo, que el fallo disciplinario cuya nulidad se depreca en este proceso adolece del vicio de formación denominado “falsa motivación”, toda vez que tiene absoluta razón (aún hoy) en sus declaraciones respecto al prevaricato en que incurrió el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Dr. Suárez Vacca, al conceder mediante auto la medida sustitutiva de la libertad provisional a los hermanos Rodríguez Orejuela, para lo cual, basa su razonamiento, en primer lugar, en el reconocimiento que se hace a su labor en el mismo fallo demandado, segundo, en la actividad que como Ministro estaba llamado a ejercer y que en efecto cumplió y,

tercero, en una lista de razones citadas en la demanda por las cuales, en su consideración, no podía el juez conceder dicho beneficio. Así mismo, estima que, el acto sancionatorio es irregular, por cuanto durante el transcurso del proceso disciplinario se cambió la adecuación de las faltas que se le enrostraron. Entonces, citados los fundamentos del presente cargo, resulta pertinente advertir, a propósito de la primera parte del mismo, que el demandante confunde dos aspectos sustanciales, de suyo, diferentes con relación a su conducta. De un lado, la gestión que ciertamente debía desplegar en su calidad de Ministro con el fin de estudiar lo relacionado con la libertad de los hermanos Rodríguez Orejuela, por todo lo que ello representaba para el país y la opinión pública nacional e internacional y, del otro, la libertad de expresarse con relación a la actuación y conducta del Juez, la cual conllevaba como correlato el respeto por su dignidad, honra e investidura. En ese 8 Ver fallo demandado, folio 38 13 sentido, y tal como mi mandante lo reconoce a folio 30 del fallo demandado, en virtud del deber de colaboración armónica que se impone a las diferentes ramas del poder público (artículo 113 superior), no menos debía hacer el señor Ministro a lo que hizo; “movilizar a todos los funcionarios que pudieren cooperar para impedir que la libertad de los narcotraficantes fuera una realidad, más cuando tenía conocimiento de su constante actividad delincuencial desde el centro penitenciario”. No obstante, esto no lo habilitaba de ningún modo para hacer declaraciones públicas con sentido injurioso y calumnioso en contra del Juez, tal como procedió, ni

siquiera en ejercicio del derecho de opinión que invoca en la demanda, y mucho menos cuando no hubo declaración de responsabilidad penal (ni a la fecha la ha habido) por el presunto punible de “prevaricato”, que aún hoy pregona el actor en sus novelas y escritos periodísticos9. Esta razón, a la postre, constituye el fundamento cardinal del acto disciplinario, ante lo cual se observa, sin mayor esfuerzo, que no concurre la causal de nulidad invocada. Dicho en otras palabras, la sanción no devino por la actuación del señor Ministro al desplegar su actividad legítima en torno a la excarcelación de los hermanos Rodríguez, sino en cuanto prevalió su calidad de alto dignatario para atacar de manera infundada, irresponsable e injusta la dignidad, la honra y el buen nombre del Juez10. Ahora, con relación al cambio de adecuación de la falta, segundo fundamento de este cargo11, simplemente basta observar que existe concordancia y coherencia entre el pliego de cargos y el fallo sancionatorio, lo cual denota la legalidad de las actuaciones de la entidad que represento. A propósito, bien vale precisar que, de un lado, las carátulas de los expedientes no constituyen actos administrativos ni producen efectos jurídicos, de suerte que su contenido no tiene carácter vinculante, en tanto que, del otro, la imputación y calificación de las faltas que se le enrostran al sujeto disciplinable se hace con el pliego de cargos. Por ello, entre el pliego de cargos y el fallo debe existir coherencia, en aplicación del principio de “congruencia”, lo cual acontece en este caso. Así las cosas, no existe fundamento que conduzca a la

prosperidad del segundo cargo. 3.-Libertad de cátedra y el delito de opinión.- Sin referir causal de impugnación alguna de las señaladas en el artículo 84 C. C. A., indica el señor Londoño Hoyos en el tercer cargo de su demanda, que el Procurador General de la Nación no podía perseguirlo disciplinariamente, con base en su 9 A folios 171 y siguientes del libro allegado por el demandante como medio de prueba al proceso, insiste en la conducta prevaricadora del