PGN - Documento 201511082203084

CIRCULAR NUMERO 011

DE: PROCURADOR GENERAL

PARA PROCURADORES JUDICIALES II

AMBIENTALES Y AGRARIOS.

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2002

ASUNTOS AMBIENTALES Con el propósito de realizar una eficaz y oportuna función de vigilancia y control a la gestión realizada por las entidades que forman parte del Sistema Nacional Ambiental - SINA -, en especial las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, es necesario tener en cuenta el cumplimiento de los procesos de planificaci6n que deben adelantar las distintas autoridades ambientales y que se reflejan en los planes de gestión ambiental, de conformidad con lo prescrito en los Decretos 1805 de 1994, 048 de 2001 y 276 de 2001, reglamentarios de la ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental. El Decreto No. 048 de 2001 señala, entre otros aspectos, el cuadro síntesis de los problemas ambientales de cada territorio y la respuesta que se propone para solucionarlos, mediante la implementación y el desarrollo de programas y proyectos que permitan la materialización de las políticas y la concreción de las propuestas de solución. El Plan de Gestión Ambiental Regional para un horizonte de 10 años, se concreta aun mas en el Plan de Acción Trianual, en el que se definen las diferentes acciones e inversiones que el director de cada corporaci6n deberá adelantar durante su período de tres años, en el área de su jurisdicción. En un plazo mas corto, el Plan Operativo Anual de Inversiones permite

concretar las prioridades definidas en el Plan de Acción Trianual o sea desagrega las acciones para cada proyecto que se llevaran a cabo durante el año y sus respectivas inversiones. De esta manera, el resultado de nuestra función de control y vigilancia de la gesti6n ambiental que adelantan los distintos organismos y entidades que forman parte del SIN A será eficaz, oportuno y servirá como ingrediente definitivo para el propósito de lograr la defensa de los intereses colectivos y en especial el ambiente. ASUNTOS AGRARIOS También se debe realizar una detallada y pormenorizada revisión a cada uno de los procesos administrativos que cursan en las distintas gerencias regionales del INCORA con el objeto de establecer, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Numero de expedientes relacionados los tramites administrativos de extinción del derecho de dominio privado, clarificación, deslinde y recuperación de predios indebidamente ocupados, adquisición directa y por mercado de tierras, constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos indígenas, así como de los tramites de titulación colectiva de tierras a favor de las comunidades negras, que se encuentran en curso, precisando nombre del predio, lugar de ubicación del inmueble, área, nombre del interesado o propietario, fecha de iniciación del tramite y estado actual.

2. Plan de gestión a desarrollar por cada una de estas dependencias regionales, precisando el cronograma que se tenga para tal efecto, informando sobre las irregularidades y deficiencias que se presentan en la ejecución de la ley 70 de 1993 y 160 de 1994.

3. Determinar de que manera están actuando los organismos y entidades

que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino en esas regiones, en los términos previstos en el capitulo segundo de la Ley 160 de 1994. De otra parte, se solicita que en aquellos procesos derivados de la propiedad, posesión y tenencia de bienes agrarios a que alude el Decreto 2303 de 1989, se remitan a la procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, aquellas providencias o alegatos que tengan especial significación jurídica con el objeto de unificar criterios frente a las actuaciones de esa Delegada. Esta información evaluativa de orden ambiental y agraria debe ser remitida al Despacho del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios en un periodo no superior a dos meses, contados a partir de la fecha. Aprovecho la oportunidad para destacar la próxima entrada en vigencia del C6digo Disciplinario Único, que se constituye en una valiosísima herramienta para alcanzar el cumplimiento oportuno, transparente y eficaz de las tareas asignadas a los servidores públicos y a los particulares que cumplen funciones publicas.

EDGARDO JOSÉ MAYA VIILLAZÓN

Procurador General de la Nación