PGN - Documento 201607100719293

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio al no permitir establecer propietario de automotor involucrado en accidente RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa/PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado

A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-regulación constitucional/CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-Falla del Servicio como título de imputación/CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 Sin perder de vista la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado ha determinado unos títulos de imputación como es el de la falla del servicio,… RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elementos que la estructura según

jurisprudencia del Consejo de estado/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se debe probar el daño y la falla por acción u omisión Atendiendo a la citada jurisprudencia, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también una falla por acción o por omisión que pueda ser atribuible a la administración y, adicionalmente, que exista un nexo de causalidad entre tal acción u omisión de los agentes estatales y el daño propiamente dicho. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 Bogotá D.C., 16 de octubre de 2013 Doctor

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 13-198

Acción de Reparación Directa Radicado: 200012331000201100023 01 (47022)

Actor: Geisi Yesit González Jiménez y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud

del recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán. ANTECEDENTES 1-. Demanda El señor GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ, en nombre propio y en representación de su hija YORLANIS JULIETH GONZÁLEZ ARGOTE, y los señores LUZ DARY ARGOTE ARDILA, MARLENE AURORA GONZÁLEZ JIMÉNEZ, FABIÁN ENRIQUE GONZÁLEZ JIMÉNEZ y YOHNNY CAMARGO JIMÉNEZ, por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron al Tribunal Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 Administrativo del Cesar declarar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL administrativamente responsable de los daños materiales e inmateriales sufridos por el primero de ellos como consecuencia de la falla del servicio en que incurrió la demandada, cuya conducta omisiva en el registro de las características de identificación del tractor 5000 marca Ford, involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el día 12 de junio de 2009 en el Municipio de Curumaní, Cesar, no permitió al señor GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ la localización del propietario de dicho

vehículo para que respondiera por las lesiones que sufrió en el hecho mencionado. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron condenar a la entidad demandada a pagarle a los integrantes de la parte actora los perjuicios morales, fisiológicos y materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, sufridos como consecuencia de los hechos descritos en la demanda. 2-. Contestación de la demanda La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, con fundamento en los siguientes argumentos: “No se estructura una falta o falla del servicio por parte de la Policía Nacional, sino que el hecho ocurrido el 12 de Junio de 2009, fue causado por UN HECHO EXCLUSIVO DE TERCERO, consistente en el accidente de tránsito ocurrido entre el tractor 5000 marca Ford, conducido por el señor ONEL ALVARADO SIERRA, y el tracto mula D-600 de placa SVT079 conducida por el señor HELIODORO JIMENEZ RIAÑO, donde la tracto mula por imprudencia adelantó y sobre pasó en curva al tractor 5000 marca ford, ocasionado (sic) el señor HELIODORO JIMENEZ RIAÑO, los daños o lesiones personales culposa (sic) que reclama el actor en la demanda. Honorable Magistrado Ponente, de los 26 hechos que hace mención el actor en la demanda y de las pruebas que aporta y solicita en su oportunidad procesal, se desprende: primero que se trata de un hecho cometido exclusivamente por un tercero y no por la Policía Nacional, en

segundo lugar se desprende que el daño ocasionado al actor obedeció a la imprudencia y negligencia que tuvo el causante o tercero quien desconoció de esta forma las normas de tránsito o de carreteras, en tercer Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 lugar se desprende y está probado que el dueño de la tracto mula conducida por el señor HELIODORO JIMENEZ RIAÑO, asumió la responsabilidad patrimonial y civil por los daños causados, quien llamó en garantía para que atendiera el daño emergente causado a la aseguradora, seguros del estado S.A., quien lo valoró el siniestro y el daño causado para poderle cancelar el amparo de lesiones personales cubiertas por el seguro SOAT, quien fue llamado como tercero civilmente responsable. Honorable Magistrado Ponente no puede el actor solicitar se declare administrativamente responsable a la Nación Policía Nacional por omisión o negligencia en la prestación del servicio, lo cual no es cierto toda vez que es el mismo actor quien aporta pruebas documentales que desvirtúan por completo las afirmaciones manifestadas en los hechos de la demanda, pruebas estas como son informe de policía de accidente de tránsito No. 617501, en ello se observa el mínimo de diligencia que le corresponde a la Policía de Carreteras en este tipo de procedimiento, en dicho informe se constatan toda la información de los dos vehículos que

colisionaron, incluso la identificación de los conductores del mismo y del SOAT o seguro del estado para que asumiera la responsabilidad civil por el daño ocasionado, también aparece el formulario en el anexo No. 03 y el croquis del accidente, el número de noticia criminal de fecha 12 de Junio de 2009, presentada por CESAR AUGUSTO GELVEZ LIZARAZO, de la Policía Nacional, entonces en ese orden de ideas en el expediente no se aprecia, no se observa que los funcionarios estatales hayan incurrido en falla del servicio bien sea por omisión, o porque el servicio se haya prestado tardíamente o se haya prestado de manera irregular, por consiguiente no existe en el expediente prueba alguno que comprometa la responsabilidad administrativa y mucho menos se encuentra estructurado los elementos de la falla del servicio, por el contrario lo que se observa en el expediente son suficientes elementos de juicios (sic) o probatorio que conducen a demostrar las acciones o procedimiento desplegado por la Policía el día 12 de Junio de 2009.” 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo del Cesar declaró probada la excepción del hecho exclusivo de un tercero propuesta por la entidad demandada y negó las pretensiones de la demanda, con base en las consideraciones que se transcriben a continuación: “Así las cosas, del material probatorio relacionado anteriormente, considera la Sala, que si bien es cierto, se acreditó que el día 12 de junio de 2009 en la carretera de San Roque a La Mata existió una colisión entre dos vehículos particulares uno tipo tractor y el otro tipo tracto mula, en el cual resultó herido el joven GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ,

también lo es, que no se encuentra establecido la supuesta falla en el servicio en que hubiese incurrido el personal de la policía que atendió dicho accidente, pues nótese que los argumentos expuestos por la parte actora en su demanda sobre el indebido diligenciamiento del informe de accidentes de tránsito no fue acreditado, todo lo contrario, existen pruebas suficientes que determinan, que la Policía Nacional de Carreteras atendió en forma oportuna y con el debido cuidado el siniestro, no sólo en la atención de los heridos y el transporte de los vehículos colisionados, sino además, registrando con exactitud, de Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 conformidad con los documentos que les fueron aportados, el nombre de los conductores, sus propietarios, la identificación de los vehículos, el SOAT si existía y dibujando el respectivo croquis del accidente. En consecuencia, contrario a lo que aduce el apoderado de la parte actora, que la policía no señaló el vehículo en el que se transportaba el accionante, ni el propietario del mismo, lo que hizo imposible su ubicación a la hora de responder por los perjuicios que le fueron causados, ello al revisar el informe de accidentes de tránsito C-617501 arriba citado, se observa que en él, sí se indicó que se trataba de un vehículo Ford 5000 de color azul, cuyo conductor era ONEL ALVARADO SIERRA C.C.

5.107.160 y su propietario el señor CARLOS DÁVILA RODRÍGUEZ C.C. 72.190.249, lo que quiere decir, que existía plena identificación de la persona que a su parecer, debía responder por las lesiones que le fueron causadas al señor González Jiménez. Más aún, si la víctima, señor GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ se transportaba en el tractor, tanto él como el conductor del mismo debían tener pleno conocimiento de la persona dueña del vehículo, y, además, su ubicación, por lo tanto, no es de recibo que en esta oportunidad se indique que no fue posible ubicarlo para efectos de hacerle responder por las lesiones causadas en dicho accidente. En consecuencia, para la Sala en el presente asunto no se configura la presunta falla en el servicio alegada por la parte actora contra la Policía Nacional, por lo tanto, no es posible atribuirle ningún tipo de responsabilidad, tal y como lo hace la demanda. (…) Por lo anterior, es forzoso concluir que le asiste razón a la entidad demandada, al aducir que el hecho objeto de la presente Litis, fue cometido por un tercero, pues nótese que los responsables de las lesiones ocasionadas al señor GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ de las cuales pretende la reparación de los perjuicios materiales e inmateriales, fueron dos vehículos particulares (Tractor y Tracto mula), de los cuales entre otras cosas, no se demostró siquiera, la respectiva culpabilidad de uno u otro en el siniestro.” 4-. Recurso La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de

primera instancia, solicitando se revoque y se condene a la demandada al pago de los perjuicios ocasionados a los demandantes, con sustento en las siguientes razones: “La Policía Nacional, por intermedio de sus funcionarios que atendieron el siniestro al tomar los datos del conductor del vehículo tractor 5000, marca Ford, ONEL ALVARADO SIERRA, anotaron como dirección de Este (Conductor), así; Barrio La Cruz de Curumaní, Cesar; Esta dirección se tomó del Croquis o informe Policial de Accidente de Tránsito No. C617501 de fecha 12 de junio del año 2009. b. Como se puede observar, desde El Mismo Instante, en que se realiza o se hace El Croquis o informe Policial de Accidente de Tránsito No. C-617501 de fecha 12 de junio del año 2009, por parte de Los Policiales, se presenta la falla en la prestación del servicio, por parte de Los Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 Funcionarios de Policía Nacional, pues bien, si, prestaron el servicio, pero lo hicieron de manera irregular. ¿Por qué se presenta la irregularidad?, la irregularidad se presenta cuando El Señor PT. (Patrullero), PABON CAMPO JOSE EDUARDO C.C. No. 10772962, del Grupo PJ, de Carreteras de La Policía Nacional (f.26), (De acuerdo con el croquis en mención),

quien suscribe el aludido informe Policial, al hacer la anotación sobre la dirección de El Conductor del tractor 5000, Señor ONEL ALVARADO SIERRA, implicado en el transporte ilegal de pasajeros en Este Proceso, colocó en el documento policial, Numeral 8 conductores de los vehículos, propietarios 8.1 dirección domicilio BARRIO LA CRUZ CURUMANI, esto es igual a localizar una aguja perdida en un yerbal o pajal; si, aquí, no existe, falla en la actuación del Señor Patrullero, suscriptor del informe, ¿A qué le llamaremos falla, error u omisión del Funcionario Policial?. c. Si hubo o existió la falla en la prestación del servicio, esta produjo unos daños, unos perjuicios y Estos, deben producir unas consecuencias; en este caso en particular, Estos (Los daños y perjuicios), es el de no haber podido localizar Al Propietario y El Conductor del tractor 5000, por falta de haber escrito las direcciones correctas, donde se pudieran ubicar dichas personas (Propietarios y conductores), pues una vez desaparece El conductor del escenario de los hechos, no se vuelve a tener noticias de su paradero, y mucho menos del propietario del vehículo, personas estas, responsables de los daños y perjuicios por las lesiones personales culposas, sufridas por El Señor GEISI YESIT GONZALEZ JIMENEZ y sus familiares. (…) La responsabilidad de El Señor Alvarado Sierra, radica en que decidió transportar personas en un vehículo no apto para ese servicio, pues la actividad a realizar en este vehículo es específica, como es la agrícola, es

decir, su utilización o actividad es definida, como es el arado de terreno, transporte de materiales agrícolas con adaptación de carrocerías o zorras, pero no para transporte de personas y de hacerlo se expone a las sanciones que existen para esta clase de transporte ilegal. (…) en este evento es claro, que el vehículo ha de ser inmovilizado, puesto a órdenes o a disposición de la autoridad competente, como es La Fiscalía General De La Nación, quien a su vez para devolvérselo a su propietario, debe hacerle el respectivo experticio técnico, para verificar la procedencia, legalidad del vehículo y la responsabilidad en el siniestro en este caso en particular, aspecto que quedó totalmente esclarecido en el proceso y que La Policía Nacional a través de sus agentes o funcionarios, omitió; por tal razón le causó los daños y perjuicios que hoy reclama La Parte Actora, y en especial El Señor GEISI YESIT GONZALEZ JIMENEZ, en calidad de víctima, pues si se hubiera Inmovilizado el vehículo este no hubiera burlado la acción de la justicia respondiéndole al lesionado y a sus familiares, no siendo necesario vincular a la Policía Nacional, de haber cumplido fielmente con sus funciones constitucionales. d. Igualmente ocurrió con el vehículo tracto-mula marca Dodge D-600, de placas SVT – 079, color azul, modelo 1981, conducido por El Señor ELIODORO JIMÉNEZ RIAÑO, C.C. No. 1.518.412, el cual también está vinculado o tuvo que ver con los hechos ocurridos el día 12 de junio del año 2009, donde resultó lesionado GEISI YESIT GONZALEZ JIMENEZ, el

cual también ha debido cumplirse por La Policía Nacional, lo aducido en el literal anterior. (…) f. Otro aspecto a resaltar en este proceso, es que Las Demandadas (Policía Nacional – Talento Humano) no aportó la especialidad en asunto de tránsito que ostentaba para la fecha los funcionarios CESAR AUTUSTO GELVEZ LIZARAZO y PT. PABON CAMPO JOSE EDUARDO, Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 aspecto fundamental que demostrara que dichos funcionarios eran conocedores de sus funciones; así mismo tampoco aportó la orden administrativa de personal o resolución con que fueron trasladados a la jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar, para demostrar que eran competente (sic) para conocer de este siniestro, además para establecer sus funciones para desempeñarse en asuntos de tránsito de carreteras (…) g. En fin no se aportaron pruebas al proceso por parte de Los Demandados, como fue la documentación solicitada a La Secretaría de Tránsito y Transporte de Plato, Magdalena, tampoco se valoró la pérdida de la capacidad laboral del Demandante, ni se designó el perito para que valorara los daños y perjuicios materiales e inmateriales, fisiológico, psicológicos y vida de relación del Demandante; tampoco se efectuó la inspección judicial tal y como se solicitó a folio 12 de la demanda.

h. Si bien La Demandada, alegó la excepción de Hecho exclusivo de un Tercero, esto se daría siempre y cuando su actuación hubiera sido eficiente para proteger los derechos de las víctimas en este caso en particular, el cual no fue así (…) (…) Es de notar que El Señor GEISI YESIT GONZALEZ JIMENEZ, no tenía ni debía conocer el nombre del propietario de dicho tractor, pues Este, ni siquiera conocía al conductor del tractor 5000, pues el transporte para su traslado lo contrató con el Señor ONEL ALVARADO SIERRA, como ya se dijo en la vía. La Persona que si tenía y debía tener conocimiento del propietario del vehículo tractor 5000, quien presuntamente era El Señor CARLOS DAVILA RODRIGUEZ, era El Señor ONEL ALVARADO SIERRA, conductor del tractor 5000, como ya se ha dicho en innumerables ocasiones en este escrito, quien no fue posible su ubicación por falta de dirección.” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿Se configura en el caso concreto la responsabilidad administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por los perjuicios derivados de la falla en el servicio, que alega la parte demandante, se presentó en la actuación realizada por la demandada con respecto al accidente ocurrido el 12 de junio de 2009 en el Municipio de Curumaní, Cesar, en el que resultó lesionado el señor GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ? ANÁLISIS JURÍDICO Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución

del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 Sin perder de vista la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado ha determinado unos títulos de imputación como es el de la falla del servicio, respecto del cual, ha expresado lo siguiente: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por

retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.1” La misma Corporación, en cuanto a los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por la falla del servicio, ha dicho: “Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. 2

1 Sentencia proferida el 7 de abril de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 52001-23-31-000-1999-00518 – 01 (20750). Actor: Alicia Margoth Montilla y otros. 2 La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la Corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;“c) Un daño que, implica la lesión o perturbación de un bien Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “…las obligaciones a cargo de la administración (…) deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo

haya de ejecutar…”3(…)”4 Atendiendo a la citada jurisprudencia, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también una falla por acción o por omisión que pueda ser atribuible a la administración y, adicionalmente, que exista un nexo de causalidad entre tal acción u omisión de los agentes estatales y el daño propiamente dicho.  Caso concreto. En el caso bajo estudio la parte actora solicitó se declarara la responsabilidad de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por la falla en el servicio presentada en la actuación realizada con respecto al accidente de tránsito ocurrido el día 12 de junio de 2009 en el Municipio de Curumaní, Cesar, en el que resultó herido el señor GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ. Adujo que dicha falla consistió en que el desempeño los Patrulleros que atendieron el accidente en mención fue deficiente porque no cumplieron los requisitos exigidos en dicha clase de eventos, como es la identificación de las partes involucradas, incluyendo las personas y los automotores. Lo anterior, por cuanto la patrulla policial, por negligencia o falta de conocimiento, no identificó los guarismos del vehículo o tractor 5000, marca Ford, en el que se transportaba el ahora protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de junio de 1990, Exp. 3510, C.P. Antonio J. Irisarri Restrepo. En igual sentido, Sentencia de 27 de abril de 1989, Exp. 4992. 4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION

TERCERA - Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO - Bogotá D.C., dieciséis de abril (16) de dos mil siete (2007) - Radicación número: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG).

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201100023 01 (47022) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-350611 demandante, lo que permitió que el conductor y el propietario de dicho vehículo no respondieran por los daños y perjuicios ocasionados al

señor GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ.

Como se dijo en los antecedentes, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las súplicas de la demanda al concluir que no se configuraba la falla del servicio alegada por la parte actora porque la POLICÍA

NACIONAL si identificó el vehículo Ford 5000, su conductor y su propietario. Además, el Tribunal dedujo que el señor GEISI YESIT GONZÁLEZ JIMÉNEZ debía tener pleno conocimiento del dueño del vehículo y su ubicación, teniendo en cuenta que se transportaba en el tractor, por lo que no era de recibo el argumento según el cual no fue posible ubicarlo para