PGN - Documento 201607100719487

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le fueran imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del

Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplicable en cada caso en concreto RESPONSABILIDAD PATRIMONAL DEL ESTADO-Regulación legal PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Regulación legal DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 1 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos… PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Autoridad judicial debe analizar la razonabilidad de la privación de la libertad Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los

presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento – detención preventiva -, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico. RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Demandante prueba que se impuso la medida de Privación de la libertad Con base en lo anterior se pude aseverar que la responsabilidad del estado por la privación de la libertad es una responsabilidad de carácter objetivo esto quiere decir que el demandante solo tiene que probar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial y que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, y por otra parte que el estado no puede exonerarse de esta alegando que no hubo falla del servicio ni error judicial, este solo puede exonerarse demostrando una causa extraña. CARGA DE LA PRUEBA-Admisibilidad de medios probatorios/CARGA DE LA PRUEBA-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional Dentro de la evolución jurisprudencial colombiana, se ha contemplado el tema de la distribución de las cargas probatorias y, teniendo en cuenta que el Código Contencioso Administrativo por mandato expreso del artículo 168, remite al ámbito del procedimiento civil el manejo de la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlos, así como también los criterios de valoración, es dable traer a colación uno de tantos pronunciamientos en los que la Corte Constitucional, ha abordado el tema de la carga de la prueba,…

CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe a las partes probar los supuestos de hecho que pretende demostrar Es claro entonces, que por regla general, la carga probatoria recae sobre la parte que desea que sean tenidos como ciertos por el juez, los hechos en los que funda su actuación, y que de no hacerlo, se expone a que la decisión que tome el fallador Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 le sea adversa, de ahí que se deberían tener como infundados, los argumentos esbozados por la parte accionante, frente a la orfandad probatoria que presentan, pues dentro del procedimiento contencioso administrativo, se han contemplado varias etapas dentro de las cuales las partes pueden aportar pruebas al proceso, a fin de que éstas sean valoradas al momento de proferir el fallo, esto es, desde la presentación de la demanda, hasta el vencimiento del término de fijación en lista, e incluso adicionar o reformar la demanda, hasta antes de la apertura de la etapa probatoria, pues en el auto que abre a pruebas, se procede a decretar y practicar conjuntamente las pedidas por las partes, así como también, las aportadas por las partes se tendrán como tales, siempre y cuando reúnan los requisitos legales para alcanzar tal condición. PRUEBAS ADMISIBLES-Regulación legal Tampoco le asiste la razón al demandante cuando argumenta sobre la validez jurídica de las copias simples ya el Código Contencioso Administrativo, en el artículo

168, respecto de las pruebas que son admisibles en los procesos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remite al Código de Procedimiento Civil, el cual frente a las pruebas documentales autoriza que se aporten a ellos en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción siempre y cuando cumplan con los requisitos del articulo 254 del Código De Procedimiento Civil. VALOR PROBATORIO DE COPIAS SIMPLES-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 9 de Mayo de 2013

Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto: 13-75

Expediente: 050012331000-2008-01139-01

(45909) Demandantes: José Luis Barrios Reyes Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES

1. Demanda El 01 de Septiembre de 2008, José Luis Barrios Reyes y Laura Vanessa

Arismendy, actuando en nombre propio en representación de sus hijos menores, Yeison Barrios Montoya, Dayana Barrios Arismendy y Daniela Barrios Arismendy, en ejercicio de la acción de reparación directa, Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 presentaron demanda contra la Nación - Fiscalía General De La Nación para que se los declare responsables administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causado como consecuencia de las privaciones a la libertad de las que fue objeto el señor José Luis Barrios Reyes en varias ocasiones desde el 19 de mayo de 2009 hasta el 11 de septiembre de 2006. Como fundamento de sus pretensiones se presentaron en resumen los siguientes hechos: En el mes de mayo de 1994, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento en contra del agente de policía José Luis Barrios Reyes por su supuesta autoria en los homicidios de Gildardo Uribe Gaviria, Fabio León Montoya y Alejandro Riaza Díaz, ocurridos el 17 de marzo de 1991. Como consecuencia de esta vinculación penal, José Luis Barrios Reyes estuvo privado de su libertad desde el 19 de mayo de 1994 hasta el 21 de noviembre de 1994, luego desde el 21 de enero de 2004 a 12 de junio de 2004, y finamente del 20 de enero de 2006 hasta el 11 de septiembre de 2006. El 15 de junio de 2007, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín absolvió de toda responsabilidad penal a José Luis Barrios Reyes.1

2. Contestación La Fiscalía General De La Nación se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que no se configuraba ninguna responsabilidad, toda vez que esta actuó el ejercicio de las funciones constitucionales y legales que le correspondía, y que José Luis Barrios Reyes este gozo de todos los derechos y garantías conforme al debido proceso y el derecho de de defensa. 1 Folios 32-35

Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 La Fiscalía también propuso como excepciones la falta de legitimación por pasiva, ya que José Luis Barrios Reyes era un miembro de la fuerza publica, por lo tanto la competente para conocer los hechos ocurridos el 17 de marzo de 1991 era la Justicia Penal Militar, y fue esta quien impuso la medida de aseguramiento, no la Fiscalía General De La Nación.2

3. Sentencia El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al considerar, en síntesis, lo siguiente: “(…) de conformidad con el material probatorio aportado al plenario, el cual se circunscribe a la providencia fechada del día quince (15) de junio del año 2007, proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín (fl 2-22 y 69-79), lo único que se puede constatar es que parte de la Jurisdicción Penal, se absolvió al señor JOSE LUIS BARRIOS REYES. del delito de triple homicidio agravado por los hechos ocurridos el día 27 de marzo de

1991, desconociéndose en el plenario si por parte de la entidad accionada-FISCALIA GENERAL DE LA NACION, se profirió providencia alguna en relación con imponer medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra del señor JOSE LUIS BARRIOS REYES, en relación con el delito por el cual fue absuelto mediante la mencionada providencia, por cuanto, como bien lo anuncio la apoderada judicial de la entidad demandada, con la constancia expedida por el Director del Centro de Reclusión Aures de la Policía Nacional se desconoce quien fue la autoridad que impuso la mencionada medida de aseguramiento (…) lo anterior, hace determinar a la Sala, que por parte del demandante quien tenia la carga probatoria, no se aporto las providencias proferidas por la entidad accionada-FISCALIA GENERAL DE LA NACION-que genero el hecho dañoso a través del cual se pretende el reconocimiento de los perjuicios reclamados, lo que hace concluir a la Sala, que la parte actora no ejerció la carga probatoria que le correspondía de conformidad con lo prescrito en el articulo 177 del C P C y que como consecuencia de ello se hace imperativo denegar las suplicas de la demanda.3

4. Apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando la revocación de la sentencia del tribunal con base en lo siguiente: 2 Folios 43-53 3 Folios 102-111

Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 “(…) La presente demanda ha sido negada en primera instancia, por

el hecho de que en la demanda no se aporto el documento original que acreditara la privación de la libertad a que fue sometido el señor

JOSE LUIS BARRIOS.

No obstante, es claro que dicha exigencia ya hoy por hoy no es de recibo, dado que la LEY 527 de 1999, establece el pleno valor probatorio de los mensajes de datos, como el telefax, el Internet, los correos electrónicos y similares, como las copias, en tanto dichos documentos denoten ser textos completos. (…) Pues bien, queda claro entonces que las providencias judiciales aportadas como prueba de la privación de la libertad a que fue sometido el señor JOSE LUIS BARRIOS constituyen plena prueba valida y en consecuencias se les deberá otorgar pleno valor probatorio. Máxime que no fueron objetadas ni tachadas de falsas por parte de la demandada. Todo lo contrario, en el escrito de contestación y en los demás documentos que obran en el proceso la entidad demandada da por cierta la privación de la libertad aludida. En idéntico sentido se ha expedido la LEY 1437, la cual en su articulo 55 otorga las copias la respectiva validez jurídica. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico a resolver en el sub examine es determinar si los elementos de convicción aportados al proceso permiten inferir la existencia de los perjuicios reclamados en la demanda. Análisis Jurídico En relación con el problema jurídico se tienen acreditados los siguientes supuestos fácticos: El 27 de marzo de 1991, en el municipio de envigado, murieron de forma

violenta, Gildardo Uribe Gaviria, Fabio León Montoya Muñoz y Alejandro Riaza en medio de una diligencia de captura realizada por la policía de Envigado. Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Por estos hechos, José Luis Barrios Reyes fue vinculado a una investigación penal y estuvo privado de su libertad del 19 de marzo hasta el 21 de noviembre de 1994, del 21 de enero de 2004 hasta el 12 de junio de 2004 y desde el 20 de enero de 2006 hasta el 11 de septiembre de 2006 en el centro de reclusión Aures. El 15 de junio de 2007, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín absolvió de toda responsabilidad penal a José Luis Barrios Reyes. Teniendo en cuenta estos hechos se hace el siguiente análisis: El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le fueran imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el

daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplicable en cada caso en concreto A su turno, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, en el capítulo VI. que trata de la responsabilidad del Estado, establece: “(…) Articulo 65. De La Responsabilidad Del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad (…)”. “(…) Articulo 68. Privación Injusta De La Libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios (…)”. Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal4 y la presunción de inocencia5, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de 4 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 5 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 9

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Derechos Civiles y Políticos6 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos7 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”8 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art.

7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia9; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir 6 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 7 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 8 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 7600123310001995010640116013 Néstor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar.

9 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional10, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales11, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención12. En cuanto al régimen aplicable en los casos de privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado en pronunciamiento reciente precisó: (…) en lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad que le resulta aplicable al presente caso, (…) la Sala considera pertinente

hacer el siguiente recuento jurisprudencial, para mostrar que el criterio vigente es el de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, aún en aquellos casos en los que la absolución se produzca por aplicación del principio de la duda a favor del procesado: 40.1. El fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, era el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía: ART. 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. 40.2. En interpretación de dicho artículo, el Consejo de Estado había entendido que la responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad era siempre de carácter subjetivo, y que debía demostrarse 10 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C

No. 137, párr. 106. 11 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 12 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 que la medida de detención fue ordenada en forma equivocada por la autoridad competente, con la configuración de una falla del servicio cuya demostración incumbía a quien solicitaba la reparación. Según esta tesis jurisprudencial, la falla del servicio se demostraba si la decisión judicial que dio lugar a la privación de la libertad, es abiertamente contraria a la ley. Igualmente, se consideraba que, cuando en una investigación existen serios indicios que comprometen la responsabilidad penal de una persona, se entiende que la detención de dicha persona es una carga pública que ésta debe soportar13. 40.3. En un segundo momento, la jurisprudencia consideró que, cuando se demostraba que la absolución del implicado se produjo por alguno de los eventos consagrados por el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad debía analizarse conforme al régimen objetivo de responsabilidad, sin que fuera necesaria la demostración de una falla del servicio. En aquellos casos no contemplados en el artículo 414 mencionado, como es el caso de la absolución por

aplicación del principio in dubio pro reo, se impone al demandante la carga de demostrar que la privación de la libertad se produjo por un error judicial cometido por la autoridad competente14. 40.4. Superadas las dos posturas antes reseñadas, la tesis que hoy es mayoritaria en la Sección Tercera –no sin disidencias al interior de la Salaes que la responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad es objetiva. Así las cosas, si la investigación o el proceso penal no concluye con sentencia condenatoria en contra de la persona afectada con la medida restrictiva de su libertad, entonces se configura un daño antijurídico, y no es relevante establecer si la detención fue ordenada equivocadamente por la autoridad judicial. En esos casos, para que la entidad demandada se exima de responsabilidad, es necesario que demuestre que existió una causa extraña (…). 40.5. En el orden de ideas anteriormente expuesto, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad -aún en aquellos casos en los que se analiza la absolución de una persona penalmente encartada por aplicación del principio in dubio pro reo-, es que se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de 13 En este sentido pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 1º de octubre de 1992, expediente: 7058, C. P.: Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de octubre de 1996, expediente: 10.923, C.P.: Daniel Suárez Hernández; entre otras.

14 A este respecto pueden consultarse las siguientes sentencias, también de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 30 de junio de 1994, expediente No. 9734, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente No.: 910.299, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 27 de septiembre e 2001, expediente No.: 11.601, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 4 de abril de 2002, expediente No. 13.606, C.P. María Helena Giraldo Gómez, sentencia del 27 de noviembre de 2003, exp: 14.530, C.P. María Helena Giraldo Gómez, entre otras. Sobre la interpretación de los eventos consagrados en el artículo 414 del Cödigo de Procedimiento Penal, puede consultarse: sentencia del 15 de septiembre de 1994, expediente No. 9391, C.P. Julio César Uribe Acosta; sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente No. 10.056, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, sentencia del 7 de diciembre de 2004, expediente 14.076, C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez. Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12076 a 12080 12 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 que la autoridad judicial incurrió en un error, y en la que la administración de justicia podrá exonerarse sólo si demuestra que existió culpa exclusiva de la víctima. Al damnificado le basta con

demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano15 Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento – detención preventiva -, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico. Con base en lo anterior se pude aseverar que la responsabilidad del estado por la privación de la libertad es una responsabilidad de carácter objetivo esto quiere decir que el demandante solo tiene que probar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial y que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, y por otra parte que el estado no puede exonerarse de esta alegando que no hubo falla del servicio ni e