PGN - Documento 201607100720056
Detalles
- Título
- PGN - Documento 201607100720056
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Operó el fenómeno de caducidad de la acción CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-La adición del nuevo demandado no interrumpe ni suspende términos/REFORMA DE LA DEMANDAEs válido adicionar demandantes mientras el término para ejercer la acción no haya caducado Observa esta Delegada del Ministerio Público que si bien la parte demandante presentó la acción de reparación directa inicialmente dentro del término legal estipulado para su presentación, es decir dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público y de acuerdo a los hechos de la demanda los hechos ocurrieron entre el 12 y el 18 de junio de 1997, es decir tenía máximo hasta el 18 de junio de 1999, para presentar la adición del nuevo demandado, ya que esta situación no interrumpía ni suspendía términos para presentar la acción dentro del término estipulado para ello, por lo que al presentarse la adición de la demanda el día 13 de septiembre de 1999 se evidencia el fenómeno de la caducidad de la acción. Es claro que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción de reparación directa, pues cuando por la vía de la reforma de la demanda se adicionan demandantes o demandados, tal adición en este caso de otro demandado el IMDER, es válida siempre y cuando el término para ejercer la acción no haya vencido o
caducado. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-La reforma de la demanda se presentó con posterioridad al término señalado La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables. Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre. Con los documentos allegados al proceso se acredita en primer lugar, que la reforma de la demanda y adición de demandado se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa lo que dio lugar a inferir que en el presente caso operó la caducidad de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre que lo conllevaron a declarar probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la parte demandada y por lo tanto solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia recurrida. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T REFORMA DE LA DEMANDA-Caducidad según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01
E.A.S.T CONCEPTO No. 206 / 2013
Bogotá, 02 de octubre de 2013.
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez.
E. S. D.
EXPEDIENTE: 700012331000199900949 01(47185)
Acción de Reparación Directa
ACTOR: Juan Francisco Páez Riaño.
DEMANDADO: Instituto Municipal par el Deporte y Recreación (IMDER) –
Municipio de Sincelejo.
Sentido del Concepto: Solicitud para confirmar la sentencia recurrida / Se probó que la demanda de reparación directa fue presentada después de los dos (2) años que concede el C.C.A. / Operó el fenómeno de Caducidad de la
Acción. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de
la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.
1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda: El señor Juan Francisco Páez Riaño, en ejercicio de la acción de reparación directa, interpuso demanda contra la Nación – Instituto Municipal par el Deporte y
3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T Recreación (IMDER) – Municipio de Sincelejo, para que se les declare administrativamente responsables por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la operación administrativa que desplegó la Alcaldía de Sincelejo (Sucre) los días 12, 13 y 16 de junio de 1997, utilizando un buldozer y sin el consentimiento del propietario procedió a la construcción de una cancha de fútbol. 1.2. Contestación. 1.2.1. Nación - Municipio de Sincelejo. El apoderado judicial de la Nación –Municipio de Sincelejo, se opuso a las pretensiones de la demanda y como argumentos de defensa expone: El actor carece del derecho de propiedad sobre el lote de terreno que erradamente afirma se encuentra ocupado por obra pública construida por el Municipio de Sincelejo. Plantea que nunca se ha ejecutado operaciones administrativas para
despojar al actor del uso de terreno y muncho menos los ha ocupado. Adujo que no existe obra pública en los terrenos que adujo el actor son de su propiedad, ni tampoco se dan los presupuestos para que se configure el enriquecimiento sin causa. Propuso como medios exceptivos la caducidad de la acción en el presente proceso. 1.2.2. Nación – Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación
(IMDER).
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T El apoderado judicial de la Nación IMDER, se opuso a las pretensiones de la demanda y como argumentos de defensa expone: El actor carece de derechos para exigir la indemnización deprecada y por lo tanto deben desestimarse las pretensiones. Propuso como excepción la caducidad de la acción fundamentándose en que la vinculación que se le hizo al IMDER fue a través de adición de la demanda, presentada cuando respecto de éste ente ya habían transcurrido más de dos años de haberse dado los hechos que originaron la reclamación judicial y no tenía el respectivo poder. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Sucre, declaró probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la parte demandada, mediante sentencia proferida el quince (15) de diciembre de dos mil once (2011):
Argumenta que en asuntos de reparación directa el término de caducidad es de dos años, los cuales se empiezan a contar a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa. Manifestó que si bien el actor hizo la presentación de la demanda 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T inicial dentro del término legal, éste solo la encausó contra el Municipio de Sincelejo, no haciendo lo propio respecto del IMDER, situación que intentó subsanar dentro del término de fijación en la lista, que si bien se a los preceptos del artículo 208 del C.C.A, no lleva ínsita la facultad de interrumpir o suspender la caducidad de la acción respecto del nuevo demandado. Concluyó que la excepción propuesta por el IMDER tiene vocación de prosperidad al haber transcurrido más de dos años tomando como inicio el día siguiente de la adecuación o construcción de la cancha de fútbol. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta
a folios 375 a 387 del cuaderno del Consejo de Estado lo siguiente: Manifestó que con la prueba documental se prueba la propiedad de los terrenos de la cancha de Florencia en cabeza del demandante y con los testimonios que el lugar donde funciona dicha cancha son los terrenos de propiedad del demandante y no del Municipio de Sincelejo. Concluyó que con el fin de dar esclarecimiento a la verdad y proferir un fallo en justicia se ordene oficiosamente la prueba tendiente a obtener en la notarias que adelante es sencillo determinar la existencia de la caducidad cuando el daño esta supeditado en su configuración y conocimiento a factores y circunstancias ajenas al futuro accionante. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01
E.A.S.T
II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: ¿Operó o no el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa impetrada por el señor Juan Francisco Páez Riaño, contra la Nación – Municipio de Sincelejo y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación en el presente proceso? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que
integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Caducidad de la acción de reparación directa. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T Por su parte el Consejo de Estado1 ha indicado que la responsabilidad patrimonial del Estado que se sustenta en la privación injusta de la libertad debe demandarse dentro de los dos años contados a partir de la fecha en que la providencia absolutoria o su equivalente queden ejecutoriados. 2.2.4. Término para iniciar la acción de reparación directa de acuerdo al caso según la jurisprudencia. El Consejo de Estado a través de sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil diez (2010) con radicación número: 250002326000200900644-01 (38.089) y Consejera Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordóñez ha manifestado:
“La Sala ha señalado que para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico, los interesados tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho1. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción, y con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea definido con carácter definitivo, por un juez de la república con competencia para ello. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso, razón por la que la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada. En casos como el presente, en los que se depreca la responsabilidad del Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad prevista en el artículo 68 de la Ley 270 de 19962, la reparación de los daños que con ella se originen podrá reclamarse mediante el ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en
1 C onsejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera -Consejero Ponente (e): Mauricio Fajardo Gómez - Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010) - Radicación número: 52001-23-31-000-1997-0866001(17493) 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T el artículo 86 del C.C.A., norma que dispone que toda persona interesada podrá acudir ante la jurisdicción con el fin de obtener la reparación del daño causado con ocasión de un hecho, una omisión, o una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa. La acción de reparación directa debe ejercerse dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8° del artículo 136, es decir, dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente del hecho, omisión, u operación administrativa o de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa. 2.2.4. Reforma de la demanda. Caducidad. El Consejo de Estado a través de sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos mil cinco (2005) con radicación número: 05001-23-31-000-2003-00122-01(29956) y
Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio ha manifestado: (…) “El legislador impuso la carga al demandante de observar una serie de requisitos que debe reunir la demanda y su reforma al momento de su presentación. Por esta razón, el juez al recibirlas debe realizar un estudio de las mismas para establecer si efectivamente se ajustan a lo establecido en la ley, para proceder a su admisión. Este requisito debe estar satisfecho también cuando por la vía de la reforma de la demanda se adicionan demandantes, demandados o pretensiones, por cuanto otros demandantes solo podrán intervenir a formular sus propias pretensiones mientras que el término para ejercer su propia acción no haya vencido; o la demanda no se podrá dirigir contra otro demandado cuando el término para intentar la acción en su contra haya caducado; o no se podrán incluir nuevas pretensiones si el término para intentar la acción a través de la cual pueden ser reclamadas ya ha vencido, esto es ya ha operado el fenómeno de la caducidad”. 2.3. Las pruebas obrantes. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T De acuerdo al material probatorio allegado al expediente, se pueden encontrar los siguientes documentos: A folio 24y s.s del cuaderno de pruebas obra copia de la escritura pública
número 08 del 23 de enero de 1980 mediante la cual la señora Rosa Rebeca Álvarez en calidad de propietaria transfiere a título de venta los derechos sobre el inmueble denominado “La mina de oro” al señor Juan Francisco Páez Riaño. A folios 26 y 27 del cuaderno de pruebas obra copia del certificado de libertad y tradición con número de matricula inmobiliaria 340-9026. A folios 248 a 269 del cuaderno de pruebas obra copia del informe rendido por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y a folio 246 obra copia de la carta catastral del inmueble señalado no el número 52 con referencia a la cédula catastral 001.001-312-052, el cual vendría a ser el predio reclamado por el accionante. Así mismo en la sentencia se relacionan las pruebas de manera abundante, de forma tal que considera esta Delegada de la Procuraduría, no es necesario hacer una extensa relación, se insiste es suficiente con lo explicitado en la sentencia. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la
decisión acertada por cuenta del Tribunal Administrativo de Sucre. En su orden son: De las pruebas obrantes en el plenario se encuentra que el apoderado del señor Juan Francisco Páez presentó la demanda de reparación directa en contra del Municipio de Sincelejo el día 11 junio de 1999, exponiendo en los hechos que la Alcaldía desplegó una operación administrativa durante los días 12, 13 y 16 de junio de 1997 quien con el uso de un bulldozer sin consentimiento del propietario inició la construcción de una cancha de futbol. Posteriormente el Doctor Vicente Carlos Urueta Hoyos apoderado de la parte demandante después de ser admitida la demanda, presentó reforma a la demanda para adicionar otro demandando el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo IMDER. Observa esta Delegada del Ministerio Público que si bien la parte demandante presentó la acción de reparación directa inicialmente dentro del término legal estipulado para su presentación, es decir dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público y de acuerdo a los hechos de la demanda los hechos ocurrieron entre el 12 y el 18 de junio de 1997, es decir tenía máximo hasta el 18 de junio de 1999, para presentar la adición del nuevo demandado, ya que esta situación no interrumpía ni suspendía términos para presentar la acción dentro del 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T término estipulado para ello, por lo que al presentarse la adición de la demanda el día 13 de septiembre de 1999 se evidencia el fenómeno de la caducidad de la acción. Adicional a lo anterior esta Delegada considera acertada la posición del Tribunal Administrativo de Sucre, cuando manifiesta en la sentencia que: (…) “Sobre el particular, considera la Sala que, en efecto, el accionante tomó como punto de partida para estructurar su acción de reparación directa los días comprendidos entre el 12 y 18 de 1997, fechas en las cuales tuvo conocimiento de que tanto el Municipio de Sincelejo como el IMDER iniciaron y cumplieron una operación administrativa, consistente en la “construcción” de una cancha de fútbol con maquinaria de propiedad de la plurimencionada entidad territorial y que desde esa data se ocupó y se sigue ocupando una franja de terreno que forma de su propiedad de una cabida de aproximadamente 700 metros cuadrados. Por lo anterior, en el juicio de esta Colegiatura, dicha excepción tiene vocación de prosperidad al haber transcurrido más de dos años, tomando como inicio el día siguiente de la terminación de la adecuación o construcción de acancha de futbol de Florencia 19 de junio de 1997, pues la presentación de la reforma de la demanda, en la cual se solicitó vincular al Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación IMDER, ocurrió el 13 de septiembre de 1999” Es claro que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción de reparación directa, pues cuando por la vía de la reforma de la demanda se adicionan demandantes o demandados, tal adición en este caso de otro demandado el IMDER, es válida siempre y cuando el término para ejercer la acción no haya vencido o caducado. La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No. 47185 700012331000199900949 01 E.A.S.T la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables. Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre. Con los documentos allegados al proceso se acredita en primer lugar, que
la reforma de la demanda y adición de demandado se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa lo que dio lugar a inferir que en el presente caso operó la caducidad de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre que lo conllevaron a declarar probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la parte demandada y por lo tanto solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia recurrida. La Procuraduría General de la Nación en su función de representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada solicita no declarar la responsabilidad de las entidades demandadas. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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E.A.S.T
III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil once (2011), proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, debe ser CONFIRMADA, declarando probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa en el presente caso.
Del H. Magistrado,
MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO
Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co