PGN - Documento 201607100720102

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla en el servicio por omisión CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Se superó el término de dos años para la presentación de la demanda Debe este Despacho pronunciarse en concordancia con los argumentos esgrimidos por el a-quo respecto de la caducidad de la acción, al verificar que efectivamente dentro del material probatorio obrante en el expediente, se encuentra que la fecha de presentación de la demanda de reparación directa fue Octubre de 2003, y que la omisión por la cual se demanda es la falla en el servicio de seguridad del DAS ocurrida el día 12 de Febrero de 2001, con lo cual se superó ampliamente el término de 2 años previsto en el art. 138 del C.C.A. para la presentación de la demanda, razón suficiente para declarar caducada la acción de reparación directa en cabeza del afectado. COMPUTO DE TÉRMINOS-Los dos años se deben empezar a contar a partir de la fecha de los hechos/RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS-Es a partir del momento en que ocurren y no con el dictaminen Respecto del argumento contenido en la apelación de la parte actora, según el cual el computo de los 2 años que la Ley otorga a su demandante para la presentación de la demanda ha debido contarse a partir del día de expedición del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, no acoge este Despacho dicho argumento, ya que si bien existe amplia jurisprudencia del H. Consejo de Estado que establece que en el caso de perjuicios ocasionados sobre bienes de los cuales su dueño no puede tener noticias

actuales de su estado, y que por tal razón para estos casos los 2 años deben empezar a contarse a partir del momento en que el afectado tuvo conocimiento del acto o la omisión, en el caso bajo observación se demanda por perjuicios materializados en lesiones físicas, sobre los cuales resulta improcedente aplicar el principio anteriormente explicado, pues es evidente que el conocimiento sobre estas se da inmediatamente ocurren, y no una vez se dictaminen efectos específicos por juntas externas. Significa lo anterior, que si bien hubo un perjuicio para el señor en Febrero de 2001, no puede éste pretender demandar su resarcimiento en Octubre de 2003, mediante una acción que, como la de reparación directa, caduca a los 2 años “contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa (…)” Lo lógico era haber iniciado la acción dentro de los 2 años siguientes y haber solicitado el dictamen o experticio médico legal de las consecuencias de las lesiones, deslindando claramente los conceptos de lesiones y consecuencias o secuelas. Lo anterior indica para esta Delegada, que frente a los términos procesales vislumbrados, es claro que para la acción impetrada obró el fenómeno de la caducidad, y en tal sentido asiste la razón al a-quo al inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones demandadas. En atención a lo anterior, proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del caso objeto de estudio.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Jurisprudencia del

Consejo de Estado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47308 540012331000200301282 02 JEBS CONCEPTO No. 179 / 2013

Bogotá, D.C, Agosto 28 de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 540012331000200301282 02 (47308)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: JESUS APARICIO VERA Y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD.

Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido dentro de la Acción de Reparación Directa contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Temas: Falla en el Servicio por Omisión/ Caducidad de la Acción de Reparación.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos.

El Sr. Jesús Aparicio Vera y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demanda contra el Departamento Administrativo de Seguridad 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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(DAS), para que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales a ellos causados, con ocasión de la falla en el servicio de seguridad de dicho ente, que derivó en graves lesiones físicas sufridas por el demandante. Dichas lesiones fueron consecuencia del atentado terrorista que sufrió el Sr. Ángel Iván Villamizar Luciani - de cuyo equipo de seguridad hacía parte el demandante – el día 12 de Febrero de 2001. En esa fecha, luego de una conferencia en la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, el Sr. Villamizar fue abaleado y abatido en las afueras del claustro, en hechos en los que además resultaron gravemente heridos varios de sus escoltas, entre los que se encontraba el Sr. Vera, quien fungía como guardaespaldas vinculado al DAS en el cargo de detective agente 208-07. Una vez valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se determinó que el

hoy demandante presenta una pérdida de capacidad laboral del 63.28%, como consecuencia de los hechos del 12 de Febrero de 2001. Con base en estos hechos, el Sr. Vera presentó el 28 de octubre de 2003 demanda de reparación directa, al considerar que fue una falla en el servicio de seguridad del DAS la que no previó el atentado, y en consecuencia debe este ente ser responsable por los perjuicios a él ocasionados. 1.2. Contestación de la demanda. El apoderado del DAS contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Propuso la excepción de caducidad de la acción, al evidenciar que la demanda fue presentada en un lapso mayor al que la Ley establece para la efectividad de la acción de reparación directa (2 años a partir del día siguiente de la ocurrencia de los hechos). 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47308 540012331000200301282 02 JEBS 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, falló en sentencia del 28 de Septiembre de 2012, inhibiéndose de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 1.3.1. Luego de una breve comprobación sobre la fecha de presentación de la actual demanda de reparación directa, encontró la Sala que ésta fue presentada en la ciudad de

Cúcuta el 28 de octubre de 2003; dos años y ocho meses después de la ocurrencia del hecho generador de los perjuicios demandados, el cual fue el atentado en el cual resultó herido de gravedad el Sr. Vera. Verificado este hecho, y teniendo en cuenta que conforme al numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la acción de reparación directa es de dos años contados a partir del día siguiente al hecho o la omisión de la administración, concluyó la Sala que la acción de reparación directa está ampliamente caducada y por tal motivo se abstuvo de pronunciarse, declarando probada en su lugar, la excepción de caducidad propuesta por el apoderado del DAS. 1.4. Argumentos de la apelación. Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado del actor presentó escrito de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de 28 de Septiembre de 2012. En éste, expone los siguientes argumentos en contra del fallo:  En un intento por hacer un símil del presente caso con aquellos de reparación directa por ocupación de inmuebles, en los cuales la jurisprudencia ha establecido que los 2 años para el ejercicio de la acción deben computarse desde el momento en que el actor tiene conocimiento de los hechos y no desde su ocurrencia, apela 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 47308 540012331000200301282 02 JEBS el apoderado del actor instando al Consejo de Estado a revocar la decisión del Tribunal.  Narrando que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez fue proferido en febrero de 2002, arguye el apelante que debe ser esta la fecha desde la que se computen el plazo de 2 años de Ley para la presentación de la demanda, y no aquella de la ocurrencia del atentado, utilizada por el a-quo.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente el DAS por los perjuicios sobrellevados por el actor con ocasión de las lesiones sufridas por el mientras se desempeñaba como guardaespaldas al servicio de dicho ente? 2.1.2. ¿Le asiste la razón al a-quo al decretar la caducidad de la acción de reparación directa? 2.1.3. ¿Puede el actor justificar la extemporaneidad de su demanda con base en la fecha del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez?

2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47308 540012331000200301282 02 JEBS Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización... 2.2.2. La caducidad de la acción de reparación Al respecto, estableció el Consejo de Estado en Sentencia 41037 del veintiséis (26) de julio de dos mil once, Consejero Ponente Enrique Gil Botero “La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que

sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47308 540012331000200301282 02 JEBS específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea definido con carácter definitivo por un juez de la república con competencia para ello. Ahora bien, en relación con la caducidad de la acción de reparación directa, se encuentra en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. - modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998: “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.” En ese contexto, la Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el término de

caducidad de la acción de reparación directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio. Es esta la interpretación que surge después de una lectura de la norma.” (Subrayas fuera de texto) 2.3. Caso concreto. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos, los cuales son relevantes para responder los problemas jurídicos planteados:

1. Copia de la demanda de reparación directa con fecha de radicación en la oficina de reparto de la ciudad de Cúcuta el día 28 de octubre de 2003. (Folio 14, Cuaderno 1).

2. Contestación de la demanda por parte del DAS, en la que se incoa la excepción de caducidad. (Folio 137, Cuaderno 1).

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3. Texto de la demanda en el que se especifica que se presenta en busca de perjuicios sufridos por el Sr. Jesús Aparicio Vera, “como consecuencia de los hechos sucedidos el día 12 de Febrero de 2001 …” 2.4. Caso concreto.

Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede

esta Delegada del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente, debe este Despacho pronunciarse en concordancia con los argumentos esgrimidos por el a-quo respecto de la caducidad de la acción, al verificar que efectivamente dentro del material probatorio obrante en el expediente, se encuentra que la fecha de presentación de la demanda de reparación directa fue Octubre de 2003, y que la omisión por la cual se demanda es la falla en el servicio de seguridad del DAS ocurrida el día 12 de Febrero de 2001, con lo cual se superó ampliamente el término de 2 años previsto en el art. 138 del C.C.A. para la presentación de la demanda, razón suficiente para declarar caducada la acción de reparación directa en cabeza del Sr. Vera.  Respecto del argumento contenido en la apelación de la parte actora, según el cual el computo de los 2 años que la Ley otorga a su demandante para la presentación de la demanda ha debido contarse a partir del día de expedición del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, no acoge este Despacho dicho argumento, ya que si bien existe amplia jurisprudencia del H. Consejo de Estado que establece que en el caso de perjuicios ocasionados sobre bienes de los cuales su dueño no puede tener noticias actuales de su estado, y que por tal razón para estos casos los 2 años deben empezar a contarse a partir del momento en que el afectado tuvo conocimiento del acto o la omisión, en el caso bajo observación se demanda por perjuicios materializados en lesiones físicas, sobre

los cuales resulta improcedente aplicar el principio anteriormente explicado, pues 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47308 540012331000200301282 02 JEBS es evidente que el conocimiento sobre estas se da inmediatamente ocurren, y no una vez se dictaminen efectos específicos por juntas externas.  Significa lo anterior, que si bien hubo un perjuicio para el Sr. Vera en Febrero de 2001, no puede éste pretender demandar su resarcimiento en Octubre de 2003, mediante una acción que, como la de reparación directa, caduca a los 2 años “contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa (…)”  Lo lógico era haber iniciado la acción dentro de los 2 años siguientes y haber solicitado el dictamen o experticio médico legal de las consecuencias de las lesiones, deslindando claramente los conceptos de lesiones y consecuencias o secuelas.  Lo anterior indica para esta Delegada, que frente a los términos procesales vislumbrados, es claro que para la acción impetrada obró el fenómeno de la caducidad, y en tal sentido asiste la razón al a-quo al inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones demandadas. En atención a lo anterior, proferirá concepto

tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del caso objeto de estudio. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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III. CONCLUSIÓN Esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR en su totalidad, la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de fecha 28 de Septiembre de 2012, desfavorable al demandante.

Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co