PGN - Documento 201607100720431

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Operó el fenómeno de caducidad de la acción Es claro que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción de reparación directa, partiendo del fallo de tutela el día 16 de julio de 2004, ya que la presente demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 2 de noviembre de 2006, sin tener en cuenta las omisiones que se dieron antes de la expedición de la mentada providencia, pues no es de recibo lo alegado por el apelante cuando manifiesta que se debe tener en cuenta la fecha en que la Corte Constitucional decidió no revisar la tutela 06 de diciembre de 2004, máxime como lo expuso el Tribunal Administrativo en ningún momento puede ser utilizada la acción de tutela como medio para revivir términos vencidos. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Se probó que la demanda de reparación directa fue presentada después de los dos años La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables. Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal

Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Con los documentos allegados al proceso se acredita en primer lugar, que la demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa lo que dio lugar a inferir que en el presente caso operó la caducidad de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que lo conllevaron a declarar probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la parte demandada y por lo tanto solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia recurrida. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co 14

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01

E.A.S.T CONCEPTO No. 315 / 2012

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor MAURICIO FAJARDO GOMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200602115 01 (43658)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUMAPAZ LTDA.

DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL –

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA.

Sentido del Concepto: Solicitud para confirmar el fallo proferido de fecha 28 de septiembre de 2011 originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca / Se probó que la demanda de reparación directa fue presentada después de los dos (2) años que concede el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo / Operó el fenómeno de Caducidad de la

Acción. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda: La Sociedad Inversiones y Construcciones Sumapaz Ltda y los señores Juan de Jesús Quintero Garnica, lone Rincón Pinillos y Jorge Arturo Puentes Londoño, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contra la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional, Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República y el Municipio de Fusagasugá, para que se les declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados por la perturbación, ocupación y destrucción total de los bienes inmuebles de los accionantes, los cuales no pudieron ser utilizados para los fines con los cuales fueron adquiridos. 1.2. Contestación. 1.2.1. NaciónMinisterio de Defensa Nacional – Policía Nacional. El apoderado judicial de la Nación – Ministerio de Defensa, se opuso a las pretensiones de la demanda y como argumentos de defensa expone:  Consideró que no existió una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, máxime si se tiene en cuenta que fueron los socios y representantes del Club Campestre los Gansos los que perturbaron la posesión y derecho a la propiedad del señor Jorge Arturo Puentes Londoño. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T  Manifestó que la entidad siempre cumplió con sus deberes, pues siempre tomó medidas encaminadas para la protección de los derechos del señor Puentes, aspecto que es evidenciado con los mismos documentos aportados en la demanda como pruebas.  Concluye solicitando se configure la caducidad de la acción en el presente proceso, toda vez que los hechos relacionados con la perturbación de la posesión datan de más de dos años antes de la

presentación de la demanda. 1.2.2. Municipio de Fusagasugá. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:  Consideró que no hubo ninguna acción u omisión de la entidad por la cual deba ser declarada patrimonialmente responsable, si se tiene en cuenta que frente a los fallos que ampararon la posesión de los señores Quintero García, lone Rincón Pinillos y Jorge Arturo Puentes, el Corregimiento realizó la notificación correspondiente y los acompañó para que ingresaran a sus bienes las veces que fuera necesario.  Argumentó que con respecto al deterioro y destrucción de los bienes, cuando los demandantes acudieron al Corregimiento de Chinauta y tramitaron los procesos civiles ordinarios de Policía, los inmuebles ya se encontraban en estado avanzado de deterioro. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T  Arguyó que la perturbación a la posesión de los inmuebles de los demandantes, se originó por una controversia entre éstos y el Club Campestre los Gansos, en la que de forma mutua realizaron hechos de perturbatorios en detrimento de la posesión del otro y que conllevaron a la existencia de diversas querellas.  Propuso como excepciones la ausencia de violación de las normas

legales y constitucionales, inepta demanda, indebida conformación del Iitisconsorcio ya que en la demanda se hace alusión a la intervención de autoridades judiciales como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, los que no fueron vinculados en la demanda como parte pasiva de la litis. 1.2.3. La NaciónDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República. El apoderado judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se opuso a las pretensiones de la demanda y como argumentos de defensa expone:  Manifestó no constarle los hechos de la demanda al considerar que la acción carece de fundamento jurídico y fáctico respecto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien no tiene ninguna injerencia ni autoridad en los conflictos sobre la propiedad y disfrute de los terrenos rurales de los demandantes.  Propuso como excepciones la ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación por pasiva, ya que la entidad no tuvo parte activa o pasiva en los hechos narrados por los actores y la indebida representación de los demandantes por que no confirieron poder para demandar a la entidad a 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T través de su Director. 1.3. Sentencia de Primera Instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la parte demandada, mediante sentencia proferida el veintiocho (28) de septiembre de dos mil once (2011), manifestando en resumen los siguientes argumentos:  Manifestó que si bien el señor Jorge Arturo Puentes Londoño impetró ante la Presidencia de la República diversos derechos de petición, la entidad contestó que no tenía competencia para decidir lo que éste solicitaba, pues no se encontraba dentro de sus funciones.  Argumentó que los términos de caducidad se cuentan desde el día siguiente del momento en que ocurrió el hecho u omisión, los actores indican que las omisiones comenzaron desde el año de 1997, los demandantes debían impetrar la acción de reparación directa desde el momento en que ocurrieron dichas omisiones y no haber esperado más de diez años para entablar una acción de reparación.  Arguyó que si bien es cierto el Consejo de Estado mediante proveído del 16 de julio de 2002 amparó los derechos de seguridad y 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T tranquilidad del señor Puentes Londoño ordenando a la Estación de Policía de Chinauta y el Corregimiento Sur Occidental de Fusagasugá

el ejercicio de los derechos a la propiedad y la tranquilidad del señor Jorge Arturo Puentes Londoño, dichas entidades cumplieron tal y como se observa en el incidente que resolvió la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al establecer que no existió ninguna omisión de los deberes por parte del Corregimiento Sur Occidental y Policía de Chinauta e hizo un llamado de atención al señor Puentes Londoño por no prestar la colaboración adecuada y elevar requerimiento irrespetuoso frente a dichas autoridades. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta a folios 374 a 391 del cuaderno del Consejo de Estado lo siguiente:  Consideró que el término de caducidad de la acción de tutela tomó vida jurídica solamente y hasta cuando se encontró en firme el 6 de diciembre del año 2004 cuando fue excluida de la respectiva revisión constitucional por la Honorable Corte Constitucional y se presentó el 2 de noviembre de 2006 dentro de los dos años.  Manifestó que el Tribunal Administrativo del Departamento de Cundinamarca no puede premiar los actos de acción u omisión del corregimiento Sur Occidental de Chinauta y de la Policía Nacional de Chinauta ya que dicha valoración va en contra de la seguridad jurídica del debido proceso. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T  Argumentó que los causantes de los atropellos son las autoridades de policía que de mala fe o por descuido dejaron de actuar en defensa de los derechos de protección de los demandantes quienes no podían ingresar a sus propiedades.  Concluyó que es claro y contundente que se reúnen todas las condiciones para la responsabilidad de la Administración cuando a sabiendas de sus deberes y obligaciones determinó de manera deliberada ignorar el cumplimiento inadecuado de un deber que legalmente corresponde a una falla en el servicio.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: ¿Operó o no el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa impetrada por La Sociedad Inversiones y Construcciones Sumapaz Ltda y los señores Juan de Jesús Quintero Garnica, lone Rincón Pinillos y Jorge Arturo Puentes Londoño en contra del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Municipio de Fusagasugá en el presente proceso? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio

Público: 8

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T 2.2.1. Caducidad de la acción de reparación directa. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Por su parte el Consejo de Estado1 ha indicado que la responsabilidad patrimonial del Estado que se sustenta en la privación injusta de la libertad debe demandarse dentro de los dos años contados a partir de la fecha en que la providencia absolutoria o su equivalente queden ejecutoriados. Para la alta corporación “Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.” 2(Subrayado fuera del texto). 2.2.4. Término para iniciar la acción de reparación directa de acuerdo al caso

según la jurisprudencia. 1

CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - Consejero ponente

(E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ - Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010) - Radicación número: 52001-23-31-000-1997-08660-01(17493) 2Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, actor: Enrique González Cuervo,

Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T El Consejo de Estado a través de sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil diez (2010) con radicación número: 250002326000200900644-01 (38.089) y Consejera Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordóñez ha manifestado: “La Sala ha señalado que para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico, los interesados tienen la carga procesal

de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho1. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción, y con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea definido con carácter definitivo, por un juez de la república con competencia para ello. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso, razón por la que la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada. En casos como el presente, en los que se depreca la responsabilidad del Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad prevista en el artículo 68 de la Ley 270 de 19962, la reparación de los daños que con ella se originen podrá reclamarse mediante el ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., norma que dispone que toda persona interesada podrá acudir ante la jurisdicción con el fin de obtener la reparación del daño causado con ocasión de un hecho, una omisión, o una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por motivos de trabajos públicos o por

cualquier otra causa. La acción de reparación directa debe ejercerse dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8° del artículo 136, es decir, dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente del hecho, omisión, u operación administrativa o de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T Respecto a la caducidad de la acción de reparación directa, cuando ésta se fundamenta en el daño producido por la privación injusta de la libertad, la Sala ha precisado3: “En los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido

la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad –y por ende, declaró la ilegalidad de la medidano haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias. “El anterior planteamiento ha sido trazado en reiterada jurisprudencia de esta Sección, razón por la cual resulta pertinente destacar la fuerza vinculante del señalado precedente. En efecto, sobre el particular la Sala ha señalado, entre otros aspectos: “La acción de reparación directa con fundamento en el error judicial o en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, caduca al vencimiento del término de dos (2) años, contado a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial.”4 “Así mismo, en providencia del 2 de febrero de 1996, se dijo lo siguiente: “Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo

3 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 19 de julio de 2007, Exp. 33.918. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. No. 13.392. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal que declara la ocurrencia de uno cualquiera de los eventos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, a saber: “- Que el hecho no existió. “- Que el sindicado no lo cometió. “- Que la conducta no constituía hecho punible. “Sólo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Y sólo puede hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza. “El daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de esa detención, la cual deviene como consecuencia de la decisión que así lo determine.”5 2.3. Las pruebas obrantes.

Todo el material probatorio se allegó de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil. Se adjuntaron los siguientes documentos:  A folios 19 a 31 del cuaderno de pruebas obran copias de los diferentes procesos de querellas de policía presentados ante el Corregimiento Sur Occidental de Fusagasugá por perturbación a la posesión No. 001-98, No. 002-98, No. 003-98 y No. 04-98.  A folios 32 a 40 del cuaderno de pruebas obra copia del proceso ejecutivo No. 1994 - 9451 adelantado por el señor José María Sáenz contra el Club Campestre los Gansos y conocido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. No. 11.425. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T  A folios 41 a 48 del cuaderno de pruebas obran copias autenticas del proceso ejecutivo No. 1994-635 adelantado contra el Club Campestre los Gansos y conocido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá.  A folios 9 a 15 del cuaderno de pruebas obran copias autenticas del proceso de acción de tutela adelantado por el señor Jorge Arturo Puentes

Londoño contra el Club Campestre los Gansos y surtido ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá.  A folios 49 a 70 del cuaderno de pruebas obra copia del proceso de acción de tutela No. 2004-265 adelantado por el señor Jorge Arturo Puentes Londoño y surtido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda. 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión acertada por cuenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su orden son:  De las pruebas obrantes en el plenario se encuentra que las discrepancias entre los integrantes del Club Campestre los Gansos y el señor Puentes Londoño comenzaron desde el año de 1997, de acuerdo a las diferentes querellas y acciones de tutela aportadas al proceso de fechas 13 de febrero de 1997 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, 29 de noviembre de 1996 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá y diversas denuncias penales entre los integrantes del Club Campestre los Gansos contra el señor Puentes 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Londoño y viceversa, por los delitos de lesiones personales, invasión de tierras, hurto, entre otros, tal y como consta en las denuncias anexas, pese a las decisiones en las querellas y medidas tomadas por la Corregidora Sur Occidental y la Policía de Chinauta, el señor Jorge Arturo Puentes Londoño consideró que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, la propiedad privada, la intimidad el debido proceso, razón por la cual impetró acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otros.  La referida acción de tutela fue conocida en primera instancia por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien en sentencia del 8 de marzo de 2004 negó la solicitud de tutela, hecho que revocado por el Consejo de Estado en proveído del 16 de julio de 200416 (f. 1-18, c. 70), mediante el cual se amparó el derecho a la tranquilidad y seguridad del señor Puentes Londoño y, en consecuencia, ordenó a la Estación de Policía de Chinauta y a la Corregidora Sur Occidental de Fusagasugá asegurar la efectividad de los derechos inherentes a la propiedad, la paz y la tranquilidad del señor Jorge Arturo Puentes Londoño.  Observa esta Delegada del Ministerio Público que las entidades demandadas en la acción de tutela cumplieron las órdenes impartidas en el fallo tal y como se observa en las providencias que resolvieron el incidente de desacato interpuesto por el señor Puentes Londoño, donde mencionaron

(f. 172-179, c. 55 y f. 203-204, c.55): “Las autoridades obligadas han realizado de manera permanente revistas e inspecciones al Club los Gansos para asegurarse de la efectividad de los derechos tutelados al actor, han acudido a los llamados que se le han efectuado, han realizado las diligencias que se le han solicitado, han realizado gestiones para lograr acuerdos de 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T convivencia entre el señor Puentes Londoño y miembros del Club, y han procurado dar recomendaciones al actor para su seguridad y ejercicio de sus derechos tutelados. Al dar contestación al señor Jorge Arturo Puentes Londoño, a sus diferentes derechos de petición, han cumplido su deber de dar información al mismo sobre las medidas tomadas respecto a su caso. Así mismo, han sido diligentes frente a los requerimientos efectuados por esa corporación remitiendo todas las pruebas de sus gestiones, cada vez que se les han solicitado por el Consejo de Estado en providencia del 9 de junio de 2005 (f. 1457-1468, c. 66), quien consideró que la acción de tutela estaba siendo cumplida.”  De conformidad con lo anterior, encuentra esta Delegada que no se encuentra una omisión de las funciones de las entidades accionadas por las

cuales hayan creado un daño antijurídico.  Adicional a lo anterior esta Delegada considera acertada la posición del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando manifiesta en la sentencia que: (…) “Respecto de la sentencia del 16 de julio de 2004, vale aclarar que si bien es cierto el Consejo de Estado analizó hechos y omisiones acaecidos con anterioridad al momento en que se profirió dicha providencia, no es menos cierto que para dichos hechos y omisiones ya había operado el fenómeno de caducidad de la acción, los que no pueden ser revividos a través de una sentencia de tutela, pues esta es un mecanismo subsidiario de defensa judicial que protege de forma inmediata los derechos fundamentales, y que en ningún momento puede ser utilizado como medio para revivir términos vencidos, pues ello desnaturalizaría a esta acción constitucional”.  Es claro que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción de reparación directa, partiendo del fallo de tutela el 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co 14

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Expediente No. 43658 250002326000200602115 01 E.A.S.T día 16 de julio de 2004, ya que la presente demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 2 de noviembre de 2006,

sin tener en cuenta las omisiones que se dieron antes de la expedición de la mentada providencia, pues no es de recibo lo alegado por el apelante cuando manifiesta que se debe tener en cuenta la fecha en que la Corte Constitucional decidió no revisar la tutela 06 de diciembre de 2004, máxime como lo e