PGN - Documento 201607100720434

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DETENCIÓN PREVENTIVA-Desde un principio se careció de prueba Observa esta Delegada del Ministerio Público de manera concordante con lo expuesto por el Tribunal de Caldas, que en la resolución por la cual se precluyó la Investigación a favor del detenido, la Fiscalía acepta que no existió prueba suficiente, no solo para proferir Resolución de acusación contra el señor, sino que desde un principio se careció de tales elementos, pues se afirma no haber tenido prueba alguna de que el señor hubiese participado, bien en el supuesto hurto de combustible o que tuviera conocimiento que lo transportado correspondía a un objeto ilícito, así como tampoco obra prueba que determine que el combustible que éste transportara, perteneciera a ECOPETROL, y mayor es la contundencia de la inexistencia de pruebas necesarias para la vinculación del detenido, desde el principio, cuando la misma Fiscalía afirma que sólo obra la sindicación del Informe y la ratificación del mismo que hace el uniformado de la policía nacional, sin que existiese más evidencia y elementos de juicio, y que ese solo hecho no puede ser considerado como un indicio grave de su participación. DETENCIÓN PREVENTIVA-No existían pruebas que demostraran el delito que se le imputaba Con fundamento en lo expuesto anteriormente, esta Agencia del Ministerio Público es de la opinión de que en el caso bajo estudio, se evidencia una actuación manifiestamente carente de sustento en la decisión de imponer medida de aseguramiento en contra del

señor, conforme a los deficientes informes y la carencia de pruebas e investigación realizada por la Fiscalía, demostrando la ausencia de indicios graves en contra del investigado, de lo cual no queda duda cuando se emite la resolución de preclusión de la investigación, en la cual se dice que no existe conocimiento con un grado de probabilidad eficiente, de cuál era la sustancia correspondiente al material incautado; y que pese a haberse podido determinar, no se acreditó que tal sustancia, fuera de propiedad de Ecopetrol. Así como que no existe prueba que demuestre que el señor hubiese participado en Hurto de combustible, o que tuviese conocimiento de que transportaba un objeto ilícito; sólo obra como prueba un Informe presentado por un agente de policía, sin que existiesen otros elementos de juicio o pruebas que demostraran la configuración del delito que se le imputaba. CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS-Se entiende como litigioso un derecho cuando se admite la demanda y el valor de la prueba aportada Conforme lo indica su denominación "derechos litigiosos': así como lo ha considerado la jurisprudencia, debe observarse entablada la litis o la relación jurídico procesal, para que posterior a ello, pueda cederse el derecho incierto, que se tiene en dicho proceso; es decir que, no resulta posible ceder un derecho litigioso inexistente, por cuánto, no hay litis en la que se esté efectivamente participando, para posterior a ello, poder ceder esos derechos. Si bien en la cesión de derechos litigiosos, se cede una mera expectativa frente al proceso, en el caso de estudio, es una cesión de un derecho que no ha nacido, pues

apenas nace con la notificación o admisión de la demanda. Así las cosas, en el presente caso, el cesionario está frente a una mera expectativa, toda vez que la demanda podría Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) nunca presentarse, o podría ser rechazada de plano, sin que se predicare en tal caso la cesión efectiva del derecho litigioso. Finalmente, teniendo en cuenta que se entiende como litigioso un derecho desde el momento que se admite la demanda; así como el valor de la prueba aportada de cesión de tales derechos, puede decirse que en este caso el actor, no está legitimado en la causa por activa para demandar dentro del presente proceso, por lo tanto, como lo fallo el Tribunal de Caldas, esta delegada considera que no debe concederse reconocimiento alguno. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por privación injusta de la libertad Esta Delegada encuentra que hubo una privación injusta de la libertad del procesado, llegando a la conclusión irrebatible de la existencia de responsabilidad administrativa de la Nación - Fiscalía General de la Nación, planteada por los demandantes en dicho sentido. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) CONCEPTO No. 347 / 2012

Bogotá, D.C 5 de noviembre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Mauricio Fajardo Gómez EXPEDIENTE: 170012331000200502622-01 (44963) Acción de Reparación Directa

ACTOR: Alejandro Rojas González DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida del Tribunal Administrativo de Caldas. Retención de vehículo. / Privación injusta de la libertad. / Hay lugar a la preclusión de la investigación contra el señor Oliverio Delgado Cubides. / In dubio pro reo, dan lugar a ordenar indemnización conforme a los últimos pronunciamientos de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de estado.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I ANTECEDENTES

1. La Demanda – Hechos

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes: (fls. 418 al 470 C.1) Manifiesta el apoderado de la parte demandante, que el señor Ramiro Delgado Cubides, es propietario del vehículo automotor tipo camión, marca SISU carro tanque, modelo 1998, y que dicho señor, contrató al señor Oliverio Delgado Cubides como conductor del automotor tipo tanque, que sirve para el transporte de combustible, agua y similares, quien fue detenido el 4 de diciembre de 2000, y puesto a disposición, junto con el vehículo tipo camión, ante la autoridad judicial, siendo señalado como presunto infractor del delito de hurto de combustible. Afirma la apoderada, que no ha intervenido ninguna persona dentro del proceso, reclamando el combustible que tenía la cisterna del tracto camión de propiedad del señor Ramito Delgado Cubides, así como tampoco, hay prueba de los reactivos utilizados; y que siempre fue la Fiscalía, la única que afirmaba que el combustible era hurtado, aún sabiendo que venía de la Envasadora los Cocos. El señor Ramiro Delgado Cubides, por la retención de su vehículo se imposibilitó en el cumplimiento de las obligaciones económicas, y términó cediendo sus derechos litigiosos y haciendo dación en pago del automotor, para no hacer más gravosa la situación económica afrontada. Finalmente, el 29 de agosto de 2003, la Fiscalía General de la Nación, Tercera

Delegada ante el Juez Penal del Circuito de La Dorada - Caldas, profirió la preclusión de la investigación, por no existir prueba suficiente que demostrara que el producto incautado fue extraído de ECOPETROL, pues hay carencia de dictamen definitivo que diera tal resultado, y por no encontrarse estructurada la 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) tipicidad de la conducta punible, para sobre ella edificar una posible responsabilidad penal. 1.2. Contestación de la Demanda 1.2.1. Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda, manifestando que no le consta ninguno de los hechos que se citan en la demanda o en la corrección de la misma, por lo que se atiene a los que resulten probados dentro del proceso. Afirma el apoderado de la Fiscalía General de la Nación, que no se configuran en este caso, los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza suya, por cuanto la actuación de la Fiscalía se surtió conforme a la Constitución y a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Fue con base en la aplicación del principio In Dubio Pro Reo, que declaró la preclusión de la investigación, y que tal aplicación al beneficio de la duda, con la

absolución y preclusión de la investigación a su favor, no obedeció a la inexistencia del hecho, o porque éste no hubiera cometido el delito que se endilgaba, o la conducta a él atribuible no constituía delito; por lo que solicita se denieguen las pretensiones de la demanda. Finalmente, propone la excepción de "Culpa excluyente de un tercero y de la propia víctima" 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas declaró no probadas las excepciones de “Culpa excluyente de un tercero y de la propia víctima” propuestas por la Fiscalía General de la Nación Declaro de oficio la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, respecto del señor ALEJANDRO ROJAS GONZÁLEZ, de acuerdo con las consideraciones expuesta en la sentencia. Declaro administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales y materiales causados al demandante, señor OLIVERIO DELGADO CUBIDES, como consecuencia de la privación de su libertad. El tribunal de Caldas concluyo finalmente que 1.4. Recursos de apelación 1.4.1. Parte actora.

El apoderado de la parte actora, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia parcialmente adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. a 504 del cuaderno del Consejo de Estado): Indica el apoderado del actor en su escrito de apelación, que lo que se impugna a la sentencia proferida es la tasación de los daños y perjuicios que se produjeron en la presente causa, y los daños materiales causados al actor, toda vez que considera, que como quedó demostrado en el proceso, el señor Oliverio Delgado 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) Cubides soporto una investigación penal por más de tres años, que le mantuvo en vilo para poder buscar empleo y demás, que le hizo incurrir en gastos de defensa y otros. Por lo anterior, solicita que al revisar el asunto se indemnice adecuadamente al actor. 1.4.2. La demandada – Fiscalía General de la Nación La apoderada de la Fiscalía General de la Nación en su recurso de apelación expuso que a su representada en el giro ordinario de su actividad, cumplió con unos deberes que le impone la Ley y sus reglamentos, cuyo desconocimiento acarrearía consecuencias desfavorables tanto penales como disciplinarias, al

funcionario que no cumple con dicho mandato. Indica que la privación de la libertad de que fue víctima la demandante OLIVERIO DELGADO CUBIDES en el caso materia de la litis, no puede tildarse de "injusta", pues dicha medida estuvo fundada en pruebas serias que fueron legalmente aportadas a la investigación, y con ella no se vulneró ningún derecho fundamental ajustándose la providencia que la determinó a las exigencias tanto de fondo como de forma que prevé la ley penal, como quiera que se encontraba plenamente acreditada la materialidad del hecho y existía por lo menos un indicio grave de responsabilidad del sindicado. Consecuentes con lo anterior, señala que la libertad del actor, fue recobrada en virtud del PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, por lo cual no puede hablarse de una responsabilidad objetiva del Estado por la privación de la libertad, como se concluiría al aplicar la tesis del H. CONSEJO DE ESTADO, puesto que en este caso, la libertad se obtiene, no ante la demostración de su inocencia, sino en razón a que, existiendo pruebas que comprometían su responsabilidad en el ilícito, 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) estas no fueron suficientes para imprimir en el juez, la certeza o plena convicción

sobre su autoría.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad administrativa a la Nación en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios materiales y morales causados al demandante señor Oliverio Delgado Cubides, con ocasión de la privación de la libertad de que fuere objeto entre el 4 y el 18 de diciembre del año 2000, como consecuencia de habérsele imputado el delito de robo de combustible y posteriormente haber sido precluida la investigación mediante resolución a su favor proferida por el Fiscal Tercero Especializado? 2.1.2. ¿ El demandante señor Alejandro Rojas González le asiste legitimación en la causa por activa para demandar dentro del presente proceso, en su condición de beneficiario de la cesión de derechos litigiosos realizada a su favor por el señor Ramiro Delgado Cubides propietario del camión “carro tanque” que fuera incautado por el transportar combustible presuntamente hurtado? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio

Público: 8

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Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) 2.2.1. Responsabilidad Extracontractual del Estado Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 90 una cláusula general de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual; por lo que los elementos indispensables para la declaración de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, se circunscriben a la prueba del daño antijurídico, y a la imputabilidad del mismo al Estado. En torno a este tema, si bien la Jurisdicción Administrativa en algunos casos sigue aplicando los regímenes de responsabilidad subjetivos que de antaño fueron creados jurisprudencialmente para derivar responsabilidad patrimonial, el ponente se aparta de emplear ese sistema en tanto que, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano encuentra su fundamento en el artículo 90, que comprende la de naturaleza contractual y extracontractual generada por la causación de un daño antijurídico al particular, imputable al Estado, sin importar si fue materializado por acción u omisión de sus agentes. Por ello, el núcleo esencial de responsabilidad se enmarca en el daño antijurídico, con lo cual, aún las conductas revestidas de legalidad, pueden generar un daño y así mismo comprometer su responsabilidad, por manera que el examen de la demanda será analizado con base en tales elementos. La Jurisprudencia Constitucional ha expuesto: "Lo esencial del cambio introducido por el artículo 90 de la Constitución radica entonces en que ahora el fundamento de la responsabilidad no es la

calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa. No se trata de saber si hubo o no falla en el servicio, es decir, 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un "daño antijurídico", es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar. El daño antijurídico no es, entonces, aquel que proviene exclusivamente de una actividad ilícita del Estado, y así ha sido entendido reiteradamente por el Consejo de Estado que ha definido el concepto como "la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar", por lo cual "se ha desplazado la anti juridicidad de la causa del daño al daño mismo", de donde concluye esa corporación que "el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva. Este nuevo fundamento de la responsabilidad estatal, radicado ahora en la noción de daño antijurídico, ha sido considerado como acorde con los valores

y principios que fundamentan la noción de Estado Social de Derecho, especialmente con la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la Administración, a la que este modelo de Estado propende; también con la efectividad del principio de solidaridad y de igualdad de todos ante las cargas públicas. Obviamente, el nuevo fundamento de la responsabilidad estatal conlleva a su vez que no todo daño deba ser reparado, sino sólo aquel que reviste la connotación de antijurídico, es decir, no se repara el daño justificado, esto es aquel que quien lo padece tenga la obligación de soportar. Además, como en todos los casos de responsabilidad debe tratarse de un daño que tenga un vinculo causal con la actividad de un ente público. Esta actividad, ha dicho la Corte, no es solamente la que se da en el ámbito extracontractual de la actividad estatal, sino que también puede provenir de las relaciones contractuales de la Administración. "1 Por su parte el Consejo de Estado ha dicho: "...Ha sido criterio reiterado de la Corporación, que el daño, para su reparación, además de antijurídico debe ser cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean eventuales, y en 1 Sentencia C-043 de 2004. Corte Constitucional. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) todo caso, los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el proceso respectivo2 2.2.2. Régimen de Responsabilidad Objetiva En el régimen de responsabilidad objetiva no entra a ser considerada la falla del servicio, razón por la cual el demandante solo se verá avocado a probar la ocurrencia del hecho, la existencia del daño; en tanto que la parte demandada para eximirse de responsabilidad tiene la carga de probar la eximente que destruye el nexo de causalidad, esto es culpa exclusiva de la víctima. Frente al tema de la privación injusta de la libertad, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, establece la responsabilidad del Estado, cuando ocurre este fenómeno y lo define en los siguientes términos: "Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios." El H. Consejo de Estado frente a la Responsabilidad Objetiva realizó el siguiente análisis en el caso de privación injusta de la libertad, incluso en los casos de in dubio pro reo, y de acuerdo con lo regulado por el artículo 414 del decreto 2700 de 1991: En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras

providencias, se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, Consejero Ponente Jesús María Carrillo Ballesteros, Sentencia de junio 15 de 2000. Expediente 11614 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) tipificada como punible. La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 1997 y reiterada recientemente, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuando ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del "in dubio pro reo", pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia y que, esa situación - que la privación sea injustaconstituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que

resulta, por tanto, imputable al Estado. En los eventos en que se demuestra que la privación de la libertad fue injusta, se está ante un daño imputable al Estado, que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, cuando las razones de absolución o de preclusión de la investigación no obedezcan a ninguna de las causales previstas en el artículo 414 del C. de P. P. o al in dubio pro reo.3 En pronunciamientos más recientes la misma Corporación ha expresado: ...ii. Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicación del in dubio pro reo - strictu sensu - de conformidad con los planteamientos contenidos en las sentencias proferidas en los procesos números 13.168 (2006) y 15.463 (2007), el juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente esa figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso. En otros términos, la responsabilidad de la administración pública derivada de la absolución o su equivalente, con apoyo en la máxima de que "la duda se resuelve a favor del procesado", se analiza y aplica a través de un régimen objetivo, pero siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al momento de evaluar el material probatorio -que por cierto necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a favor del sindicado o acusado — manejó una duda razonable que le impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible. En estos supuestos es lógico que el régimen de responsabilidad sea objetivo

como quiera que imponerle al demandante la carga de demostrar una falla del 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia de 20 de Febrero de 2008. Radicación No. 1996-1746 (15980) 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) servicio sería someterlo a una especie de probatio diabólica, ya que, en estos escenarios el problema es que no se pudo superar la duda razonable que opera como garantía constitucional de la persona, lo que se traduce en la necesidad de reparar el daño que se irrogó con la detención. En efecto, la herramienta del in dubio pro reo - strictu sensu - opera como bisagra en la tensión que se genera en el poder público y, concretamente, la represión penalfrente al principio de libertad, para darle prevalencia a este último en aquellos casos en que la duda deviene insuperable. Es decir, con la citada herramienta en su vertiente estricta se hace prevalecer el bien esencial de la libertad, razón por la que en estos eventos no se desprende una falla del servicio, sino una responsabilidad de naturaleza objetiva fundamentada en el rompimiento de las cargas públicas, toda vez que el Estado somete al

ciudadano a una situación restrictiva en la que le limita sus garantías públicas para garantizar su comparecencia al proceso, razón por la que se impone el deber resarcitorio sin consideraciones subjetivas...".4 2.2.3. De los derechos litigiosos El artículo 1969 del Código Civil, regula el tema relacionado con la cesión de derechos litigiosos de la siguiente forma: “(…) Artículo 1969.- Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis. del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho, para los eventos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda(…)." (Subraya la Sala) El Código de Procedimiento Civil, al regular el tema de la Sucesión Procesa!, en el inciso tercero del artículo 60 dispone: “(…) El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso. siempre que la parte contraria lo acepte expresamente [. .. j" (Subraya la Sala) 4 Consejo de Estado, Consejero ponente ENRIQUE GIL BOTERO, Sentencia de fecha 9 de junio de 2010, radicación No.76001-23-31-000-1998-00197-01 (19312) 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) En torno al tema de la cesión de derechos litigiosos, la Corte Constitucional6 ha precisado sus alcances y características de la siguiente manera: "(…) Así las cosas, la cesión de derechos litigiosos es un contrato que tiene por objeto directo el resultado de una litis (Art. 1969 C.C.C.). Se trata de la transferencia de un derecho incierto. Por que. una de las partes procesales. demandante o demandado dispone a favor de un tercero del asunto en disputa. luego de entablada la relación procesal. Así entendida, la cesión de derechos litigiosos es una negociación lícita, en la cual el cedente transfiere un derecho aleatorio y el adquirente se hace a las resultas del juicio pudiendo exigir éste a aquel tan solo responsabilidad por la existencia misma del litigio. Por consiguiente. la cesión de un derecho litigioso y el proceso en el cual se debate el. derecho cedido conservan su independencia. El acuerdo no interfiere en el proceso, ni en su resultado, porque, una vez entablada la relación procesal, no interesa sino la decisión del asunto en disputa, conforme con los dictados de la justicia, siendo indiferente, para el efecto, que el resultado del asunto afecte a uno de los sujetos en conflicto, o a su sucesor(Art. 970 C.C.C.). Tampoco las incidencias del proceso interfieren en el acuerdo, porque los que negocian sobre derechos litigiosos aceptan. de antemano, la contingencia del objeto negociado (…)” (Subraya la Sala)

Así mismo, con relación a los derechos litigiosos se ha pronunciado el Consejo de Estado?, en el siguiente sentido: “ (…) Es un contrato aleatorio, a través del cual, una de las partes de un proceso judicial (cedente) cede a un tercero (cesionario), a título gratuito u oneroso, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes". "(. . .) La intervención del cesionario se puede realizar de dos formas a saber: a. El cedente se dirige al juez con la prueba de la cesión del derecho litigioso y, adicionalmente, solicita al juez que reconozca expresamente la cesión. b. El cesionario se dirige directamente al juez de la causa, para lo cual debe acompañar la prueba de la celebración de la cesión, con la expresa solicitud de que sea reconocido como parte procesal. En ambos escenarios. sólo habrá lugar a predicar el fenómeno de la sustitución procesal, si el cedido acepta expresamente la cesión realizada entre cedente 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44963 ( 170012331000200502622-01) V cesionario; de lo contrario. entre estos últi