PGN - Documento 201607100722234

Señores Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dra. Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez Ref. Demanda de Casación presentada por el defensor de JOHN HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó por el delito de secuestro extorsivo. Rad. 23541.

Honorables Magistrados: De conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de 2000, esta representación del Ministerio Público procede a emitir concepto sobre la demanda de casación presentada contra la sentencia de segunda instancia proferida el 24 de febrero de 2004 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual confirmó el fallo dictado el 31 de diciembre de 2003 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que condenó a JHON HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA a la pena principal de 312 meses y un día de prisión y multa de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 10 años, y al pago en concreto de los perjuicios materiales y morales a favor de las víctimas, como coautor responsable del delito de secuestro extorsivo.

1. HECHOS El 1º de junio de 1994, a eso del medio día, los esposos Otoniel Álvarez Castillo y Luz Esther Rivas Rueda fueron citados a un restaurante del

Cas. Nº 23541

John Henry Velásquez Peñuela norte de Bogotá, con el objeto de concretar una negociación sobre la venta de un vehículo con una persona que dijo llamarse Mario Restrepo. El supuesto comprador en seguida condujo a la pareja de esposos a su apartamento, aparentemente para que su esposa viera el automotor, y una vez allí, éstos fueron golpeados y amordazados por varios sujetos armados, quienes procedieron a despojarlos de sus pertenencias, así como a exigirles la entrega de dos vehículos marca BMW y Mercedes Benz, el traspaso de un apartamento y una finca, y la entrega de dos caballos de paso fino. Al apartamento del supuesto comprador llegó posteriormente JHON HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA, quien llevó mercado, e instaló un teléfono desde donde las víctimas hicieron las llamadas para ordenar el traspaso de sus bienes. De las exigencias efectuadas, los captores lograron apoderarse de los dos semovientes, las joyas, una pistola y los vehículos, pues el traspaso de los bienes inmuebles se vio frustrado por la fuga de Otoniel, quien de inmediato dio aviso a las autoridades, lográndose así el rescate de su esposa y la captura de uno de los sujetos que los custodiaba.

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE A la investigación fueron vinculados Raúl Jaramillo Vargas, Luis Felipe

Villalobos Romero, Marco Antonio Acevedo Pérez, Alfonso González Amortegui, María Jimena Sepúlveda Durán, Roberto Fernández López, Gonzalo Uribe, Carlos o Mauricio Barbosa y JHON HENRY VELÁSQUEZ

PEÑUELA.

Mediante resolución del 6 de abril de 1995, la Fiscalía Regional de la Unidad Antiextorsión y Secuestro declaró cerrada la investigación 2 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela respecto de los siete primeros, y dispuso romper la unidad procesal para continuarla respecto de los dos últimos. El 21 de noviembre de 2000 avocó conocimiento de la investigación adelantada contra VELÁSQUEZ PEÑUELA y Carlos o Mauricio Barbosa, la Fiscalía Octava Especializada de la Unidad Antiextorsión y Secuestro de Bogotá. Esta Fiscalía resolvió la situación jurídica del declarado ausente JHON HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA, el 19 de octubre de 2001, con medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto coautor del delito de secuestro extorsivo agravado, y el 14 de febrero de 2002 calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación por los mismos cargos. La etapa del juicio correspondió adelantarla al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, despacho que realizó las audiencias preparatoria y pública, y luego condenó a VELÁSQUEZ PEÑUELA, como autor de secuestro extorsivo, en sentencia que al haber sido recurrida por el procesado y su defensor, fue integralmente confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la forma como anteriormente quedó anotado. El fallo de segunda instancia es ahora objeto de estudio en sede extraordinaria de casación, al haber sido recurrido por el mismo defensor del procesado.

3. LA DEMANDA

3.1. Primer Cargo Con fundamento en la Causal Tercera de Casación, el demandante acusa la sentencia de segunda instancia de haber sido dictado en un juicio 3 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela viciado de nulidad, por ostensibles irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, en cuanto vulneró el principio de investigación integral, por haberse omitido la práctica de algunas pruebas que eran procedentes, conducentes, útiles y pertinentes. En desarrollo del reproche, el actor señala que este proceso nació de copias tardías tomadas del proceso que inicialmente se abrió en contra de Raúl Jaramillo y otros, respecto de los cuales se decretó el cierre parcial de la investigación, y, por ende, la ruptura de la unidad procesal para continuar la instrucción respecto de JHON VELÁSQUEZ y Carlos o Mauricio Barbosa. Sin embargo, dicha ruptura no se cumplió porque el expediente se envió al Juzgado para etapa de juicio sin duplicado, como lo informa el Fiscal Coordinador mediante oficio No. 155 de octubre 10 de 2002. A JHON HENRY VELÁSQUEZ se le acusó sin que se hubiera practicado una sola prueba en su contra. En la audiencia preparatoria no hubo pruebas que decretar distintas a las de oficio: ampliación de denuncia de Otoniel Álvarez Castillo y testimonios de Carlos Augusto Patiño Beltrán y Walter Hincapié. De éstos, el único que se practicó en la audiencia pública fue el último. La ampliación del testimonio de Otoniel Álvarez, víctima del secuestro, era

útil para corroborar lo que afirman Walter Hincapié y Jhon Velásquez, y desvirtuar lo que señala Luz Esther Rivas Rueda, y por esta vía descartar la actuación de JHON VELÁSQUEZ a título de coautor, pues sólo habría participado como cómplice. El portero del edificio, cuya cita aparece en la denuncia de Otoniel Álvarez, tampoco fue citado a declarar, lo cual impidió descartar la actividad desplegada por JHON VELÁSQUEZ en aquellos momentos posteriores del secuestro a que alude Otoniel Álvarez. 4 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela Otro testimonio que no se recibió fue el de Carlos Augusto Patiño Beltrán, el cual hubiera servido para descartar la participación de JHON VELÁSQUEZ en el afianzamiento de los bienes de la víctima, sus caballos y carros, porque aquél habría dicho que no conocía ni tenía ninguna relación con éste, y entonces sólo se le hubiera podido condenar como cómplice. Para garantizar la investigación integral, en lo favorable al procesado, igualmente debió llamarse a declarar a Jesús Ramírez para que manifestara si conocía a JHON HENRY VELÁSQUEZ y si fue cierto que éste lo llamó por teléfono. A la administradora del edificio donde fueron rescatadas las víctimas, tampoco se le llamó a declarar, pese a la cita que hace el denunciante. En razón de lo anterior, el demandante solicita a la Corte que case la sentencia y, en su lugar, decrete la nulidad de lo actuado desde el

traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, a fin de que se practiquen todas las pruebas que se echan de menos. 3.2. Segundo Cargo Por la vía de la Causal Segunda de Casación, el actor denuncia incongruencia de la sentencia de segunda instancia con respecto a los cargos formulados en la resolución de acusación, en cuanto que en ésta no se imputó ni fáctica ni jurídicamente ninguna circunstancia de agravación punitiva. No obstante que el fallo de primer grado reconoce esta deficiencia, en forma contradictoria le imputó al procesado varias circunstancias de agravación punitiva (o de mayor punibilidad), tales como el haber actuado en coparticipación criminal, el engaño empleado para aprehender a las 5 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela víctimas, el haberse valido de amenazas de muerte para obligar a los esposos a suscribir títulos de propiedad y autorizar la entrega de sus propiedades a terceras persona, las cuales se inventó el juzgador para incrementar la pena en seis (6) meses más, para un total de 312 meses de prisión. Así, la sentencia introdujo aspectos nuevos frente al contenido de la acusación tanto en lo fáctico como en lo jurídico que no se acomodan a las perspectivas naturalista y normativa que acoge nuestro actual estatuto procesal penal (artículo 398). Por tanto, el demandante solicita casar parcialmente la sentencia impugnada, a objeto de condenar al procesado únicamente por secuestro extorsivo, e imponerle el mínimo de 18 años de prisión, en lugar de los 26

a que fue condenado. 3.3. Tercer Cargo Al amparo de la Causal Primera de Casación, el impugnante acusa la sentencia del Tribunal de haber incurrido en violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 29, inciso 2º, y falta de aplicación del artículo 30, inciso 2º del Código Penal de 2000. Aduce el actor que el secuestro de Otoniel Álvarez Castillo y Luz Esther Rivas Rueda, ya era un hecho cumplido desde el momento en que Álvarez Castillo traspasó el umbral de la puerta de entrada del apartamento 202 de la carrera 9ª con calle 117 de la nomenclatura urbana de Bogotá, a donde fue invitado, mediante engaño, para que la esposa de un supuesto comprador viera el carro. A la media hora de haberse ejecutado materialmente el secuestro, apareció en escena JHON HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA en compañía del jefe de la banda. 6 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela De acuerdo con lo probado, este procesado no concurrió al restaurante Las Acacias donde el comisionista había citado a las víctimas para presentarles al supuesto comprador de los vehículos automotores. Ni siquiera las víctimas ubican a JHON HENRY en el restaurante. Posteriormente, entre la gente armada que salió de las habitaciones del apartamento 202, tampoco estaba JHON HENRY VELÁSQUEZ. Otoniel Álvarez sólo lo ubica en el apartamento media hora después de ser confinado allí, y no lo menciona como la persona que le hizo firmar los

documentos. No obstante lo anterior, el sentenciador de primer grado lo condena como coautor del secuestro de Otoniel Álvarez y Luz Esther Rivas. A juicio del demandante, la conducta de JHON HENRY VELÁSQUEZ, consistente en instalar el teléfono desde donde el plagiado hizo las llamadas para que los secuestradores se apoderaran de sus bienes (costosos caballos de paso y carros), y haber llevado el mercado al apartamento 108 a donde habían sido trasladados los rehenes, encuentra configuración en el artículo 30, inciso 2º, del Código penal de 2000, y no en el artículo 29, inciso 2º, como equívocamente lo dedujo el Tribunal, “porque esta calidad la asume quien mancomunadamente actúa como autor en la realización de la conducta típica con división de trabajo criminal”, y las labores de aquél fueron accesorias y de subordinación, constitutivas sólo de ayuda posterior, por lo que de acuerdo con el principio del derecho penal de acto, sólo se debe responder por lo que se hace, no por lo que los demás hicieron. De acuerdo con lo anterior, el demandante solicita casar la sentencia impugnada, y, en su lugar, proferir sentencia sustitutiva, modificando la pena impuesta al procesado, la que deberá ser de 9 años de prisión, como cómplice del delito de secuestro extorsivo. 7 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 4.1. Primer Cargo: nulidad Cuando se alega violación del principio de investigación integral, la demanda debe demostrar que los funcionarios nada hicieron para

recaudar la prueba que se considera omitida, o porque la actividad realizada con ese propósito es deficiente, no obstante que la prueba es conducente, pertinente y trascendental para definir el caso. Sin esta demostración, resulta desacertado afirmar escuetamente que los funcionarios dejaron de practicar determinadas pruebas importantes. “La razón es elemental. La investigación integral no presupone la realización de cuanta prueba sugiera la capacidad imaginativa de las partes. Si así fuera, la mayoría, sino la totalidad de los procesos serían nulos por este motivo, pues siempre habrá una alternativa probatoria adicional por explorar, una hipótesis complementaria por corroborar, una tesis nueva por desvirtuar, o una causa mediata por establecer, que harían de la investigación penal una actividad indefinida e inagotable, y del principio rector de investigación integral un propósito inalcanzable”1. El demandante alega en este caso que se vulneró el principio de investigación integral, porque, en su opinión, se acusó a JHON HENRY VELÁSQUEZ sin haberse practicado una sola prueba en su contra, y en la fase del juicio se omitió la práctica de la ampliación de la denuncia de Otoniel Álvarez y los testimonios de Carlos Augusto Patiño Beltrán, Jesús Ramírez, el portero y la administradora del edificio, los cuales descartaban la actuación de JHON HENRY VELÁSQUEZ como coautor, ya que sólo participó como cómplice. 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 4 de mayo de 2006, proceso No. 23725, M. P. Dr. Mauro Solarte Portilla.

8 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela Al respecto, conviene señalar que JHON HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA confirió poder a la doctora Martha Lucía Roa de Ardila el 14 de diciembre de 2000, ante el Notario 47 de Bogotá, para actuar como su defensora de confianza en este proceso. El 15 de abril de 2001 la doctora Roa de Ardila solicitó a la Fiscalía de conocimiento “ordenar el cierre de investigación conforme al artículo 438 del C. de P. P., por encontrase superado el término de instrucción”. La Fiscalía instructora, en Resolución del 27 de abril de 2001, consideró que si bien el término de instrucción estaba superado, no se podía clausurar el ciclo instructivo por cuanto aún no se había resuelto la situación jurídica del sindicado. La defensora, a través de memoriales del 1º de agosto y 24 de septiembre, solicitó entonces proceder a resolver la situación jurídica del señor VELÁSQUEZ PEÑUELA, lo cual efectivamente hizo la Fiscalía, mediante resolución del 19 de octubre de 2001, por medio de la cual le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor de secuestro extorsivo agravado. Si bien la señora defensora apeló esta decisión, no la sustentó, y por ello entonces, la Fiscalía, luego de insistir en las pruebas ordenadas de oficio (tarjeta decadactilar y antecedentes penales y de policía del procesado VELÁSQUEZ PEÑUELA), declaró cerrada la investigación el 15 de

noviembre de 2001. La doctora ROA DE ARDILA presentó alegatos precalificatorios, a través de los cuales solicitó preclusión de la investigación a favor de su representado, y el 11 de diciembre de 2001, el procesado VELÁSQUEZ PEÑUELA otorgó poder al doctor Rodrigo Monsalve Pineda, quien posteriormente solicitó fotocopias de todo el proceso. 9 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela El mérito probatorio del sumario fue calificado el 14 de febrero de 2002, con resolución de acusación contra JHON HENRY VELÁSQUEZ como presunto coautor de secuestro extorsivo agravado, la cual fue notificada personalmente al doctor Monsalve Pineda el 18 de febrero siguiente. Tal acusación se fundamentó en la credibilidad que el ente acusador otorgó al testimonio de las víctimas, quienes sindican de manera directa a VELÁSQUEZ PEÑUELA como la persona que -dentro de la división de tareas asumidas por la bandaadelantó los seguimientos previos a los hechos, la clonación de los mensajes enviados a su Beeper, los indicios de presencia en los lugares donde se mantuvo en cautiverio a las víctimas, el haber llevado un aparato telefónico para que las víctimas realizaran el traspaso de sus bienes y mercado al apartamento donde éstas se encontraban. En la resolución de acusación se valoraron además otros elementos de prueba como las indagatorias de José Raúl Jaramillo Cargas, Gonzalo Uribe, Roberto Fernández López, María Jimena Sepúlveda Durán, Luis

Felipe Villalobos Romero y Alfonso González Amortegui; los testimonios de los miembros de la Policía Nacional que conocieron el caso: Fernando Cárdenas Rincón, Miguel Ángel Laso Reyes y Abraham Zapata Lucumi; y la declaración de Ernesto Jaime Díaz, administrador de la Unidad Residencial “Entre Ríos”, quien manifestó que JHON VELÁSQUEZ sigilosamente se mudó de su apartamento 408, 8 días antes de la diligencia de allanamiento practicada por la Fiscalía. El fiscal acusador agrega que las víctimas señalan a JHON HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA como coautor del secuestro extorsivo, en virtud a que con anterioridad a los hechos habían efectuado transacciones comerciales relacionadas con la compraventa de un vehículo, lo cual descarta cualquier equívoco relacionado con su intervención en estos hechos. 10 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela En desarrollo de la audiencia preparatoria, ya en la etapa del juicio, el procesado JHON HENRY VELÁSQUEZ otorgó poder a los doctores Queipo Alejandro Varón Lobo y José Joaquín Navarro Sarmiento, como sus nuevos defensores de confianza, principal y suplente, respectivamente. En esta diligencia, ante el silencio de los sujetos procesales, el Juez ordenó de oficio la práctica de algunas pruebas. En el curso de la audiencia pública, tanto el procesado JHON HENRY VELÁSQUEZ como el testigo Walter Alberto Hincapié Piedrahita, fueron ampliamente interrogados por el Juez, el Fiscal y el defensor. Terminada

la primera sesión de la vista pública, el señor VELÁSQUEZ PEÑUELA confirió poder a los doctores Álvaro Hernán Quintero Tejada y José Joaquín Navarro Sarmiento, como sus nuevos defensores, principal y suplente, respectivamente. Finalizado el acto público de juzgamiento, después de varias sesiones, el Juez de primera instancia, además de compartir las consideraciones expuestas por la Fiscalía, estimó que el testimonio del señor Hincapié Piedrahita corrobora la versión del procesado, en cuanto al conocimiento que éste tenía del señor Otoniel Álvarez. Por tanto, a juicio del juez a quo, “se puede concluir fundadamente que el señor OTONIEL ÁLVAREZ, estaba en plena capacidad de proporcionar la información correspondiente a la identidad y ubicación de VELÁSQUEZ PEÑUELA, pues habiéndose realizado una transacción como la que se conoce de autos, es normal que ya fuera comprador o vendedor, conservaran por algún tiempo sus datos como medida de precaución en el evento de que se presente algún inconveniente, más tratándose de negociaciones sobre vehículos” (folio 149 c. o. 5). Esta reseña procesal permite concluir que el yerro denunciado por el casacionista no se configuró, por cuanto, ni en la fase de la investigación ni en la del juicio, la defensa solicitó pruebas tendientes a desvirtuar la 11 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela imputación efectuada por la Fiscalía, desde el mismo momento en que ésta resolvió la situación jurídica del señor VELÁSQUEZ PEÑUELA. Así, a juicio de la Delegada, el demandante se equivoca cuando afirma

que al procesado se le habría acusado sin prueba incriminatoria, pues la realidad procesal demuestra que el ente acusador fundamentó la imputación de responsabilidad, en la credibilidad otorgada al testimonio de las víctimas, el cual cotejó con la versión de los demás procesados y con la declaración del administrador del edificio donde vivía el señor VELÁSQUEZ PEÑUELA, quien da cuenta que precisamente 8 días antes de la diligencia de allanamiento efectuada por la Fiscalía, éste cambió de domicilio sin informar su nueva dirección. Tales elementos de convicción fueron confirmados en la etapa del juicio con el testimonio de Walter Alberto Hincapié Piedrahita. El demandante tampoco señala cuál habría sido la actividad negligente o insuficiente de los funcionarios judiciales que impidió el recaudo de la prueba que ahora echa de menos. Si el propósito final del reproche era establecer que la conducta del señor VELÁSQUEZ PEÑUELA debía adecuarse en el dispositivo amplificador del complicidad, y no en el de la coautoría, por el hecho de haberse acreditado que éste sólo hizo presencia en el lugar de retención después de que las víctimas fueron llevadas allí, la vía de la nulidad por violación del principio de investigación integral no era la adecuada, pues, como se ha indicado, la defensa ni siquiera solicitó pruebas para desvirtuar tal imputación, ni en la fase de la investigación ni en la del juicio. El cargo, por tanto, no puede prosperar. 4.2. Segundo Cargo: incongruencia La Delegada considera que le asiste razón al casacionista por las

siguientes razones: 12 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela Desde el 23 de septiembre de 2003 la jurisprudencia viene señalando que con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, la resolución de acusación debe precisar de manera clara e inequívoca la imputación fáctica y jurídica de las circunstancias que agraven o atenúen la pena, bien sean éstas específicas o genéricas, objetivas o subjetivas. Lo anterior, porque de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, tales circunstancias tienen una importante repercusión en la tasación cuantitativa y cualitativa de la pena, dado que el ámbito punitivo de movilidad puede desplazarse a los cuartos medios y aún al cuarto máximo, cuando sólo concurran circunstancias de mayor punibilidad, lo cual eleva considerablemente la sanción punitiva. Por esta razón, cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 58, para que cumplan sus efectos, deben ser suficientemente explicitadas tanto fáctica como jurídicamente, pues éstas no surgen de la discrecionalidad del juzgador, sino de la apreciación probatoria, y por ello entonces deben estar sujetas a la discusión, contradicción y debate2. En reciente pronunciamiento la Corte anotó: “Respecto a la relevancia jurídica de la imputación de una circunstancia de agravación, bien sea genérica o específica, la Corte ha concluido que su señalamiento debe estar consignado en el marco jurídico que conforma la resolución de acusación y que define de manera perentorio la facultad sancionadora del juez, por

cuanto, al configurarse como un factor de punibilidad se requerirá que la sentencia guarde estricta consonancia con el pliego de cargos y por ende, cualquiera que se aduzca con tal propósito debe estar expresamente definida en la acusación tanto fáctica como jurídicamente para que pueda ser ponderada por el juez. … no basta con que la resolución de acusación señale de manera clara, precisa e inequívoca la imputación fáctica que da lugar a la circunstancia de agravación, sino que resulta indispensable que se 2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de Única instancia 16320 del 23 de septiembre de 2003, M. P. Dr. Herman Galán Castellanos, reiterada, por ejemplo, en sentencia de segunda instancia 21657 del 5 de febrero de 2004, y casaciones 20134 y 14128 del 9 de junio y 15 de septiembre de 2004, respectivamente. 13 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela consigne en el pliego de cargos la imputación jurídica” (subrayamos)3. En el caso que se estudia, es evidente que la resolución de acusación no cumplió con esta exigencia, pues si bien en la parte resolutiva acusó a JHON HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA por “secuestro extorsivo agravado”, por ninguna parte dijo cuál era la circunstancia de agravación que de este modo estaba imputando. El juez de primera instancia observó esta irregularidad pero inexplicablemente terminó imputando al procesado varias circunstancias de mayor punibilidad, tales como el haber actuado en coparticipación

criminal, el engaño empleado para aprehender a las víctimas, el haberse valido de amenazas de muerte para obligar a los esposos a suscribir títulos de propiedad y autorizar la entrega de sus propiedades a terceras personas.

Al respeto el Juez apuntó: “En cuanto a la imputación en la que se enmarcó la resolución de acusación, ésta se refiere al tipo penal de secuestro extorsivo agravado, omitiendo señalar tanto fáctica como jurídicamente cuál de las causales enumeradas como agravantes específicos del tipo de secuestro extorsivo corresponde con la materialidad de la conducta atribuida, razón suficiente como para abstenerse de endilgar la circunstancia agravante, sin que ello signifique que en el actuar del procesado no haya estado rodeado de eventualidades agravantes” (subrayamos - folio 154 c. o. 5).

No obstante que el Juez a quo sólo se refirió a los agravantes específicos, la verdad es que el pliego acusatorio tampoco especificó cuál circunstancia de mayor punibilidad -de las previstas en el artículo 58 de la Ley 599 de 2000fue la que se quiso imputar al señor VELÁSQUEZ PEÑUELA. 3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 7 de abril de 2006, M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 14 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela Y en el capítulo de la Dosificación Punitiva el fallador de primer grado anotó: “… De acuerdo a la modalidad de la conducta desplegada por JHON HENRY VELÁSQUEZ PEÑUELA se tiene que no concurren

elementos atenuantes, ni siquiera los referidos a la carencia de antecedentes penales en vista de que el procesado mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional fue condenado por la Jurisdicción Penal Militar por el delito de Falsedad Ideológica en Ejercicio de Funciones; por el contrario si asisten aspectos agravantes como el haber actuado en coparticipación criminal, motivo por el cual el castigo variará dentro del monto establecido en el último cuarto, esto es, trescientos seis 306 meses un 1 día a trescientos treinta y seis 336 meses de prisión, que se aumentará es seis meses más habida cuenta el engaño empleado para aprehender a las víctimas como fue el haber simulado una negociación comercial, el haberse valido de amenazas de muerte para obligar a los esposos a suscribir títulos de propiedad y autorizar la entrega de sus propiedades a terceras personas, por lo tanto la pena definitiva a imponer será de la de trescientos doce 312 meses un (1) día y multa de cuatrocientos 400 SMLV” (subrayamos - fs. 158 y 159 c. o. 5). La “carencia de antecedentes penales” está prevista como circunstancia de menor punibilidad en el numeral 1º del artículo 55 de la Ley 599 de 2000, pero el tener antecedentes penales no está señalado como circunstancia de mayor punibilidad; el “obrar en coparticipación criminal” está previsto como circunstancia de mayor punibilidad en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal de 2000; y el ejecutar la conducta extorsiva “con amenaza de muerte” se encuentra prevista como

circunstancia de agravación punitiva en el original numeral 5º del artículo 170 ejusdem. Sin embargo, como ninguna de estas circunstancias fue jurídicamente imputada en la resolución de acusación, para el Ministerio Público es evidente que el juez no podía tenerlas en cuenta a la hora de establecer el quantum punitivo, porque ello significaba violar el principio de la congruencia, como en efecto ocurrió. 15 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela Por consiguiente, para corregir esta irregularidad la Delegada considera que se debe casar parcialmente la sentencia impugnada, y, en su lugar, proceder a redosificar la pena privativa de la libertad impuesta al procesado, la cual, de acuerdo con el artículo 61 del Código Penal de 2000, se deberá imponer dentro de los límites del cuarto mínimo de la sanción señalada para el delito de secuestro extorsivo en el original artículo 169 ibídem, es decir, de 216 a 246 meses de prisión. En consecuencia, el cargo debe prosperar. 4.3. Tercer Cargo: violación directa El demandante considera que la sentencia del Tribunal viola en forma directa la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 29, inciso 2º, y falta de aplicación del artículo 30, inciso 2º del Código Penal de 2000, por cuanto el procesado sólo apareció en escena media hora después de haberse ejecutado materialmente la retención de las víctimas. En opinión del casacionista, la conducta del señor VELÁSQUEZ PEÑUELA debe adecuarse en la norma sustancial que describe la complicidad y no en el

de la coautoría, en tanto que las labores que éste desempeñó fueron simplemente accesorias y de subordinación, constitutivas sólo de ayuda posterior, y no el resultado de una labor mancomunada con división de trabajo criminal. A juicio de la Delegada, el actor desconoce que en el proceso quedó demostrado que la intervención del señor VELÁSQUEZ PEÑUELA no se limitó a instalar el teléfono del cual las víctimas realizaron las llamadas para ordenar el traspaso de sus bienes, ni a llevar el mercado al apartamento donde éstas se encontraban retenidas, sin conocimiento previo del plan delictivo, pues lo cierto es que los falladores de instancia en unidad jurídica inescindible concluyeron que no existía ninguna duda de la relación de JHON HENRY VELÁSQUEZ en los hechos estructurales de secuestro extorsivo, en cuanto éste conocía bien a Otoniel Álvarez 16 Cas. Nº 23541 John Henry Velásquez Peñuela Castillo por haber adelantado alguna negociación relacionada con la compraventa de automotores, lo cual fue corroborado por Walter Hincapié Piedrahita. A partir de este conocimiento previo de las víctimas, tanto la Fiscalía como los juzgadores otorgaron credibilidad a la sindicación que éstas formularon en el sentido de que JOHN HENRY VELÁSQUEZ intervino directamente en la ejecución de estos hechos “asumiendo el rol propio de coautor, ya que junto con el señor CARLOS BARBOSA, informaron sobre la cotidianidad de los esposos, procediendo a la clonación de uno de sus Beeper”. Estos presupuestos fácticos debidamente acreditados en el proceso, a su

turno, permitieron al juez a quo afirmar lo siguiente: “Es evidente la división del trabajo al interior de la empresa criminal, tanto así que unas personas se encargaron de la aprehensión física, otros de la custodia, algunos de faci