PGN - Documento 201607100722398

Bogotá, D.C., PAD Doctora

LILIANA GIRALDO GÓMEZ

Procuradora Provincial Edificio Banco Ganadero Piso 5º.

Pereira Ref: Su oficio PPP 2463 del 15 de noviembre de 2002, radicado en esta oficina el 26 del mismo mes y año.

Apreciada doctora: En el oficio de la referencia, pregunta usted: “¿La atribución contenida en el literal a) del numeral 1 del artículo 76 del Decreto 262 de 2000, comprende a los miembros de juntas administradoras locales o sólo a los ediles, entendiendo por estos últimos los miembros de las juntas administradoras locales del Distrito Capital? O ¿Son sujetos disciplinables por tener la calidad de particulares que ejercen funciones públicas?. Sin que ello, implique competencia privativa de las Procuradurías

Provinciales?”. Sobre el tema objeto de su consulta, le informo que de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, para efectos de la mejor prestación de servicios y asegurar la participación ciudadana en los asuntos públicos de carácter local, cada municipio puede dividirse en corregimientos (zonas rurales) y comunas (áreas urbanas) y dándose tal división, es obligatorio que en cada una de ellas exista una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, con unas funciones específicas detalladas en el artículo 218 de la Carta. En lo que atañe al Distrito Capital, igualmente existe el mandato constitucional de que el concejo a iniciativa del Alcalde divida el territorio distrital en localidades, según las características de sus habitantes, cada una de las cuales debe también contar con una junta administradora local elegida

popularmente para periodos de tres años, integrada por no menos de siete “ediles” (artículo 323). La organización y funcionamiento de las juntas administradoras locales de la generalidad de los municipios, se encuentran reglamentadas en la Ley 136 de 1994, conforme a la cual éstas deben estar compuestas por no menos de 5 miembros y no más de 9, para periodos de tres años (que deben coincidir con el de los alcaldes), funciones cuyo ejercicio es ad honorem (artículo 119). Las 2 calidades, funciones, inhabilidades, incompatibilidades, etc. están consagradas en los artículos 123 y siguientes del estatuto en cita. En cuanto a la denominación que corresponde a los miembros de las JAL, es cierto que en ninguna parte de la reglamentación vista se refiere a éstos como ediles, pero también lo es que esa expresión corresponde a todo miembro de corporación pública municipal, tanto así que también se llaman así a los concejales. Además, de acuerdo con lo señalado en el Diccionario de la Lengua Española, en la antigua Roma esta expresión se utilizaba para denominar a los magistrados a cuyo cargo estaban las obras públicas y que cuidaban del reparo, ornato y limpieza de los templos, casas y calles de la ciudad. Lo anterior, permite concluir que sin importar si la junta administradora de que se trate es de un distrito o de un municipio cualquiera, todo miembro de la misma puede responder al nombre de edil. En ese orden de ideas, cuando el artículo 76, numeral 1, literal a), señala que son funciones de las procuradurías distritales y provinciales, la de conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra “ediles de

las juntas administradoras locales”, ha de entenderse que esta atribución corresponde no sólo a las distritales sino también a las procuradurías provinciales, obviamente respecto de quienes ejerzan esas funciones en su circunscripción territorial y, por ende, corresponderá a éstas últimas investigar disciplinariamente la conducta de estos servidores. Por último, le informo que la presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5º de la Ley 153 de 1887 y 25 del decreto 01 de 1984. Con toda atención,

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Auxiliara para Asuntos Disciplinarios C-543/2002

SGS-JB-MPCM