PGN - Documento 201607102050543

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. JAVIER ZAPATA ORTIZ

E. S. D.

Ref: Concepto Demanda de Casación

Radicado No. 25.393 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta modificó la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad al disminuirle las penas principales de prisión y multa al procesado JESÚS ANTONIO RAMÍREZ quien fuera condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Contra dicha determinación judicial el defensor del procesado interpuso recurso extraordinario de casación y sobre su viabilidad procede el agente del Ministerio Público Delegado del Procurador General de la Nación a rendir concepto en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. A.- RESEÑA FACTUAL El día 23 de enero del año 2001 en la vía que de Santa Marta conduce a Palomino, en el peaje de Neguanje, siendo aproximadamente las 3:15 de la mañana, miembros de la Policía Nacional al realizar un registro de rutina, encontraron dentro del vehículo tipo camión de placas TPA-225 la cantidad de 2.812,05 kilos de marihuana prensada, la cual estaba camuflada dentro de un viaje de 40 tricimotos plásticas y 117 cajas de empaques desechables pertenecientes a la empresa Carpak S.A. de Yarumal con destino a la empresa Cola Román de Barranquilla.

El vehículo era conducido por el señor JESÚS ANTONIO RAMÍREZ quien en un descuido huyó del sitio y dada la oscuridad no fue posible su aprehensión. El ayudante Anatolio Suárez fue capturado en el sitio de los acontecimientos. B.- SIPNOSIS PROCESAL Con fundamento en el informe presentado por los miembros de la Policía de Carreteras del Distrito Magdalena, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados practicó las primeras diligencias y abrió investigación mediante resolución de 24 de enero de 2001. El acusado ANATOLIO SUÁREZ rindió indagatoria el 26 de enero del 2001 y su situación jurídica le fue definida mediante resolución de primero de febrero de 2001 con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito previsto en el artículo 38 de la ley 30 de 1986 en su numeral 3°. La investigación fue cerrada el 7 de mayo de 2001. En esa misma fecha se ordenó el emplazamiento del acusado JESÚS ANTONIO RAMÍREZ. El edicto emplazatorio se fijó el 8 de mayo de 2001 en la alcaldía de Bucaramanga y desfijó el 15 de mayo según constancia dejada por el Secretario Administrativo. La investigación fue calificada el 17 de julio de 2001 con resolución de acusación en contra de ANATOLIO SUÁREZ por el transporte de 2.812,05 kilos de marihuana con el agravante establecido en el artículo 38 de la ley 30 de 1986 y rompió la unidad procesal, por lo que ordenó compulsar copias para continuar la

investigación por separado del acusado JESÚS ANTONIO RAMÍREZ. La fiscalía mediante resolución de 10 de octubre de 2001, declaró persona ausente al acusado JESÚS ANTONIO RAMÍREZ, designándole defensor de oficio a la profesional Nayda Luz Montero Vizcaíno quien fue posesionada el 23 de octubre de 2001. La situación jurídica del acusado fue resuelta mediante resolución de 3 de abril de 2002 con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito previsto en la ley 30 de 1986. El cierre de la investigación se produjo el 2 de mayo de 2002 y su mérito fue calificado el 28 de junio del mismo año con resolución de acusación como coautor de la conducta de transportar 2.812.,05 kilos de marihuana con el agravante establecido en el numeral 3° del artículo 38 de la ley 30 de 1986. El expediente pasó al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta quien avocó conocimiento el 4 de septiembre de 2002 y a partir del día siguiente corrió traslado para cumplir con lo establecido en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal. La audiencia preparatoria fue celebrada el 24 de octubre de 2002 en la que se ordenaron de oficio algunas pruebas, luego de lo cual fue celebrada la diligencia de audiencia pública el 28 de agosto de 2003 y dictó sentencia de primera instancia el 22 de noviembre de 2004 en la que condenó a JESÚS ANTONIO RAMÍREZ a la pena principal de 15 años de prisión. Ya capturado el procesado, mediante defensor de confianza apeló de la sentencia

de primera instancia la que fue modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en los términos ya señalados. D.- DEMANDA Con apoyo en la causal tercera de casación, el demandante acusa la sentencia de haberse producido en un juicio viciado de nulidad la cual debe decretarse a partir del momento en que se produjo la resolución del día 10 de octubre de 2001 en que se declaró persona ausente para que explique si era la persona que conducía el camión que transportaba la sustancia ilícita, en tanto el único elemento empleado fue la cédula de ciudadanía, sin realizar una operación que determinara sus rasgos particulares que permitieran distinguirla de las demás personas y por lo mismo hubo una vulneración al derecho de defensa. Considera que se debe desarrollar una investigación para determinar si existe o no una responsabilidad del sujeto investigado, en tanto no habría seguridad jurídica en la identificación e individualización de la persona al proferirle una sentencia condenatoria y se atentaría contra la dignidad humana, lo cual constituye una afectación contra el debido proceso en un Estado Social de Derecho. Considera que la falta de la garantía fue materializada con la ausencia de respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como la falta de diligencia de la agencia de investigación para cotejar la información aparecida en los documentos incautados y no limitarse a un aspecto formal de su contenido. Luego de citar comentarios de autores nacionales y de efectuar un recuento histórico sobre el derecho de defensa en las codificaciones modernas y de enumerar los artículos que lo consagran en la Constitución Política, así como desarrollar el principio de culpabilidad, su definición y evolución en sus diferentes

teorías, concluye en que no es posible una responsabilidad objetiva y en el caso concreto el acusado JESÚS ANTONIO RAMÍREZ “se le declara culpable de la realización de una conducta penal con la sola relación de causalidad que se estableció a partir de los documentos que se encontraron en el automotor que conducía un hombre con el nombre que nos merece al más expedido de las elaboraciones epistémicos para impedir que siga condenado sin determinarse la culpabilidad, como garantía del Derecho de Defensa.” Luego de explicar el significado de la responsabilidad penal insiste que hubo una ausencia de individualización e identificación de JESÚS ANTONIO RAMÍREZ que conduce a la invalidación del proceso, en tanto se causó perjuicio a una persona pues afectó el respeto a la dignidad humana, motivo por el que solicita la nulidad de lo actuado a partir de la resolución que lo declaró persona ausente. De manera subsidiaria, con apoyo en la causal primera de casación cuerpo segundo del artículo 207 de la ley 600 de 2000, plantea la violación indirecta ante la comisión de un falso raciocinio por parte del fallador de segunda instancia por cuanto no edificó con acierto ninguno de los indicios contenidos en el fallo atacado y la fuerza demostrativa que le otorga al conjunto indiciario es susceptible del reproche de casación. Luego de sostener que en la crítica del indicio se debe establecer el encadenamiento lógico y validez jurídica, por cuanto es requisito indispensable apara analizar el siguiente elemento de su estructura, lo que a su juicio presupone que la inferencia lógica será legítima si el hecho indicador se encuentra demostrado y si las conclusiones sobre la fuerza vinculante son válidas, así como

la inferencia lógica la cual tiene que ser correcta. Considera que los hechos indicadores están basados en el informe del Comandante de la Zona norte de la Policía de Carreteras en el que señala que el sujeto JESÚS ANTONIO RAMÍREZ se identifica con la cédula de ciudadanía No. 13.833.581, la comunicación del gerente de Carpak S.A. en el cual informa que el camión inmovilizado era conducido por JESÚS ANTONIO RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía No. 13.883.581 de Barranquilla; las declaraciones del procesado ANATOLIO SUÁREZ y agentes de la policía Mauricio Gutiérrez Bustamante y Hernán Darío Acosta Maestre; la notificación de la sentencia a JESÚS ANTONIO

RAMÍREZ.

Para el demandante, el sentenciador de segunda instancia a partir del anterior conjunto de elementos concluyó que JESÚS ANTONIO RAMÍREZ era la misma persona que aparecía mencionada en los diferentes hechos indicadores, por manera que aceptó la inferencia lógica y el hecho probado, lo que a su juicio es incorrecto por cuanto desbordó claros principios de la sana crítica, error que de no haberse cometido habría cambiado el sentido de la decisión. Considera que la operación mental a partir de la cual todos estos hechos indicadores establecieron la responsabilidad penal en cabeza del condenado RAMÍREZ es incorrecta, por cuanto no existe la fuerza vinculante para obtener la certeza de que esa persona que aparece allí, sea la misma que fue condenada. Que en igual situación se encuentran los indicios construidos a partir de la injurada

rendida por el procesado ANATOLIO SUÁREZ y las declaraciones de los agentes de la policía Mauricio Gutiérrez Bustamante y Hernán Darío Acosta Maestre, porque tampoco existe la fuerza demostrativa que se trate de la misma persona que firma y dice llamarse JESÚS ANTONIO RAMÍREZ. Agrega que la particularidad de haber firmado la diligencia de notificación de la sentencia condenatoria, no significa que haya sido el autor del reato, por lo que, insiste, que el juicio de relación no posee la fuerza demostrativa, sino que está subsumido en un raciocinio insuficiente para probar la responsabilidad penal debilitado en certeza requerida para elaborar este razonamiento, motivo por el que pide casar la sentencia.

E.- CONCEPTO.

Aunque el recurrente plantea un cargo principal por la vía de la nulidad y subsidiario ante la supuesta comisión de un error de hecho por falso raciocinio, al estudiar su contenido se observa la similitud de argumentos empleados por el censor para desarrollar ambas censuras, y tratar de demostrar la afectación a la garantía del derecho a la defensa, así como los fundamentos lógicos para establecer una inferencia a partir de un hecho indicador, motivo por el que el Delegado responderá de manera conjunta las propuestas hechas. En un primer aspecto, el demandante fundamenta la nulidad por desconocimiento del derecho a la defensa, en la particularidad de que el procesado JESÚS ANTONIO RAMÍREZ no fue oído en indagatoria una vez se produjo su captura para que explicara si era él la persona que conducía un camión que transportaba la sustancia vegetal de tráfico ilícito, en tanto la única fuente de información para

establecer su vinculación con el hecho punible lo constituyó el simple número de una cédula de ciudadanía. Sobre este aspecto debe indicarse que la contumacia tuvo origen en el mismo comportamiento del procesado, quien al ser sorprendido en la comisión del hecho punible, logró eludir la acción de las autoridades que pretendían su captura, por manera que la actividad procesal no podía detenerse ante la ausencia voluntaria del acusado. Para esta clase de eventualidades, la ley de procedimiento ha establecido figuras propias que habilitan al Estado para continuar con la actividad investigativa sin afectar los derechos del sujeto pasivo de la acción penal a través de la declaratoria de persona ausente, formalismo que tuvo cabal cumplimiento en el proceso seguido contra el señor RAMÍREZ, por manera que perfeccionada esta ritualidad, las autoridades judiciales bien podían continuar con el adelantamiento de la labor investigativa en contra del implicado, sin afectar por esta sola decisión derechos fundamentales como lo planea el recurrente. De otro lado, resulta infundada la crítica del recurrente al sostener que el único elemento con el cual se pudo establecer la identidad del conductor lo constituyó un número de cédula, por cuanto que la identidad del procesado fue establecida con la documentación que el implicado dejó en manos de los agentes que realizaron el operativo y que fue relacionada en el oficio No. 0120 de 23 de enero del año 2001 por parte del Comandante de Zona Norte de la Policía de Carreteras en la cual puntualizó: “Anexo: acta derechos del capturado, inventario del vehículo al igual que las 177 cajas de empaques desechables y los 40 tricimotos plásticas quedan

en el parqueadero de INTRAMAG y anexos inventarios a su disposición, manifiesto de carga número 1260 DEDETRANSCOL, cumplido número 13188 de Coltrasteos Ltda., licencia de conducción número 0000066 b 68001 a nombre de RAMIREZ JESUS ANTONIO, licencia de tránsito número 99-08573 0005570, carnet de afiliado número 1542 Transportes Barcenas Ltda., Póliza de seguros número 25193302856, cédula de ciudadanía numero 13.833.581 a nombre de RAMIREZ JESUS ANTONIO” (ver folio 1° cuaderno principal) En ese mismo sentido se pronunció la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta la cual negó el pedimento del defensor sobre este mismo aspecto y en el cual sostuvo: “No es cierto que el procesado no está identificado. Obsérvese que en el informe del Comandante Zona Norte Policía de Carreteras, folio 1, consta que Jesús Antonio Ramírez se identifica con la cédula de ciudadanía 13.833.581. En la comunicación que el Gerente General de CARPAK S.A., FOLIO 94, se dice que el camión de placas TPA 225, el que según el mismo informe fue inmovilizado porque en él se transportaba la marihuana, contratado para llevar los envases desechables a Setas Colombian S.A. y Embotelladora Román de Barranquilla, era conducido por Jesús Antonio Ramírez, con cédula de ciudadanía 13.833.581 de Barranquilla” (Fl.3 sentencia 2a Instancia) Sobre los anteriores elementos, queda entonces desvirtuado el señalamiento del

demandante al sostener que la vinculación del procesado tuvo como único elemento un número de cédula, cuando la evidencia indica que fue el documento de identidad material que portaba el procesado y que entregó a los miembros de la policía, el que utilizó el fallador como uno de los factores de convicción para establecer la identidad del acusado. De igual manera fueron aportados otros documentos que conducían a la identidad del procesado como el cumplido CL No. 13188 expedido por la Compañía de Mudanzas “Coltrasteos Ltda.”, en la que establece las condiciones del contrato de transporte, la clase de mercancía objeto de desplazamiento, el remitente, el destinatario y la ciudad donde se encuentra ubicado, las placas del vehículo en que son transportados los elementos y el nombre del conductor que correspondía

a JESÚS ANTONIO RAMÍREZ.

Pero a más de lo anterior y como lo indicara la sentencia primera instancia, cuya expresión fue confirmada por el tribunal, otro elemento fundamental para adquirir la certeza de que el procesado no era otro que la persona natural de JESÚS ANTONIO RAMÍREZ, tuvo asiento en la manifestación hecha por el también procesado ANATOLIO SUÁREZ, sujeto con quien sostenía una relación de amistad de 6 años, según lo aseveró en su injurada, la cual tuvo origen en la actividad laboral similar, pues estaban dedicados al transporte de carga, cuya sede operaciones tenía asiento en la ciudad de Bucaramanga, manifestación que dada la naturaleza del exponente, le permitió al fallador concluir que todas estas condiciones le permitían otorgar un alto grado suasorio para establecer que la

identidad del procesado, no era otra que la de JESÚS ANTONIO RAMÍREZ, apreciación que no contiene ninguna deficiencia en su formación, o alguna distorsión en los elementos fundantes y las deducciones hechas por el fallador, por manera que carece de razón el censor, al acusar la providencia de aplicar la responsabilidad objetiva para derivarle una pena al procesado con degradación al derecho de defensa o a los principios de la lógica en la formación de los distintos razonamientos empleados por los falladores para erigir esta condena. Ahora bien los argumentos que supuestamente expone el recurrente, con los cuales pretende demostrar una equivocada elaboración de los razonamientos por parte del fallador al establecer la identidad del procesado, carecen de un desarrollo coherente en el que se demuestre la verdad de ese postulado. En efecto, el elaborar la crítica contra la sentencia, en la que indica que el procesado JESÚS ANTONIO RAMÍREZ se identifica con la cédula de ciudadanía No. 13.833.581, esboza que esa afirmación es correcta pero no la operación mental para “emitir universalmente un juicio de relación con los demás indicios, para determinar responsabilidad penal.” La anterior aserción no indica ninguna clase de error, no muestra por parte alguna la comisión de una equivocación, ni siquiera logra revelar como fue estructurado el pensamiento del funcionario judicial en la sentencia y sin embargo lanza expresiones carentes de fundamento para mostrar un desatino que ni siquiera logra reconocer. De igual manera cae en apreciaciones confusas e ininteligibles cuando sostiene

que de las declaraciones del otro procesado, ANATOLIO SUÁREZ, así como de los agentes de policía Mauricio Gutiérrez y Hernán Darío Acosta, se puede inferir que JESÚS ANTONIO RAMÍREZ acompañaba al primero y que después escapó, más no existe certeza de que este sujeto sea la persona natural condenada en este proceso. Sobre este tópico es necesario resaltar que la certeza es una condición subjetiva de los seres humanos que fungen como administradores de justicia. Medir el grado de certeza, entonces, se convierte en un problema infranqueable, en tanto habrá una clasificación tan variada como cuantas personas operen como jueces en un determinado Estado. Es por lo anterior que el grado de convicción no puede ser objeto del recurso extraordinario de casación, en tanto resulta imposible materialmente sopesar esta condición intrínseca, quedando entonces como objeto de debate los razonamientos plasmados en el texto de las providencias cuando estos ataquen los principios científicos, de lógica, reglas de la experiencia o aquellos que hagan parte de la sana crítica. En el caso concreto, los miembros de la policía, allegaron al proceso el original de una cédula de ciudadanía a nombre de JESÚS ANTONIO RAMÍREZ, además de otra documentación expedida por compañías legales en las que se indicaba que el conductor era esta misma persona, así como también la declaración de un compañero de labores por 6 años que lo había tratado y distinguido a través de todo este lapso con ese nombre, elementos probatorios que hasta la fecha y a través del proceso no fueron tachados de falsos y menos aún existieron elementos

para considerarlos espurios, ingredientes todos que en su conjunto le permitían al sentenciador concluir que efectivamente la persona que conducía el vehículo camión placas TPA 225, la madrugada del 23 de enero del año 2001, no era otra que la de JESÚS ANTONIO RAMÍREZ, señalamiento que se produjo sin incurrir en ninguna clase de afectación al derecho de defensa y menos aún a la dignidad humana, o cometer en una violación indirecta como lo sostiene el recurrente. Sobre los anteriores postulados considera el Ministerio Público que ninguno de los cargos planteados por el recurrente tiene viabilidad, en consecuencia sugerirá al Tribunal de Casación desestimar las censuras que contiene la demanda y mantener la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. PETICIÓN Sea lo anterior suficiente para que la Procuraduría Cuarta Delegada en lo Penal, solicite a la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia impugnada. Señores Magistrados, ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA Procurador Cuarto Delegado en lo Penal Bogotá, 24 de abril de 2007 Rd.25.393