PGN - Documento 201607171119121

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Liquidación oficial de revisión COMPETENCIA FUNCIONAL-Naturaleza y estructura funcional de los impuestos Así las cosas, la competencia funcional de Alcalde Distrital esta limitada a aplicar las normas del Estatuto Tributario Nacional, conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos distritales, pero no puede modificar las normas sobre la determinación y discusión de los impuestos, pues estás son generales y están señaladas en el régimen tributario nacional. En consecuencia, esta norma debe ser inaplicada al caso, dada su evidente y manifiesta contradicción con la norma de carácter superior a la cual está sujeta. ACCIÓN DE NULIDAD-Silencio administrativo En relación con los demás cargos expuestos, considera el Ministerio Público que no es necesario su análisis, considerando que al existir una causal de nulidad y operar el silencio administrativo a favor del contribuyente, el recurso de reconsideración se entiende resuelto a favor de la sociedad demandante. Concepto 0202010 -415152 Bogotá D.C., 28 de enero de 2011 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejera Ponente: Doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez Referencia: 250002327000200900125 01

Radicado: 18498

Asunto: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Actor: Telefónica Móviles Colombia S.A.

Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado gbueno@procuraduria.gov.co

Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11932/33 www.procuraduria.gov.co Expediente 18498 2 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1°, 3° y 7° de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General, dentro de la oportunidad legal esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto dentro del trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 8 de julio de 2010.

ANTECEDENTES: 1.- Expone la parte demandante en el acápite de los ‘hechos de la demanda’ que los días 22 de julio, 21 de septiembre y 19 de noviembre de 2004 y 21 de enero de 2005, la sociedad “Telefónica Móviles Colombia S.A.” presentó las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio correspondientes a los bimestres 3º a 6º de 2004, respectivamente, en el Distrito Capital. 2.- Con ocasión de investigación tributaria, los días 21 y 25 de octubre de 2005, el Subdirector de Impuestos a la Producción y Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos, profirió requerimientos de información y de cruce, comisionando a funcionarios para que realizaran visita a las instalaciones de la sociedad demandante, con la finalidad de establecer el cumplimiento de las obligaciones

formarles de declarar y pagar el Impuestos de Industria y Comercio correspondiente a los seis bimestres del año 2004. 3.- El 20 de octubre de 2006 la Administración notificó a la compañía el Requerimiento Especial 2006EE258165, por medio del cual propuso corregir las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio correspondientes a los bimestres 3°, 4°, 5° y 6° del año 2004. 3.- El 23 de mayo de 2007, la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos, expidió la Liquidación Oficial de Revisión 256DDI 026373, ratificando los puntos expuestos en el Requerimiento Especial. Expediente 18498 3 Con ocasión de la anterior el 31 de julio de 2007, la sociedad interpuso recurso de reconsideración solicitando la práctica de una inspección contable con la finalidad de determinar el origen de los ingresos percibidos por la sociedad durante los bimestres en discusión, para demostrar que estos se originaron en operaciones pasivas de endeudamiento. 4.- El 16 de febrero de 2009 la Administración notificó a la sociedad la resolución DDI 001179 con la cual se resuelve el recurso de reconsideración y se confirma la liquidación oficial proferida. 5.- La sociedad Telefónica Móviles Colombia S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, procedió a demandar la nulidad de la Resolución

256DDI 026373 de 23 de mayo de 2007, de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos y de la Resolución DDI 001179 de 16 de febrero de 2009, con la cual la Oficina de Recursos Tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos confirmó la Liquidación Oficial. Invoca como normas violadas el artículo 29 de la Constitución Política; el artículo 32 de la Ley 14 de 1983; los artículos 32, 36, 37 inciso 2, 40, 41, 44 y 52 del Decreto Distrital 352 de 2002; el artículo 56 del Decreto 401 de 1999; los artículos 742, 743, 744, 746, 761, 772, 773, 774, 777 y 778 del Estatuto Tributario; el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Sustenta el concepto de violación afirmando que de acuerdo con el Decreto Distrital 807 de 1993, en concordancia con el artículo 732 del Estatuto tributario, el Distrito tiene un año para resolver el recurso de reconsideración, lo cual se traduce en que la entidad demandada sólo tenía hasta el 31 de julio de 2008 para decidir el recurso presentado por la sociedad demandante, lo cual no ocurrió, pues el Distrito resolvió el recurso el 16 de febrero de 2009, mediante la Resolución DDI 001179, aludiendo que el plazo se prorrogó por la práctica de una inspección tributaria que no existió. Expediente 18498 4 Manifiesta que la prueba decretada fue la inspección contable y, según el artículo

733 del Estatuto Tributario, lo que suspende el término para decidir el recurso de reconsideración es la práctica de la inspección tributaria y no la práctica de una inspección contable, única prueba solicitada y ordenada. Agrega que el Requerimiento Especial, también fue notificado sin cumplir lo señalado por el artículo 705 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 97 del Decreto 807 de 1993, y por tanto, la declaración del tercer bimestre quedó en firme el 24 de julio de 2006. Explica que la Secretaria de Hacienda Distrital desconoció las normas que regulaban el sistema de ajustes integrales por inflación y que su aplicación es exclusiva para efectos del Impuesto de Renta; de acuerdo con lo anterior, dichas normas no resultan aplicables al Impuesto de Industria y Comercio, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto 352 de 2002 y 330 del Estatuto Tributario. Aduce que los ingresos por diferencia en cambio de la sociedad durante los bimestres cuestionados no provienen de actividades gravadas ni realizadas en la jurisdicción del Distrito Capital; por tanto, no se cumple con el principio de causación ni de territorialidad del Impuesto. Finalmente expresa que la sanción por inexactitud no es procedente, pues se actuó sobre hechos verídicos y aplicando los principios sobre naturaleza y territorialidad de los impuestos, con argumentos respaldados en jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 6.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de julio de 2010 declaró la nulidad de los actos demandados con fundamento en las

siguientes consideraciones: En el sub lite, la Sala de primera instancia encuentra que en relación con la notificación del Requerimiento Especial para las declaraciones correspondientes a los bimestres 3º 4º de 2004, se suspendió el término de dos años por haberse decretado y practicado la inspección tributaria, la cual fue ordenada el 27 de Expediente 18498 5 febrero de 2006 mediante Auto 2006 EE30213, notificado el 22 de marzo de 2006, fecha en que surtió efectos la suspensión. Particularmente, respecto del tercer bimestre de 2004, el plazo para notificar al contribuyente el Requerimiento Especial comenzó el 23 de julio de 2004 y culminaba el 23 de julio de 2006; como el auto de inspección tributaria fue notificado el 22 de marzo de 2006, el plazo se suspendió por tres meses; por ello, el plazo se corrió y vencía entonces el 23 de octubre de 2006. Considerando que el Requerimiento Especial fue notificado a la empresa el 20 de octubre de 2006, según se verifica a folios 398 del anexo 2, resulta que el Distrito se ajustó a los términos señalados en los artículos 705 y 706 del Estatuto Tributario. En relación con el cuarto bimestre de 2004, el plazo principió el 22 de septiembre de 2004 y culminaba el 22 de septiembre de 2006; sin embargo, en virtud del auto de inspección tributaria el plazo se suspendió tres meses, corriendo el vencimiento hasta el 22 de diciembre de 2006. Como el Requerimiento Especial 2006EE258165 de 19 de octubre de 2006, fue notificado a la empresa el 20 de

octubre de 2006, el Requerimiento se ajustó a los términos previstos en el Estatuto Tributario Nacional y Distrital. Así las cosas no prosperan estos cargos. Seguidamente, en cuanto al término que tenía la Administración para decidir el Recurso de Reconsideración, encuentra la Sala a quo, que el Recurso de Reconsideración fue interpuesto ante la Administración el 31 de julio de 2007, razón por la cual, en principio el plazo para decidir el recurso concluía el 31 de julio de 2008. Igualmente se observa que mediante Auto 2008 EE 187221 de 9 de julio de 2008, la Oficina de Recursos Tributarios decretó la prueba de inspección contable solicitada por la sociedad contribuyente (Folios 1143-115, anexo 5). Verificados los informes y las pruebas practicadas, para el Tribunal queda claro, que en el presente caso, lo que se decretó y practicó fue diligencia de inspección contable, medio de prueba que por ser diferente a la inspección tributaria no tiene Expediente 18498 6 la virtualidad de suspender el término previsto para resolver el Recurso de Reconsideración, que es de un año contado a partir de su interposición en debida forma, de acuerdo con los artículos 732 y 733 del Estatuto Tributario. Por otra parte, sobre la aplicación del parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, el cual señala que el término para resolver el recurso también se suspende cuando se decrete la practica de otras pruebas; explica el a quo que el parágrafo resulta inaplicable para el caso de autos, toda vez que el

Alcalde Mayor de Bogotá no tenía facultades legales para expedir cánones como el parágrafo mencionado, circunstancia que ya ha sido expresada en sentencia del consejo de Estado de 27 de marzo de 2008, de la Sección Cuarta, con la radicación 250002327000200302379 01 (16166), ponencia de la doctora Ligia López Díaz. En consecuencia, por ser extemporánea la Resolución DDI de 16 de febrero de 2009, se debe concluir que para dicha fecha, la Administración no tenida competencia para resolver el recurso de reconsideración en términos del artículo 730-1 del Estatuto Tributario y dicho acto esta viciado de nulidad, por falta de competencia para dictarlo. Sobre los Ingresos por diferencia en cambio observa la Sala a quo que es una de las modalidades que el artículo 335 del Estatuto Tributario prevé como ajuste integral por inflación y que dicha diferencia no es de aplicación en la determinación del Impuesto de Industria y Comercio, de acuerdo con lo señalado en el artículo 330 del Estatuto Tributario y la sentencia del Consejo de Estado de la Sección Cuarta del 26 de marzo de 2009, radicado 16782; por la misma razón; también pierde validez la sanción por inexactitud impuesta al contribuyente. 7.- La Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, por medio de apoderado judicial, interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y expuso como motivos de inconformidad los siguientes: Expediente 18498 7 Para el momento de la expedición de los actos administrativos, el parágrafo del

artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993 se encontraba enmarcado en la legalidad y por tal razón debe producir todos los efectos. Aduce el recurrente que la sentencia que declaró la nulidad de este parágrafo, en ningún momento consagró efectos retroactivos, luego forzoso resulta concluir que los efectos de la sentencia son a futuro y, por consiguiente, no debe cobijar situaciones jurídicas realizadas en vigencia de dicha norma. En consecuencia, se podía suspender el término para decidir el recurso de reconsideración con la práctica de pruebas diferentes a la inspección tributaria. Sobre la diferencia en cambio, la entidad apelante explica que jurisprudencialmente se ha concluido en varias oportunidades que esta se encuentra gravada, pues constituye un ingreso no excluido, percibido de manera concomitante en los procesos económicos gravados con el Impuesto de Industria y Comercio; posteriormente el Consejo de Estado ha expresado que aunque se deriva de operaciones gravadas y constituyen un incremento del patrimonio, se trata de ajustes que generan ingresos pero no obedecen al ejercicio de una actividad gravada o relacionada con las mismas; en esta forma, constituyen ajuste o actualización de activos monetarios para cuya obtención no se realiza ninguna actividad gravada; y en otras ocasiones se ha sostenido por parte de la misma Corporación, que la diferencia en cambio constituye una de las modalidades de ajustes por inflación, lo que implica que de conformidad con el artículo 330 del Estatuto Tributario Nacional, los ingresos por este concepto no hacen parte de la base gravable del Impuesto de Industria y Comercio. A partir de lo anterior explica la entidad demandada que las sentencias que se

encuentran en contra del gravamen a la diferencia en cambio evidencian contradicciones conceptuales y llegan a conclusiones equivocadas, pues admiten que hay operaciones contables que registran ingresos, razón por la cual se debe concluir que son resultado o proceden de la realización de operaciones gravadas, con lo cual queda en evidencia que cualquier registro de diferencia en cambio es resultado directo de operaciones gravadas. Expediente 18498 8 Agrega que toda diferencia en cambio constituye un ingreso o expensa generada con motivo de un negocio jurídico, el cual se traduce en una operación comercial o de servicios; esto es, una operación gravada. En relación con el argumento presentado en otras sentencias, en las que se afirma que la diferencia en cambio, es una de las especies que constituyen los ajustes por inflación, el apoderado de la entidad recurrente, hace un paralelo para diferenciar estas dos figuras jurídicas y concluye que la diferencia en cambio no es una especie de los ajustes por inflación a pesar de encontrarse en el mismo capitulo de los ajustes; asegura que las normas que regulan la diferencia en cambio no han sido derogadas, como sí lo fueron las relativas a los ajustes por inflación. Finalmente concluye que toda diferencia en cambio está gravada, porque la causada y contabilizada, pero no realizada, no representa ingresos que afecte la disponibilidad de recursos; por el contrario, los ingresos por diferencia en cambio que sí fueron realizados al momento de realizar la operación o pago de las obligaciones producto de un negocio jurídico industrial, comercial o de servicios, son ingresos constitutivos de una actividad gravada, porque para quien los percibe constituyen verdaderos recursos adicionales que se pueden utilizar para el pago de otras obligaciones a su cargo.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Considerando los motivos de inconformidad con la decisión de primera instancia expuestos por la entidad apelante, el problema jurídico se concreta en determinar (i) si es procedente la suspensión de términos para resolver el recurso de reconsideración de acuerdo con el artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993 y (ii) si resulta procedente la aplicación del Impuesto de Industria y Comercio a los ingresos que obtiene un contribuyente por diferencias en cambio. En principio, cobra relevancia contextualizar que la sentencia de primera instancia declaró la nulidad de los actos acusados por falta de competencia de la Expediente 18498 9 Administración para proferir el acto de decisión del Recurso de Reconsideración, habida cuenta que para el 16 de febrero de 2009, se encontraba vencido el término con que contaba la Administración para decidir dicho recurso, en los términos del artículo 730-1 del Estatuto Tributario que señala las causales de nulidad de los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos. Posteriormente se refirió al cargo relacionado con los ingresos por diferencia en cambio, lo cual no era necesario, pues la ausencia de competencia es causal suficiente para decretar la nulidad de los actos demandados; sin embargo, así lo hizo sin exponer razones. Para el Ministerio Público es preciso analizar inicialmente el primer cargo, porque solo si es procedente la inconformidad del recurrente respecto al cargo relacionado con la extemporaneidad para resolver el recurso, que fue el primer motivo para declarar la nulidad, correspondería atender el segundo cargo. El parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, señala:

Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 733 del Estatuto Tributario Nacional, el término para resolver el recurso también se suspenderá cuando se decrete la práctica de otras pruebas, caso en el cual la suspensión operará por el término único de noventa días contados a partir de la fecha en que se decrete la primera prueba. Por su parte, el Estatuto Tributario Nacional prescribe: ARTÍCULO 732. TERMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. La Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contados a partir de su interposición en debida forma. ARTÍCULO 733. SUSPENSION DEL TÉRMINO PARA RESOLVER. Cuando se practique inspección tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá mientras dure la inspección, si ésta se practica a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practica de oficio. ARTÍCULO 734. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, Expediente 18498 10 el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará. De la lectura de las normas transcritas se puede observar que lo señalado en el Decreto Distrital, es contrario a lo establecido en el artículo 733 del Estatuto Tributario, pues la norma de carácter nacional se refiere a la inspección tributaria

exclusivamente como medio probatorio y causal para suspender el termino para resolver el recurso de reconsideración previamente presentado; mientras que el parágrafo del artículo 104 del Decreto 807 de 1993, adiciona a lo indicado en el Ordenamiento Tributario Nacional, extendiendo a otras pruebas, sin discriminación, haciendo posible en esta forma la suspensión del término una vez se decrete la primera prueba, sin importar cuál fuere. No puede dejar de considerarse que el Decreto Distrital 807 es un reglamento de carácter administrativo que tiene fundamento y límites en el artículo 132 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, el cual indica: “ARTÍCULO.- 162. Remisión al estatuto tributario. Las normas del estatuto tributario nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la Administración de los tributos serán aplicables en el Distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de éste”. Así las cosas, la competencia funcional de Alcalde Distrital esta limitada a aplicar las normas del Estatuto Tributario Nacional, conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos distritales, pero no puede modificar las normas sobre la determinación y discusión de los impuestos, pues estás son generales y están señaladas en el régimen tributario nacional. En consecuencia, esta norma debe ser inaplicada al caso, dada su evidente y manifiesta contradicción con la norma de carácter superior a la cual está sujeta. Conviene precisar que la inaplicabilidad de la norma no depende de que previamente se haya declarado su ilegalidad, sino de la contrariedad manifiesta

con una norma de carácter superior, siendo un deber y una potestad de las autoridades omitir su aplicación. Tal como lo indicó el Tribunal, sobre la inaplicabilidad de esta norma, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diferentes sentencias, entre ellas las decisiones de Expediente 18498 11 27 de marzo de 2008, Expedientes. 16017 Consejera Ponente doctora María Inés Ortiz Barbosa y 16166 Consejera Ponente doctora Ligia López Díaz. En dichas sentencias la Sala rectificó su criterio jurisprudencial e inaplicó el parágrafo del artículo 104 del Decreto 807 de 1993, en cuanto prevé el decreto de otras pruebas como causal de suspensión del término para resolver la reconsideración. Lo anterior porque se vulneraba el Estatuto Tributario Nacional, toda vez que contiene un supuesto que no está previsto por éste. “Al respecto, la Sala modifica su criterio expresado en ocasiones anteriores1 y considera que debe inaplicarse el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993 porque contiene un supuesto que no esta previsto en el Estatuto Tributario Nacional. El artículo 733 del E.T. ya trascrito, prevé la suspensión del término únicamente cuando se practique inspección tributaria sin que en dicha norma o en alguna otra se haya advertido la suspensión de términos por “la práctica de otras pruebas”. El artículo 162 del Decreto 1421 de 1993, remite a las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la Administración de

los tributos, las cuales son aplicables en el Distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de sus impuestos. Por su parte, el artículo 176 ib. Facultó al Gobierno distrital para expedir las normas estrictamente necesarias para “armonizar” las disposiciones vigentes en el Distrito con los preceptos del Estatuto Tributario Nacional. Precisa la Sala que no es posible suspender el término para resolver el recurso utilizando simultáneamente la inspección tributaria de que trata el artículo 779 del Estatuto Tributario y además decretar “otras pruebas” con fundamento en el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, porque la finalidad de uno u otro caso es la misma. Tanto una como otra figura pretenden, a través del decreto y práctica de pruebas, constatar los hechos que interesan al proceso. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la consecuencia que le da el ordenamiento jurídico a una respuesta extemporánea del recurso de reconsideración por parte de la Administración es la consagrada en el artículo 734 del E.T. En virtud de esta norma, si ha transcurrido el término de un año señalado en el artículo 732 del E.T., y el recurso no ha sido resuelto, éste se entiende fallado a favor del recurrente, con lo cual opera el silencio administrativo positivo a su favor”. En el asunto bajo examen, se encuentra probado que el 31 julio de 2007 la contribuyente interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de 1 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 24 de octubre de 2007, exp. 16094, M.P. Héctor J. Romero Díaz.

Expediente 18498 12 revisión (folios. 47 a 57 c.a.) y que el 9 de julio de 2008, la Oficina de Recursos Tributarios decretó la practica de pruebas y entre ellas, la inspección contable (Folios 1143 a 1145 del anexo 5) Asimismo, esta demostrado que la Resolución DDI 00179 con la cual se decidió el Recurso de reconsideración fue proferida por la Administración el 16 de febrero de 2009 y notificada a la sociedad contribuyente en la misma fecha. (Folio 77 del Expediente) Lo anterior quiere decir que no hubo suspensión del término para resolver el recurso, pues en el proceso administrativo no se decretó inspección tributaria sino una prueba diferente, que fue la inspección contable; por tanto, la Administración debió notificar a más tardar el 31 de julio de 2008, la resolución del recurso de reconsideración; y como no lo hizo, venció el término con que contaba para dicha actuación. Si en gracia de discusión se aplicara el artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, tal como lo menciona la entidad distrital, el término solamente podría haberse suspendido por el lapso único de noventa días, contados a partir de la fecha en que se decretó la primera prueba, lo cual conllevaría que se correría el término para resolver el recurso hasta el 12 de diciembre de 2008. En este supuesto evento, la Resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración, proferida por la Administración el 16 de febrero de 2009, también resulta extemporánea.

Por las razones expuestas y, habida cuenta que en el caso bajo examen se profirió extemporáneamente la Resolución DDI 001179 de 16 de febrero de 2009, en aplicación del artículo 734 del Estatuto Tributario, corresponde confirmar el fallo del Tribunal, en el sentido de que dicho acto, fue resuelto por fuera del término legal consagrado en el artículo 732 del Estatuto Tributario. En relación con los demás cargos expuestos, considera el Ministerio Público que no es necesario su análisis, considerando que al existir una causal de nulidad y Expediente 18498 13 operar el silencio administrativo a favor del contribuyente, el recurso de reconsideración se entiende resuelto a favor de la sociedad demandante. Sobre el análisis precedente, esta Procuraduría Delegada solicita a la Honorable Sala se sirva confirmar la sentencia de primera instancia. De los Señores Consejeros,

GUILLERMO BUENO MIRANDA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado