PGN - Documento 201607172215210

1 ACCIÓN DE NULIDAD-Acto transgresor de normas superiores ANÁLISIS DE LEGALIDAD-Artículo 85 del Acuerdo Superior 004 de 2009, frente a al artículo 125 de la Constitución Nacional Para el análisis de legalidad del mencionado artículo 85 del Acuerdo Superior No. 004 de 2009 frente al artículo 125 de la Constitución Política, es importante aclarar cual es el régimen de carrera administrativa del personal administrativo de las universidades estatales, asunto que fue estudiado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-La tienen respecto al personal administrativo, diferente es que se desconozca el marco constitucional de la carrera administrativa Ahora bien, una situación es que se permita a las universidades gozar de autonomía en los asuntos del personal administrativo y otra distinta es que se desconozca el marco constitucional de la obligatoriedad y naturaleza de la carrera administrativa. Por lo tanto, los estatutos no podrán desconocer el artículo 125 de la Constitución que ordena que los empleos públicos deben ser provistos por concurso de méritos y teniendo en cuenta las demás normas vigentes sobre las especificidades del régimen de dichos empleados públicos. CARRERA ADMINISTRATIVA-Regulación por la ley 909 de 2004/CARRERA ADMINISTRATIVA-Jurisprudencia de la Corte Constitucional En efecto, cuando se comparan, por una parte, las normas contenidas en la ley 30 para la regulación de la carrera del personal docente y por otra, las del personal administrativo con el fin de revisar su alcance, se observa que las disposiciones que diseñan la carrera docente, no dejan duda sobre los parámetros a tener en cuenta por

los entes universitarios autónomos al elaborar sus estatutos docentes, según disponen los artículos 70 y siguientes. No ocurre lo mismo con respecto al personal administrativo, pues si bien el artículo 79 señala unos contenidos mínimos que deberá tener el estatuto general, la ley en realidad no fijó parámetros concretos para orientar el estatuto de la carrera administrativa. Por lo tanto, es necesario acudir a la regulación que trae la ley 909 de 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, para que el órgano máximo de la universidad expida el citado estatuto, como se verá más adelante. Al no incluir la ley 909 de 2004 a los entes universitarios autónomos dentro de su ámbito de aplicación, y por el contrario excluirlos expresamente y dejar su aplicación sólo de manera supletoria, es claro que el legislador fue consecuente con lo dispuesto en el artículo 69 de la Carta y los artículos 28, 57 y 79 de la ley 30 de 1992, que lo desarrollan, al respetar su autonomía y reconocerle el régimen especial constitucional. Otra situación es que la ley 30 presente vacíos y que necesariamente para que las universidades públicas expidan su estatuto se deba acudir a lo dispuesto en la citada ley 909, mientras el legislador considere necesario expedir una ley especial para la carrera administrativa. Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

2 La conclusión de que la carrera administrativa de los empleados públicos administrativos de los entes universitarios autónomos, es de índole constitucional y

tiene un régimen especial en virtud de lo señalado en el artículo 69 de la Carta, no es nueva. En tal sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, como pasa a precisarse. Del concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, encontramos que el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia han establecido que la carrera administrativa de las universidades estatales es de origen especial constitucional, cuya vigilancia se sustrae de la Comisión Nacional del Servicio Civil y recae en los Consejos Superiores Universitarios de acuerdo con la función contenida en el literal c) del artículo 65 de la misma ley 30, precisión que deberá hacerse en el mismo estatuto general. Del igual forma, ha que agregar que la Ley 30 de 1992 ha otorgado autonomía a dichos entes para regular y administrar la carrera administrativa de su personal administrativo, no obstante, atendiendo que dicha normatividad (Ley 30 de 1992) presenta vacíos en la materia, se debe aplicar, en forma supletoria las normas de la Ley 909 de 2004. Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

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PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 2/04/13 Alegato No. 042/13

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala Ref.: Expediente No 110010324000 2011 00212 00

Actor: Asociación de Profesores de la Universidad de

los Llanos

Demandado: Universidad de los Llanos Acción Acción de Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES 1.- La demanda La Asociación de Profesores de la Universidad de los Llanos, actuando en mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción contenida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo Superior No. 004 del 3 de julio de 2009, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos, por considerarlo violatorio de los artículos 28° y 125° de la Constitución Política; 11° del Acuerdo Superior No. 027 de 2000, expedida por el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos; y 1° de la Resolución Superior No. 001 de 2009, expedida por el 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

4 Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, con base en los siguientes argumentos:

1.1.- […] B.- DISPOSICIONES QUEBRANTADAS Y CONCEPTO DE LA

VIOLACIÓN […] 1.- Normas de rango constitucional […] Por razón de la expedición de El (sic) Acuerdo Superior No. 004 del 3 de julio de 2009 del Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos, es violatorio de la Constitución Nacional, en sus artículos 28 y 125 en los siguientes aspectos: […] a. Exige para ser miembro del Consejo Superior Universitario, para ocupar los cargos de Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector de Recursos Universitarios, Secretario General y Decano, el requisito de no haber sido sancionado penal, disciplinaria, fiscal o profesionalmente, sin establecer los parámetros de vigencia de la sanción. Al no determinar un término mínimo dentro del cual se aplique la inhabilidad derivada de la sanción penal, disciplinaria, fiscal, o profesional (sic) imposibilita de manera vitalicia al candidato a desempeñar dichos cargos, de forma tal que se aplicaría indirectamente una sanción perpetua a quien hubiese, en cualquier época, sido sancionado penal, disciplinaria, fiscal o profesionalmente, quebrantándose de esta manera la garantía fundamental contenida en el art. 28 Constitución cuyo inciso final prescribe: “En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. […] b. Faculta al Rector para desarrollar la normativa contenida en el Acto Legislativo 01 de 2008, que adiciona al art. 125 constitucional. Esta facultad es desde todo punto de vista ilegal e improcedente, pues la disposición contenida en el art. 1° del

Acto Legislativo 01 de 2008 está dirigida a la Comisión Nacional del Servicio Civil, y por lo demás, el inciso final del mismo artículo excluye expresamente los procesos de selección a los servidores regidos por los artículos 131 y 256 de la C.N., a los de carrera diplomática consular y a los de carrera docente. Quebranta en consecuencia directamente, el Acuerdo impugnado el art. 125 Constitucional. […] 1.2.- […] 2.- El Acuerdo Superior No. 004 del 3 de julio de 2009, es violatorio del art. 11 del Acuerdo Superior No. 027 de 2000, del Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, así: […] a. Fue aprobado por un órgano colegiado incompetente, pues el período de los miembros del Consejo Superior Universitario que participaron en la aprobación del Acuerdo, en su mayoría, se encontraba vencido, sin que se hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 11 del Acuerdo Superior Universitario No. 27 de 2000, en cuanto a la designación de llamados a suplir la vacantes derivadas del vencimiento del período estatutario. […] b. Para que sea viable predicar la interinidad creada por el parágrafo cuarto del mencionado art. 11 del Estatuto General vigente, se ha debido por parte del mismo Órgano Superior, declararse mediante Resolución, la aplicación de la interinidad de los noventa días para los miembros del Consejo cuyo período había concluido, Acto administrativo que no se surtió, razón por la cual no se habilitó a los Consejeros para continuar actuando, de tal manera que obraron de facto, sin el reconocimiento de la interinidad

determinada por el parágrafo cuarto prenombrado. […] Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno 5 1.3.- […] 3.- El Acuerdo Superior No. 004 del 3 de julio de 2009, es violatorio del Art. 1° de la Resolución Superior No. 001 del 29 de enero de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, por las siguientes razones: […] a. El art. 1° de la Resolución No. 001 de 2009, prenombrada, dispuso realizar una serie de actividades previas a la aprobación del nuevo Estatuto General de la Universidad, enmarcándola dentro del período comprendido entre el 10 de febrero de 2009 al 15 de abril del mismo año. […] b. Según el acta No. 026 – 2009 correspondiente a las sesiones del Consejo Superior Universitario adelantadas los días 23 y 26 de junio, 1° y 3 de julio del año en cuerso, se infiere claramente que las fechas y los procedimientos determinados en el art.

1° de la Resolución Superior No. 1 de 2009 no fueron cumplidas, de forma tal que además de quebrantar la norma interna anteriormente citada, no se cumplió con el objetivo de divulgación y debate que debió preceder a la aprobación del nuevo Estatuto General Universitario, como norma rectora de la Institución. […] c. Por lo tanto el Acuerdo Superior No. 004 de 2009, fue aprobado quebrantando las etapas, procedimientos y términos determinados por el Art. 1° de la Resolución Superior 001 de 2009, sin que a través de acto administrativo

alguno, se hubiesen habilitado los términos y procedimientos incumplidos. […] 2.- Contestación de la demanda por parte de la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS contestó la demanda, en la cual se opuso a las pretensiones de la misma, con base en los siguientes argumentos. 2.1.- […] Como se puede observar, la misma Constitución (se cita el inciso 5° del artículo 122 de la Constitución Política) contempla inhabilidades intemporales para quienes aspiran a cargos públicos, luego, los reproches efectuados en la demanda, no corresponden, ya que en nada contrarían el ordenamiento Superior (sic). […] Así mismo, no se comparte la interpretación que efectúa del artículo 28 Constitucional, porque la disposición contenida en ese artículo, protege el derecho fundamental a la libertad, y cuando en su inciso final expresa que, en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles, el precepto es claro al referirse a la libertad, y las inhabilidades no son ni penas, ni medidas de seguridad. […] 2.2.- […] En cuanto al artículo 125 de la Constitución Nacional, incurre la demanda en un desconocimiento absoluto de la autonomía universitaria, ya que la Comisión Nacional del Servicio Civil no ejerce control, ni vigilancia a los Entes Universitario[s] Autónomos, y así lo han expresado las sentencia C-746 de 1999 y C-220 de la Corte Constitucional, como la providencia del Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 3 de julio de 2008, expediente

No. 6058-2002 (AI-0282-02) con ponencia del Consejero Dr. ALFONSO VARGAS RINCÓN, los entes Universitarios Autónomos, cuentan con un régimen especial, de origen constitucional, que las sustrae de la administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como tampoco hacen Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno 6 parte de ninguna de las ramas del poder público. […] Adicional a lo anterior el Acto Legislativo No. 001 de 2008, fue declarado inexequible por la H. Corte Constitucional. […] 2.3.- […] Considera también vulnerado el artículo 11 del Acuerdo Superior 27 de 2000, en cuanto considera que debió expedirse un acto administrativo que declarara la interinidad de los noventa días para los miembros del Consejo cuyo período se había cumplido. […] [El] Acuerdo 010 de 2001 incluyó el parágrafo 4 al artículo 11 del Acuerdo Superior 027 del 2000, el cual expresa: (se cita la disposición) […] Como se puede observar del contenido del parágrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo 027 de 2000, en ninguna parte de la norma exige la expedición de un acto administrativo que autorice el ejercicio del cargo por 90 días más, porque es la misma norma la que autoriza “… continuar actuando como consejero hasta por 90 días …”. No dice en su texto que continúa actuando como consejero previa expedición de acto administrativo, es decir la autorización es legal. […] Dice que no se cumplieron las actividades previas a la

aprobación del nuevo estatuto, de acuerdo con el artículo 1° de la Resolución No. 001 de 2009, que tenían que haberse llevado a cabo entre el 10 de febrero de 2009 al 15 de abril del mismo año, que tampoco se le dio la publicidad y los debates correspondientes, como tampoco se expidió resolución que habilitara los términos y procedimientos incumplidos. […] Como se probará en la etapa procesal pertinente, la Universidad observó todos los trámites, etapas y procedimientos, así mismo reprogramó el calendario las veces que fue necesario, de esta manera quedan desvirtuados los vicios de ilegales (sic) que la demanda le enrostra al Acuerdo Superior 004 de 2009 […]. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- La disposición acusada Las disposiciones enunciadas por el actor, como trasgresoras del ordenamiento jurídico, son las siguientes: 1.1.- Los artículos 27, 33, 42, 44 y 51 del Acuerdo Superior No. 004 de 3 de julio de 2009, que al tenor indican: […] ARTÍCULO 27º. EL RECTOR. Es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, responsable de su dirección académica y administrativa. Es designado por el Consejo Superior Universitario, ante el cual toma posesión. El cargo de Rector es incompatible con el ejercicio profesional o cualquier otro cargo público o privado. Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

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Para ser Rector se requiere: […]

5. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o

hechos culposos.

6. No haber sido sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.

7. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión.

[…] […] ARTÍCULO 33º. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. La Vicerrectoría Académica es una unidad académico - administrativa responsable de la dirección y coordinación del desarrollo de las actividades académicas, tendientes a garantizar la calidad de las funciones sustantivas de formación, investigación y proyección social de la Universidad. El Vicerrector Académico es el responsable de la dirección y desarrollo de la actividad académica de la Universidad, tendiente a fortalecer la pertinencia y calidad de las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social, a través de las direcciones generales adscritas a esta dependencia. Para ser Vicerrector Académico se requiere: […]

4. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o hechos culposos.

5. No haber sido sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.

6. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión.

[…]

ARTICULO 42º. VICERRECTORÍA DE RECURSOS UNIVERSITARIOS.

El Vicerrector de Recursos Universitarios es el responsable de las actividades administrativas relacionadas con la organización, coordinación y manejo de los recursos humanos, físicos y económicofinancieros de la Universidad, tendientes a garantizar el cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad. Para ser Vicerrector de Recursos Universitarios se requiere: […]

4. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o hechos culposos.

5. No haber sido sancionado disciplinaria ni fiscalmente.

6. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión. […] Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

8 ARTÍCULO 44º. SECRETARÍA GENERAL. La Secretaría General está a cargo del Secretario General de la Universidad, a quien corresponde la conservación y custodia de la memoria institucional, la certificación, difusión de información y el asesoramiento en las actuaciones de la Universidad, es designado por el rector, ratificado por el Consejo Superior Universitario, dentro del mes siguiente a su designación. Para ser Secretario General se requiere: […]

4. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o hechos culposos.

5. No haber sido sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.

6. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión. […] ARTÍCULO 51º. CALIDADES PARA SER DECANO. Para ser decano, se

requiere reunir las siguientes calidades: […]

5. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o hechos culposos.

6. No haber sido sancionado disciplinaria ni fiscalmente.

7. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión.

[…] ARTÍCULO 82º. EMPLEOS PÚBLICOS DE CARRERA. Son los señalados por la Ley y el estatuto administrativo. El ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa, se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Se faculta al Rector, para que mediante

acto administrativo de su competencia, le de cumplimiento al Acto legislativo 01 de 2008, que reza: “Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 125 de la Constitución, así: Parágrafo transitorio. Durante un tiempo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la Comisión Nacional del Servicio Civil implementará los mecanismos necesarios para inscribir en carrera administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público a los servidores que a la fecha de publicación de la Ley 909 del 2004 estuviesen ocupando cargos de carrera vacantes de forma Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno 9 definitiva en calidad de provisionales o de encargados del sistema

general de carrera siempre y cuando cumplieran las calidades y requisitos exigidos para su desempeño al momento de comenzar a ejercerlo y que a la fecha de la inscripción extraordinaria continúen desempeñando dichos cargos de carrera. Igual derecho y en las mismas condiciones tendrán los servidores de los sistemas especiales y específicos de la carrera, para lo cual la entidad competente, dentro del mismo término adelantará los trámites respectivos de inscripción. Mientras se cumpla este procedimiento, se suspenden todos los trámites relacionados con los concursos públicos que actualmente se están adelantando sobre los cargos ocupados por empleados a quienes les asiste el derecho previsto en el presente parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá desarrollar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del presente acto legislativo,

instrumentos de calificación del servicio que midan de manera real el desempeño de los servidores públicos inscritos de manera extraordinaria en carrera administrativa. Quedan exceptuados de estas normas los procesos de selección que se surtan en desarrollo de lo previsto por el artículo 131 de la Constitución Política y los servidores regidos por el artículo 256 de la Constitución Política, carrera docente y carrera diplomática consular. Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.” […] 1.2.- La totalidad del Acuerdo Superior No. 004 de 3 de junio de 2009, que por su extensión y las características de los cargos formulados en su contra, no transcribiremos en su integridad. 2.- El problema jurídico Esta Agencia del Ministerio Público considera que son dos los problemas jurídicos que deben ser resueltos en el presente caso, así: 2.1.- En relación con los artículos 27°, 33°, 42°, 44°, 51° y 82° del Acuerdo Superior No. 004 de 3 de julio de 2009, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si esas disposiciones son violatorias de los 28° y 125° de la Constitución Política. Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

10 Para el actor, los artículos 27°, 33°, 42°, 44° y 51° del acuerdo demandado no determinan un término dentro del cual se aplique la inhabilidad derivada de la sanción penal, disciplinaria, fiscal o profesional, tornándose en vitalicia,

trasgrediendo el artículo 28 de la Carta Política que prohíbe la imposición de penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Frente al artículo 82° del acuerdo enjuiciado, el actor cuestiona la facultad que se le otorgó al rector de desarrollar el Acto Legislativo No. 01 de 2008, pues considera que dicha norma (el Acto Legislativo) está dirigida a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 2.2.- En relación con la totalidad del Acuerdo Superior No. 004 del 3 de julio de 2009, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si el acuerdo violó el artículo 11 del Acuerdo Superior No. 027 de 2000 y el artículo 1° de la Resolución Superior No. 001 del 29 de enero de 2009. El actor considera que el período de los miembros del Consejo Superior Universitario que participaron en la aprobación del acuerdo enjuiciado esta vencido, por lo que para que se diera aplicación a la <<interinidad creada por el parágrafo cuarto del mencionado art. 11 del Estatuto General vigente>>, debió haberse expedido una resolución en dicho sentido, por lo que, su ausencia, de entenderse como que no se habilitó a los consejeros para continuar actuando. De otro lado, el actor considera que el acuerdo demandado quebrantó las etapas, procedimientos y términos determinados por el artículo 1° de la Resolución Superior 001 de 2009, luego no se cumplió con el objetivo de divulgación y debate que debió proceder a la aprobación del nuevo Estatuto General Universitario, como norma rectora de la Institución. 3.- Análisis de los cargos formulados y el problema jurídico

3.1.- Violación de los artículos 28° y 125° de la Constitución Política. Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno 11 3.1.1.- Análisis de legalidad de los artículos 27°, 33°, 42°, 44°, 51° y 82° del Acuerdo Superior No. 004 de 3 de julio de 2009, frente al artículo 28° de la

Constitución Política. La inconformidad del actor frente a los artículos 27°, 33°, 42° y 51° del Acuerdo Superior No. 004 de 2009 radica que dichas normas del acuerdo demandado no determinan un término dentro del cual se aplique la inhabilidad derivada de la sanción penal, disciplinaria, fiscal o profesional, tornándose en vitalicia, trasgrediendo el artículo 28 de la Carta Política que prohíbe la imposición de penas y medidas de seguridad imprescriptibles. La Corte Constitucional ha determinado el <<sentido sustancial>> del artículo 28 de la Constitución Política, en la siguiente forma: […] iv) En desarrollo de la anterior consideración, la Corte en el fallo analizado, determina que el sentido sustancial del artículo 28 constitucional, “es el de condicionar la actividad de las autoridades encargadas de ejecutar las decisiones a través de las cuales el Estado ejecuta la privación de la libertad a una persona”. Y su alcance “proteger la libertad personal” frente a dicha “actividad material del Estado”. […] Así pues, vistas las normas demandadas bajo el prisma del artículo 28 de la Constitución Política, encontramos que ninguna de ellas viola el precepto

constitucional porque las normas no se refieren a la imposición de penas y medidas de seguridad imprescriptibles, esto es, a la trasgresión de la libertad personal, limitándose a establecer los requisitos para acceder a los cargos de rector, vicerrector académico, vicerrector de recursos universitarios, secretario general y decano de la Universidad de los Llanos y dentro de estos, la ausencia de sanciones penales, disciplinarias, fiscales o profesionales. Por ello, el cargo por violación del artículo 28 de la Constitución Política no tiene vocación de prosperidad. 3.1.2.- Análisis de legalidad del artículo 85 del Acuerdo Superior No. 004 de 3 de julio de 2009, frente al artículo 125 de la Constitución Política. El actor considera que el artículo 82° del acuerdo enjuiciado le otorgó al rector de la universidad la potestad de desarrollar el Acto Legislativo No. 01 de 2008, Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno 12 pues considera que dicha norma (el Acto Legislativo) está dirigida a la Comisión

Nacional del Servicio Civil. Para el análisis de legalidad del mencionado artículo 85 del Acuerdo Superior No. 004 de 2009 frente al artículo 125 de la Constitución Política, es importante aclarar cual es el régimen de carrera administrativa del personal administrativo de las universidades estatales, asunto que fue estudiado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que en el Concepto No. […] PARA RESPONDER LA SALA CONSIDERA: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Dos son los asuntos que han de resolverse por la Sala frente a la

consulta formulada, a saber: i) determinar si los Consejos Superiores Universitarios están facultados para crear, regular y administrar el régimen de carrera administrativa del personal administrativo de las universidades estatales, y ii) definir el organismo responsable de la vigilancia de la carrera especial de los empleados públicos de las referidas universidades.

1. ANTECEDENTES DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA – AUTONOMIA UNIVERSITARIA La Asamblea Nacional Constituyente aprobó como artículo 69 de la Carta, el siguiente texto: “Art. 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.”2 2 En la sesión del sábado 29 de junio de 1991, se presentaron dos propuestas sustitutivas, sometidas a votación se aprobó la formulada por los Constituyentes Eduardo Verano de la Rosa, Horacio Serpa Uribe, Diego Uribe Vargas, Guillermo Guerrero Figueroa, Helena Herrán de Montoya, Alberto Zalamea, Angelino Garzón, Antonio Yepes Parra, Eduardo Espinosa Facio Lince y Armando Holguín, que corresponde al actual artículo 69 superior. Gaceta Constitucional No. 142 del sábado 21 de diciembre de 1991. p. 16.

No se puede dejar de mencionar que en lo que corresponde al tema de la obligatoriedad de la Carrera Administrativa para los empleados del Estado, en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente no se señalaron de manera Expediente No 110010324000 2009 00296 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

13 En los antecedentes del artículo anterior, se observa que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, se presentaron varios proyectos que se ocuparon del tema de la educación superior, todos ellos coincidentes al proponer que la universidad debía gozar de autonomía para regirse por sus propios estatutos.3 Por ejemplo, en el informe de Ponencia presentado el 13 de abril de 1991, “De la educación y la Cultura”, se puede observar que la autonomía universitaria comporta no sólo los asuntos académicos sino que amplía su orbita a los administrativos, lo cual fortalece su independencia. Se señaló en la exposición de motivos que: “Las universidades, a través de la formación, la investigación y la extensión, aseguran el vínculo entre la creación y difusión sistemáticas de cultura en el país y la creación y difusión sistemáticas de cultura en el mundo. Deben ser académica y administrativamente autónomas para garantizar su función crítica y su necesaria vocación universalista. La designación de los rectores de las universidades públicas debe resultar de un compromiso entre la comunidad universitaria y el Estado, como expresión de la convergencia entre la autonomía de las tareas académicas y el interés nacional.” (Negrillas fuera de texto)4 A su vez en el informe de Ponencia para primer debate en Plenaria -25

de mayo de 1991-, correspondiente a “Carta de Derechos, Deberes, Garantías y Libertades”, se señaló en la exposición de motivos que “la garantía de la autonomía universitaria, es otro avance de significado en la nueva Carta. La importancia de que tanto en el campo administrativo como en el académico los centros universitarios puedan adoptar sus propios criterios, ya para la elecc