PGN - Documento 201607172215213

1 ACCIÓN POPULAR-Violación de Derechos Colectivos amenazados por edificación inadecuada para el acceso de personas discapacitadas DERECHOS COLECTIVOS-Se promueven mecanismos de integración social de las personas con limitación Es evidente la violación de los derechos colectivos enunciados por el actor y de las normas anteriormente citadas, diseñadas para promover mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Esta Delegada no puede compartir la decisión de negar las pretensiones de la demanda, puesto que encuentra <<probada inicialmente la falta de adecuaciones físicas que garantizaran el acceso a los juzgados mencionados, lo que pudo generar violación de los derechos colectivos invocados>>, pero destaca que las mismas fueron superadas por la circunstancia del cambio de inmueble y el traslado de los despachos judiciales, pues la misma jurisprudencia de esta sección ha señalado que <<Al respecto, conviene precisar que la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había solicitado. En tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección, pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió pero desapareció>> DICTAMEN PERICIAL-Objetado por la parte accionante Ahora bien, la parte demandada en la presente acción popular, objetó el dictamen pericial practicado en el presente proceso judicial, en atención a que a la fecha de su

elaboración y presentación, los despachos judiciales ya no funcionaban en dicho inmueble (Avenida 5 B Norte con Calle 22 Esquina de la ciudad de Cali), pues fueron trasladados al inmueble ubicado en la Avenida 4 Norte con Calle 19 Esquina, Edificio Versalles. CARENCIA DE OBJETO-Superado por desaparición del hecho vulnerador que originó la acción En consecuencia, esta Delegada considera que, ante la evidencia de que la vulneración de los derechos colectivos existió, la sentencia de primera instancia debe revocarse, en su numeral 1°, para, en su lugar, establecer que el hecho vulnerador que originó la acción cesó (producto del traslado de los despachos judiciales a otro inmueble), sin que sea procedente una orden de protección. RECONOCIMIENTO DE INCENTIVO-Lo reclama el accionante cuando el fallo sale a su favor/RECONOCIMIENTO DE INCENTIVO-Jurisprudencia del Consejo de Estado Finalmente, en relación con el reconocimiento del incentivo al actor, habiéndose dictado sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, esta Delegada encuentra que es viable el reconocimiento del incentivo al actor popular. Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

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PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 3/04/13 Alegato No. 043/13

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Actor: Luciano Geoffrey Yarpaz Morales

Demandado: Sala Administrativa – Consejo Seccional de la

Judicatura – Valle del Cauca Acción: Acción Popular Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales. ANTECEDENTES 1.- La sentencia apelada Mediante sentencia del 15 de mayo de 2012, con ponencia del Magistrado, Doctor Fernando Guzmán García, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca decidió, en primera instancia, la acción de popular presentada por Luciano Geoffrey Yarpaz Morales en contra del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, negando las pretensiones de la acción popular. Los principales argumentos que llevaron a la Corporación a adoptar esta decisión, son las siguientes: 1.1.- […] CONSIDERACIONES […] De la prueba pericial practicada ante este Despacho, se concluyó que la edificación no está adecuada para facilitar el acceso a los despachos judiciales del tipo de usuarios con incapacidades 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 3 físicas permanentes o transitorias Población minusválida, ancianos, enfermos, y

otros y que además la infraestructura del edificio no puede adecuarse sin hacer modificaciones en su estructura. […] La apoderada de la Nación – Rama Judicial objeta el anterior dictamen pericial indicando que a la fecha de su realización (26 de septiembre de 2011), el edificio objeto de la experticia se encontraba desocupado, toda vez que los juzgados que ahí se encontraban habían sido trasladados. […] 1.2.- […] Para probar lo anterior, aporta escrito del 26 de agosto de 2011, suscrito por la Directora Ejecutiva Seccional donde solicita al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, el cierre de los juzgados ubicados en el Edificio Bambú, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2011, ya que serían trasladados al Edificio Versalles. Además de lo anterior, aporta copia del Acuerdo 91 de agosto 26 de 2011, proveniente del Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, donde autoriza el cierre de los juzgados 9° al 15° Civiles del Circuito de Cali, por los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2011 para el traslado del Edificio Bambú al Edificio Versalles en la ciudad de Cali (Fls. 125 y 126 Cdno. Ppal.) […] 1.3.- […] Más adelante, el actor popular, a través de apoderado judicial, señala que los juzgados objeto de la presente acción constitucional han sido reubicados, y que de igual forma se siguen vulnerando derechos colectivos. Además, solicita el pago del incentivo, toda vez que gracias a su labor, los

juzgados han sido trasladados al Edificio Versalles (Fls. 141 a 144 Cdno. Ppal.) […] 1.4.- […] Tal como se observa de las pruebas allegadas con la objeción del dictamen pericial, al momento de efectuarse la experticia ya no funcionaban en las instalaciones del edificio Bambú de Cali los juzgados objeto de la presente acción popular, por lo que lo arrojado por el mismo es inane para el conocimiento del juzgador, esto se evidencia en el Acuerdo 91 de 2011 (fl. 126 del cuaderno principal) del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca suscrita por su presidente, donde autoriza cerrar los juzgados 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° y 15° Civiles del Circuito Civil por motivo del traslado del Edificio Bambú a la Avenida 4 Norte con Calle 19 esquina Edificio Versalles de la ciudad de Cali. De lo precedente se colige que la presente acción popular ha perdido su objeto, toda vez que los juzgados que estaban siendo acusados en la presente demanda por no estar adecuados para el acceso de las personas con discapacidad, ya no funcionan en tal edificación ya que fueron reubicados, no teniendo objeto pronunciamiento alguno de esta Sala frente a los hechos y pretensiones puestas a consideración por parte del actor popular. […] 1.5.- […] La acción popular, tiene por objeto la protección efectiva y preventiva de los derechos colectivos amenazados, y si posterior a la presentación de la misma ocurre la desaparición de los supuestos de facto, se configura una carencia actual de objeto. […] El fenómeno descrito tiene lugar, entonces,

cuando desaparece el objeto en cualquier estadio procesal, por lo cual, cualquier orden judicial tendiente a su protección se hace ineficaz por sustracción de materia que adolece por su falta de objeto práctico, perdiendo toda vigencia y razón. […] De la anterior jurisprudencia, es evidente que al Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 4 cambiar de edificio la entidad accionada, la situación fáctica vulneradora de derechos colectivos ha cesado, por lo que deviene una carencia actual de objeto. […] Es por ello, que aún siendo probada inicialmente la falta de adecuaciones físicas que garantizaban el acceso a los juzgados mencionados, lo que pudo generar violación a los derechos colectivos invocados, a la fecha ya se encuentran superadas dichas circunstancias, pues como el mismo actor lo indica en los alegatos de conclusión y de las pruebas allegadas con la objeción del dictamen pericial, dichos despachos fueron trasladados. […] 1.6.- […] Ahora bien, frente al argumento del actor popular, cuando en los alegatos de conclusión indica que a pesar del traslado de edificio se continúa con la misma vulneración, no obra prueba alguna que evidencie tales condiciones, sumado a que esta situación sobreviniente no ha sido objeto de debate ni de estudio en este proceso. […] En este orden de ideas, como quiera que las pretensiones, hechos y elementos probatorios estuvieron encaminados a la protección de derechos colectivos, para la creación de rampas o medios de fácil accesabilidad a los juzgados en mención, que funcionaban en el Edificio

Bambú ubicado en la avenida 5B Norte con calle 22 esquina de Cali, y al encontrarse los Juzgados Civiles del Circuito en funcionamiento judicial en otro inmueble (Edificio Versalles) por el respectivo traslado, existe una carencia actual de objeto por hecho superado, siendo necesario entonces, negar las pretensiones de la acción popular. […] 1.7.- […] Ahora bien, en cuanto al incentivo del actor popular, el cual solicita a pesar de que haya cesado la vulneración de derechos colectivos, al considerar que la reubicación, que sigue estimando vulneradora, se produjo gracias a la acción constitucional interpuesta; advierte la Sala que existen actuales pronunciamientos del Consejo de Estado Sección Primera , que acceden al incentivo de la acción popular indicando la procedencia pese a la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010, criterio que discrepa con lo dispuesto por la Sección Tercera de la misma Corporación, toda vez que señala que no es posible aplicar los artículos 39 y 40 al estar tácitamente derogados y no encontrar fundamento legal que anteriormente autorizaba el incentivo, situación que devela que no existe un precedente jurisprudencial consolidado que sea vinculante para esta Corporación. […] Es por ello, que de la manera más respetuosa, esta sala se aparta de lo dispuesto por la Sección Primera del Consejo de Estado, y concuerda con lo estipulado por la Sección Tercera, como quiera que el derecho al incentivo es una mera expectativa del actor, además al no existir en el ordenamiento jurídico una norma que lo habilite resulta inane tal elemento. […] Así, se negará el incentivo solicitado por el actor popular como

las demás pretensiones de la acción constitucional. […] 1.8.- […] No obstante lo anterior, y ante la posible vulneración de derechos colectivos que pudiese tener en el futuro la entidad accionada, encuentra procedente esta Sala de Decisión exhortar a la Nación – Rama Judicial – Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, para que verifique el estado actual del Edificio Versalles ubicado en la Avenida 4 Norte con Calle 19 esquina de la ciudad de Cali, donde actualmente funcionan los Juzgados 9° al 15° Civiles del Circuito, y tome las medidas necesarias tendientes a mantener en óptimas condiciones el mismo, para así evitar que se presente algún tipo de Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 5 riesgo o amenaza que pueda poner en peligro los derechos e intereses de las personas con algún tipo de limitación física que necesitan acceder a dicha edificación. […]. 2.- El recurso de apelación propuesto por el actor popular El actor popular, en la oportunidad procesal correspondiente, presentó recurso de apelación, en el cual solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para que en su lugar se proceda al amparo de los derechos colectivos trasgredidos por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y se le reconozca el correspondiente incentivo, con base en los siguientes argumentos: 2.1.- […] DE LAS PRUEBAS […] El suscrito ciudadano demandante presentó prueba documental debidamente reconocida ante Notario Público que da cuenta de los hechos narrados en el libelo. […] Además, y tal como la misma

Sala de decisión exhorta a la Nación – Rama Judicial – CSJ del Valle del Cauca, para que adecúe la edificación donde fueron trasladados los juzgados en mención, Edificio Versalles de la AV. 4 Norte con calle 19 esquina de esta ciudad, pues esta edificación donde actualmente despachan los Juz. (sic) 9° hasta el 15° Civiles del Cto (sic) de Cali, carece de rampas y vulnera sin lugar a dubitación los derechos colectivos especificados en los literales m) y n) del Art. 4° de la Ley 472/98 […]. 2.2.- […] En efecto, el Actor Popular probó legalmente la vulneración de los Derechos Colectivos discriminados en su libelo. […] La parte accionada procedió, merced [a] la demanda de acción popular y antes de dictarse sentencia, a trasladar los Juzgados del 9° hasta el 15° Civiles del Cto (sic), pero lo hizo a una edificación ubicada en la Av. 4 Norte con calle 19 esquina de esta ciudad, Edificio Versalles, que igual que el anterior carece de rampas y ascensores que faciliten el acceso de las personas discapacitadas. […] En estas condiciones debe procederse al amparo de los derechos colectivos discriminados por el suscrito demandante y fijar el incentivo que prescribe el Art. 34 de la Ley 472 de 1998 […]. 2.3.- […] EXISTEN DIVERSAS POSICIONES FRENTE AL RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO, TANTO EN NUESTRO TRIBUNAL COMO EN EL MISMO CONSEJO DE ESTADO. […] En efecto, en el propio Tribunal Contencioso

Administrativo del Valle del Cauca, existen posiciones a favor y en contra del reconocimiento del incentivo al Actor Popular […].

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 6 1.- El problema jurídico que plantea el presente asunto El problema jurídico que plantea el presente asunto se contrae a determinar si la sentencia de primera instancia, denegatoria de las pretensiones de la acción popular, debe revocarse para, en su lugar, disponer el amparo de los derechos colectivos vulnerados por la parte accionada y, en consecuencia, reconocer el respectivo incentivo.

El actor considera que ha probado la vulneración al derecho colectivo establecido en el artículo 4°, literal m) de la Ley 472 de 1998 relativo a <<m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;>>, en concordancia con el literal n) de la misma norma, referido a <<n) Los derechos de los consumidores y usuarios>>. Agrega que el hecho de que se exhorte a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura del Valle del Cauca a que verifique el estado actual del edificio al cual fueron trasladados los Juzgados 9 a 15 Civiles del Circuito y tome las medidas tendientes a evitar que se ponga en riesgo o amenaza los derechos e intereses de las personas con limitaciones físicas que requieran acceder a dicha edificación, implica la vulneración de los derechos colectivos

enunciados anteriormente. Finalmente señala que, como consecuencia de la vulneración de los derechos colectivos mencionados anteriormente, es procedente el reconocimiento del incentivo, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010. 2.- Análisis del problema jurídico La acción popular, conforme su regulación constitucional (artículo 88 de la Carta Política) y legal (Ley 472 de 1998), tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 7 omisión de las autoridades públicas o de los particulares, cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas.

En el presente proceso judicial se ha denunciado la vulneración del derecho colectivo establecido en el artículo 4°, literal m) de la Ley 472 de 1998 relativo a <<m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;>>, en concordancia con el literal n) de la misma norma, referido a <<n) Los derechos de los consumidores y usuarios>, en atención a que el edificio en el cual despachaban los Juzgados 9 a 15 Civiles del Circuito de Cali, ubicado en la Avenida 5 B Norte con Calle 22 Esquina de la ciudad de Cali, se encuentra construido de tal forma que dificulta el acceso al servicio de administración de

justicia a las personas con limitaciones físicas. El mencionado inmueble, conforme las pruebas que obran en el plenario (folio 28 a 31 del Cdo. Ppal) fue tomado en arrendamiento por parte de La NaciónConsejo Superior de la JudicaturaDirección Seccional de Administración de Justicia para el funcionamiento de algunos despachos judiciales en atención al atentado terrorista que afectó el Palacio de Justicia. En relación con la accesibilidad de las personas con movilidad reducida a las construcciones públicas y privadas, ya la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en distintas decisiones judiciales en la siguiente forma: […] En reiterada jurisprudencia2 la Sección Primera de esta Corporación ha sostenido que el artículo 13 de la Constitución Política le impone al Estado no sólo la obligación de promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados, sino la de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, tópicos dentro de los cuales sin duda alguna se hayan los minusválidos o discapacitados. 2 Ver, entre otras, la Sentencia de 10 de mayo de 2007. Expediente: 2004-90073.

Actor: Jhon Freddy Bustos Lombana. C.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

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8 En desarrollo de la normativa constitucional, el Congreso de la República

expidió la Ley 361 de 7 de febrero de 1997 “Por la cual se establecen los mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.” En el título IV de la mencionada ley se desarrollan las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Tal como se dispone en el artículo 43, ibídem, con ello se busca igualmente suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada. Por disposición expresa de la citada ley, las edificaciones ya existentes al momento de su entrada en vigencia deben ser adecuadas de manera progresiva para permitir condiciones de accesibilidad a los discapacitados, atendiendo a la reglamentación técnica que corresponde expedir al Gobierno Nacional para tal efecto. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1538 de 2005, cuyo artículo primero preceptuó: “ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables para: a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención y/o ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público. b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o

privada, abiertos y de uso al público. (Resaltado fuera del texto). En el artículo 9° se relacionan los parámetros de accesibilidad que deben observarse en el diseño, construcción o adecuación de los edificios de uso público en general. El literal c) numeral 1 referente al “Acceso al interior de las edificaciones de uso público”, dispone: “c. Al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas. (Negrillas fuera del texto). Igualmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 9 discapacidad3 aprobado el 13 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas

dispone: «[...] Artículo 9. Accesibilidad.

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso,

se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e 3 Adoptado mediante Ley 1349 de 2009. Diario Oficial No. 47.427 de 31 de julio de

2009. Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 10 intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las

personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. [...]» […]4 Ahora bien, mediante dictamen pericial decretado por el despacho judicial y practicado por el Ingeniero Braulio Antonio Villegas López se concluyó: […] El edificio BAMBOO, en la actualidad no está adecuado para cumplir con las normas para el fácil acceso a los usuarios impedidos físicamente como son los Minusválidos (sic), ancianos, enfermos con dificultad para desplazarse y cualquier otro tipo de personas con dificultad temporal motriz por enfermedad o incapacidad. Para conceptuar sobre la adecuación viable, es necesario elaborar estudios arquitectónicos, sanitarios, estructurales preliminares a nivel de anteproyectos para cuantificar y decidir la mejor solución a tomar de inmediato. El edificio no posee ascensor no hay espacio físico, hay que reformar y modificar la distribución Arquitectónica y Estructural para construirlo. En los documentos fotográficos (Anexo al presente dictamen) tomados en el sitio y analizados se puede observar lo conceptuado anteriormente, lo mismo que el estado en que se encuentra dicha construcción. […]

4 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

SECCION PRIMERA, Consejera ponente (E): MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO,

Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil diez (2010), Radicación número: 63001-2331-000-2005-01685-01(AP), Actor: LEONARDO GOMEZ CUARTAS, Demandado:

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL

QUINDIO.

Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

11 Es evidente la violación de los derechos colectivos enunciados por el actor y de las normas anteriormente citadas, diseñadas para promover mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Ahora bien, la parte demandada en la presente acción popular, objetó el dictamen pericial practicado en el presente proceso judicial, en atención a que a la fecha de su elaboración y presentación, los despachos judiciales ya no funcionaban en dicho inmueble (Avenida 5 B Norte con Calle 22 Esquina de la ciudad de Cali), pues fueron trasladados al inmueble ubicado en la Avenida 4 Norte con Calle 19 Esquina, Edificio Versalles, para lo cual aporta oficios a folios 125 y 126 del Cdo Ppal). Esta Delegada no puede compartir la decisión de negar las pretensiones de la demanda, puesto que encuentra <<probada inicialmente la falta de adecuaciones físicas que garantizaran el acceso a los juzgados mencionados, lo que pudo generar violación de los derechos colectivos invocados>>, pero destaca que las mismas fueron superadas por la circunstancia del cambio de inmueble y el traslado de los despachos judiciales, pues la misma

jurisprudencia de esta sección ha señalado que <<Al respecto, conviene precisar que la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había solicitado. En tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección, pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió pero desapareció>>.5 En consecuencia, esta Delegada considera que, ante la evidencia de que la vulneración de los derechos colectivos existió, la sentencia de primera instancia debe revocarse, en su numeral 1°, para, en su lugar, establecer que el hecho

5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ,

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil doce (2012), Radicación número: 2500023-24-000-2010-00617-01(AP), Actor: LUIS CARLOS DOMINGUEZ PRADA,

Demandado: COMISION NACIONAL DE TELEVISION Y OTROS.

Expediente No 76001 23 31 000 2010 01440 01

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 12 vulnerador que originó la acción cesó (producto del traslado de los despachos judiciales a otro inmueble), sin que sea procedente una orden de protección.

Pese a lo anterior, encuentra acertada la exhortación realizada por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca para la parte demandante verifique que el estado del inmueble ubicado en la Avenida 4 Norte con Calle 19 Esquina de la ciudad de Cali, en donde funcionan los Juzgados 9 a 15 Civiles del Circuito de Cali y se adopten las medidas tendientes a evitar el riesgo o amenaza de los derechos de las personas con movilidad reducida, permitiendo el acceso al servicio público de administración de justicia. Finalmente, en relación con el reconocimiento del incentivo al actor, habiéndose dictado sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, esta Delegada encuentra que es viable el reconocimiento del incentivo al actor popular, haciéndose partidaria de la tesis que defiende la Sala frente a la cual interviene, que se expone a continuación6: […] La Sala pone de presente que no obstante que mediante la Ley 1425 de 2010 (29 de diciembre)7 fueron derogados los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en el caso sub examine la ley posterior no es aplicable, pues su aplicación se enmarca dentro de las excepciones a la aplicación inmediata de la ley procedimiental, consagradas en los artículos 164 de la Ley 446 de 1998 y 40 de la Ley 153 de 1887, coligiéndose entonces que únicamente podría habérsele dado aplicación a la ley posterior, por indicación expresa del legislador respecto de su retroactividad8. Al respecto, el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, establece: “Artículo 164. Vigencia en materia contencioso administrativa. En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso

administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones y citaciones que se estén

6 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), Radicación número: 70001-2331-000-2004-00794-01(AP), Actor: LUIS MIGUEL LABRAÑO MADRID, Demandado:

MUNICIP