PGN - Documento 201901160840100

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO APELACION DE SENTENCIA -Declara la responsabilidad Ejército Nacional por lesiones en la humanidad de un soldado voluntario CARGA DE LA PRUEBA-A las partes les corresponde asumirla es decir probar los supuestos de hecho que pretenden demostrar …En ese orden de ideas, tal y como señala el Código General del Proceso Art. 167 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADOPresupuestos paraque se declare RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Responsabilidad subjetiva Adicional a lo anterior, debemos tener presente que la falla en el servicio, no es un régimen objetivo de responsabilidad, sino subjetivo, donde la responsabilidad no se presume ni siquiera indiciariamente, lo cual la hace más exigente desde el punto de vista probatorio, pues hay que demostrar varios aspectos, entre ellos la obligación para el Estado de realizar una acción o comportamiento concreto, como lo ha sostenido la doctrina. DAÑO ANTIJURIDICO-Al ocasionarse lesiones con mina antipersonal FALLA EN EL SERVICIO-Diferencias entre soldados regulares y profesionales Tal como lo señalamos en el apartado 2.2.2, del marco teórico del presente concepto, en

los casos en que se presentan lesiones acaecidas durante las operaciones militares, debe distinguirse si el sujeto que resulta lesionado o muerto, tiene la calidad de soldado conscripto o si es un soldado voluntario, encontrando que en el caso de los últimos se debe aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad donde resulta ineludible probar la falla del servicio. INDEMNIZACION A FORFAIT-Los soldados cuentan con este régimen especial en razón a los graves e inminentes peligros expuestos Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188

CONCEPTO No. 008/ 2018

Bogotá D.C, 16 enero de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 5200123310002012-00188-01 (59812)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: José Luis Jojoa Paz y otros DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro de la Acción de Reparación Directa contra la

Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Temas: No se probó la falla en el servicio por la parte actora / Soldado profesional, asume el riesgo propio de la actividad / no se demostró que el daño soportado por el actor, haya sido producto de un riesgo diferente o mayor al que debían afrontar sus demás compañeros, ni que existió ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 El Señor José Luis Jojoa Paz y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por las lesiones causadas en la humanidad del soldado José Luis Jojoa Paz, el 11 de abril de 2010,

cuando se encontraba obedeciendo la orden impartida por sus superiores, inició la actividad de centinela en el lugar donde se le había indicado y de manera repentina ocurrió la explosión de una mina antipersonal, la cual fue pisada por el uniformado. Narra en su demanda que el señor José Luis Jojoa Paz, quien como soldado profesional se hallaba prestando su servicio en el Batallón Boyacá de la ciudad de Pasto, por órdenes de sus superiores, se le ordena trasladarse al municipio de Samaniego, en zona selvática, y de alta presencia de grupos al margen de la ley (zona roja) y con claros antecedentes de minas antipersonales. Menciona que en el lugar donde cambucho la tercera escuadra, no se realizaron las actividades pertinentes y preventivas correspondientes a antiexplosivos, concretamente a determinar si existían minas antipersonales, bien con detectores de metales o con perros antiexplosivos. El 11 de abril de 2010, desde tempranas horas del día el pelotón inicia sus actividades, ordenándosele al soldado José Luis Jojoa Paz, la actividad de centinela, ello ocurrió aproximadamente sobre las 9 am, en el lugar donde cambucho la tercera escuadra, quedándose dos soldados, el soldado Jojoa Paz y el ranchero de apellido Collazos. Fue entonces cuando obedeciendo la orden impartida por los superiores, inicia la actividad de centinela, en el lugar en que se le había indicado, cuando repentinamente ocurre la explosión de una mina antipersonal (quiebra patas) al ser pisada por el PF Jojoa Paz, causando graves lesiones en su humanidad, presentando depresión reactiva,

amputación transtibial derecha, callo óseo doloroso de tibia y peroné izquierdo, amputación tercer dedo mano derecha con pérdida de funcionalidad, cicatrices con 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 defecto estético severo en el cuerpo, amputación del quinto dedo mano derecha con perdida funcional, lesión funcional del cuatro dedo mano derecha. 1.2 Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño1, en falló de primera instancia del 5 de abril de 2017, concedió las pretensiones de la demanda, declarando y condenando a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos:  Es claro para la Sala, que las lesiones causadas en la humanidad del soldado profesional el 11 de abril de 2010, son consecuencia de la detonación de una mina antipersonal, acontecida mientras desarrollaba las labores propias de su condición de un miembro de la entidad demandada, no obstante consideró que ello no es suficiente para concluir que se trató de la concreción de un riesgo propio del servicio.  Planteó en segundo lugar, que el día de los hechos, la tropa se hallaba desarrollando

la misión táctica en tres escuadras, y sólo en la primera de ellas se encontraba el equipo de antiexplosivos, por lo que en la tercera en la cual se hallaba el soldado profesional perjudicado y el testigo, no se realizó el barrido completo del área con los elementos necesarios.  Encontró reprochable que la entidad demandada, teniendo el conocimiento previo sobre la existencia de campos minados en el Municipio de SamaniegoNariño, y contando con acompañamiento de grupos especiales de desminado militar, no se hayan realizado las labores de barrido de área de manera adecuada, y de esta manera garantizar los derechos fundamentales y humanos del personal militar.  Consideró que en el caso concreto, se configura la responsabilidad de la demandada, toda vez que aunque se encuentra probado que el señor José Luís Jojoa Paz, se vinculó de manera voluntaria al Ejército Nacional, lo cierto es que la institución incurrió en 1 A folio 357 a 369 del cuaderno del Consejo de Estado 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 irregularidades, consecuencia de las cuales se afectaron los derechos fundamentales del lesionado.  Mencionó que ante el previo conocimiento de la existencia de campos minados en el Municipio de Samaniego - Nariño, una de las escuadras de la tropa que desarrollaba las

operaciones militares no contaba con elementos necesarios para la revisión de seguridad del área, adicionalmente el soldado se encontraba realizando la función de centinela, no de registro de área, por lo que no contaba con la preparación específica para la manipulación de explosivos.  Concluyó que no se encuentra configurada ninguna de las causales de exoneración de responsabilidad, pues si bien la mina fue instalada por grupos al margen de la ley, lo cierto es que no se trató de un evento imprevisible e irresistible para la Institución Castrense, puesto que se conocía y sabía de la peligrosidad del área. 1.3. Argumentos de la apelación. La apoderada de la parte demandada, presentó escrito de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, el 5 de abril de 2017, exponiendo los siguientes argumentos en contra del fallo:  Arguye que en el caso concreto el Soldado José Luis Jojoa Paz, no fue sometido a un riesgo excepcional, por cuanto dada la condición de miembro del Ejército Nacional y como profesional de las armas, a la cual se vinculó libre y voluntariamente, asumiendo los riesgos como ser objeto de un atentado terrorista.  Mencionó que la jurisprudencia en recientes pronunciamientos, ha diferenciado el régimen de responsabilidad aplicable en los eventos de daños causados a un soldado que presta el servicio militar obligatorio y del que soldado que ingresa voluntariamente a prestar el servicio, toda vez que los primeros prestan servicio militar para cumplir con un deber constitucionalmente impuesto, por lo que deben

soportar aquellas limitaciones inherentes a la prestación del servicio militar 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 obligatorio; los segundos a iniciativa propia eligen la carrera militar, por lo que asumen y comparten con el Estado, todos los riesgos, que sobre ellos pueden materializarse en el cumplimiento del servicio voluntario escogido.  Por lo tanto, el soldado voluntario que decide someterse a la prestación del servicio, se sobre entiende que conoce el riesgo propio de su trabajo, siendo titular de una relación laboral con el Estado, por lo que sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla en el servicio o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros.  Manifestó que de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Estado sólo debe responder por los daños antijurídicos que le sean imputables y en el caso de los miembros de los cuerpos armados, le son imputables los daños causados por terceros cuando se produzcan como consecuencia de una falla del servicio o cuando se someta al agente estatal a sufrir un riesgo superior al que se somete a los demás miembros del cuerpo armado al que pertenece.  Ratificó que el Soldado Profesional JOSE LUIS JOJOA PAZ, no fue sometido a un

riesgo excepcional respecto a sus compañeros de armas, que por tratarse de un profesional de las armas y no de un conscripto, sobre la Nación no pesa la obligación de devolverlo en las mismas condiciones en que ingresó, razón por la cual el régimen de responsabilidad aplicable es de falla probada del servicio, por lo que debe demostrarse en el proceso, situación que no ocurrió.  Por lo anterior, consideró la apelante, que a quien le corresponde la carga de la prueba es a la parte actora, de conformidad con lo consagrado en el artículo 177 del C.P.C., toda vez que “ incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”  Ahora bien respecto al supuesto incumplimiento de las obligaciones adquiridas en la Convención de Otawa, esta no procedería toda vez que de acuerdo al artículo 5.1 de la Convención de Otawa, el Estado se encuentra amparado por la prórroga de 10 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 años que solicitó y le fue otorgada por la Reunión de Estados Parte, razón por la cual las obligaciones allí contenidas no le son exigibles hasta el 1 de marzo de

2021. 1.4. Concepto del Ministerio Público Mediante concepto No. 89-15, del 19 de octubre de 2015, el Procurador 156 Judicial

Administrativo II Delegada ante el Tribunal Administrativo de Nariño, manifestó lo siguiente: “(…) encuentra claramente demostrado el daño invocado por los demandantes, consistente en las graves lesiones que padece soldado profesional, JOSE LUIS JOJOA PAZ, causadas por una mina antipersonal el 10 de abril de 2010, en el Municipio de Samaniego (N)”. “Sin embargo, el Ministerio Público considera que el mencionado daño no puede serle atribuido a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en atención a que una vez analizado el material probatorio obrante en el expediente, esta Agencia no encuentra acreditada la falla del servicio, a la que pretende atribuir el daño ni tampoco que el mismo hubiese obedecido a la realización de un riesgo excepcional y anormal al cual se sometió al soldado profesional” (…) “En este punto, una vez vistas las pruebas recaudadas en el expediente, es de indicar que el material probatorio allegado resulta insuficiente en tanto carece de causa eficiente para demostrar que el daño padecido sea imputable al Estado, pues con el material allegado al proceso no es posible determinar que se haya configurado algún régimen de responsabilidad falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial, toda vez que no se logró demostrar que la entidad demanda (sic) incurrió en una falta, omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia del servicio, tampoco que la víctima haya sido sometida a una riesgo diferente o mayor al que debían afrontar sus demás compañeros, o que existió ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, fruto del perjuicio especial y anormal

que debe soportar el administrado”. Por lo anterior, el Ministerio Público en Primera Instancia conceptuó, que en este 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 caso, no era posible atribuir responsabilidad a la entidad demandada, teniendo en cuenta que el daño que sufrió el soldado Jojoa Paz, no se encontraba por fuera de los límites de su profesión militar.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas Jurídicos: Estos pueden ser formulados de la siguiente manera: 2.1.1. Por la parte demandada – NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional  ¿La parte actora cumplió con la correspondiente carga de la prueba frente a la demostración de la presunta falla en el servicio, NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional?  ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente la entidad demandada por los perjuicios sobrellevados por los actores con ocasión de las lesiones del Soldado Profesional José Luis Jojoa Paz?  ¿En el caso concreto, la lesión producida en la humanidad del Soldado Profesional José Luis Jojoa Paz, surgió con ocasión de la acción de un tercero, quien fue quien instaló la mina antipersona, siendo esta actividad una eximente de responsabilidad del Estado?  ¿Fue el Soldado Profesional José Luis Jojoa Paz, sometido a un riesgo

excepcional, siendo este demostrable dentro del material probatorio aportado por la parte actora? 2.1.2. Por parte del Ministerio Público:  ¿Se causó un daño antijurídico a los demandantes como consecuencia de la de las lesiones del Soldado Profesional José Luis Jojoa Paz, que justifique una 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 reparación directa, siendo responsable la NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional, por los daños materiales e inmateriales, con ocasión de la activación de una mina antipersonal en hechos ocurridos el 11 de abril de 2010 en el Municipio de Samaniego (Nariño) como consecuencia de una falla en el servicio?  ¿Se encuentra debidamente probada la falla en el servicio de la NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional, por la parte actora? 2.2. Marco teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de

Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 2.2.2. Riesgo propio del servicio. La jurisprudencia del Consejo de Estado en recientes pronunciamientos2 ha hecho la distinción entre la responsabilidad que se deriva por los daños sufridos durante y con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio, de la que resulta de los daños que

soportan los integrantes de las fuerzas militares que se enlistan voluntariamente al servicio3. “Esto es así porque, en el primer caso, la prestación del servicio es impuesta a los ciudadanos por el ordenamiento jurídico4, mientras que en el segundo la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, lo cual implica que asume los riesgos inherentes al desempeño de la carrera militar o policial”5. “Así, si se trata de determinar la responsabilidad por los daños causados a quienes prestan servicio militar obligatorio (conscriptos), el título de imputación aplicable es, por regla general, de carácter objetivo –daño especial o riesgo excepcional, según las circunstancias particulares del caso6–, siempre que el actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación aplicable será el de la 2 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, de 14 de septiembre de 2017. Radicación número: 73001-23-31-0002011-00159-01(43350) 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de abril de 2011, exp. 20.333, y de 28 de julio de 2011, exp. 19.866, ambas con ponencia de Danilo Rojas Betancourth. 4 El artículo 216 de la Constitución Política establece que “[t]odos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. En similar sentido, el artículo 3 de la Ley 48 de 1993 dispone que “[t]odos los colombianos están

obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente Ley”. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 24.631, C.P. Enrique Gil Botero. 6 La Sala ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; mientras que el régimen de riesgo excepcional ha sido aplicado a aquellos casos en los cuales el daño proviene de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos. Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 15 de octubre de 2008, exp. 18.586, C.P. Enrique Gil Botero; del 10 de agosto de 2005, exp. 16.205, C.P. María Elena Giraldo; y del 2 de febrero de 2005, exp. 15.445, C.P. María Elena Giraldo. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 falla del servicio. En cambio, si se trata de determinar la responsabilidad frente a aquéllas

personas que ingresan voluntariamente al servicio, el daño se asume como un riesgo propio de la actividad militar o policial, siempre que haya sido causado durante y con ocasión del mismo, por lo que la reparación que en justicia les corresponde deberá cubrirse por el sistema de indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para el accidente de trabajo”7. “La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los agentes de la fuerza pública profesionales constituye un riesgo propio de la actividad que los mismos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en los eventos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la fuerza pública”8. 2.2.3. Régimen a Forfait. Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido9: “La doctrina, en el caso de accidente sufridos por agentes del Estado ha sostenido como norma general que la víctima no puede pretender más reparación de los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral. La aplicación de esta regla llamada ‘Forfait de la pensión’ naturalmente hace referencia a los daños sufridos por un funcionario en ejercicio de sus funciones y en forma común. Por esta razón, el régimen de prestaciones

suele estar en armonía con la actividad que se cumple. Así al asumir mayores riesgos profesionales se tiene derecho a una mayor protección prestacional. En el caso de los militares, por ejemplo, este principio se cumple, no sólo destinando un régimen de mayores 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 20 de febrero de 1997, exp. 11.756, C.P. Jesús María Carrillo; 3 de mayo de 2007, exp. 16.200, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de mayo de 2010, exp. 19.000, C.P. Ruth Stella Correa; 9 de junio de 2010, exp. 16.258, C.P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez, entre otras. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2011, exp. 66001-23-31-000-1998-0024101(18429), actor: María Doris Henao y otros, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01405-01(18950), actor: Segundo Gregorio Mosquera Forero y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 05001-23-24-000-1993-00169-01(19426), actor: Myriam Yaneth Ramirez Herrera, C.P. Enrique Gil Botero. 9 Ver entre otras sentencias de la Sección Tercera: Sentencia de 19 de agosto de 2004, Exp 15.791; Sentencia

de 25 de julio de 2002, Exp. 14.000 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 prestaciones dados sus riesgos especiales sino también un régimen de excepción para soldados y oficiales ubicados en zonas especialmente peligrosas. En principio el régimen de indemnizaciones refleja estas ideas. Si las heridas o la muerte sufrida por un militar son causadas dentro del servicio que prestan, las prestaciones por invalidez o muerte las cubren satisfactoriamente. Tal es el caso del militar que sufre lesiones en combate o el agente de policía que muere en la represión del delito.” 2.2.4. La carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código General del Proceso Art. 167 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe

a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos.”10 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp: 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59812) 5200123310002012-00188 2.3. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos, los cuales son relevantes para responder los problemas jurídicos planteados:

1. A folio 63 a 64 del cuaderno de pruebas, reposa en el expediente copia simple del Acta de Junta Médica Laboral No. 44318 registrada en la Dirección de Sanidad Ejército, de fecha 3 de junio de 2011, en la cual intervienen las doctoras, Yury Valbuena Pinzón, Dayana Santamaría Ariza y Ligia Méndez Gaviria, en la cual

concluyen que:

A. DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCCIONES:

1.DURANTE COMBATE POR ACTIVACIÓN CAMPO MINADO PRESENTA

POLITRAUMATISMO VALORADO POR PSIQUIATRÍA FISIATRÍA ORTOPEDIA

CIRUGÍA PLÁSTICA QUE DEJA COMO SECUELA A) DEPRESIÓN REACTIVA B)

AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL DERECHA C) CALLO ÓSEO DOLOROSO DE TIBIA Y

PERONÉIZQUIERDO D) AMPUTACIÓN 3 DEDO MANO DERECHA CON PÉRDIDA DE LA FUNCIONALIDAD E) CICATRICES CON DEFECTO ESTÉTICO SEVERO EN CUERPO F) AMPUTACIÓN DE 5 DEDO MANO DERECHA PERDIDA FUNCIONAL G) LESIÓN FUNCIONAL DE 4 DEDO MANO DERECHA FIN DE LA TRASCRIPCIÓN.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y clasificación de la capacidad psicológica para el servicio.

INVALIDEZ

NO APTO – PARA ACTIVIDAD MILITAR

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.

LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL NOVENTA Y

OCHO PUNTO UNO POR CUENTO (98.1%).

D. Imputabi